miércoles, 24 de febrero de 2010

Hugo Alcalde y Jorge Güemes: dos objetores fiscales que plantan cara a Hacienda y al militarismo


Campaña de apoyo antimilitarista
Sección:Objeción Fiscal al Gasto Militar
Lunes 22 de febrero de 2010 2 comentario(s) 312 visita(s)

Uno de los clásicos más repetidos del movimiento antimilitarista es que la guerra no es una catástrofe natural impredecible sino que detrás y antes de ella hay unas elecciones políticas conscientes, unos preparativos políticos, económicos y culturales que solamente son posibles gracias a nuestra colaboración consciente o inconsciente, o a nuestro silencio.
Los miles de millones de euros con los que anualmente alimentan la maquinaria militar española los contribuyentes mediante el pago de sus impuestos es sólo uno de los ejemplos de esa cooperación necesaria a gran escala de la ciudadanía. Pero por suerte parece haber signos de que este mensaje reiterado está logrando abrirse paso entre algunos sectores sociales. Ya hay personas que no sólo toman conciencia de la relación entre nuestras decisiones cotidianas y las guerras que vemos al otro lado de nuestras pantallas, sino que además deciden convertir su conciencia en acción responsable, cívica y crítica. Es el caso de los objetores fiscales al gasto militar.

Los valencianos HUGO ALCALDE y JORGE GÜEMES llevan practicando la objeción al gasto militar varios años. Por ejemplo, Hugo restó de sus declaraciones de la renta entre 2003 y 2008 cerca de 1500 euros que donó a distintas asociaciones pacifistas, de resistencia noviolenta y medios de comunicación sociales en protesta contra la guerra y el militarismo, como argumentó en las propias declaraciones adjuntando una carta explicativa y anotando el cálculo en los impresos. En cada una de sus declaraciones restó un porcentaje igual al que en los Presupuestos Generales del Estado representan los gastos en materia militar y armamentística, y dejó constancia de ello en el propio impreso creando de su puño y letra una nueva deducción: “Por Objeción Fiscal al Gasto Militar”.

Sin embargo es ahora, desde hace unos meses, cuando Hacienda les reclama las cantidades desviadas más recargos e intereses. Tanto Hugo como Jorge mantienen la legitimidad de su acción, así que, cada uno por su cuenta, decidieron resistirse a la decisión administrativa, recurriéndola. Con ello no buscan un trato de favor por parte del fisco por supuesto, pero tampoco el reconocimiento de un derecho individual que permita evitar el pago de una parte de los impuestos relacionada con la estructura militar, sino más bien la reclamación activa de un derecho colectivo a vivir en un mundo en paz, que implica el desarmado progresivo de la maquinaria de la guerra. Hasta el momento, con el apoyo y asesoramiento de Alternativa Antimilitarista-MOC, Hugo Alcalde y Jorge Güemes han recurrido las reclamaciones de Hacienda ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) y planen recoger apoyos públicos y recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Hugo en los próximos meses, y Jorge en las próximas semanas.

Hugo y Jorge son sólo dos de los cerca de mil personas que cada año desvían un porcentaje de sus impuestos de la renta como gesto activo, consciente, abierto y comprometido para reclamar la progresiva eliminación del presupuesto militar y la abolición de los ejércitos. Esta insumisión fiscal colectiva a colaborar en los preparativos económicos de la guerra, la “objeción fiscal al gasto militar”, es promovida por los grupos de Alternativa Antimilitarista-MOC y apoyada (y practicada) por un creciente número de organizaciones ecologistas, sindicales, vecinales, políticas y medios de comunicación alternativos. Se trata de un acto de desobediencia civil y por tanto no es legal, pero es a la vez una herramienta legítima de democracia directa, pues es abierto, apela a valores colectivos y busca someter a debate cuestiones que son sistemáticamente escamoteadas a la sociedad: ¿pueden el militarismo, el armamentismo y la violencia resolver los conflictos que sufren los seres humanos o los hacen más graves? ¿Los ejércitos nos defienden de las amenazas reales a las que se enfrenta la gente o en realidad crean amenazas nuevas? ¿Es el mundo un lugar más justo y seguro en términos humanos después de la guerra de Afganistán y otros lugares donde intervienen los ejércitos? ¿Son las fuertes inversiones en fines militares una defensa o una agresión a la sociedad? ¿Es ética y ecológicamente aceptable que uno de los pilares de la economía sea la producción y venta de instrumentos de muerte y dominio?

