jueves, 22 de octubre de 2009

Gran Bretaña: 400.000 anglicanos buscaran la unidad con Roma


22 de octubre de 2009

Unos 400.000 anglicanos desafectados de la Iglesia de Inglaterra por la ordenación de obispos mujeres y homosexuales, se unirán al Catolicismo romano tras un anuncio hecho esta semana por el papa Benedicto XVI.

Según informó hoy el periódico inglés The Times, el grupo será el primero en aceptar una opción que permite a anglicanos sumarse a la Iglesia Católica, al tiempo de retener elementos de su identidad anglicana.

La decisión del Papa fue considerada por expertos como una de las medidas más importantes en las relaciones entre ambas religiones desde la reforma que dio comienzo a la Iglesia de Inglaterra hace más de 400 años, tras el divorcio de Enrique VIII con su primera esposa, Catalina de Aragón, en 1533.

El arzobispo John Hepworth, primado de la Comunión Tradicional Anglicana y casado en segundas nupcias, afirmó sentirse "muy emocionado" por la decisión del Papa.

Hepworth fue uno de los principales negociadores con la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, que ahora aceptará a 400.000 miembros anglicanos desafectados con la Iglesia de Inglaterra.

"La medida se teme dará un golpe moral a la Comunión Anglicana de 77 millones de fieles, que enfrenta un cisma por la ordenación de homosexuales", escribió el Times.


Medio millar de miembros del grupo Forward in Faith, la organización tradicionalista que se opone a la ordenación de obispos mujeres, se reunirá este fin de semana para debatir la decisión del Papa de aceptar a anglicanos laicos y reverendos casados al Catolicismo.

Presentamos una parte de la interesante entrevista realizada por VirtueOnline (uno de los más visitados medios de noticias anglicanas en Internet) a John Hepworth, Primado de la Traditional Anglican Communion (TAC) acerca de las negociaciones con la Iglesia Católica.

Para entender esta entrevista, hay que tener en cuenta que la "Afirmación de St. Louis" es una declaración con la que distintos miembros del anglicanismo se separaron formalmente de la comunión anglicana oficial (con centro en Canterbury). Con el tiempo, los firmantes de la "Afirmación" se dividieron en distintas "Continuing Churches".

En lo relativo a las “órdenes anglicanas”, Hepworth hace mención velada al “toque holandés”, que consistió en la ordenación de algunos obispos anglicanos por parte de obispos “antiguos católicos” (separados de la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano I, con sucesión apostólica válida).


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VOL: Con negociaciones tan delicadas como las que se están dando entre la TAC y Roma, ¿por qué está dispuesto esta vez para hablar con VirtueOnline?


Hepworth: Hay mucha información inexacta acerca de la TAC. Me gustaría señalar nuestra posición tan claramente como sea posible al mundo anglicano y católico romano. También quiero aclarar algunas falsas concepciones y representaciones acerca de la TAC. He elegido VOL porque quería la más amplia circulación posible. Esta entrevista ha sido autorizada por Roma.
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VOL: Los lectores de VirtueOnline saben que la TAC ha pedido a Roma la unión completa, sacramental y orgánica. Como sacerdote y obispo que opera fuera de la comunión romana, ¿puede usted describir el proceso de discernimiento que lo llevó personalmente a la conclusión de que la unión con la Sede de San Pedro era necesaria?

Hepworth: Sí. El proceso comenzó con la ARCIC y el descarrilamiento de la ARCIC después de la ordenación de mujeres, incluso en tiempos del Papa Pablo VI. Él advirtió al Arzobispo de Canterbury que esto era un gran obstáculo para la unidad. La parte católica de la comunión anglicana había invertido mucho tiempo y optimismo en el proceso hacia la unidad orgánica. El movimiento “Continuing Anglican” [anglicanos separados de Canterbury] – la “Afirmación de St. Louis” – se determinó positivamente a continuar el proceso incluso aunque la comunión anglicana rehusó continuarlo. La Afirmación acordó sostener las verdades católicas acerca de los Sacramentos y otras doctrinas católicas básicas.
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VOL: ¿Puede describir el proceso de discernimiento a través del cual la TAC, como cuerpo, llegó a la misma conclusión?

Hepworth: La TAC, hace 20 años, en su formación, determinó seguir el camino de St. Louis y determinó en primer lugar que para que el movimiento eclesiástico católico en Occidente continuara el camino bíblico y patrístico, había que discernir la verdad en comunión con la Sede de Pedro. Hemos buscado esta comunión con Roma como fuente de la unidad […].
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VOL: ¿Cuáles serían las posibles respuestas de Roma a su petición, y cómo respondería la TAC a cada una?

Hepworth: Nuestra carta dice, de hecho, lo que Roma ha entendido. Es una petición de comunión plena, especialmente comunión eucarística en Cristo con la Sede de Roma. De hecho, la carta le recuerda a la Santa Sede el consejo que nos fuera dado hace 18 años por el Consejo para la Unidad de los Cristianos, y hace una serie de declaraciones acerca de la fe de nuestros obispos, en quienes reside la autoridad de enseñar, y pregunta a la Santa Sede cuál debiera ser ahora nuestro curso de acción. Aguardamos cuál será su consejo. Veo un número de etapas, incluyendo un período de discernimiento que nosotros estamos dispuestos a aceptar.
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VOL: Algunos contactos en la Iglesia Católica Romana han sugerido que para que su movimiento hacia Roma tenga éxito, es necesario que se establezcan lazos fuertes a nivel local entre los obispos de la TAC y los obispos católicos romanos. ¿Tienen en marcha un programa para esto?

Hepworth: Sí. El programa difiere necesariamente de lugar en lugar. Hay lugares donde existimos con igualdad de términos, es decir donde hay Romanos y Anglicanos. En otros lugares no hay virtualmente ninguna presencia católica romana, como en Torres Strait y partes de África donde los territorios de misión están divididos.
El programa implica esencialmente que los obispos desarrollen fuertes lazos de amistad personal, y eso está sucediendo. Las parroquias desarrollan programas conjuntos con las parroquias católicas locales, y eso está sucediendo. En tercer lugar, la aceptación de nuestros candidatos a la ordenación para que estudien en instituciones católicas y, más osadamente, la formación de órdenes religiosas conjuntas entre la TAC y la Iglesia Católica Romana, una de las cuales tiene aceptación preliminar del Vaticano.
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VOL: Algunos contactos en la Iglesia Católica Romana han sugerido que la declaración de ustedes en aceptación del dogma católico romano es débil acerca de la primacía y la infalibilidad del Papa. ¿Cómo respondería?

Hepworth: En el párrafo “aceptamos el ministerio del Obispo de Roma” y las citas del Vaticano II y de la Encíclica de Juan Pablo II a las iglesias separadas, hay indicación suficiente de que aceptamos las declaraciones actuales de la doctrina Católica[…].
Además, firmamos el Catecismo de la Iglesia Católica que incluye la enseñanza católica actual sobre el Papado, y afirmamos en la carta firmada que aceptamos el Catecismo como la más perfecta declaración de la fe Católica en el mundo en el presente, y que esa es la fe que “aspiramos sostener y enseñar”.
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VOL: Se ha reportado que en la reunión de todos los obispos de la TAC en Inglaterra en octubre pasado en la que la TAC pidió formalmente la unión a Roma, todos los obispos firmaron sobre el altar una copia del Catecismo Católico Romano, como expresión de la completa aceptación del dogma y la doctrina católica romana. Otros han reportado que éste no era el caso, que firmaron la petición a Roma pero no el Catecismo. ¿Firmaron todos los obispos el Catecismo, y hay aceptación completa por parte de la TAC del dogma y la doctrina católica romana?

Hepworth: Primero: No sólo firmamos el Catecismo, también firmamos sobre el altar el compendio, que es la sección del Catecismo de preguntas y respuestas, y se hizo un video de la firma para la Santa Sede, y declaramos en la carta que ésta es la fe que aspiramos sostener y enseñar. Todos lo firmamos sobre el altar en medio de una Misa por la unidad de los cristianos.
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VOL: ¿Hasta qué punto está la TAC saliendo al encuentro de otras “continuing churches” para tratar de alcanzar la unidad con el mayor número posible de anglicanos previo a la unión con Roma?

Hepworth: Hemos hecho público el hecho de nuestro compromiso con Roma y nuestro deseo de unidad hace ya 18 años, desde nuestra primera visita oficial al Vaticano. Este hecho ha sido más un asunto de disputa con las otras “continuing churches” que algo para crecer juntos. Buscamos su consejo sobre lo que necesitamos para lograr la unidad, en lugar de establecer una agenda para el debate doctrinal. Mi opinión personal es que esto nos separa, al momento, de otras “continuing churches”. Nuestra decisión ha sido buscar la unidad con Roma desde un primer momento, y unir a aquellos grupos anglicanos, dentro y fuera del proceso, mientras éste continúe.
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VOL: ¿Hasta qué punto ha encontrado la TAC apoyo entre los obispos católicos locales, y hasta qué punto se ha encontrado la TAC rechazada o postergada por los obispos católicos? ¿Puede citar ejemplos?

Hepworth: Inicialmente encontramos menos entusiasmo del que hubiéramos esperado, y la pregunta que frecuentemente se nos hace es: ¿por qué no hacen esto individualmente? Hemos explicado pacientemente el fracaso de los recientes movimientos individuales a Roma a gran escala, tales como los de Inglaterra y Australia en los ’90, cuando muchos sacerdotes se unieron a Roma, y luego retornaron al anglicanismo. Ellos se vieron desilusionados a nivel local. Nosotros creemos que un compromiso corporativo con apoyo mutuo sería el camino más exitoso hacia adelante. Últimamente hemos encontrado apoyo significativo de obispos católicos romanos. Por ejemplo, el presidente de la Conferencia Episcopal australiana ha indicado su apoyo. Distintos cardenales han indicado su apoyo. Un número de obispos locales de U.S.A., tales como el Arzobispo de Colorado, han indicado públicamente su apoyo.
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VOL: Distintas fuentes católicas romanas han indicado que la TAC no será capaz de alcanzar el status de una iglesia uniata, sino que un tipo de Prelatura Personal sería una posibilidad, asegurándose que el prelado al que se le asignase la jurisdicción de la Prelatura fuera elegido por Roma de entre los obispos católicos romanos existentes. ¿La TAC consideraría esto aceptable? – y si lo hiciera, ¿tiene una idea de qué obispos católicos romanos le gustaría ver a cargo de la Prelatura?

Hepworth: Primero, hemos evitado cuidadosamente utilizar la palabra “uniata” porque se refiere específicamente a un proceso de la Iglesia Oriental que no está en paralelo con la situación en Occidente. Segundo, en nuestras reuniones con la Santa Sede se nos ha pedido que no limitáramos la discusión aludiendo solamente a las posibilidades de la ley canónica actual. Tercero, lo propio es esperar la respuesta de la Santa Sede, y nuestros obispos le darán cuidadosa consideración. Tendremos la oportunidad, como hemos prometido, de discutir la respuesta de la Santa Sede en los sínodos generales de nuestras iglesias nacionales alrededor del mundo.
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VOL: Usted conoce la Provisión Pastoral pontificia que rige para la aceptación de ex miembros del clero y fieles episcopalianos en la Iglesia Católica Romana de U.S.A. de forma que les permite continuar las prácticas litúrgicas anglicanas familiares y construir parroquias de “Uso Anglicano”. Estas parroquias deben operar bajo la jurisdicción de la diócesis católica romana local dentro de cuyas fronteras están ubicadas. Varias fuentes católicas romanas han sugerido que la forma en la que Roma podría responder a la petición de la TAC será extender globalmente la Provisión Pastoral. Si esto fuera hecho, la TAC no entraría en comunión con Roma como un cuerpo, sino como parroquias individuales que serían absorbidas en la existente estructura católica romana. ¿La TAC encontraría esto aceptable? ¿Por qué, o por qué no?

Hepworth: He indicado fuertemente que sería poco probable que esto funcionara, ya sea que lo aceptásemos o no. Porque muy pocos obispos católicos han sido preparados, hasta el momento, para implementar tal esquema, y éste no tiene presencia fuera de U.S.A. y así no cubre a la TAC.
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VOL: En el caso de que la Provisión Pastoral fuera expandida globalmente y las parroquias de la TAC ingresaran en la comunión con Roma por medio de estas provisiones, ¿cómo salvaguardarían a las parroquias individuales que se encontraran en un ambiente hostil en el que el obispo católico local diera los pasos para prevenir la exitosa creación de una parroquia de “Uso Anglicano”?

Hepworth: Eso es pura especulación.
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VOL: Si Roma acepta a la TAC en la comunión, ¿tiene idea de cómo tratará los potenciales problemas ocasionados en el caso de los miembros divorciados y vueltos a casar? ¿Cree que Roma aceptaría la anulación establecida bajo la jurisdicción de la TAC?

Hepworth: Estaría completamente mal que especulase sobre temas que podrían ocurrir. Mientras tanto, la TAC ha modelado muchos de sus procesos sobre la disciplina del matrimonio tomando como base el código romano, con el consejo de las autoridades católicas locales.
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VOL: Cuando un ex obispo de Londres se unió a Roma, fue ordenado sacerdote “bajo condición”, en lugar de tener que llevarse a cabo una ordenación. ¿Cree que esto sea una posibilidad para el clero de la TAC?

Hepworth: La forma en que la provisión pastoral trabaja actualmente, permite a los clérigos anglicanos presentar evidencia de la validez de la ordenación anglicana. De hecho, la re-ordenación es una respuesta a las circunstancias dentro del anglicanismo que cambiaron para bien o para mal en el último siglo como ha dicho recientemente el Cardenal Kasper, y la re-ordenación es necesaria para las conciencias de aquellos con los que se busca la unidad.
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VOL: ¿Todos los laicos están tan entusiasmados como usted acerca de la unión con Roma?

Hepworth: Hay una gradación de entusiasmo en la TAC entera y que se extiende entre nuestro clero y pueblo. Hay muchos lugares donde existe un entusiasmo ansioso e impaciencia porque el proceso termine, y en otros lugares algo de miedo y duda sobre lo que esto significaría. Una parte significativa de mi trabajo como primado es el cuidado apostólico de aquellos que sienten este temor.
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VOL: ¿Es posible que haya gente que vote por no ir a Roma, es decir, sacerdotes y congregaciones particulares?

Hepworth: Hemos perdido hasta el momento 4 congregaciones (que fueron a otros cuerpos del “Continuing”) alrededor del mundo, lo cual es menos de lo que hubiera anticipado un año atrás. Estamos tratando de ser generosos con las conciencias de aquellos que sientan que no pueden hacerlo, al mismo tiempo que igualmente generosos con las conciencias de aquellos que no pueden esperar.
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VOL: ¿Se puede ser auténticamente anglicano y católico en la Iglesia Católica Romana?

Hepworth: Hemos buscado ser anglicanos y católicos, llevar nuestras tradiciones conservadas por siglos, teología, liturgia, a la comunión; y sabemos que hay alrededor de 20 ritos en comunión con la Santa Sede además del rito Romano. En nuestra carta, hemos recordado que la fe católica en toda su plenitud y totalidad busca mantener la tradición en la que hemos llegado a esta fe. Se puede separar el cuerpo de la fe de las tradiciones y culturas que rodean a la comunidad de fe, como vemos que pasa con los católicos maronitas, los greco-católicos, ¿por qué no con los anglo-católicos?
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VOL: En su opinión, ¿hacen más fuerte su caso las fluctuaciones teológicas dentro del anglicanismo entre los anglicanos tradicionales que están siendo empujados fuera de la Iglesia Anglicana de Inglaterra y de la Iglesia Episcopliana de U.S.A., muchos de los cuales buscan como meta la unidad con Roma?

