15-08-2009
Tito Drago
IPS
Los inmigrantes reciben en España golpes desde las altas instituciones del Estado y también de empresarios de pequeña y mediana escala que no sólo abusan de ellos, sino que también los maltratan físicamente.
Desde el gobierno no sólo se endurece la legislación sobre los inmigrantes, sino que éstos continúan acosados por las fuerzas policiales.
"En las bocas (salidas) del ‘metro’ (tres subterráneo), locutorios, restaurantes o discotecas nos persiguen, pidiéndonos documentos y deteniendo a quienes no los llevan encima", afirmó Irma Pérez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Paraguayos en España.
Pérez encabezó a los representantes de cuatro asociaciones que denunciaron esta semana ante la justicia el acoso policial, práctica que fue negada por el ministro del Interior, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
Los inmigrantes sufren también en manos de sus empleadores, algunos de los cuales llegan a vejarlos. Un caso se produjo el 25 de septiembre, en la isla Santa Cruz de Tenerife, donde Luis Beltrán Larrosa, un trabajador de nacionalidad uruguaya y sin permiso de residencia sufrió un ataque cardíaco, ante lo cual el empresario lo arrastró a la calle y lo abandonó en el suelo.
Su hijo, Pablo Larrosa, denunció el hecho ante la justicia y relató a Radio Club Tenerife que numerosos vecinos presenciaron el hecho, llamaron al hospital y vieron como el equipo médico lo encontró con vida y lo auxilió, pero sin lograr evitar su muerte por infarto. Los médicos pudieron constatar, añadió, que la víctima presentaba hematomas en su cuerpo.
Otra situación vejatoria se produjo en los primeros días de junio en la ciudad de Gandia, ubicada sobre la costa norte del mar Mediterráneo, donde un inmigrante que labora sin contrato sufrió un accidente en su trabajo y perdió un brazo. El empresario tiró el brazo en un contenedor de basura y dejó al herido abandonado en la calle.
Una situación que también preocupa en extremo a las asociaciones defensoras de los inmigrantes es el mal trato que reciben en los centros de internamiento para extranjeros, dependientes del Ministerio del Interior, donde son alojados los llamados "sin papeles" antes de concretar su expulsión del país, que puede tardar meses.
Para tener una idea del rigor que se aplica a los "sin papeles" es bueno tener presente que España se convirtió en 2008 en el país de la Unión Europea (UE) que concede menos visados de asilo y refugio, ya que sólo atendió a 16 por ciento de los solicitantes y de éstos finalmente sólo concedió el estatuto de refugiado a siete por ciento, que equivale a unas 160 personas.
Esto en un país en el que, según el censo 2008 del oficial Instituto Nacional de Estadísticas. 11,3 por ciento de la población es de nacionalidad extranjera, con una tasa de inmigración que en este siglo es cuatro veces mayores que la media de Estados Unidos y ocho más que en Francia, ocupando en la actualidad el decimoquinto lugar por cantidad de inmigrantes en la UE, o sea solo 0,99 por ciento del total del bloque.
La cantidad de extranjeros censados en España llegó el año pasado a 5.220.600 personas, 11,3 por ciento del total de la población del país, y al término del primer semestre de 2009 subió a 5.598.691, es decir 12 por ciento del total.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional, en su informe anual 2008, destacó que la tortura y malos tratos a manos de quienes deben "hacer cumplir la ley" continuaron "siendo frecuentes" en España, donde se mantiene "la detención en régimen de incomunicación".
Esta organización humanitaria con sede en Londres sostiene que España se encuentra en el mismo nivel que Kazajistán, Ucrania, Turquía, Rusia y Uzbekistán con su falta de respuesta judicial a las denuncias de torturas y malos tratos de los inmigrantes detenidos y acusa al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de no responder a esas denuncias.
Al término de las vacaciones de este mes, el gobierno llevará al parlamento el debate sobre la reforma de la Ley de Extranjería propuesta por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y que, entre otras cosas, incluiría la ampliación del tiempo de reclusión en centro de internamiento de los "sin papeles" de 40 a 60 días.
Además se endurecerán las condiciones para el reagrupamiento familiar, aumentando de tres a cinco años el tiempo de residencia en España del inmigrante que quiera traer a este país a su familia.
También se seguirá adelante con el fortalecimiento de las fronteras, tanto por acuerdos bilaterales con países como con el aumento de las dotaciones de las fuerzas y equipos de seguridad, tanto terrestres como marítimos, para impedir el ingreso de inmigrantes sin papeles.