La acción de Hugo Alcalde, Jorge Güemes y todos los objetores fiscales, una más dentro del conjunto de actividades de los grupos pacifistas y antimilitaristas, intenta desenmascarar, arrojar luz, cuestionar lo que aparece envuelto en el secretismo, la opacidad y el camuflaje. Como que más de la mitad del presupuesto militar está escondido en partidas fuera del Ministerio de Defensa, que la investigación militar se camufla dentro de la investigación civil, que se está subvencionando generosamente la fabricación de nuevos sistemas de armamentos, que sistemáticamente se acaba gastando más de lo presupuestado gracias al uso de los llamados fondos de contingencia, que el gasto en estas estructuras de muerte, violencia y dominación multiplica en muchas veces el gasto en cuestiones social y ecológicamente constructivas, que un buen número de bancos y entidades financieras invierten en la producción y comercio armamentístico y se benefician por tanto con el sufrimiento de personas que viven en otros rincones del mundo, que España está entre los mayores exportadores de armas del mundo...

Todo esto configura un panorama hoy si cabe más indignante, contemplado junto a las generosas ayudas a bancos, fabricantes de automóviles y constructoras, y en medio de significativos recortes de los derechos sociales con motivo de una crisis capitalista que golpea duramente a los sectores más vulnerables. Visto lo visto, parece que hay que actualizar la clásica propuesta del pacifismo antimilitarista: acabemos con la guerra (y la crisis) desmantelando los ejércitos. Que la crisis la paguen los ejércitos. Para conseguirlo necesitamos, entre otras cosas, a personas como los objetores fiscales al gasto militar.

Página de la campaña de apoyo

Para adhesiones de colectivos y organizaciones enviad un mensaje al correo electrónico que figura en la página o como comentario de este artículo.

Alternativa Antimilitarista-MOC València
Roger de Flor 8, baix-dta.
46001 valència
retirada xarxaneta.org

- Tríptico de la campaña de objeción al gasto militar de 2009 en Valencia

- Datos de la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar 2009 en el Estado Español

- Campaña de Objeción al Gasto Militar

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España: Muertes bajo custodia durante el año 2010

En lo que va del año 2010, tenemos noticia de 13 personas muertas mientras se encontraban bajo custodia, o en el transcurso de operaciones policiales : La última, por ahora, se produjo el 20 de febrero, en la cárcel gaditana de Puerto de Santa María-II.

Desde el 1 de enero de 2001, tenemos constancia de 765 personas que han muertos en estas circunstancias, si bien las administraciones penitenciarias reconocen que en prisión se producen más de 275 muertes anualmente. Estos son sólo son los casos que conocemos, ¿Cuantas muertes bajo custodia se han producido?.

Somos conscientes de que muchas de ellas no merecen reproche penal, pero ¿Cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación?
Muertes bajo custodia en 2010

Prisiones (10)

Policía Nacional (0)

Guardia Civil (1)

Policía Local (1)

Ertzaintza (0)

Mossos d’Esquadra (0)

Centros de Menores (1)

Total (13)
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Muertes en centros penitenciarios durante el año 2010

1.- 3 de enero.- J.R.J., de 35 años, murió al parecer por sobredosis en la cárcel valenciana de Picassent.

2.- 13 de enero.- Dos personas murieron en la enfermería de la prisión madrileña de Estremera

3.- 16 de enero.- A.P.G. de 26 años, apareció muerto en la prisión de Teixeiro (A Coruña), al parecer por suicidio.

4.- 19 de enero.- D.V., de 31 años, apareció ahorcado en la celda que ocupaba en la prisión de Sangonera, Murcia.

5.- 19 de enero.- F.J.V., de 53 años, murió en la enfermería de la prisión de Nanclares de la Oca (Álava)

6.- Finales de enero.- Un hombre murió en el módulo penitenciario del Hospital Miguel Servet, de Zaragoza

7.- 11 de febrero.- P.O.B., de 44 años,murió en la prisión de Badajoz, al parecer por una sobredosis.