Hepworth: La generosa carta del Cardenal Levada menciona los problemas en la comunión anglicana como un factor que tiene su influencia en el trabajo de la Congregación para la Doctrina de la Fe para responder nuestra petición. Siempre hemos entendido que somos un grupo entre muchos grupos anglicanos buscando un futuro ortodoxo. La desintegración de la fe católica en el anglicanismo es una profunda tragedia histórica, pero por otra parte abre posibilidades de unidad que no se habían visto antes.
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VOL: ¿Cómo es su relación con Forward in Faith?

Hepworth: El Obispo John Broadhurst (líder de Forward in Faith International) y yo hemos acordado tener una reunión en octubre entre la TAC y FiF y otros obispos que ven la unidad como un camino para el futuro católico anglicano, y esta reunión tendrá lugar en Inglaterra.
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VOL: Gracias, Arzobispo Hepworth.


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Proyecto Censurado: Estados Unidos continúa haciendo sufrir a Haití


22 de octubre de 2009
Kim Ives (HAITI LIBERTÉ),
Cyril Mychalejko (UPSIDE DOWN WORLD)
y RFK Memorial Center for Human Rights
Traducción: Ernesto Carmona
(especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno de EEUU expropiará y demolerá los hogares de cientos de familias haitianas del suburbio Cité Soleil, en la capital Puerto Príncipe, para ampliar la base militar de la fuerza de ocupación de la ONU, a un costo de cinco millones de dólares, a fin de albergar a los soldados de la Misión ONU para la Estabilización de Haití (MINUSTAH).

Estas obras, a cargo de la corporación DynCorp, contratista del gobierno de EEUU y brazo cuasi oficial del Pentágono y la CIA, se anuncian después que burócratas del departamento del Tesoro de la administración Bush se confabularon con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obstruir por casi una década un préstamo aprobado y destinado a mejorar la calidad del agua potable de Haití, que es una de las peores del mundo.

Cité Soleil fue convertido en un mortífero campo de tiro por la ocupación militar extranjera instalada después que fuerzas de EEUU y Francia secuestraron y exiliaron al presidente Jean-Bertrand Aristide, el 29 de febrero de 2004. Desde entonces, sus habitantes son víctimas de masacres recurrentes perpetradas por la MINUSTAH.

El contrato de DynCorp incluye la extensión de la base principal, la reconstrucción de la comisaría de policía de Cité Soleil y otros dos puestos militarizados, más infraestructura para entrenamiento y adquisición de equipos. Según el alcalde de Cite Soleil, Charles Joseph y un capataz de DynCorp presente en el lugar, los trabajos serán financiados por la USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo de EEUU, en una aplicación muy poco ortodoxa de “ayuda al desarrollo”.

El abogado Evel Fanfan, presidente de la Asociación de Graduados de la Universidad Motivatd para un Haití con Derechos (AUMOHD), dijo que la ampliación demolerá cerca de 155 edificaciones. La mayor parte de los edificios condenados son hogares modestos, pero entre ellos hay una iglesia. Desde marzo de 2009 ya se han demolido 80 hogares.

“Comenzaron a trabajar sin decir una palabra a la gente que vivía allí”, dijo Fanfan. “Las autoridades no han dicho qué se está haciendo, tampoco si los habitantes serán relocalizados, cuántos serán indemnizados y ni siquiera si serán compensados”.


Los alarmados residentes formaron el Comité de las Casas que Serán Demolidas (KODEL, por su sigla en creole), que entró en contacto con AUMOHD. Fanfan difundió un comunicado y KODEL ofreció una conferencia de prensa.


“Los soldados de la MINUSTAH vinieron a nuestra rueda de prensa y nos dijeron que consiguiéramos a un abogado que hablara con la Embajada de EEUU porque la embajada americana es responsable del trabajo”, dijo Eddy Michel, pastor religioso asistente.


“Legalmente, el gobierno haitiano no ha autorizado hacer ninguna cosa”, dijo Fanfan. “El alcalde de Cite Soleil, Charles Joseph, supuestamente autorizó la construcción, pero no hay papeles, ningún decreto, ninguna orden que lo autorice”.


El 25 de marzo de 2009, la embajadora de EEUU en Haití, Janet Sanderson, estuvo junto al jefe de la MINUSTAH, Hedi Annabi, en la ceremonia inaugural de una nueva instalación que albergará a 32 policías haitianos, incluyendo una unidad especializada en contrainsurgencia y antimotines, así como un número mayor de tropas de la ONU. (Sanderson fue nombrada embajadora en Argelia por Clinton, en 2000, pero en noviembre de 2001, bajo el gobierno de Bush, estuvo involucrada en el arresto de 24 argelinos que trabajaban en organizaciones humanitarias en la post guerra de Bosnia, quienes terminaron en Guantánamo acusados de “planear ataques terroristas contra las embajadas de EEUU y del Reino Unido en Sarajevo”).


El 31 de marzo de 2008, un comunicado de prensa de DynCorp explicó: “Bajo una orden de trabajo de la Iniciativa para la Estabilización de Haití, International DynCorp proporcionará ayuda para el entrenamiento de 444 miembros de la Policía Nacional Haitiana. La orden incluye que DynCorp International suministre a la policía haitiana fuerza básica y equipamiento especializado no letal, vehículos y equipos de comunicaciones. El valor de este trabajo es de 3 millones de dólares. DynCorp International también se ha encargado de restaurar la principal comisaría de policía de Cité Soleil. Esta estación funcionará como locación primaria de esta nueva unidad especializada. El trabajo de restauración ascenderá a más de 600.000 dólares”.


Conspiración contra el agua potable


Las pruebas de los esfuerzos de EEUU por someter la soberanía de Haití y boicotear los procesos democráticos emergieron el 23 de junio de 2008, cuando los grupos de derechos humanos Zamni Lasante (afiliados a Partners in Health, programa insignia de salud en Haití), el Centro para los Derechos Humanos y Justicia Global y el Centro Memorial para los Derechos Humanos Robert F. Kennedy (Centro RFK) sacaron a la luz el bloqueo de la administración Bush a la ayuda “potencialmente salvavidas” de Haití y su intromisión en los asuntos políticos de la empobrecida nación.


Además de ser la nación más pobre del hemisferio occidental, Haití también tiene la peor agua en el mundo, ubicándose en el último lugar del Índice de Pobreza del Agua. El Centro RFK dio a conocer documentos internos del departamento del Tesoro de EEUU del 4 de agosto de 2008 que expusieron acciones de Washington, motivadas políticamente, para bloquear un empréstito de 146 millones de dólares aprobado para Haití por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El préstamo fue aprobado originalmente en julio de 1998, incluyendo 54 millones para proyectos de extrema urgencia de saneamiento del agua.


Sin embargo, los documentos muestran que el BID y el departamento del Tesoro de EEUU se confabularon para buscar maneras de atar los préstamos a condiciones políticas no relacionadas con el agua que el gobierno de EEUU deseaba imponer al gobierno haitiano. Esta intervención violó descaradamente la carta del BID, que le prohíbe basar sus decisiones en asuntos políticos impuestos por los estados miembros.


“Después de varios años de investigar la retención de estos préstamos, ahora tenemos claro y pruebas detalladas de la notoria intervención del gobierno de EEUU y del BID para bloquear fondos salvavidas para Haití”, dijo Mónica Kalra Varma, directora del Centro RFK. “Con estas transgresiones ahora públicas, debe prestarse atención a los llamados para supervisar la transparencia. Exigimos ejecutar los mecanismos necesarios para impedir la recurrencia de hechos delictivos entre bastidores y, sobre todo, para satisfacer las obligaciones con el pueblo haitiano”.


Actualización de Cyril Michalejko (de “Upside Down World”)


Cuando la administración Bush retuvo la ayuda a Haití impidió financiar proyectos de saneamiento del agua diseñados para mejorar “la calidad de vida –en particular de las mujeres y niños- y reducir la incidencia de enfermedades y la mortalidad infantil”, precisamente en un país que -según el fundamento de la Acción Internacional de Washington- “el agua es la causa principal de mortalidad infantil y enfermedades en los niños… Haití ahora tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del hemisferio occidental… [y] más de la mitad de todas las muertes en Haití se deben a enfermedades gastrointestinales producidas por el agua”.


Hubo un virtual apagón de los resultados de esta intriga en los grandes medios, a pesar del informe emitido en junio por el Centro RFK que calificó la acción como “uno de los ejemplos más notorios en estos últimos años de un hecho delictivo de Estados Unidos”, y de los documentos internos del departamento del Tesoro de EEUU difundidos en agosto probando que el bloqueo del préstamo fue intencional.


El New York Times publico un artículo de 487 palabras (“Grupos de derechos humanos acusan a EEUU de Retener la ayuda a Haití citando motivaciones políticas”, 06/24/2008) describiendo el informe, pero eso fue todo. Y a pesar de admitir que la administración Bush estaba descontenta con el ex presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, y que el presidente Bush animó el golpe que derribó a Aristide en 2004, el Times no fue capaz de rechazar ni reconocer que el bloqueo de la ayuda pudo ser una acción deliberada para crear malestar político y social --condiciones de un clima de desestabilización que podrían haber animado a parte de la población haitiana a aprobar el derrocamiento de su gobierno elegido democráticamente. Pero esto fue algo que reconoció Jeffrey Sachs, ex consejero del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. En un artículo en Los Ángeles Times (“Desde su primer día en la presidencia, Bush quiso derribar a Aristide”, 03/04/2004) Sachs escribió: “Los funcionarios de EEUU seguramente sabían que el embargo de la ayuda provocaría una crisis en la balanza de pagos, un aumento de la inflación y un hundimiento en las condiciones de vida que alimentarían la rebelión”. (1)


Para los grandes medios principales de EEUU no fue una historia digna de cobertura el hecho que la administración Bush pudo haber causado las muertes de millares de haitianos al bloquear la ayuda por propósitos políticos cínicos e interesados. Tampoco, el papel de la administración Bush en el golpe violento que defenestró al presidente Aristide, o cómo la recompensa selectiva o la retención de la ayuda se utilizan como herramientas de política exterior para influir, desestabilizar o derrocar gobiernos. Pero hay medios independientes y organizaciones de lectores que pueden dar vuelta la situación para seguir progresos como éstos, mientras están ocurriendo, y esperanzadamente antes, de modo que puedan ser prevenidos. Una visión distinta, respecto a Haití y América Latina, puede conseguirse en: www.UpsdideDownWorld.org , www.RFKcenter.org, www.Haitianalysis.org, www.Nacla.org y www.haitiliberte.com, www.rightsaction.org y www.zcommunications.org


Actualización del Centro RFK


Probando que incluso algo tan apolítico como el agua potable puede utilizarse tristemente para movidas política, la investigación del Centro RFK y de Zamni Lasante (ZL), publicada el 26 de agosto de 2008 en “Upside Down World”, fue una nueva incursión en el papel de los funcionarios de EEUU en el bloqueo de los préstamos destinados a Haití. El artículo contiene una descripción de los documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos desclasificados por una petición del Centro RFK y ZL invocando la Ley de Libertad de Información (FOIA, por su sigla en inglés) y el propósito de sacar a la luz pública las acciones de funcionarios del departamento del Tesoro de EEUU y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para bloquear ilegalmente préstamos que eran potencialmente un salvavidas para un sector social de Haití. El lanzamiento público de los documentos marcó el final de una batalla de largos años para sacar a la luz el rol del gobierno de EEUU.


Sin embargo, también marcó el comienzo de un llamado a la responsabilidad. Este artículo y el informe relacionado publicado por el Centro RFK y ZL, junto con el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y los miembros de Socios en Salud, trajeron un renovado nivel de conciencia sobre este problema entre las organizaciones no gubernamentales, la diáspora haitiana y funcionarios de los gobiernos de Haití y EEUU. Este verano (boreal), será difundido en creole y francés el informe “Wòch NaN Soley: La negación del derecho al agua en Haití”, que examina los documentos FOIA y el impacto de las acciones detrás de la escena, incluido un balance de los costos humanos de estas acciones y un análisis de cómo fueron violados los derechos humanos. Este informe, incluyendo el análisis de los documentos FOIA, fue perfilado por el New York Times, Miami Herald y otros medios relevantes.


Desde el lanzamiento del informe, algunos miembros del Congreso comenzaron a investigar el posible hecho delictivo alrededor de los préstamos y a explorar soluciones políticas para evitar que suceda de nuevo. La experiencia y la información obtenida en la redacción del informe y el sostén responsable de este caso, ayudaron al Centro RFK a desarrollar esfuerzos de defensa más amplios en la perspectiva de una reforma de la ayuda extranjera, basada en principios de derechos humanos argumentados con responsabilidad.


A pesar del artículo y el informe, el pueblo de Haití continúa sufriendo debido a las medidas adoptadas por EEUU a través del BID. La comunidad de Port-de-Paix, la primera programada para recibir fondos de estos préstamos desde 2001, todavía aguarda la rehabilitación de su red pública de agua. Los retrasos en el desembolso añadieron una nueva cadena de obstáculos a los problemas que ya enfrentaban los proyectos de desarrollo en Haití.


El impacto duradero de la interferencia de EEUU con los préstamos afecta a la mayoría de los niños y jóvenes de Haití, en la medida en que continúan sobreviviendo sin acceso al agua potable segura y suficiente. Sin embargo, la difusión de los documentos y del informe FOIA ha creado un espacio constructivo para dialogar con el BID. En el tiempo transcurrido desde que se difundió el informe, el BID finalmente trabaja para ejecutar los proyectos de agua en Port-au-Prince sin retraso adicional. Las medidas adoptadas después de la denuncia finalmente muestran signos de que algún día el agua llegará a Port-de-Paix. Aunque el progreso es lento, lleva esperanzas a otras localidades de Haití que esperan estos recursos desde 2001.


Para más información (en inglés):
Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights: http://www.rfkcenter.org/
Partners in Health/Zanmi Lasante: http://www.pih.org/where/Haiti/Haiti.html
Center for Human Rights and Global Justice at NYU Law School:
http://www.chrgj.org
O léase el informe completo en:
http://www.rfkcenter.org/files/080730_Haiti RighttoWater_FINAL.pdf


Nota:
1) Dan Beeton, What the World Bank and IDB Owe Haiti, Global Policy Forum, July 25, 2006.


Fuentes:
Haiti Liberté, 4 de septiembre de 2008, “UN Military Base Expanding: What is Washington up to in Cité Soleil?”, por Kim Ives; Upside Down World, 25 de junio de 2008, “Bush Administration Accused of Withholding ‘Lifesaving’ Aid to Haiti”, por Cyril Mychalejko; y Upside Down World, 4 de agosto de 2008, “RFK Center Releases Documents Outlining US Actions to Block Life-saving Funds to Haiti", por RFK Memorial Center for Human Rights.
Estudiantes investigadores: Elizabeth Vortman, Leora Johnson y Rob Hunter.
Evaluadores académicos: Karen Grady, Ph.D., y Sasha Von Meier, Ph.D., Sonoma State University.