Ante esta situación, las organizaciones de inmigrantes responden movilizándose.
"Iremos desde Barcelona a Madrid caminando para defender a los inmigrantes que llegan a nuestro país y cuyos derechos no son respetados", dijo a IPS Hugo Colacho, presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés, ubicada en Barcelona, capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, una de las 17 que integran España.
Colacho añadió que el proyecto impulsado por su Federación consiste en atravesar esos 700 kilómetros en 28 días, acompañados de miles de personas, pertenecientes a organizaciones que apoyan y defienden a los inmigrantes.
Entre ellas están el Consejo de Entidades de Inmigración, América España Solidaridad y Cooperación, SOS Racismo y la Federación de Asociaciones de Paraguayos residentes en España cuyos representantes participarán el 28 de octubre en Madrid en una Asamblea General de Asociaciones de Inmigrantes de todo el país.
Sobre la situación de los inmigrantes también se pronunció con claridad la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española de la Iglesia Católica, tras una reunión realizada el 25 y 26 de junio en Madrid.
Los obispos expresaron "una seria preocupación ante las propuestas legales que, emanadas de las Directivas europeas, puedan en su caso, afectar a la dignidad de los hermanos emigrantes y sus familias y a las personas e instituciones que promueven su integración en nuestra sociedad".
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=93006
lunes, 17 de agosto de 2009
España: Extranjeros golpeados desde arriba y abajo
miércoles, 13 de mayo de 2009
Las mujeres nicaragüenses entre la situación de pobreza y los reclamos de ciudadanía
13-05-2009
María Teresa Blandón Gadea
Pueblos
Muchos de los problemas que afectan a la mayoría de la población nicaragüense son consecuencia directa de políticas macroeconómicas impuestas por gobiernos del Norte y aplicadas entusiastamente por una clase política doméstica con un anémico interés por reducir la pobreza y las brechas de iniquidad.
Baste recordar que, de acuerdo con fuentes oficiales de información, de cada diez personas, cuatro viven con menos de un dólar al día y más del 75 por ciento de la población sobrevive con menos de dos dólares al día. En consecuencia, de cada diez familias nicaragüenses, cuatro son receptoras de remesas, las cuales financian el consumo de dichas familias hasta en un 93 por ciento. En el caso nada particular de las mujeres, éstas representan la mayoría de trabajadores del sector informal (80 por ciento) en donde laboran 87 de cada cien trabajadores empleados. El cuarenta por ciento de estas mujeres son "jefas de hogar".
A la situación de pobreza antes descrita debemos sumar, o más bien multiplicar, otras dimensiones de la discriminación acumulada por las mujeres en Nicaragua. La violencia, el no reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, los evidentes retrocesos en materia de participación en instancias de toma de decisiones; son datos expresivos de la gravedad de un problema estructural que tiene su origen, evolución y actualidad, en la existencia de un orden social sexista, machista y racista.
Según datos de una reciente investigación realizada por UNICEF en Centroamérica, el 26 por ciento de las mujeres nicaragüenses ha sufrido abusos durante la niñez. Tan sólo durante el año 2007 la Policía Nacional recibió 91.500 denuncias por violencia perpetrada contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. El número de denuncias bajó drásticamente durante el 2008, en parte como consecuencia de los altos niveles de impunidad con los que el sistema judicial "revictimiza" a quienes se atreven a denunciar y estimula a los agresores.
Se plantean en este panorama algunos interrogantes que saltan a la vista de cualquier ciudadano o ciudadana medianamente consciente de lo injusto de la situación antes descrita. ¿Cómo hacen las mujeres para sobrevivir ellas y sus descendientes? ¿De dónde sacan energías para seguir viviendo esas vidas? ¿Qué tipo de estrategias desarrollan para no sucumbir? ¿A quiénes recurren? ¿Qué tipo de apoyo reciben y por cuánto tiempo? ¿Cuáles son los actores locales, nacionales e internacionales que muestran disposición a invertir en mujeres pobres para que salgan de la pobreza?
No hay respuestas fáciles, ni unívocas. Tampoco podemos limitar nuestro análisis al accionar público de determinados actores, aunque cada cual tiene un peso específico. La situación de discriminación que padecen la mayoría de mujeres nicaragüenses se ve constantemente agravada por la cómoda complicidad, las actitudes "tolerantes" y hasta la negación con que diversos actores abordan esta realidad tan evidente.