8.- 15 de febrero.- J.M.C.R., murió en la celda que ocupaba en la prisión tinerfeña de Taníche.

9.- 18 de febrero.- .F.R.A., murió en la prisión de Morón (Sevilla-II). Fuentes oficiales hablan de una sobredosis como causa de la muerte.

10- 20 de febrero.- J.J.M.B., de 28 años, murió en la cárcel gaditana de Puerto de Santa María - II.
Muertes en dependencias o actuaciones policiales durante el año 2010

11.- 20 de enero.- V.G.P. de 22 años y nacionalidad rumana, murió cuando se precipitó al vacío tras ser detenido y esposado por agentes de la Guardia Civil cuando, al parecer, trataba de huir.

12.- 21 de enero- Un hombre de 51 años, apareció ahorcado en os calabozos del cuartel de la Policía Local de Llucmajor (Mallorca)
Muertes en Centros de Menores durante el año 2010

14.- 13 de febrero.- Y.D, de 17 años y origen magrebí, murió en el Hospital Universitario de Canarias, donde fue ingresado en octubre de 2009, tras precipitarse por la ventana de su celda en el centro de menores no acompañados de La Esperanza, Tenerife.
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El durante el año 2019, al menos 110 personas murieron cuando estaban privadas de libertad o en el momento de su detención.

Prisiones (96)

Policía Nacional (3)

Guardia Civil (3)

Policía Local (4)

Ertzaintza (1)

Mossos d’Esquadra (1)

Centros de Menores (2)

Total (110)

Para mayor información:

http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=12786
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Otros Datos

El informe de la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas titulado “Muertes bajo custodia en el estado español, 2001-2004” recogía los casos de 262 personas que habían pedido la vida cuando se encontraban privadas de libertad durante los años 2001-2004.

http://www.coordinadoradebarrios.org/documentos/Muertes%20Bajo%20Custodia%202001-2004.pdf

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, reconocde que en 2004, 180 personas fallecieron cuando estaban preso.
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El informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, recoge, en su informe correspondiente al año 2005 “La Tortura en el Estado español” recoge 66 casos de personas que fallecieron cuando se encontraban bajo custodia en 2005.

http://www.prevenciontortura.org/informe2005/Informe2005.pdf

II.PP. reconce la muerte de 201 personas en las cárceles
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Durante el año 2006, al menos 115 murieron cuando se encontraban bajo custodia por funcionarios de policía o de Instituciones Penitenciarias.

http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=1377

II.PP. reconoce la muerte de 218 personas en prisión en 2006
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Durante el año 2007, al menos 105 personas murieron cuando se encontraban bajo custodia por funcionarios de policía o de Instituciones Penitenciarias.

http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=5421

II.PP. reconoce que en los primeros seis meses de 2007, habían muerto 105 personas.
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Durante el año 2008, al menos 97 personas murieron cuando se encontraban bajo custodia por funcionarios de policía o de Instituciones Penitenciarias.

http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=9270

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Carta abierta a l@s estudiantes de Oviedo: De cuando Aznar conoció a la democracia en Oviedo

23 de febrero de 2010
Nodo50

El pasado jueves, estudiantes de la Universidad de Oviedo recibieron al expresidente del Gobierno José María Aznar con una protesta en la que se le recriminaba su participación en la invasión de Irak. Todos los argumentos empleados para justificar aquella guerra se han revelado falsos con el paso del tiempo y han dejado un rastro de destrucción y muerte a su paso.

Aquella primavera de 2003 estuvo marcada por masivas protestas que reflejaban un consenso contra el gobierno de la Guerra. Los y las estudiantes fuimos l@s primeros, el 19 de marzo de 2003, tras la primera noche de bombardeos sobre Bagdag, en hacer huelga y salir a la calle contra la masacre del petróleo y las mentiras. A cambio, probamos las porras y las pelotas de goma del gobierno del Partido Popular. Ya las habíamos probado antes, cuando nos enfrentábamos a la Ley Orgánica de Universidades, que abría un camino de mercantilización de la Universidad Pública que el siguiente gobierno ha continuado fielmente.

Desde la Asociación Universitaria Contrapoder, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, queremos mandar un abrazo a l@s estudiantes de Oviedo, y a tod@s l@s que mantienen las Universidades críticas, irreverentes, productivas, vivas.