Foto: Haití, Puerto Príncipe – Mercenario norteamericano miembro de un equipo de seguridad diplomático en operaciones en Haití. / Autor: STATE

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El Chiísmo de Arabia Saudí en la encrucijada‏


22 de junio de 2009
por CEPRID
Toby Matthiesen
MERIP
Traducido para el CEPRID por Manuel Gancedo Florín

En los profundos lodazales de YouTube hay un inquietante videoclip grabado a finales de febrero en el cementerio de al-Baqi‘ y las calles circundantes en Medina, Arabia Saudí. El título inicial promete imágenes de “profanación de sepulturas”. Se cree que al-Baqi‘, localizado cerca de la mezquita del profeta Mahoma en la segunda ciudad más santa del Islam, es el lugar donde reposan definitivamente cuatro hombres reverenciados por los musulmanes chiíes como imanes, o sucesores del profeta: Hasan ibn ‘Ali, ‘Ali ibn Husayn, Muhammad ibn ‘Ali y Ja‘afar ibn Muhammad. Las esposas del profeta, así como muchos de sus familiares y conocidos íntimos, están supuestamente enterrados aquí, haciendo el suelo sagrado para los musulmanes sunníes también.

El vídeo comienza con las imágenes de unos niños, peregrinos chiíes procedentes en su mayoría de la Provincia Oriental de Arabia Saudí, salmodiando una invocación religiosa. “¡Oh Dios!” claman. “¡Bendice a Mahoma, que la paz esté con él, y con la Casa de Mahoma!” La primera frase de este rezo es común para los musulmanes sunníes y chiíes, pero la segunda –refiriéndose a la familia del profeta— resume la diferencia clave entre las dos ramas principales del Islam. El Chiísmo cree que la sucesión de Mahoma como líder político-religioso de la comunidad musulmana corre a través de su linaje, en concreto de su primo y cuñado ‘Ali y del hijo de ‘Ali, Husayn. Esta creencia es un desafío directo a la autoridad jurídica del clero sunní y, según temen los dirigentes sunníes, a la política también. El clero wahabí y el estado saudí consideran por tanto “no-islámica” la segunda frase de la plegaria de los niños, cuando no sencillamente herética. La misma actitud que muestran hacia el ritual chií de veneración por el cual los peregrinos recogen tierra de los alrededores de las tumbas de importantes figuras religiosas, como proceden a hacer los niños en el vídeo. De hecho, la policía religiosa (sunní) adjunta a la Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio interviene habitualmente para impedir tales hechos, pero en el vídeo se permite a los niños aproximarse a una losa de piedra y recoger un poco de mugre. Entonces, como alardea el título siguiente, “Tras causar estragos en la sepultura, fueron expulsados de allí por las fuerzas de seguridad”.
La versión del gobierno acerca de los hechos, en un tono abiertamente hostil hacia las imágenes del videoclip, afirma que los peregrinos “pisotearon” las tumbas de las esposas y compañeros del profeta. El vídeo asegura que esta supuesta ofensa, así como otros “rituales zoroástricos” e insultos a los compañeros del profeta, llevaron a las fuerzas de seguridad a dispersarles y provocó que los devotos sunníes chocaran con sus conciudadanos chiíes. Mientras suena una música triunfal, los autores alardean de que un joven local con “corazón de león” apuñaló a “uno de esos que rechazan el verdadero Islam” y bromean con que sólo la “misericordiosa” presencia de las fuerzas de seguridad protegió a los “nietos de Khosraw” de un daño mayor. [1] Estas imprecaciones –practicantes de fes pre-Islámicas, apóstatas, seguidores de antiguos emperadores persas—son viejas actitudes del prejuicio anti-chií en Arabia Saudí y en el resto del mundo. El segundo comentarista del vídeo de YouTube dice furioso: “Todos los apóstatas zoroástricos deberían ser expulsados de las tierras musulmanas”. Otro vídeo incluso llama a los niños chiíes “pequeños demonios”. [2]
La versión de los peregrinos chiíes sobre los acontecimientos es bastante diferente. Habían llegado a Medina el 20 de febrero para recordar el aniversario de la muerte de Mahoma, que en 2009 fue el 24 de febrero. El mismo día, los chiíes conmemoran el paso de Hasan, el segundo imán. Los peregrinos dijeron que la policía religiosa grabó en vídeo a las mujeres que iban con ellos, afrentando su piedad y pudor. Cuando un grupo de hombres, algunos de ellos maridos de las mujeres grabadas, pidieron a la policía que destruyeran o les entregaran las cintas, estalló el enfrentamiento. Policías armados se enfrentaron a cientos de manifestantes que coreaban consignas reverenciando a Husayn. En los días siguientes, la policía religiosa detuvo e hirió a docenas de personas. De acuerdo con los informes chiíes, muchos peregrinos se reunieron la noche del 23 de febrero para conmemorar la muerte de Mahoma pero no se les permitió entrar al cementerio. Se trasladaron a la plaza el cementerio y la mezquita del profeta. Allí, dicen, fueron atacados por sunníes que salían de la mezquita y por la policía religiosa.
Los comentarios hechos por el Príncipe Nayif, el ministro de interior que fue nombrado diputado príncipe de la corona en marzo tras los enfrentamientos de Medina, sugieren bastante a las claras cual versión de los hechos es más cercana a la realidad: “Los ciudadanos tienen tanto derechos como obligaciones; sus actividades no deberían contradecir la doctrina seguida por la umma. Esta es la doctrina de los sunníes y nuestros rectos antepasados. Hay otros ciudadanos que siguen otras escuelas de pensamiento, y los que sean inteligentes entre ellos deben respetar esta doctrina”. [3] En otras palabras, los ciudadanos chiíes de Arabia Saudí no deberían expresar sus creencias religiosas en público, como deferencia hacia las sensibilidades sunníes, que el príncipe curiosamente equipara a las de toda la comunidad mundial musulmana. A lo largo de la historia del reino, de hecho, el Chiísmo, que representa el 10% de la población total, ha sido objeto de discriminación a manos del estado. Los disturbios de Medina son parte de un patrón de levantamiento de la militancia Chií en respuesta a esa discriminación en todo el país, y particularmente en la Provincia Oriental, rica en petróleo, donde el Chiísmo constituye una ligera mayoría. Elementos del régimen Saudí al menos, parecen tener un interés en la intensificación del conflicto.
Enfrentamiento con el estado
No es casualidad que salten chispas entre el Chiismo y el estado en al-Baqi‘. A principios del siglo XIX, cuando la Casa de Sa’ud acababa de conquistar Medina, el clero Wahabí que respaldó a los Saudíes ordenó la destrucción de las cúpulas que cubrían las sepulturas de los imanes chiíes. En la doctrina Wahabí, la construcción de tumbas y mausoleos está prohibida como algo que fomenta la “adoración de santos”. [4] En el Islam chií, sin embargo, la visita a los santuarios es un pilar de la religiosidad popular, y los existentes en ciudades como Mashad, Nayaf y Kerbala atraen a millares de peregrinos cada año. Los activistas chiíes han denunciado en numerosas ocasiones el saqueo de las tumbas en sus denuncias al estado Saudí y a la postura Wahabí respecto del resto de escuelas y sectas teológicas. Miembros del partido de la oposición chií fundaron una editorial, la Fundación al-Baqi‘ para el Renacer Cultural, que publicó un libro sobre el asunto. [5]
Ha habido informes de que las fuerzas de seguridad y los alborotadores sunníes han convertido en su objetivo a la propia comunidad chií de Medina (conocida como la Najawila) a consecuencia de los enfrentamientos en el cementerio. La principal página web de noticias de la comunidad informó que la policía religiosa, las fuerzas de seguridad y los atacantes sunníes siguieron a los peregrinos de regreso a su barrio de al-‘Azziyyat. Allí continuaron golpeando a los peregrinos y a otros e incluso atacaron a la gente con cuchillos. [6] A la Najawila no le está permitido practicar rituales chiíes en la ciudad, y tienen que reunirse en granjas o en salas privadas que son empleadas como mezquitas. Al contrario que el Chiísmo de la Provincia Oriental, ellos representan una pequeña minoría donde viven, por lo que tradicionalmente son más prudentes a la hora de manifestar sus demandas de reformas y de libertad religiosa. Estos incidentes forman pues, parte de un nuevo movimiento de agresión por parte del estado. Las noticias sobre la represión del estado provocaron una ola de protestas en el extranjero. En Londres, chiíes de varios países se manifestaron a las puertas de la embajada Saudí. El clérigo kuwaití Yasir al-Habib hizo, según se informa, un llamado a la creación de un “Gran Bahrein” una referencia a la patria mítica del Chiísmo del Golfo que se extiende desde Bahrein a través de la Provincia Oriental de Arabia Saudí hacia Kuwait e incluso Basora en el sur de Irak. [7] Pero las protestas más activas sucedieron en la Provincia Oriental.
“Intifada 1430”
Allí, a lo largo de la costa del Golfo, un grupo antes desconocido autonombrado Fuerza de la Juventud hizo un llamamiento al Chiísmo para salir a las calles en solidaridad con los chiíes detenidos y heridos en Medina el 21 de febrero. Días después, hubo la primera manifestación en la ciudad de al-Qatif así como en las poblaciones cercanas de Safwa y al-‘Awwamiyya. El hecho mismo de las manifestaciones fue en sí extraordinario, ya que semejantes demostraciones públicas de disensión son ilegales en Arabia Saudí, y son normalmente suprimidas por el estado incluso si se trata de asuntos regionales. A finales de diciembre de 2008, las fuerzas de seguridad dispararon pelotas de goma contra la multitud en una protesta chií contra el bombardeo israelí de Gaza y se detuvo a más de una docena de personas en la Provincia Oriental. [8] Ya se habían dado concentraciones similares con anterioridad, por ejemplo, para apoyar a Hizbulá en su guerra con Israel en 2006. Lo que había de nuevo en febrero fue que las manifestaciones afectaban a un asunto nacional –el trato sufrido por los chiíes en Medina—y exigieron explícitamente el final de la discriminación contra el Chiísmo en toda Arabia Saudí.
Tras los conflictos de Medina, surgieron varias nuevas organizaciones. El 24 de febrero, un grupo llamado los Hombres Libres de al-Qatif publicó una declaración acusando con dureza a la policía religiosa y acortando sardónicamente su nombre. “Querida Comisión del Vicio: Nos has deshonrado y has osado profanar el más puro de los lugares. ¿Qué es lo que debemos hacer?”. [9] Siguieron convocando grandes manifestaciones en al-Qatif y al-Hasa. Curiosamente, los Hombres Libres de al-Qatif, que pertenecen a la corriente principal chií de “Los Doce”, incluyen en sus términos a los grupos chiíes que viven en otras partes del país, incluyendo la Najawila y los Ismaelís de Najran. A mediados de marzo, dirigieron otra declaración “a nuestro pueblo que lucha en la Península Arábiga en al-Qatif, al-Hasa, Najran y Medina.”[10] Un grupo de profesores religiosos anónimos de al-Qatif y al-Hasa publicaron también una carta expresando su “gran enfado y repulsa” por los sucesos de Medina y culpando a la policía religiosa y a los “odiosos grupos takfiri ” por lo sucedido. [11]
Los enfrentamientos de Medina han dado lugar a una respuesta por parte de grupos chiíes más radicales de los que no se había oído hablar en algún tiempo. Hizbulá al-Hiyaz, un movimiento de oposición patrocinado por Irán acusado de varios ataques dentro y fuera de Arabia Saudí a finales de los ’80 y en los ’90, los más importantes de ellos las bombas en las Torres Khobar en 1996, hicieron una rara declaración de condena. [12] Hizbulá al-Hiyaz es la única organización chií que se opone a cualquier compromiso con el régimen Saudí y que aboga en cambio por la lucha armada. La mayoría de miembros y simpatizantes de Hizbulá al-Hiyaz fueron detenidos en 1996, muchos de ellos fueron torturados, y en lo sucesivo asumieron un perfil bajo. Entre los activistas chiíes, sin embargo, es bien sabido que ciertos clérigos y predicadores pertenecen a grupos llamados “la Línea del Imán” o “el Partido”, que básicamente son nombres tapadera de Hizbulá al-Hiyaz. Durante las fiestas públicas en al-Qatif, la gente afín al movimiento organiza conferencias y se hacen representaciones teatrales del martirio de Huseyn.
Como un síntoma de este resurgir de la militancia, comentaristas y activistas se han esforzado en relacionar el enfrentamiento en el camposanto de al-Baqi’ con la intifada de 1979-1980, cuando grupos chiíes inspirados en la revolución Iraní se alzaron en una campaña de desobediencia civil masiva que fue brutalmente reprimida por la Guardia Nacional. [13] Algunos han apodado los sucesos de Medina como la intifada al-Baqi’. El portal web de Hizbulá al-Hijaz hace un juego de palabras en árabe, uniendo intifada Muharram 1400 (la fecha del anterior levantamiento en el calendario musulmán) a intifada al-Haram al-Nabawi wal-Baqi‘ 1430 (la fecha musulmana de los enfrentamientos junto a la mezquita del profeta en Medina).
La amenaza de secesión
Pero quien mayor notoriedad ha acumulado durante esta oleada de protestas ha sido Nimr al-Nimr, clérigo de al-‘Awwamiyya, una humilde localidad casi enteramente chií rodeada de palmeras a las afueras de al-Qatif. El pueblo no es representativo del conjunto de la población chií, sino que es famoso en el Chiísmo por ser un lugar donde el sentimiento contra el estado Saudí es muy fuerte y las corrientes políticas radicales gozan de gran predicamento. Muchos miembros de los movimientos de la oposición chií son oriundos de este pueblo que durante el levantamiento de 1979, según cuentan algunos activistas, fue llamado la República Islámica de al-‘Awwamiyya.[14] Nimr al-Nimr procede de una estimada familia de clérigos y líderes políticos. Su abuelo, el Jeque Muhammad bin Nasir al-Nimr, fue el líder de una revuelta popular contra la Casa de Saud en 1929-1930, un suceso con un peso importante en la literatura de la Organización de la Revolución Islámica en la Península Arábiga, la (hace tiempo disuelta) organización matriz de casi todo el Chiísmo de Arabia Saudí hoy en día. [15] El líder de la organización, Hassan al-Saffar, escribió en uno de sus panfletos que las generaciones venideras deberían estudiar el ejemplo de Muhammad al-Nimr, “una estrella brillante en el cielo de los mujahidin,” para prepararse en el camino de la revolución. [16] Este panorama confiere una gran credibilidad a Nimr al-Nimr como figura anti-gobierno a los ojos de muchos. Un informe del Grupo de Crisis Internacional le califica como un “renegado”, que desconfía profundamente del régimen y que se opuso incluso a las elecciones municipales en 2005. [17]