Desde la década revolucionaria pasando por tres períodos de gobiernos autodenominados liberales, las mujeres pobres han ensayado una multiplicidad de estrategias que en la mayoría de los casos les han asegurado la supervivencia y que, en otros, les han permitido avanzar de manera sostenida hacia la mejora de su calidad de vida.
La profundidad de los cambios en la vida de las mujeres ha dependido de diversos factores, entre los que se destacan la capacidad de resistencia de las propias mujeres y su vocación de cambio, los apoyos deliberados de las activistas feministas, y el aporte de algunas agencias de cooperación al desarrollo. Por su parte, los principales poderes del Estado en general van a la zaga de los conocimientos, críticas y demandas construidas desde las propias mujeres, desde el movimiento feminista, las agencias del Sistema de Naciones Unidas y otros actores comprometidos con los objetivos de igualdad y desarrollo.
En el mejor de los casos, desde algunas instituciones públicas se han promovido programas focalizados dirigidos a mujeres pobres, más por cuidadoras de otros/otras, que por ser mujeres con derechos. Tal fue la esencia del programa de asistencia social desarrollado por el anterior Gobierno y los programas "Hambre cero" y "Usura cero" desarrollados por el actual Gobierno de Nicaragua.
A continuación dedicaré algunos párrafos al análisis de tres ámbitos prioritarios en la ciudadanía de las mujeres, a saber: la violencia, los derechos sexuales y reproductivos y la participación en la toma de decisiones.
Violencia y derechos sexuales y reproductivos
En el ámbito de la violencia, antes como ahora, las políticas, planes y programas para prevenir la violencia contra las mujeres han sido obra de las organizaciones de mujeres con apoyo financiero de la cooperación internacional. La tendencia de los últimos años es hacia el debilitamiento de los mecanismos institucionales creados para la prevención, la atención a las víctimas y la sanción a los agresores. Tal es el caso de las comisarías de las mujeres, actualmente desprovistas de recursos humanos, técnicos y financieros para poder ejercer su labor con eficacia. La percepción generalizada es que las mujeres están cada vez más en una situación de indefensión producto de la falta de voluntad política del poder judicial. Así lo revelan estudios recientes realizados por la Red de Mujeres Contra la Violencia y diversas organizaciones de mujeres que acompañan a las víctimas de este flagelo.
En materia de derechos sexuales y reproductivos la situación no ha sido favorable para las mujeres, dado el sesgo conservador y oportunista de la clase política y de los gobernantes. El dato más emblemático es la penalización del aborto terapéutico, que niega a las mujeres la interrupción de un embarazo por indicación médica, como única alternativa para preservar la salud y hasta la vida de las mujeres. A lo anterior debemos agregar la negativa de los gobiernos anteriores y el actual a desarrollar programas de educación sexual en los centros públicos de enseñanza, que afirmen la sexualidad y la reproducción como Derechos Humanos universales. Por el contrario, la tendencia invariable de los gobernantes ha sido la de otorgar poder de veto en este ámbito a los grupos más conservadores de la sociedad, destacándose entre estos la jerarquía de la iglesia católica.
En el mismo sentido, poco han hecho los gobiernos para desarrollar programas que contribuyan a prevenir embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, propagación del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Prueba de ello es que Nicaragua continúa siendo el segundo país en América Latina y el Caribe con la más alta tasa de embarazo en adolescentes (uno de cada tres nacimientos se da en adolescentes) y que el patrón de propagación del VIH está afectando de manera severa a las mujeres heterosexuales en edad reproductiva.
Participación en la toma de decisiones
En cuanto a la participación de las mujeres en la toma de decisiones, la tendencia es más bien de claro retroceso en el actual contexto nacional. Al respecto diremos que frente a la misoginia y autoritarismo de las elites partidarias, las mujeres con aspiraciones de optar a cargos electivos se han visto en la necesidad de renunciar a la defensa de ciertos derechos, sobre todo, de aquellos que afirman la ciudadanía plena de las mujeres.
Lo anterior explica por qué las feministas no contamos con "aliadas" en los partidos ni en las instituciones públicas para promover derechos como los sexuales y reproductivos. Peor aun, la mayoría de diputadas de la Asamblea Nacional votaron a favor de la penalización del aborto terapéutico.