También en nuestra facultad recibimos, hace un año, a Josep Piqué, recordándole Guantánamo, Irak y sus cabezazos serviles con los señores de la Guerra. No pudimos, en cambio, hacerlo con Rosa Díez, que quiso fotografiarse acosada por “violentos” y decidió no venir cuando supo que la esperábamos con ganas de reírnos de ella.

En nuestra facultad nos enseñan que los mecanismos de accountability o rendición de cuentas son básicos para la salud de un sistema político democrático. Hasta ahora nadie, salvo los estudiantes de Oviedo, había sido capaz de colocar a Aznar en esa tesitura. Por esta razón nos alegramos de lo sucedido en la Universidad de Oviedo, y queremos mandar nuestro apoyo a nuestr@s compañer@s que interrumpieron la conferencia de Aznar. Creemos que ésta es una buena forma de irrumpir en una escena mediática pública que está cada vez más monopolizada por los grandes partidos y su política-márketing, por los grandes medios de comunicación y por los candidatos oficiales rodeados de guardaespaldas.

L@s estudiantes, precarios de la producción de conocimiento, tenemos mucho que decir, pero jamás se nos oye. Por eso, a veces, nos colamos en las representaciones de la política oficial. La desobediencia civil es una forma efectiva y pacífica de obligar a los poderosos a rendir cuentas y a romper el formato rígido en el que ellos marcan las preguntas y respuestas, y obligarles a confrontar sus vergüenzas: las privatizaciones que decretan, las guerras que apoyan, las protestas que tratan de acallar a golpes.

A quienes se llenan la boca hablando de tolerancia les decimos que, “cuando todo se puede decir la forma de censura es el consenso”. Acostumbrados a que nadie les contradiga, nadie les responda, nadie les cuestione, los poderosos se ponen muy nerviosos ante estudiantes que sólo levantan la voz y pancartas. A veces, hasta levantan el dedo e insultan detrás de sus guardaespaldas, enseñando democracia.

Ahora, el ruido del discurso dominante nos tapa. Los que mandan hablan de tolerancia y toleran todas las voces que son la misma. En los medios de comunicación masivos en los que nunca tenemos espacio, en las declaraciones oficiales, en las mesas de opinadores profesionales, nunca se nos ve. Pero que nadie se engañe: seguimos aquí, no nos escondemos. Seguimos trabajando desde abajo y a la izquierda: organizamos debates, conferencias, seminarios. Trajimos a nuestra facultad al Presidente boliviano Evo Morales o al científico social Immanuel Wallerstein. Protagonizamos la vida de nuestras facultades y lo hacemos desde el compromiso, para transformar nuestras universidades y nuestras sociedades. Las recetas de los que mandan, ayer y hoy, ya sabemos a dónde nos conducen: socializar las pérdidas, privatizar las ganancias. Unos pocos lo dicen todo, la mayoría no decimos nada.

Vamos a seguir ejerciendo democracia sin pedir permiso, cuestionando, tomando la palabra. Nos enorgullece decirlo: l@s estudiantes de Oviedo también somos nosotr@s, junto con much@s otr@s más. Somos much@s, en muchas universidades. No tenemos nada que ocultar. Lo vamos a seguir haciendo.

20/2/2010

Asociación Universitaria Contrapoder.

Facultad de CC Políticas y Sociología

UCM

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Meter miedo para privatizar las pensiones

23 de febrero de 2010
Nodo50
Diagonal

El Gobierno cuestiona la viabilidad de las pensiones mientras anuncia un recorte del gasto público de 50.000 millones sólo unos meses después de aprobar los presupuestos para 2010

Primero, el Gobierno filtró el Documento sobre Revisión del Pacto de Toledo, después, anunció que se retiraban las medidas más controvertidas de la propuesta que se iba a enviar a Bruselas y, más tarde, María Teresa Fernández de la Vega aclaraba que la propuesta pasará por los cauces del Diálogo Social. Finalmente el ministro de Trabajo, el encargado de encender las alarmas sobre el sistema de pensiones públicas, dudó en el Congreso de que el Gobierno vaya a poner “sobre el papel” una medida que ha llevado a CC OO y UGT a convocar una movilización estatal el 23 de febrero.