En 2007, Nimr al-Nimr, que estudió en Sayyida Zaynab en Damasco, entre otros lugares, se unió con una delegación de al-‘Awwamiyya al vicegobernador de la Provincia Oriental, Muhammad bin Jiluwi. Los delegados habían preparado una lista de demandas, pero al-Nimr había traído la suya propia. Declaró directamente que no podía haber buenas relaciones entre el gobierno y el Chiísmo mientras el estado hiciera la vista gorda ante las incitaciones sectaristas. Y lo que es más importante, planteó que los chiíes, que habían habitado encima del petróleo del país durante cientos de años, deberían obtener una parte más justa de los ingresos por petróleo del reino. Estas exigencias fueron publicadas en internet y muchos chiíes se felicitaron de que alguien expusiera el asunto de la distribución de la riqueza del petróleo. [18] Por comentarios como estos, al-Nimr ha sido encarcelado varias veces, y en cada ocasión ha sido rápidamente liberado, según creen muchos, gracias su popularidad en al-‘Awwamiyya.
Tras los enfrentamientos en Medina, cientos de manifestantes se unieron a Nimr al-Nimr en las calles. Las fuerzas de seguridad y la policía religiosa disolvieron a los manifestantes y se detuvo a varias personas, niños en su mayoría. Entonces al-Nimr pronunció lo que en los círculos chiíes ha venido a ser conocido como el “discurso de la dignidad”, que se extendió rápidamente por internet. En un sermón del viernes en su pequeña mezquita, atacó a las políticas sectaristas del régimen y, de manera crucial, planteó la posibilidad de buscar la independencia respecto de Arabia Saudí: “Nuestra dignidad ha sido empeñada, y si no es… restaurada, haremos un llamamiento a la secesión. Nuestra dignidad es más preciosa que la unidad de esta tierra”. [19] El discurso, como era de esperar, atrajo las iras del estado, y al-Nimr tuvo que refugiarse en la clandestinidad. Hombres jóvenes de al-‘Awwamiyya empezaron a manifestarse enfrente de su casa en defensa de su libertad frente a la intimidación del estado. Los Hombres Libres de al-Qatif amenazaron con represalias violentas si al-Nimr era arrestado o asesinado, y una “Red para la Defensa de Su Eminencia el Jeque al-Nimr” ha creado un portal en internet para hacer un seguimiento de su caso. [20] Aunque los detenidos en Medina fueron liberados tras una reunión entre una delegación chií y el rey Abdaláh, las fuerzas de seguridad volvieron a arrestar a docenas de manifestantes en al-‘Awwamiyya y otros pueblos. Establecieron controles alrededor de al-‘Awwamiyya y cortaron la electricidad a la población en numerosas ocasiones. Por la noche, los residentes trepaban a lo alto de sus casas para llamar a grandes voces a la oración en apoyo a al-Nimr. Esto es, también, una reminiscencia de la intifada de 1979, cuando se proferían rezos desde lo alto de los tejados para animar la moral de la comunidad.
Mediadores abandonados
El discurso del jeque al-Nimr puso a los interlocutores chiíes asignados para negociar con el régimen en una posición muy difícil. Muchos de estos hombres, que habían trabajado durante décadas tendiendo puentes con el régimen tras el levantamiento de 1979-1980, estaban aturdidos. Incluso antiguos activistas de la oposición condenaron su discurso. Ja‘afar al-Shayib, antiguo miembro de la Organización de la Revolución Islámica, afirmó que al-Nimr no expresaba la visión de la mayoría del Chiísmo de la Provincia Oriental. Tras la intifada de 1979 los afines a al-Shayib fueron al exilio, desde donde publicaron revistas, ejercieron presión contra la familia real y trataron de reforzar la identidad colectiva del Chiísmo en la Provincia Oriental. Después de negociar una amnistía general, la liberación de todos los prisioneros políticos chiíes y el levantamiento de la prohibición de viajar a cientos de activistas, regresaron a Arabia Saudí en 1993, la mayoría en la convicción de que podrían conseguir más negociando con el estado que mediante la abierta oposición. Los antiguos activistas se convirtieron incluso en defensores de un nuevo nacionalismo árabe saudí, enviando una declaración titulada “Socios de Una Nación” a la capital en 2003 y participando en el “Diálogo Nacional” del rey Abdaláh. Ganaron casi todos los escaños en las zonas de mayoría chií en las elecciones municipales de 2005.
Tanto el estado saudí como los observadores extranjeros han visto siempre a Hasan al-Saffar, líder espiritual de la antigua Organización de la Revolución Islámica y figura clave en el acercamiento de sus antiguos activistas al régimen, como el principal representante de la comunidad chií en la Provincia Oriental. Pero el fracaso de Al-Saffar en conseguir el fin de la discriminación sectarista está minando su posición tradicional. Las remodelaciones del gabinete y del Consejo de Ulemas Veteranos anunciada días antes de los disturbios en Medina no tomaron en consideración las quejas de los chiíes. A pesar de que en el Consejo están representadas todas las escuelas sunníes de jurisprudencia (en ocasiones opuestas a la escuela Hanbalí a la que pertenecía Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab), no hay un solo clérigo chií con escaño en él.
En los últimos meses, otro cuadro de miembros de la Organización de la Revolución Islámica ha comenzado a criticar directamente a Hassan al-Saffar. El crítico más encarnizado es Hamza al-Hasán, antaño el principal ideólogo del movimiento de al-Saffar. En aquellos días publicó bajo varios seudónimos y escribió la única historia detallada del Chiísmo en Arabia Saudí.[21] Aunque fue una de las cabezas de las negociaciones con el gobierno en 1993, no se vio satisfecho con los resultados, por lo que se estableció en Londres para continuar con la labor de oposición. Junto a algunos cuantos más, incluido Fu’ad Ibrahim, publicaron varias revistas y en el otoño de 2008 lanzó una web crítica tanto con el régimen como con los “nuevos notables del Chiísmo”, como se refieren con sorna a al-Saffar y sus colegas. Tras los sucesos de Medina, al-Hasán se convirtió en el portavoz en el extranjero de un nuevo movimiento opositor llamado Khalas (Liberación). Este movimiento incorpora varios elementos de la población chií de Arabia Saudí que se sentía privada de voz propia tras los acontecimientos. La frustración con el régimen y con al-Saffar se ha extendido, de hecho. En el otoño de 2008, un antiguo miembro del ala clerical de la organización de al-Saffar hizo declaraciones en privado parecidas a las de Nimr al-Nimr: “No queremos la secesión si hay otros caminos para que se reconozcan nuestros derechos en el marco Saudí. Pero las últimas décadas nos han mostrado que sencillamente no es posible. Por tanto estoy preparado para trabajar por la secesión si eso nos trae la libertad”. [22] Incluso los asesores cercanos a al-Saffar dijeron cosas parecidas inmediatamente antes de la invasión de Irak en 2003. Por aquel tiempo, Muhammad Mahfouz, un famoso clérigo y escritor, dijo a un periodista: “Si secesión significa que obtendríamos nuestros derechos, entonces por supuesto que la queremos”. [23]
Tomando partido
Los dirigentes Saudíes y otros comentaristas han alegado que los sucesos de Medina y de la Provincia Oriental fueron escenificados y planeados por radicales chiíes y “partidos extranjeros”.[24] Hay cierta lógica en estas acusaciones: En los primeros años tras la revolución iraní, no eran poco frecuentes los choques entre la policía y los peregrinos chiíes a La Meca que venían en su mayoría de fuera de Arabia Saudí. En julio de 1987, murieron más de 400 peregrinos y varios miles resultaron heridos, la mayoría de ellos iraníes.[25] Irán trabajó en adelante en la creación de Hizbulá al-Hijaz. Pero los sucesos de febrero difieren de los enfrentamientos anteriores porque los manifestantes venían en su mayoría de dentro del reino. Es simplista ver las relaciones entre chiíes y sunníes de Arabia Saudí como un espejo de las relaciones entre Irán y Arabia Saudí. A excepción de Hizbulá al-Hijaz, ninguno de los movimientos políticos chiíes está patrocinado por el régimen iraní. La rápida extensión de la información y las protestas desde Medina hacia la Provincia Oriental denota con claridad la naturaleza endógena del problema y su relación con el descontento respecto del liderazgo tradicional de la comunidad. Los grupos insatisfechos con el enfoque de Hasán al-Saffar ciertamente han estado esperando esta oportunidad. Como al-Hasán, que ha respaldado la secesión desde hace tiempo, comentó, “Ahora, por fin, todos deben tomar partido. ¿Están con el gobierno, o están en oposición al gobierno?” [26] No puede escapar a la atención de los chiíes críticos con al-Saffar que fueron principalmente niños y jóvenes quienes fueron detenidos y heridos en Medina y la Provincia Oriental. Pueden razonablemente concluir que el futuro es de ellos.
Tanto si las protestas fueron orquestadas como si no, mientras el estado Saudí siga discriminando a sus ciudadanos chiíes, permanecerá el potencial de conflicto. Las fuerzas que quieren trabajar con el gobierno, como al-Saffar, están perdiendo apoyos porque no pueden suministrar aunténticas ventajas políticas a su electorado. El camino está por tanto abierto a los grupos que adoptan una postura de mayor confrontación, como Hizbulá al-Hijaz. No parece probable, sin embargo, que estos grupos crean realmente en la posibilidad de una secesión en un futuro próximo. De igual manera, las ensoñaciones de algunos en Washington de un estado chií en la Provincia Oriental que hayan podido abrirse paso entre algunos mandatarios tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, no volverán tras la problemática experiencia de EEUU en Irak. Ni Irán está en posición para ayudar al Chiísmo a construir un estado si es que desea un aproximamiento EEUU-Irán. Por otra parte, el Chiísmo está convencido de que será capaz de alcanzar un estatus decente dentro del marco Saudí sólo si se aumenta la presión sobre el gobierno.
Al mismo tiempo, por supuesto, proclamas como el ”discurso de la dignidad” de al-Nimr nutren la honda sospecha mantenida por muchos árabes sunníes de que el chiísmo es pequeño pero es una quinta columna iraní. Tras los sucesos de Medina, los comentaristas sunníes clamaron en Internet: “Hoy asedian a la policía religiosa; mañana rodearán la Provincia Oriental junto a los chiíes de Bahrein y con el respaldo de Irán”. Otros comentaristas sugirieron que los chiíes deberían ser arrojados al Mar Rojo o deportados a la ciudad seminario iraní de Qom. [27]Y las referencias a “zoroástricos” y “apóstatas” en el vídeo de YouTube hablan por sí solas. Aunque a veces diga lo contrario, el régimen Saudí hace poco para poner límite a los excesos de la policía religiosa o para silenciar las declaraciones de anti Chiísmo presentadas como fatwas por el clero Wahhabí. De hecho, muchos creen que el estado alienta el sectarismo. Como dice un miembro de una importante familia chií favorable al gobierno, “funcionarios de segundo rango están usando los recientes acontecimientos para incrementar la tensión y reprimir el Chiísmo. Utilizan lo que dijo al-Nimr para demostrar a los líderes principales que los chiíes son desleales”. [28] A menos que el régimen esté preparado para ofrecer al Chiísmo una buena oferta que incluya gestos como el nombramiento de ministros y embajadores chiíes –gestos, en definitiva, que indicasen una igualdad real de la ciudadanía más allá de diferencias sectaristas—los extremistas a ambos lados de la contienda verán aumentar su fuerza.
Notas finales
[1] El vídeo puede verse en http://www.youtube.com/watch?v=HcSs4zhZ6i4&feature=related. [Árabe]
[2] El segundo vídeo se puede ver en http://www.youtube.com/watch?v=JBM-Wul9RE8&feature=related. [Árabe]
[3] Arab News, 15 de marzo, 2009. [4] Madawi al-Rasheed, A History of Saudi Arabia (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), pg. 21.
[5] Yusuf al-Hajiri, al-Baqi‘: Qissat tadmir Al Sa‘ud lil-athar al-islamiyya fil-Hijaz (Beirut: Mu’assasat al-Baqi‘ li-Ihya’ al-Turath, 1990).
[6] Ver los informes de Esharh.net, 23 y 24 de febrero, 2009 en este enlace. [Árabe]
[7] Sobre la narrativa del “Greater Bahrain,” ver Laurence Louer, Transnational Shiite Politics: Religious and Political Networks in the Gulf (Londres: Hurst, 2008), pgs. 23-30.
[8] Rasid.com, 26 de diciembre, 2008, disponible en http://www.rasid.com/artc.php?id=25954. [Árabe]
[9] La declaración está colgada en http://www.moltaqaa.com/?act=artc&id=879. [Árabe]
[10] La declaración está colgada en http://www.moltaqaa.com/?act=artc&id=1111. [Árabe]
[11] Esta carta está publicada online. [Árabe]
[12] La declaración está publicada online. [Árabe]
[13] Ver Toby Jones, “Rebellion on the Saudi Periphery: Modernity, Marginalization and the Shi‘a Uprising of 1979,” International Journal of Middle East Studies 38/2 (mayo 2006).
[14] Entrevista a un chií de al-‘Awwamiyya, agosto 2008.
[15] Ver Guido Steinberg, “The Shiites in the Eastern Province of Saudi Arabia, 1913-1953,” in Rainer Brunner and Werner Ende, eds., The Twelver Shia in Modern Times: Religious Culture and Political History (Leiden: Brill, 2001), p. 250.
[16] Ver la presentación de Muhammad al-‘Awami, por See al-Saffar, Tha’ir min ajl al-din: Malamih min hay’at al-‘allama al-mujahid al-Shaykh Muhammad bin Nasir al-Nimr (Londres: Dar al-Jazira lil-Nashr, 1987), pg. 11.
[17] International Crisis Group, The Shiite Question in Saudi Arabia (Riyadh/Amman/Brussels, septiembre 2005), pg. 7. [18] Pueden verse las reivindicaciones en http://www.qateef.net/t35920.html. [Árabe]
[19] Emitido por Associated Press, 1 de abril, 2009.
[20] Para acceder a la página http://www.alnamer.co.cc.
[21] Hamza al-Hasan, al-Shi‘a fil-Mamlaka al-‘Arabiyya al-Sa‘udiyya (Beirut: Mu’assasat al-Baqi‘ li-Ihya’ al-Turath, 1993).
[22] Entrevista a un activistra chií, Arabia Saudí, noviembre, 2008.
[23] Wall Street Journal, 3 de febrero, 2003.
[24] Financial Times, 25 de marzo, 2009.
[25] Christin Marschall, Iran’s Persian Gulf Policy: From Khomeini to Khatami (Londres: Routledge, 2003), pg. 52.
[26] Entrevista a Hamza al-Hasan, Londres, abril 2009.
[27] Economist, 26 de febrero, 2009.
[28] Entrevista telefónica, abril 2009.
Toby Matthiesen es candidato doctoral en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres.

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EE.UU: se dispara el número de pobres, ya son 47 millones


InSurGente.-

Estados Unidos cuenta con 47,4 millones de pobres, siete millones más de lo anunciado en septiembre por la Oficina del Censo, que ha revisado algunas de las variables de sus estadísticas como el incremento de los costes médicos.
El pasado mes el Censo publicó un informe en el que indicaba que en 2008 cerca de 39,8 millones de personas vivían en situación de pobreza en EE.UU., el 13,2 por ciento del total de la población frente al 12,5 por ciento registrado el año anterior.