El actual gobierno del FSLN, a pesar de haber prometido la conformación de un gabinete paritario, de forma reiterada ha nombrado y despedido de forma arbitraria a mujeres en puestos de dirección. Son ejemplos expresivos los despidos de directoras, subdirectoras y ministras del Instituto Nicaragüense de la Mujer, el Instituto Nacional de Cultura, el Instituto de Transferencia Tecnológica, el Ministerio de Salud y el de Agricultura y Ganadería.
A nivel local la tendencia predominante fue la de "seleccionar" (ya que no hubo un proceso democrático de elección a lo interno de los partidos) a hombres como candidatos a alcaldes y mujeres como vicealcaldesas o concejalas, en el mejor de los casos.
Amenazas al movimiento de mujeres
Probablemente uno de los ámbitos más problemáticos en torno a la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito público, es la relación conflictiva entre el actual Gobierno y diversas organizaciones feministas con participación protagónica dentro del movimiento de mujeres. Hechos promovidos desde el partido gobernante permiten afirmar que el actual Gobierno tiene entre sus objetivos la desarticulación de un movimiento de mujeres que durante las últimas dos décadas se afirmó en su carácter autónomo.
La aceptación por parte de la Fiscalía de la República de una acusación sin fundamento legal presentada por una organización fundamentalista en contra de nueve feministas; la campaña de desprestigio en contra de destacadas activistas del movimiento feminista a través de los medios de comunicación del FSLN; el allanamiento ilegal a las oficinas de una organización de mujeres (MAM); las intervenciones selectivas en contra de algunas organizaciones de mujeres realizadas por el Ministerio de Gobernación, son parte de los hechos ocurridos durante los dos primeros años del Gobierno encabezado por Daniel Ortega.
Asimismo, el partido gobernante hace esfuerzos por despojar al movimiento feminista de las movilizaciones emblemáticas que se vienen realizando en las últimas décadas. El 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia, el diputado y coordinador del oficialista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) llamó a las mujeres simpatizantes del FSLN a marchar por la misma ruta por la que lo harían las diversas expresiones del movimiento de mujeres, por lo que la Policía Nacional presionó a las organizadoras de la marcha para modificar el rumbo originalmente acordado.
La hostilidad del Gobierno hacia el movimiento se expresa de forma contundente en el no reconocimiento de las redes y otras formas de articulación constituidas desde el movimiento de mujeres en los espacios establecidos por ley. Éste es el caso del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, el Concejo Consultivo del Instituto de la Mujer y los Comités de Desarrollo Local.
A manera de conclusión diremos que en un escenario de pobreza creciente que afecta de manera rotunda a las mujeres, y de tensión entre las organizaciones de mujeres y los poderes del Estado, de hostilidad y acoso hacia aquellas expresiones del movimiento de mujeres que reclaman ciudadanía plena para todas las mujeres, es posible prever el recrudecimiento de enfoques discursivos y políticas públicas que asumen a las mujeres únicamente en su condición de pobres necesitadas de ayuda y las despojan de su condición de ciudadanas con derechos.
Bajo esta lógica, el Gobierno y los partidos políticos seguirán disputándose a las mujeres, ya sea para ganar adeptas o para utilizarlas como punta de lanza en las contiendas patriarcales que les permitan hacer nuevos arreglos de poder, al margen de los intereses estratégicos de las mujeres.
El desafío que hemos asumido las organizaciones autónomas de mujeres es el de profundizar procesos iniciados hace más de treinta años, gracias a los cuales ha sido posible construir un entramado político y organizativo vital, desde el cual desarrollamos múltiples formas de resistencia y de cambio a favor de la igualdad. Frente a tanta adversidad contamos con un acumulado de fortalezas en miles de mujeres dispuestas a no renunciar a una Nicaragua sin discriminación ni pobreza.
Es hora de volvernos a preguntar quiénes mantendrán la disposición de acompañarnos en este particular trayecto de un camino que estuvo y está plagado de obstáculos; de conflictos entre necesidades perentorias y demandas emancipatorias; entre aspiraciones de libertad y reclamos de justicia social; entre la situación de pobres y la condición de ciudadanas.
María Teresa Blandón Gadea es activista del Movimiento Feminista de Nicaragua. Presidenta del Programa Feminista Centroamericano "La Corriente", y miembra honoraria de la Fundación Entre Mujeres (FEM).
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