La Oficina del Censo señaló que este incremento de la pobreza, debido a los estragos causados por la crisis económica y la recesión, fue el mayor registrado desde 1997.
Sin embargo, tras la revisión, los nuevos datos muestran que el nivel de pobreza es aún peor de lo que se creía.
La discordancia de cifras se ha producido por la diferencia entre las fórmulas para el cálculo de la tasa de pobreza de la Oficina del Censo y de la Academia Nacional de Ciencias (NAS), que finalmente fijó la tasa en el 15,8 por ciento de la población, o lo que es lo mismo, casi uno de cada seis estadounidenses.
El informe, que refleja las condiciones sociales de una población de más de 300 millones, no había tenido en cuenta algunas variables como el aumento del coste de la atención médica, el transporte, el cuidado de niños o las diferencias geográficas para calcular el coste de la vida.
Tampoco consideró las ayudas no económicas del Gobierno en el cálculo de los ingresos familiares, con lo que el Censo pudo haber pasado por alto a millones de personas pobres, muchos de ellos mayores de 65 años, los más afectados por el incremento de los servicios médicos.
La fórmula revisada del NAS indica que casi 7,1 millones de los estadounidenses mayores de 65 años, el 18,7 por ciento, están en condiciones de pobreza, frente a los 3,7 millones que se habían reportado, debido al aumento de los costes del seguro médico Medicare y una menor cobertura en la prescripción de medicamentos.
La pobreza infantil, sin embargo, bajó del 19 por ciento indicado inicialmente al 17,0 por ciento, por las ayudas no monetarias que reciben las madres solteras y sus hijos, como los cupones de comida.
Las tasas de pobreza finalmente quedaron en un 29 por ciento para los hispanos, en el 17 por ciento para los asiáticos y en el 11 por ciento para los blancos no hispanos, mientras que para los afroamericanos el nivel se mantuvo en el 24,7 por ciento, debido que las ayudas no monetarias amortiguaron el impacto.Geográficamente, la pobreza aumentó en el noreste y el oeste del país, ya que es estas partes del país se encuentran ciudades como Nueva York y Boston, en la costa este, o Los Ángeles y San Francisco, en la oeste, con los costes de vida más altos de EE.UU.

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Llegó la crisis alimentaria


19 de octubre de 2009
por Erika Ramírez
http://www.voltairenet.org/article162590.html

Olivier De Schutter, relator especial del Derecho a la Alimentación de la ONU, advierte que 2010 será el escenario de una profunda crisis alimentaria en el mundo. Esto, derivado de los privilegios económicos y comerciales que otorgan las políticas públicas a la agroindustria, y que dejan de lado a los pequeños productores. Informes oficiales revelan cómo en México los subsidios de la Sagarpa son depositados en cuentas de trasnacionales como Bachoco, Cargill, Archer Daniels Midlan, Minsa, Maseca. Además, muestran la miseria extrema de más de 20 millones de campesinos

Iniciado 2010, el mundo se verá inmerso nuevamente en una crisis alimentaria. Ello, resultado del constante incremento en los precios de los productos, así como la disparidad en el otorgamiento de los subsidios entregados a las corporaciones del sector agropecuario, advierte el relator especial del Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Olivier De Schutter.

México no será la excepción. Informes oficiales muestran una tendencia a concentrar los subsidios otorgados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en manos de trasnacionales, y en detrimento de los millones de campesinos.

En entrevista con Fortuna, el representante de la ONU critica el impacto que ha tenido la liberación de las políticas agropecuarias a través de la firma de tratados comerciales, ya que actualmente los países instrumentan políticas públicas que apoyan al sector agroexpotador y “dejan de proteger a los sectores menos competitivos; lo que incrementa la desigualdad”.

De Schutter explica que de las 1 mil 20 millones de personas que padecen “hambre crónica” en el mundo –la sexta parte de la población mundial–, más de la mitad son pequeños productores marginados de las políticas gubernamentales.

Los pobres de México
En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó, a finales de 2008, que la población en condiciones de pobreza alimentaria en el sector rural (es decir, que no tiene ingresos ni para comer) es de más de 27 millones de mexicanos.

Apenas el año pasado, la miseria de los campesinos acaparaba al 62.8 por ciento de la población que subsiste de la producción de alimentos, esto es, 12.2 millones de personas. Mientras, en 2006 era del 65.3 por ciento, 9.4 millones de campesinos. En apenas dos años de la administración de Felipe Calderón, la cifra se incrementó en 3 millones de personas, indica el Coneval.

“El aumento de la pobreza alimentaria durante el periodo 2006-2008 se debe, en gran medida, al adverso entorno nacional e internacional en materia económica, especialmente por el alza de precios de la canasta básica”, según el capítulo 2.8 “Sector rural” del Tercer informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Del documento de la Presidencia también se desprende que otros 15 millones de campesinos se enfrentan a la pobreza de capacidades (incapacidad para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación).

No obstante, Calderón Hinojosa arguye que su administración “contribuye a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, favoreciendo el desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias”, a través del Programa Oportunidades.

A junio de 2009, reporta el informe presidencial, de los 27 millones 253 mil pobres alimentarios y de capacidades en zonas rurales reportados por el Coneval, Oportunidades atiende a 21 millones 239 mil personas que representan cerca de 80 por ciento del total de los más pobres y significan 4 mil 247 millones 900 familias.

Los “apoyos” destacados por el mandatario mexicano son: 210 pesos mensuales por familia “para mejorar la alimentación”, 120 pesos más (derivado del Apoyo Vivir Mejor) “para compensar la disminución del poder adquisitivo por causa del incremento internacional de los precios en alimentos”.

También menciona el apoyo al gasto en energéticos, de los que se entregan 55 pesos mensuales por familia. En tanto que para educación se dotan entre 140 y 890 pesos mensuales por becario.

Los ricos del campo
Contrario al apoyo mensual de poco más de 200 pesos por familia que ofrece a los más pobres el Programa Oportunidades, el padrón de beneficiarios del Programa de Atención a Problemas Estructurales de la Sagarpa entregó más de 4 mil 800 millones de pesos a las agroempresas, apenas el año pasado.

Los subsidios fueron “compensatorios” para la comercialización de maíz, trigo, sorgo, café y porcinos, y se canalizaron a través de las oficinas de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa.

El informe, actualizado al 5 de septiembre de 2008, indica que se asignaron 4 mil 804 millones 558 mil 664 pesos mediante 4 mil 337 transferencias monetarias a empresas nacionales y trasnacionales. En la lista destacan: Bachoco, Cargill, Archer Daniels Midlan, Minsa y Molinera de México, entre otras. Esta última, afiliada al Grupo Maseca (Gruma, compañía dedicada procesar tecnológicamente el maíz), propiedad del empresario Roberto González Barrera.

“González Barrera, presidente del consejo de administración de Gruma, recibió de la revista londinense World Finance el premio World Finance 100, el cual reconoce a las 100 empresas globales que han alcanzado los más altos niveles de desempeño en sus campos de acción y que, con su liderazgo, han impulsado el desarrollo de su industria en el mundo”, dice una nota de la redacción del periódico La Jornada, fechada el 29 de septiembre pasado.

Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos y diputado federal, asegura que el gasto rural tiene un “uso perverso” del que “trasnacionales y grupos poderosos, nuevos despachos, fundaciones, consultoras y uniones conformadas en los últimos nueve años se apoderan de más del 80 por ciento de los recursos asignados al agro nacional”.

Algunas organizaciones civiles privilegiadas, acusa el legislador por el Partido de la Revolución Democrática, no tienen que enfrentar “montañas” de requisitos y reglas de operación, como lo tienen que hacer las centrales agrarias del sector social, para tener acceso a los recursos presupuestales.

Riesgo: insuficiencia alimentaria

Olivier De Schutter, relator especial del Derecho a la Alimentación de la ONU, explica que uno de los errores del sistema neoliberal es que algunos países del mundo no fortalezcan su producción interna, por lo que se exponen a la volatilidad de los precios internacionales.

El representante del organismo internacional –con sede en Nueva York, Estados Unidos– explica que la elección de algunos países de promover la exportación de ciertos productos, a cambio de “ganar” rentas y monedas extranjeras, y así contar con recursos para importar los alimentos que necesitan para su población, tiene mucho sentido.

Hay un gran número de países, dice, que han exportado azúcar, café, té, plátano o algodón, etcétera, para después comprar arroz y trigo para su gente. “Ese modelo puede funcionar, el problema es la vulnerabilidad que sufren los precios de los productos, estipulados en los mercados internacionales”, critica.

Una evaluación de desempeño –elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, aplicada al Programa de Fomento Agrícola (a cargo de la Sagarpa), indica que México se ha convertido en un país dependiente de la importación de alimentos básicos hasta en un 42 por ciento.

La valoración más reciente del órgano fiscalizador muestra que la caída en la producción de alimentos del 61.9 por ciento en 2002 fue de la obtención de granos y oleaginosas, alimentos básicos en la canasta de los mexicanos, mientras que al cierre de 2006 las cifras bajaron al 59.4 por ciento (Contralínea 104).

Luego, a finales de 2007, subió el precio de la tortilla severamente, también prioritaria en la canasta básica de alimentos de los mexicanos. El incremento fue consecuencia de “la caída de la producción mundial de maíz durante los últimos años; el uso del grano se ha intensificado para producir biodiesel, en Estados Unidos y China se disparó el uso del maíz para producir etanol, en tanto que en México pasaba por una mayor especulación ante la situación internacional”, indica el periodista Jorge Zepeda Patterson en su página www.jorgezepeda.net.

Los escenarios de riesgo
—¿La dependencia alimentaria o la falta de soberanía alimentaria podrían significar un problema de seguridad nacional en cualquier país del mundo? –se le pregunta a Olivier De Schutter.

—El tema merece una discusión muy seria, primero debemos hablar de la necesidad de buscar la independencia en la producción de los biocombustibles. Luego, plantear la misma situación en los alimentos, pues la comida es un producto que depende mucho del precio del petróleo. Ya vimos que las reservas del petróleo van a llegar a la baja, en consecuencia, de un momento a otro la demanda superará la oferta y subirán los precios. No sabemos cuándo ni cuánto. Tal vez en abril del próximo año. Los países que han decidido vincular su soberanía alimentaria con la importación van a tener que asumir más y más este riesgo.

Y es que, explica, no se han atendido las causas del aumento de los precios en 2008, tampoco del fenómeno de la especulación; no se ha regulado la diversidad de la producción para los biocombustibles y diversificar la producción hacia los mercados.

Se ha cometido el “grave error”, critica, de enfocar el nivel de los precios de los productos en los mercados internacionales, cuando un pequeño agricultor no vende su producto en el mercado de comercio de Chicago, y un pequeño consumidor de Guadalajara o Chiapas no compra en el mercado de Valores de Chicago.

Oposición a transgénicos
La discusión sobre la aplicación de biotecnología y los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en alimentos es uno de los temas que también destaca el especialista en materia de derechos humanos. De Schutter dice que a nivel internacional se ha creído equivocadamente que es la solución para enfrentar la crisis alimentaria, “se ha centrando como si fuera la bola mágica para solucionar todos los problemas que vienen”.

No obstante, añade, el hambre crónica de una sexta parte de la población deriva de un “conflicto” entre la oferta y la demanda. “El problema no es que haya una baja producción de alimentos, sino que los ingresos de la población son muy bajos, mientras que en otros grupos pasa lo contrario. Siempre el grupo con más dinero tiene la posibilidad de pagar más por los alimentos, en consecuencia se quedan excluidos los que menos tienen”.

El relator especial de la ONU asegura que la discusión sobre la aplicación de biotecnología en la producción de alimentos debe analizarse desde la perspectiva de quienes realmente se beneficiarían de ella. Pregunta a quiénes se va a privilegiar y cuáles serían las ventajas para los pequeños productores, de los más pobres y marginados.

Explica que cuando se habla con los campesinos dicen que ellos necesitan mayores tecnologías para el manejo del agua, mejores vías de comunicación y capacitación técnica.

“También dicen que las semillas criollas son las más productivas para sus necesidades y las más estables. Entonces, ¿la pregunta no debería ser cómo producir más alimentos, sino cómo podemos mejorar la producción de alimentos para los sectores más vulnerables, para aumentar sus ingresos?”, comenta De Schutter.

Pese a la oposición de organizaciones sociales ante la siembra de maíz transgénico en México, la Sagarpa ha anunciado que de aprobarse los estudios necesarios, los OGM podrían comenzar a sembrarse este mismo año.

La investigadora Catherine Marrielle, coordinadora de programas del Grupo de Estudios Ambientales, advierte que entre los riesgos a largo plazo que existen con la siembra de transgénicos se encuentra la pérdida de semilla criolla –que es con la que actualmente trabajan los campesinos mexicanos–, y la pérdida de identidad, ya que México es centro de origen de producción de maíz. Además de que las patentes que producen empresas como Dow AgroScience, PHI de México y Monsanto Comercial obligan a los productores más pobres a pagar a las grandes corporaciones.

A través de un comunicado oficial, la Sagarpa ­–encabezada por Francisco Mayorga– informa que hasta el 28 de septiembre pasado ha recibido 31 solicitudes para obtener el permiso de siembra experimental de maíz genéticamente modificado en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Tamaulipas.

El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Enrique Sánchez Cruz, dijo que “estas 31 solicitudes se encuentran en espera del dictamen vinculante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo proceso también deben cumplir.

Los sitios propuestos para realizar las siembras experimentales son: Valle del Yaqui, Huatabampo, San Ignacio, Río Muerto y Cajeme, Sonora; Los Mochis, Culiacán, Angostura, Navolato, Ahome y Guasave, Sinaloa; Cuauhtémoc, Delicias y Jiménez, Chihuahua; Valle Hermoso, Matamoros, Díaz Ordaz, Río Bravo, Tamaulipas, y Puerto Vallarta, Jalisco”.

Las empresas que presentaron sus solicitudes a la Sagarpa son: Dow AgroScience, PHI de México y Monsanto Comercial. “En caso de que las empresas cumplan con los requisitos legales y de sanidad vegetal, correspondientes a lo que marca la ley, se podrá autorizar la siembra experimental, siempre y cuando cuenten con el dictamen vinculante de la Semarnat”.

Respecto del atraso tecnológico en el sector agropecuario nacional, la evaluación de desempeño realizada por la ASF expone “que en 1996 la superficie con potencial de tecnificación era de 5 millones 77 mil 100 hectáreas, de las cuales en una década sólo se tecnificaron 936 mil 500 hectáreas, esto es el 18.4 por ciento de la superficie. Para atender las más de 4 millones de hectáreas pendientes, a un ritmo anual de 85 mil hectáreas, se requieren 48.6 años”.

Amenaza del cambio climático
Apenas en septiembre pasado, la agencia internacional de noticias Inter Press Service informaba que unas 54 mil familias guatemaltecas padecían de hambre como consecuencia de la falta de alimentos por sequías. Mientras, otras 400 mil personas se encontraban en riesgo.

La crisis alimentaria obligó al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, a declarar el “Estado de Calamidad Pública, lo cual permitiría al gobierno comprar alimentos de emergencia y movilizar recursos sin los requisitos ordinarios de ley de licitaciones”.

La gravedad de la situación en Guatemala provocó la llegada al país del relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, quien lamentó: “Siendo un país rico (en recursos naturales y producción de bienes), Guatemala tiene desigualdades muy marcadas, que generan pobreza, y hay hambre, que afecta sobre todo a los campesinos y pequeños productores agrícolas”.

Cambio climático
El relator de la ONU dice a Fortuna que el problema del cambio climático se ha convertido en una situación “muy preocupante”. Alerta que para 2080 habrá una baja en los niveles de producción del 3 al 4 por ciento sobre los niveles de producción registrados en 2000. Además, se registrará una mayor desertificación, erosión en los suelos e impredecibilidad sobre el clima.

Debido a que la crisis se incrementará en el futuro, sugiere: “Deberíamos enfocarnos en las formas de producción agropecuaria sustentables, que no contribuyen al cambio climático, sino que lo mitigan. Esto, con base en las tecnologías agroecológicas y no agroindustriales. El monocultivo es otro de los riesgos en el cambio climático, por lo que es necesario promover la diversidad de la producción en un mismo terreno”.

El “peligro” que significa la monoproducción, dice De Schutter, debería tener mayores capacidades de respuesta ante las contingencias (sequías, inundaciones, desastres, naturales, etcétera). Esto, a través de reservas estratégicas de alimentos para compartir con otros países.

En México, el panorama es poco alentador. “El deterioro excesivo del suelo provoca la desertificación, fenómeno asociado con la disminución de la capacidad productiva; sus principales causas son la deforestación en pendientes pronunciadas en suelos frágiles… además del arado excesivo de la tierra en sistemas de agricultura tecnificada, sobre todo en las zonas y distritos de riego. Los principales procesos de degradación son la erosión hídrica, eólica y química”, reconoce la Sagarpa ante el diagnóstico de la ASF.

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Salinas y Juanito, tal para cual


por Guillermo Fabela Quiñones
12 de octubre de 2009
DesdeCiudad de México

Mientras la cúpula gubernamental sigue aferrada al perverso plan de lograr que la Cámara de Diputados apruebe el paquete fiscal, el país se debate en una crisis generalizada de la que se aprovechan personajes como Carlos Salinas de Gortari, uno de los principales causantes de que México se encuentre en vías de un dramático estallido social, situación que se quiere ocultar con actos de provocación grotescos, como los petardazos a sucursales bancarias o la ridícula actuación pública de Rafael Acosta, alias Juanito, ejemplo paradigmático del “opositor” que satisface a la oligarquía.

Es lamentable que Salinas de Gortari siga haciendo política abiertamente, no porque así demuestre que Felipe Calderón deja vacíos de poder, muy evidentes, sino porque patentiza la desmemoria de buena parte de la población, hecho por demás patético en tanto que así se facilita la vigencia de personajes siniestros, como él, que han provocado un enorme daño a la sociedad nacional. Bastan las reformas constitucionales durante su gobierno a los artículos 27 y 130, entre otras muchas a códigos y leyes secundarias, para justificar su catalogación en la historia como el personaje más nefasto para México en la segunda mitad del siglo pasado.
Sin embargo, actúa como si hubiera realizado grandes servicios al país, como si en vez de propiciar un creciente empobrecimiento de los mexicanos y abrirle las puertas del poder real a la extrema derecha, hubiera favorecido un progreso indudable de la nación. Sabido es que con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio se canceló toda posibilidad para que México alcanzara su independencia económica, se afectó de manera irreparable al campo y se aceleró el empobrecimiento de las clases medias.
Ahora, luego de casi tres décadas de que la extrema derecha se hizo del poder para ejercerlo activamente, Salinas de Gortari se apersona para saludar a la población de ciudades provincianas, hace declaraciones oportunistas y demuestra que se mantiene en buenas condiciones para lo que diga la oligarquía. Esto es motivo de alarma, pues con su activismo demuestra que la sociedad nacional no ha aprendido las lecciones de la historia. Con todo, lo más lamentable es que no existen contrapesos reales que pudieran frenar el poderío de los poderes fácticos, pues quienes pudieran hacerlo se dejan llevar por el canto de las sirenas con signo de dólares, como lo demuestra la actuación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en su fracción chuchista.
De ahí que puedan surgir a la palestra política personajes grotescos como Juanito, quien había seguido al pie de la letra un guión elaborado por los consejeros de Calderón, de acuerdo con la defensa de intereses de la fracción de los Chuchos, quienes se prestaron a continuar el proceso de descrédito del PRD. Ahora la oligarquía sabe cómo seguir neutralizando los avances de la izquierda real: basta comprar dirigentes y convertirlos en payasos, como lo hizo con Juanito. Para ello cuenta también con el apoyo invaluable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismo que se ha prestado a llevar a cabo sucias maniobras, como el despojo a la candidata ajena a los intereses del grupo dominante en Ixtapalapa, el de los Chuchos.
El uso intensivo de los medios electrónicos para desvirtuar los hechos ha permitido que se haga a un lado el origen del problema, que no es otro que la decisión del TEPJF de no reconocer el triunfo en las elecciones internas del PRD de Clara Brugada. El tribunal fue el que hizo caso omiso de su deber institucional de actuar con imparcialidad, no que López Obrador haya mandado al diablo a la máxima institución electoral. Se trata de una simple cuestión de causa y efecto, procedimiento que parecen desconocer los medios y la oligarquía.
Con todo, el principal problema sigue muy vivo: la aprobación o no del paquete fiscal de Calderón. En todos los tonos ha dicho que no hay plan B, o sea que para éste no existe otra posibilidad que acatar su propuesta. Si lo hace o no, de cualquier forma la responsabilidad será de la Cámara de Diputados. De acuerdo con la estrategia de Calderón, los culpables de que el gobierno federal se cruce de brazos serán los legisladores por no aprobarlo. Pero si lo aprueban, también lo serían de la gran debacle que se habría de presentar a partir de enero. ¿Qué harán al respecto los diputados? La respuesta no es otra que dejar muy claro que la responsabilidad la tiene el gobierno por no actuar en defensa de los intereses nacionales. Que las consecuencias serían mucho más graves si se aprobara una propuesta absurda y ultra reaccionaria, que sólo obedece al mezquino propósito de salvaguardar los intereses de la oligarquía.
Guillermo Fabela Quiñones

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11 de marzo de 2004 en Madrid: ¿fue realmente un atentado islamista?


por Mathieu Miquel
http://www.voltairenet.org/

Una serie de atentados enlutó Madrid hace cinco años. La justicia española concluyó que aquella operación, atribuida sucesivamente a la ETA y después a Al Qaeda, fue de inspiración islamista, aunque no vinculada con redes internacionales.

La prensa española, con el diario El Mundo a la cabeza, está poniendo hoy en entredicho esa conclusión, de evidente carácter político. Como en los casos de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, o los de Bali, Casablanca y Londres, veamos un análisis sobre la cuestión.

Titulares del diario español {El País} 192 muertos y 1 800 heridos. El atentado de Madrid constituye un verdadero trauma para la sociedad española, sobre todo porque la polémica sobre los verdaderos autores del atentado no ha terminado aún. El 11 de marzo de 2004, siendo alrededor de las 7 horas y 40 minutos de la mañana, diez bombas estallan en cuatro trenes en el espacio de unos pocos minutos. La fecha parece haber sido escogida cuidadosamente ya que los hechos se producen a sólo tres días de las elecciones generales a las que el Partido Popular (de derecha) del presidente saliente José María Aznar se presenta como favorito. Las sospechas de la prensa y de la mayoría de los españoles se dirigen de inmediato hacia la ETA, el grupo nacionalista vasco, hacia el cual el presidente del gobierno saliente ha predicado una política de fuerza. Pero al producirse el arresto de un grupo de sospechosos marroquíes, la víspera de las elecciones, las sospechas de la opinión pública van a reorientarse hacia Al Qaeda. El ataque pudiera ser una represalia por la participación de España en la guerra contra Irak, aunque las autopsias demuestran que no hubo ningún kamikaze. El posterior empecinamiento del gobierno de Aznar en condenar a la ETA es interpretado como el resultado de un cálculo electoral y la votación del 14 de marzo da la victoria al Partido Socialista de José Luís Zapatero. Tres semanas más tarde, el 3 de abril, 7 sospechosos magrebíes «se suicidan» al hacer estallar el apartamento en que se encontraban rodeados por la policía. La instrucción de la investigación durará más de dos años hasta que se abre el juicio por el atentado, en febrero de 2007. La justicia confirma la tesis del atentado islamista pero los supuestos organizadores del atentado resultan absueltos. Sólo uno de los acusados es encontrado culpable de haber puesto bombas en los trenes y la mayoría de los 29 inculpados son condenados por ser miembros de grupos yihadistas, no por estar implicados en el atentado. El proceso de apelación confirma esa sentencia en julio de 2008.

En España, una intensa polémica se desarrolla aún sobre ese atentado, designado como «11-M». La prensa extranjera prácticamente se ha abstenido de reportar la polarización de los medios españoles en cuanto al tema [1]. Los dos principales diarios de España se oponen, en efecto, con rudeza al abordar los atentados del 11 de marzo. Según El País (diario atlantista de centro), no existen dudas válidas sobre la tesis islamista, mientras que para El Mundo (periódico soberanista de centro derecha) la tesis islamista no es más que un montaje policial. El periodista más emblemático entre los defensores de esa opinión es sin dudas Luís del Pino, que trabaja para Libertad Digital, el primer diario numérico de España, y es además el autor de varios libros y documentales de TeleMadrid [2] sobre el tema. Otros medios, más dispuestos a tratar de desacreditar que a emprender un debate argumentado, califican la posición de Luís del Pino de teoría de la conspiración o de «consparanoia». La división existe incluso entre los escépticos que se oponen a la tesis del atentado islamista. Algunos incriminan a la ETA mientras que otros sospechan de los servicios secretos, tanto de los españoles como de los extranjeros. Nuestro artículo no abordará el tema de los verdaderos autores del atentado sino que se limitará a demostrar que la versión oficial es falsa.

Como la justicia española ha avalado la tesis del atentado islamista, es esencial comenzar por la exposición de esa tesis. Por increíble que pueda parecer, las pruebas que supuestamente la confirman no resisten sin embargo el rigor de un análisis. Y el comportamiento sospechoso de ciertos elementos del aparato policial indica claramente la existencia de una voluntad de sabotear la investigación. Todas las informaciones expuestas en este artículo provienen de los medios españoles anteriormente citados y de los documentos judiciales oficiales, como el acta de inculpación, las audiencias del proceso y el veredicto.

La pista islamista
La tesis del atentado islamista es la conclusión final de una investigación que se desarrolló a partir de dos pistas. Expondremos aquí la marcha de esa investigación, poniendo énfasis en las pruebas aceptadas por la justicia española [3]. La primera pista de la investigación parte de una bomba que no estalló. Tres de las bombas depositadas en los trenes tenían un defecto y no estallaron. Se supo así rápidamente que las bombas estaban en bolsos de mano o en mochilas. En la mañana del 11 de marzo, los especialistas en explosivos neutralizaron dos de ellas mediante explosiones controladas. Pero nadie reparó en la tercera mochila y ésta fue depositada junto a los objetos abandonados de las víctimas. Fue en el momento de inventariar dichos objetos que se descubrió la mochila que contenía la bomba, en la comisaría del barrio de Vallecas, durante la noche del 11 al 12 de marzo. Aquella bomba, conocida como «la mochila de Vallecas», se componía de 10 kilogramos de dinamita del tipo «Goma 2 Eco», metralla, un detonador y un teléfono celular (o móvil) que debía desencadenar la explosión a través de la función de despertador. El teléfono contenía una tarjeta SIM que, al ser rastreada a través de la red de venta, permitió determinar dónde se había comercializado. El rastreo condujo a un establecimiento de Madrid especializado en la venta de artículos telefónicos, perteneciente a un marroquí, Jamal Zougam. Basándose en esos elementos, la policía arresta a Zougam, a dos de sus empleados y a dos indios que supuestamente habían vendido el teléfono. Estos arrestos tienen el 13 de marzo, víspera de las elecciones. Los medios anuncian los arrestos y dan amplia divulgación a las fotos de los sospechosos. En los días posteriores varios pasajeros del metro dicen haber visto a los detenidos en los trenes atacados. Finalmente, al cabo de varias semanas, la inconsistencia de los testimonios da lugar a la liberación de 4 de los 5 sospechosos. Zougam se mantiene en prisión ya que los testimonios en su contra parecen más sólidos.

La otra pista que sirve de punto de partida a la investigación son las revelaciones de Rafa Zouhier, un narcotraficante marroquí de poca monta, confidente de la Guardia Civil (la segunda fuerza policial de España [4]). A los pocos días del atentado este individuo dijo a la policía, en una conversación telefónica grabada, que abrigaba fuertes sospechas sobre un tal Jamal Ahmidan, alias El Chino. El Chino es otro traficante marroquí de poca monta y Zouhier lo había puesto en contacto con una banda de Asturias (región del norte de España) sospechosa de traficar, entre otras cosas, con explosivos originalmente destinados a la actividad minera. Un miembro de aquella banda, Emilio Trashorras, confirma a la policía haber proporcionado al Chino explosivos del tipo Goma 2 Eco, afirmación corroborada por un joven gitano que participó en la transacción. Por otro lado, las comunicaciones entre varios miembros de la banda del Chino estaban siendo interceptadas en el marco de una investigación sobre tráfico de drogas, y las grabaciones confirman que aquellas personas habían viajado a Asturias.

Las dos pistas de la investigación conducen a personajes completamente diferentes. Por un lado, a Zougam, y por el otro, al Chino y su banda. No se descubre ningún vínculo personal entre ambos. La única conexión viene de 7 tarjetas SIM cuyos números aparecen durante el rastreo a través de la red de comercialización de teléfonos. Y vinculan al Chino porque el operador telefónico Amena declara que las tarjetas fueron puestas en funcionamiento por vez primera el día anterior al atentado y en la zona de cobertura de una antena que cubre la casa del Chino. Al parecer, los explosivos se encontraban en aquella casa y la elaboración de las bombas se desarrolló en ese mismo lugar. Después de su activación, no se registró más actividad de las 7 tarjetas SIM, lo cual parece indicar que fueron utilizadas para hacer estallar las bombas. Se establece así el vínculo entre Zougam y la banda del Chino.

Cerca del mediodía del 3 de abril, o sea tres semanas después del atentado, la policía localiza finalmente la banda del Chino en un apartamento de Leganés, en las afueras de Madrid. Al descubrir la presencia de la policía, los sospechosos se niegan a rendirse y llegan a abrir fuego. Al caer el día, el GEO (Grupo Especial de Operaciones de la policía española) lanza un asalto para tratar de capturar a los miembros del comando terrorista. Los servicios de inteligencia advierten a la policía que los sospechosos rodeados han realizado varias llamadas telefónicas en las que anuncian que tienen intenciones de suicidarse. La policía fuerza la puerta del apartamento y se produce una explosión en la que mueren los 7 sospechosos y un policía del GEO. Entre los escombros del apartamento aparecen explosivos del tipo Goma 2 Eco, algunos textos y un video reclamando la autoría del atentado, pero las personas que aparecen en el video no son identificables ya que portan máscaras. Al igual que El Chino, la mayoría de los 7 muertos son narcotraficantes de poca monta. Los demás son miembros de círculos islamistas radicales. La sentencia del juicio establece como conclusión que estas personas depositaron las bombas, con la participación de Zougam, y que planeaban cometer otros atentados en la región de Granada, donde habían alquilado un apartamento.

Cierto número de indicios secundarios corroboran las conclusiones de esa investigación. Entre ellos se menciona una furgoneta Renault Kangoo ya que se trató del primer elemento importante encontrado durante la investigación y su hallazgo provocó numerosas polémicas. Este vehículo se hallaba en el parqueo de la estación del metro de Alcalá, por donde pasaron todos los trenes que estallaron el 11 de marzo. Un conserje del barrio declaró que en la mañana del 11 de marzo había visto tres individuos sospechosos merodeando alrededor de la Kangoo. Estaban prácticamente enmascarados con bufandas y gorros y uno de ellos se dirigió hacia la estación del metro con un bolso. Hacia el final de la mañana, la policía abre la furgoneta y la inspecciona. Dos perros entrenados en detección de explosivos verifican la Kangoo sin encontrar nada sospechoso. Al encontrarse en la lista de vehículos robados, la furgoneta es trasladada a una dependencia de la policía. Allí, después de una nueva inspección, aparecen en la furgoneta 7 detonadores, un fragmento de explosivo del tipo Goma 2 Eco envuelto debajo de un asiento y, lo más importante, un casete de audio con una grabación del Corán, que tendrá un impacto decisivo en la opinión público española. El veredicto del juicio concluye que el objetivo del comando terrorista era imponer la ley islámica en Europa mediante la fuerza y que el grupo se inspira en el ejemplo de Al Qaeda, sin estar por ello vinculado a esa organización [5].

Las grietas del veredicto
Acabamos de exponer aquí todas las pruebas importantes que sirvieron de basamento a la tesis del atentado islamista. Todas, sin embargo, están plagadas de elementos sospechosos, como veremos a reanalizarlas una por una. La prueba material fundamental es una de las bombas que no explotó el 11 de marzo: la que apareció en la mochila de Vallecas. Graves sospechas de falsificación existen, sin embargo, en cuanto a su composición así como en lo tocante a las circunstancias en que se produjo el hallazgo. En primer lugar, la bomba no explotó porque había un cable que simplemente no estaba conectado. El especialista en explosivos encargado de desactivarla declaró en el juicio que aquella «chapuza» no se correspondía con la complejidad del resto del dispositivo [6]. Existe, además, una diferencia esencial entre la composición de la bomba encontrada y las que sí estallaron. La mochila de Vallecas contenía 640 gramos de tornillos y clavos que debían servir de metralla. Sin embargo, las autopsias revelaron que ninguna de las víctimas había sido alcanzada por proyectiles metálicos [7]. Y, según los policías que las manipularon, las dos bombas desactivadas en la mañana del 11 de marzo tampoco contenían ese tipo de proyectiles. ¿Qué motivó a los terroristas a poner metralla en una sola bomba? Y, finalmente, las circunstancias del hallazgo de la mochila de Vallecas son confusas. Durante el juicio, los especialistas en explosivos explicaron que ellos habían registrado 4 veces todos los objetos abandonados en los vagones y certificaron que era imposible que la bomba encontrada estuviese entre ellos [8]. Su origen resulta más dudoso todavía debido a que los objetos abandonados entre los que fue encontrada aquella bomba fueron transportados 3 veces a lo largo de la jornada del 11 de marzo, no siempre bajo la mejor vigilancia [9] y acabaron en la comisaría de Vallecas, contrariamente a lo que había ordenado el juez. Si se agrega a esto los testimonios contradictorios sobre el momento en que fue descubierta [10], el hecho que no se menciona la bomba en los inventarios de objetos abandonados [11]] y el hecho que no hay fotos de la bomba anteriores al momento en que fue desmantelada, la inconsistencia de dicha prueba resulta evidente. A pesar de lo anterior, el tribunal la utilizó como elemento clave al rendir su veredicto.

La investigación a través de la red de comercialización de teléfonos concluyó que la tarjeta SIM encontrada en la mochila de Vallecas había estado en venta en el establecimiento de Zougam. ¿En qué se basa la investigación para llegar a esa conclusión? Antes de su venta al consumidor en un establecimiento, las tarjetas SIM pasan generalmente por las manos de 3 o 4 intermediarios. Pero sólo los primeros intermediarios mencionan en sus facturas el número de identificación de cada tarjeta SIM vendida. Los siguientes sólo anotan la cantidad total de tarjetas SIM. En este caso, no existe una factura que pruebe que la tarjeta SIM incriminada fue vendida a Zougam [12]. Lo único que permite llegar a esa conclusión es el testimonio de su proveedor, que dice recordar específicamente la venta de esa tarjeta SIM entre cientos de otras tarjetas. Aceptemos, sin embargo, ese elemento como prueba suficiente y sigamos examinando el curso de la investigación.

El hecho de haber vendido una tarjeta SIM no hace al vendedor responsable del posible uso delictivo que el comprador pueda darle a dicha tarjeta. Pero Zougam había aparecido como testigo en una investigación anterior sobre terroristas islamistas. Al parecer fue ése el único argumento que motivó su arresto el 13 de marzo, ya que ningún testigo lo había descrito ni lo había identificado antes de aquella fecha. Un reanálisis del comportamiento de Zougam hasta el momento de su arresto permite comprobar que al parecer cometió una serie de imprudencias realmente increíbles. Primeramente, utilizó una tarjeta SIM en venta en su propio establecimiento para confeccionar la bomba de Vallecas. En segundo lugar, dejó esa tarjeta SIM en el teléfono a pesar de que ésta no era necesaria para el uso de la función de despertador. Y, en tercer lugar, prosiguió su actividad normal hasta el día de su arresto, en la tarde del 13 de marzo, a pesar de que toda España sabía desde el 12 de marzo por la mañana que la policía había desmantelado una de las bombas. A partir de aquel momento, Zougam tenía que saber que los investigadores tenían en su poder una tarjeta SIM que los conduciría hasta él. Pero no trató de esconderse ni huir. La incoherencia de ese comportamiento lleva a dudar de su culpabilidad.

Los medios dan amplia difusión a los arrestos del 13 de marzo y a las fotos de los sospechosos. Pasajeros de los trenes atacados se presentan espontáneamente para prestar testimonio sobre los sospechosos vistos en los trenes el 11 de marzo. Algunos de esos testimonios implican a Zougam y constituyen la única prueba de su implicación en el atentado. También se trata en este caso de una prueba increíblemente inconsistente, en relación con la gravedad de los hechos. El primer problema reside en la difusión de la foto de Zougam a través de los medios, hecho que impide que los testimonios cumplan una regla fundamental: el recuerdo no debe estar influenciado por otras imágenes vistas después de los hechos. Por otro lado, algunos testimonios no concuerdan en cuanto al recorrido que supuestamente hizo Zougam en los trenes, se contradicen en lo tocante a su descripción, a cómo estaba vestido o afirman que depositó un bolso en un lugar donde no explotó ninguna bomba [13].

Finalmente el veredicto de octubre de 2007 sólo tiene en cuenta 3 testimonios que incriminan a Zougam [14]. En el juicio de apelación, en julio de 2008, la corte invalida uno de esos 3 testimonios ya que el testigo había prestado su declaración ante el juez de instrucción en vez de hacerlo ante el tribunal, al que ni siquiera fue convocado, lo cual impidió que la defensa de Zougam pudiera interrogarlo a pesar de las dudas existentes sobre su declaración. Por ejemplo, según ese testigo el sospechoso se bajó del tren, saliendo al andén, y después volvió al mismo vagón pasando por la puerta que comunicaba con el otro vagón, comportamiento extrañamente indiscreto tratándose de alguien que está poniendo bombas. Sólo quedan, por lo tanto, dos testimonios que acusan a Zougam y los dos provienen de dos amigas rumanas que viajaban juntas. La primera se presentó como testigo tres semanas después del atentado. En aquel momento su descripción del sospechoso es muy somera: un individuo de 1 metro 80 de estatura, de complexión física media, que llevaba un bolso. Sin más detalles. Pero esa misma descripción se va precisando días después, cuando la policía le muestra una serie de fotos entre las que ella reconoce a Zougam: cabello hasta los hombros, nariz más bien gruesa, barba de chivo, labio inferior más grueso que el superior, etc. Es lícito preguntarse entonces si lo que está describiendo esta testigo no es más bien lo que ve en la foto en vez de lo que recuerda. También van cambiando sus declaraciones sobre otros detalles, como la posición del vagón en el tren. Al cabo de un año, la testigo recuerda que el sospechoso la empujó, justificando así por qué recordaba su rostro, y dice entonces por vez primera que ella misma viajaba con una amiga, que se convierte así en el segundo testigo acusatorio contra Zougam. ¿Por qué pasó todo un año sin que mencionara a la amiga que viajaba con ella? ¿Por qué esa otra testigo esperó un año antes de manifestarse? ¿Qué podía recordar aún esa nueva testigo al cabo de todo ese tiempo? ¿Puede considerarse su testimonio como independiente del de su amiga? Y es precisamente sobre la base de esos dos dudosos testimonios que se pronuncia la única condena por la ejecución material del atentado del 11 de marzo. Por su parte, Zougam negó siempre toda implicación en el atentado.

Todas las demás personas que supuestamente pusieron bombas perecieron el 3 de abril en la explosión del apartamento de Leganés, tres semanas después del atentado. Una importante consecuencia de la muerte de esas personas es que la investigación no reconstruyó el papel exacto de cada una de esas personas en la realización del atentado, concentrando entonces la atención en los inculpados. La justicia reconoce en su veredicto que se ignora cuáles de entre esas 7 personas se dedicaron a poner las bombas y dónde lo hicieron [15]. Lo anterior contrasta con el caso de Zougam, claramente acusado de haber puesto las bombas en el tren que explotó en la estación Santa Eugenia. Después de haber visto el trabajo que costó mantener el expediente de la acusación contra Zougam, se puede pensar que la ausencia de información [sobre las personas muertas en Leganés] resultó paradójicamente beneficiosa para los encargados de demostrar la culpabilidad de esos 7 sospechosos, ya que evitó toda confrontación con la realidad. La investigación se enfocó entonces en demostrar que la muerte de aquellas personas en el apartamento de Leganés fue un suicidio, suicidio que fue utilizado como prueba del fanatismo de los sospechosos, mientras que el descubrimiento de documentos que reclamaban la autoría del atentado entre las ruinas del apartamento era interpretado como una confesión póstuma.

Las circunstancias en que se descubre aquel apartamento, en momentos en que los 7 sospechosos se encontraban allí, siguen siendo confusas. Durante mucho tiempo, la policía habló de un tiroteo callejero entre varios de sus agentes y una banda de magrebíes. El incidente supuestamente desembocó en una persecución que llevó a la banda a refugiarse en el apartamento de Leganés [16]. Pero este episodio desaparece posteriormente del discurso oficial para dar paso a otra explicación. Según ésta, la policía pasó revista a la lista de llamadas de un teléfono sospechoso de pertenecer al comando terrorista. Al llamar a uno de los números de esa lista, la policía entró en contacto con un propietario que afirmaba haberle alquilado un apartamento en Leganés a un grupo de árabes desde hacía un mes. Esa es la versión del descubrimiento del apartamento que se menciona en el veredicto, en el que se ignora totalmente el episodio de la persecución.

La policía rodea entonces el apartamento, en la tarde del 3 de abril. Hacia las 21 horas, el GEO emprende el asalto, de forma precipitada según los miembros de esa brigada [17]. Pero antes de lograr entrar, estalla el apartamento, causando la muerte de sus 7 ocupantes y de un miembro del GEO. Debido al estado de los cadáveres, se hace necesario recurrir a las huellas digitales o al ADN durante el proceso de identificación. La investigación concluye que se trata de un suicidio colectivo, pero el carácter suicida de la explosión no está tan claramente establecido como se afirma en el veredicto. Antes del asalto del GEO y la explosión, los vecinos habían oído disparos, gritos e incluso cánticos en árabe provenientes del apartamento. Pero nadie pudo ver claramente a los sospechosos. Y no existen huellas ni registro alguno de los impactos de bala que deberían existir en en el lugar después del intercambio de disparos [18]. El argumento decisivo para sostener la tesis del suicidio es que los sospechosos supuestamente se comunicaron por teléfono con sus familias durante el asedio para despedirse de ellas. Durante el juicio, el único familiar citado como testigo de esas llamadas fue el hermano de uno de los 7 sospechosos, Abdenabi Kounjaa. Este testigo declaró que no pudo reconocer la voz de su hermano durante la llamada, y que pensó que no era él [19], razón por la cual avisó de inmediato a la policía y no devolvió la llamada a su hermano para convencerlo de no suicidarse. Ese testimonio pone seriamente en duda la autenticidad de las llamadas, sobre si se tiene en cuenta que ningún otro familiar fue citado al juicio como testigo. El expediente de la instrucción contiene 3 informes sucesivos sobre esas llamadas, pero no aporta mayores aclaraciones sobre el asunto. Cada informe contradice el anterior en numerosos aspectos: los teléfonos utilizados, la identidad de algunos destinatarios de las llamadas y la cantidad de llamadas realizadas a algunos destinatarios [20]. Tantas divergencias justifican las dudas en cuanto a la confiabilidad de tales datos.

¿Realmente se suicidaron los sospechosos? ¿Qué circunstancias determinaron la presencia de estos en aquel apartamento? El 3 de abril hacía ya 4 días que los medios venían anunciando que estaban siendo buscados y que sus fotos habían sido divulgadas. En ese contexto, reunirse todos en un apartamento de las afueras de Madrid, en vez de escapar cada uno por su lado, resultaba una gran imprudencia. Y ¿por qué esperarían aquellos criminales, que acababan de cometer un crimen masivo, a que la policía evacuara toda la vecindad antes de volar el apartamento? Las incoherencias no se terminan ahí. Quien se interese en los movimientos de los sospechosos entre el atentado y el momento del suicidio se enterará, por ejemplo, de que El Chino estuvo de fiesta con la familia de su mujer 8 días después del atentado, en la misma casa donde supuestamente confeccionó las bombas. El propio perfil de la mayoría de los miembros del comando no se corresponde con el islamismo radical que supuestamente los llevó a perpetrar la masacre y, posteriormente, al suicidio. Cuatro de ellos eran delincuentes de poca monta vinculados al medio del narcotráfico, poco compatible con el islamismo. El Chino vivía con una española “de sangre”, que se vestía con ropa ligera, y el hijo de ambos iba a una escuela católica [21]. La muerte de aquellos 7 sospechosos permitió, en todo caso, reconstituir un escenario sin entrar demasiado en los detalles, y sin que los acusados pudieran contradecirlo. Por otra parte, periodistas que han tenido acceso al expediente de instrucción [22] ponen en duda el vínculo anteriormente mencionado entre los 7 suicidas y Zougam. Según esos periodistas, no hay en los documentos que proporcionó el operador telefónico Amena nada que indique que las 7 tarjetas SIM en cuestión hayan sido puestas en funcionamiento en la casa del Chino. La defensa mencionó ese problema durante el juicio sin que los empleados de Amena invitados a declarar como expertos pudieran responder a ello [23].

El último elemento importante a favor de la tesis del atentado islamista es la furgoneta Renault Kangoo. El veredicto establece que varios miembros del comando terrorista, sin precisar quiénes [24], utilizaron esa furgoneta para llegar con sus bombas hasta la estación del metro. Por lo tanto, el tribunal no tomó en cuenta el testimonio que prestara –durante el propio juicio– el instructor canino que participó en la inspección de ese vehículo. Efectivamente, aunque el instructor canino reconoce que es posible que se haya pasado por alto el pequeño fragmento de explosivo, ese mismo especialista declara que la manipulación de bolsos con decenas de kilogramos de explosivos tendría que haber dejado un rastro de olor dentro del vehículo, rastro que su perro habría detectado [25]. Por otro lado, el conserje que llamó la atención de la policía hacia la furgoneta Kangoo declara que le pareció que los individuos eran europeos del este, y la empleada de la estación del metro que le vendió un billete a uno de los individuos afirma que éste hablaba sin acento extranjero [26]. En este punto, resulta nuevamente sorprendente el comportamiento de los sospechosos. ¿Por qué llamar la atención dirigiéndose a la vendedora con el rostro casi enmascarado en vez de comprar el billete en un expendedor automático? ¿Por qué correr riesgos utilizando un vehículo robado sin cambiarle las placas? ¿Y por qué abandonaron los terroristas ese vehículo, sobre todo dejando en él detonadores, explosivos y ropa? Según el acta de inculpación esa ropa contenía muestras del ADN de los sospechosos, pero el veredicto no tuvo esa prueba en cuenta. Tantos aspectos no aclarados en las pruebas que la sostienen, hacen que la tesis del atentado islamista pierda toda credibilidad. Sobre todo si se tiene en cuenta que este artículo no los menciona todos. En su libro Les Dessous du Terrorisme [27], Gerhard Wisnewski demuestra por ejemplo la incoherencia de los diferentes reclamos islamistas de autoría del atentado. Al aceptar la tesis de la culpabilidad islamista, la justicia española estima de forma sorprendente que esas contradicciones no eran significativas.

La sombra la policía
¿Existen otros elementos que permitan confirmar la tesis del atentado islamista u orientar la investigación en otra dirección? El problema es que los elementos fundamentales de la investigación han sido objeto de negligencias que resultan cuando menos inquietantes. Primeramente, los vagones donde explotaron las bombas fueron destruidos sólo dos días después del atentado [28]. ¿Qué necesidad había de deshacerse tan rápidamente de la «escena del crimen»? En 2006, un tren del metro que había sufrido un accidente en Valencia fue conservado 2 años debido a las necesidades de la investigación. La justicia reconoce en su veredicto que muchas dudas hubieran encontrado respuesta si los vagones se hubiesen conservado por más tiempo [29].

La más importante de esas dudas tiene que ver con la naturaleza del explosivo utilizado. El análisis de las sustancias químicas que se depositaron sobre los objetos que se encontraban cerca de las explosiones hubiera aportado la información fundamental de la investigación. Sin embargo, no se sabe aún con precisión qué fue lo que explotó en los trenes, como se reconoce en el veredicto [30]. Veamos por qué no fue posible determinar el tipo de explosivo utilizado. La primera negligencia está en la selección del servicio que realizó el análisis de las muestras. La responsabilidad de ese análisis fue puesta en manos de los especialistas en desactivación de bombas, cuyos laboratorios disponen solamente de medios rudimentarios para el análisis de sustancias explosivas. Según el procedimiento habitual es la policía científica la que hubiese tenido que garantizar esos análisis, precisamente porque dispone de medios mucho más avanzados. Los resultados del análisis pericial son también muy imprecisos. El informe entregado al juez de instrucción señala la presencia de «componentes genéricos de dinamita» en las muestras. Pero no determina el tipo de dinamita, ¿Titadyne, Goma 2 Eco, Goma 2 EC? Más sorprendente aún, ni siquiera incluye la lista de los componentes químicos encontrados. Ante tanta imprecisión, el tribunal acabó ordenando un nuevo análisis pericial en el momento de la apertura del proceso, en 2007. Desgraciadamente, en el nuevo análisis pericial hubo que utilizar las muestras ya analizadas, al no poder recogerse nuevas muestras debido a la destrucción de los trenes, anteriormente mencionada. Los expertos se quejaron de la poca cantidad de muestras que había conservado la policía y de las graves negligencias que contaminaron aquellas muestras en el transcurso de los análisis anteriores [31]. Finalmente, sus conclusiones no arrojan más luz sobre el tipo de explosivo utilizado ya que en ellas aparece una lista de productos que no corresponde a ningún compuesto de dinamita [32]. Al final de todo ese proceso, se esperaba con especial interés el testimonio de la directora del laboratorio de los especialistas en desmantelamiento de bombas para que contestara a las preguntas sobre el trabajo que había entregado en marzo de 2004. Pero declaró que ella no disponía de los soportes de cromatografía en los que aparecen los elementos químicos [33], ni siquiera disponía de los documentos donde los había anotado durante la realización de su análisis [34]. Provocó sin embargo la sorpresa del tribunal al citar por vez primera el listado preciso de los compuestos químicos hallados explicando que nunca había entregado aquel listado porque nadie se lo había explícitamente [35]. La imprecisión del informe sobre el análisis había dado lugar a una polémica tan grande en toda España durante los 3 años transcurridos entre el atentado y el testimonio de la directora del laboratorio que su explicación es grotesca. ¿Qué crédito puede concederse a esa lista, mencionada únicamente al cabo de 3 años y que corresponde a la composición de la dinamita del tipo Goma 2 Eco?

Sobre la cuestión del explosivo, hay que agregar las dudas que provocó la declaración del jefe de los especialistas en desmantelamiento de bombas que supervisó las operaciones el 11 de marzo. Al ver los daños que habían provocado las bombas, este jefe de especialistas declaró que el visible desgarramiento de las estructuras de los vagones era característico de explosivos de alto poder, de tipo militar, y no de dinamita [36]. Hay que recordar que ciertos explosivos militares no dejan rastros químicos en el lugar de la explosión, lo cual los hace muy difíciles de detectar. Otra fuente de duda es el emplazamiento de las bombas reconstituido en el acta de inculpación [37]. Según ese documento, la mayoría de los bolsos –que contenían 10 kilogramos de explosivo– no estaban escondidos sino que, por ejemplo, habían sido dejados entre dos asientos situados frente a frente cerca de la ventanilla, o en el portaequipaje, o al lado del cesto de basura, o debajo de un asiento plegable (que debería estar cerrado). Sólo una bomba estaba escondida debajo de un asiento no plegable. ¿Por qué los terroristas no trataron de esconder mejor los bolsos? ¿Y cómo es posible que bolsos tan pesados, abandonados en lugares tan visibles, no llamaran la atención de los pasajeros? Para dar respuesta a esas preguntas varios periodistas emitieron la hipótesis de que las bombas fueran de mucho menor tamaño confeccionadas no con dinamita sino con explosivos de alto poder [38]. La dinamita del tipo Goma 2 Eco encontrada en la furgoneta Kangoo, en la mochila de Vallecas y en el apartamento de Leganés no prueba que ese mismo explosivo fuese utilizado para hacer estrellar los trenes. Las sospechas que pesan sobre esas pruebas hacen pensar que se trataba de elementos destinados a desviar la atención de la escena del crimen, o sea de los trenes. Un último ejemplo de negligencia: las grabaciones de las conversaciones entre las patrullas de la policía hubieran permitido aclarar el asunto de la persecución que supuestamente tuvo lugar en Leganés. Pero cuando el juez de instrucción pidió esas grabaciones, la policía respondió que no habían sido conservadas [39].

Más grave que las negligencias es la existencia de fuertes sospechas de falsificación de diferentes elementos de la investigación. Ya mencionamos la mochila de Vallecas, la furgoneta Kangoo y las llamadas telefónicas de adiós de los suicidados de Leganés. Pero existen otros elementos cuya falsificación es tan evidente que el veredicto ni siquiera los tuvo en cuenta, como por ejemplo las conversaciones telefónicas de Rabei Osman, un egipcio que residía en Italia. La policía italiana grabó y tradujo sus conversaciones en 2004, y en una de ellas este individuo supuestamente se atribuía la organización del atentado. Durante el juicio, nuevas traducciones solicitadas por la defensa mostraron que las frases en las que Osman se atribuía el atentado fueron simplemente inventadas por los traductores italianos [40]. La justicia española se vio por lo tanto obligada a absolverlo de todo vínculo con el atentado, cuando este hombre había sido presentado como el cerebro del grupo islamista. En el veredicto no se designa por lo tanto al organizador del atentado, lo cual provocó la indignación de las asociaciones de víctimas, que presentaron una apelación.

Pero la más notoria falsificación de la investigación es un vehículo Skoda Fabia que la policía encontró cerca de la estación del metro de Alcalá, a 20 metros del lugar donde se encontraba la furgoneta Kangoo. Ese descubrimiento se produjo el 13 de junio de 2004, o sea 3 meses después del atentado. Este segundo vehículo permite reforzar la tesis de que los 7 u 8 terroristas llegaron a Alcalá en auto y también presenta rastros del ADN de uno de los muertos de Leganés. Sin embargo, numerosos observadores dudan que un vehículo estacionado tan cerca de la furgoneta Kangoo haya podido pasar inadvertido durante 3 meses, más aún teniendo en cuenta que su número de matriculación ni siquiera figura en los registros recogidos el 11 de marzo. Esa prueba se mantiene por lo tanto en el limbo hasta junio de 2005, cuando la policía entrega al juez de instrucción el testimonio de un preso chileno. Este individuo dice haber robado el Skoda y haberlo vendido posteriormente a uno de los muertos de Leganés, en octubre de 2003. Pero esta prueba se ve desacreditada nuevamente en marzo de 2006, cuando un periodista del diario El Mundo da a conocer el testimonio de un vigilante de un barrio de Madrid donde el Skoda fue abandonado en noviembre de 2003. Según este nuevo testigo, el vehículo estuvo durante 3 semanas en estacionamiento indebido y recibió numerosas contravenciones, hasta que desapareció. Al verificar ese testimonio a través de los registros de contravenciones, se pudo comprobar que aquel vehículo estaba implicado en varios delitos, como robos callejeros. Esos delitos habían sido cometidos entre septiembre y octubre de 2003, periodo durante el cual se suponía que estaba en posesión del chileno. Pero hasta entonces la policía, al igual que el chileno, había ocultado totalmente aquellos hechos al juez de instrucción. Cuando quiso interrogar nuevamente al preso sudamericano, el juez se enteró de que éste había sido extraditado a Chile sin que nadie se lo comunicara. A todas estas contradicciones hay que agregar la incoherencia del comportamiento de los terroristas. Para ir a cometer uno de los peores atentados que nunca se hayan visto en Europa no se les ocurrió nada mejor que utilizar un auto robado, implicado en toda una serie de delitos, que había permanecido abandonado en la calle durante un tiempo, que tenía varias contravenciones, y ni siquiera se les ocurrió cambiarle las placas de matriculación. El tribunal no tuvo por lo tanto más remedio que descartar el Skoda de la lista de elementos de prueba del veredicto [41]. Por otra parte, el ADN encontrado en aquella prueba, probablemente falsificada, hace surgir dudas en cuanto a los rastros de ADN encontrados en la ropa tan «oportunamente» abandonada por los sospechosos en este caso.

Citemos, para terminar, algunos ejemplos de sospechas de falsificación de testimonios. Emilio Trashorras afirmó que la policía le había pedido que inventara el episodio según el cual fue él quien proporcionó los explosivos al Chino [42]. Este testigo pensaba que gozaría de la condición de testigo protegido y que no tendría más problemas con la justicia. Por su parte, el testigo Hassan Serroukh declaró ante el juez de instrucción que su declaración ante la policía había sido falsificada. Aquel testimonio describía a Zougam como un fanático religioso, cosa que Serroukh dice no haber mencionado nunca [43].

Negligencias, sospechas de falsificación, son numerosas las actuaciones sospechosas de parte de elementos policiales que aparecen en la investigación posterior al atentado. Pero las sospechas se acentúan todavía más al examinar la preparación del atentado presentada en el veredicto. Dos actores claves del atentado son confidentes de las fuerzas de seguridad [44]. El primero, Zouhier, puso al comando terrorista en contacto con un traficante de explosivos. La investigación reveló que la Guardia Civil, que controlaba a este confidente, lo llamó dos días antes del atentado. El segundo, Trashorras, es nada menos que el propio traficante de explosivos. Este sostuvo varias conversaciones telefónicas con su contacto en la policía el día antes, el día después y dos días después de haber puesto los explosivos en manos del Chino. Pero el policía asegura que Trashorras no le dijo nada de aquello. Por otro lado, los teléfonos móviles utilizados en la confección de las bombas fueron desbloqueados en un establecimiento perteneciente a un policía de origen sirio, Maussili Kalaji [45].

¡Qué coincidencia que todos estos colaboradores de los terroristas hayan estado vinculados a la policía! Y sobre todo, qué «suerte» que ninguno de ellos los denunciara antes de que cometieran el crimen. Al parecer, los terroristas también tuvieron suerte en lo tocante a la vigilancia de que eran objeto por parte de la policía. Según consta en documentos policiales, desde enero del año 2003 la policía venía vigilando estrechamente un grupo islamista del que formaban parte varios de los terroristas que morirían en Leganés. En suma, aquel grupo estuvo bajo seguimiento durante 81 jornadas regularmente distribuidas entre enero de 2003 y febrero de 2004. Esa vigilancia parece haberse intensificado durante la primera quincena de febrero de 2004, pero cesa bruscamente el día 17 de febrero, o sea 11 días antes de la operación de entrega de los explosivos, y 24 días antes del atentado [46]. La misma buena suerte acompañará a los dos cómplices del comando terrorista cuyas conversaciones telefónicas estaban siendo interceptadas en el marco de una investigación sobre tráfico de drogas. Las escuchas se suspenden bruscamente el 12 de marzo, el día siguiente del atentado [47].
Veamos un primer ejemplo en el que la silueta de la policía se dibuja detrás de los terroristas. Después de la explosión del apartamento de Leganés, varios documentos sobre la ETA aparecen entre las ruinas. Se supo posteriormente que esos documentos provenían del apartamento vecino, parcialmente destruido. Aquel otro apartamento estaba ocupado por un policía que, otra coincidencia más, se dedicaba a la lucha antiterrorista [48].

Todos estos comportamientos sospechosos, antes y después del atentado, vinculados a la evidente inconsistencia de la pista islamista, hacen pensar que los verdaderos culpables se encuentran bajo la protección del aparato del Estado. Hay que resaltar, sin embargo, que únicamente una reapertura de la investigación permitirá saber si esas sospechas tienen fundamento. Al revelar testimonios que echan por tierra la versión oficial y al absolver a los presuntos organizadores, el juicio no ha hecho más que confirmar la extrema fragilidad de la tesis del atentado islamista.

En todo caso, en el contexto político, el tribunal no trató de establecer con precisión los hechos. Tenía que confirmar que las acusaciones de José María Aznar contra la ETA eran infundadas, como ya había decidido el más amplio de los jurados populares, los electores. El tribunal tenía además que confirmar que las acusaciones de los neoconservadores en contra de Al Qaeda eran también infundadas, cosa que ya había decidido el nuevo gobierno de José Luís Zapatero. El tribunal señaló que los primeros indicios habían sido falsificados para acusar calumniosamente a la organización vasca ETA, pero no quiso ir más allá en cuanto a las manipulaciones a las que dedicaron ciertos elementos de la policía. Prefirió, de forma nada sorprendente, contentarse con la hipótesis que le era presentada y que era la única que podía restablecer la calma en la sociedad: la hipótesis de la responsabilidad islamista sin vínculo con Al Qaeda.

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