Esto traslada el debate al Pacto de Toledo, suscrito en 1995 y “constituido por el acuerdo entre las fuerzas políticas y los interlocutores sociales”, como significa el Ministerio de Trabajo en un informe sobre el desarrollo de este pacto. La posibilidad de aumentar la edad para la jubilación de 65 a 67 años y el aumento del periodo de tiempo con el que se calculan las pensiones, son los aspectos más destacados de una propuesta que es “singularmente antisocial”, en palabras de Isabel Otxoa y Mikel de la Fuente, profesores de derecho del trabajo de la Universidad del País Vasco.

José Luis Carretero, miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA) considera que la mediación de los representantes del Pacto de Toledo puede hacer, en efecto, que se limiten algunas de estas medidas “pues hay representantes que por razones ideológicas (como algún sindicato o partido) o por razones oportunistas (PP) pueden impedir o, al menos, obstaculizar la ampliación de la edad de jubilación”. Para Daniel Albarracín, del grupo de estudios de Comisiones Obreras, lo que evidencia esta propuesta, que ha sido aplaudida por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), son “las presiones del sistema financiero y de seguros para aumentar en la previsión social el peso de los planes de pensiones privados; para conformar un sistema mixto”. El hecho de que el PSOE haya puesto en duda el sistema obedece, para José Luis Carretero a que la idea de que “metiendo miedo a la población” se está avanzando en la “línea de fomentar los planes de pensiones que venden bancos y organizaciones financieras”.

Asalto neoliberal

Entre los organismos que patrocinan eso que el abogado Raúl Maíllo califica como un “asalto neoliberal a las pensiones”, la OCDE juega un papel protagonista. En 1990 esta organización diagnosticó que los países industrializados no podrán pagar sus pensiones en el futuro como consecuencia del envejecimiento de sus poblaciones. Como recoge la economista Miren Etxezarreta en el libro Qué pensiones, qué futuro, el impulso a la privatización aumentó a partir de 1994 de la mano de un informe del Banco Mundial, “que constituyó la justificación y el pistoletazo de salida para que muchos países ricos desarrollaran los sistemas de privados de pensiones”.

En el caso del Estado español, el principal argumento que emplean representantes del sistema financiero como Rodrigo Rato, ex director general del FMI, para fomentar este sistema mixto y la progresiva deriva del sistema de pensiones de capitalización (en el que el dinero para pensiones se invierte en fondos financieros), es el envejecimiento de la población. A este discurso se oponen Otxoa y de la Fuente: “El aumento de la esperanza de vida no se debe tanto a la duración de vida de las personas mayores como a la erradicación de la mortalidad infantil”.

Como recuerdan Otxoa y De la Fuente, según el documento del Gobierno, entre 2009 y 2040, la esperanza de vida a los 65 años sólo aumentará en 2,5 años. Según el documento presentado por el Gobierno, el incremento del gasto en pensiones subirá por encima del 15,1% del Producto Interior Bruto en 2060, una subida que, para estos profesores no pone en riesgo el sistema público de pensiones, “quienes insisten en el carácter insostenible de ese aumento, obvian que en el pasado los aumentos han sido superiores a los que hoy se prevén sin que se haya producido ninguna catástrofe económica por esa causa”. Además, recuerdan, el Fondo de Reserva del sistema de pensiones públicas ha arrojado un importante superávit en el periodo pre crisis y seguirá produciéndolo hasta después de 2020: “Sólo cuando los ingresos por cotizaciones sean insuficientes para hacer frente al aumento de gasto en pensiones, lo que no ocurrirá antes de 2023, será el momento de aumentar progresivamente los tipos de cotización para hacer frente a este gasto”.

El recorte, tapado

Y mientras el debate sobre la viabilidad de las pensiones ocupa buena parte del debate público, el recorte del gasto público que la Ministra de Economía llevó a la City de Londres no ha tenido tanta repercusión. Un ajuste de 50.000 millones de euros para los próximos cinco años, que modifica el presupuesto previsto y aprobado a finales de 2009. Para el economista Julio Rodríguez este recorte apunta hacia el deseo del Gobierno de dar una imagen de “rigor presupuestario” ante los mercados de deuda. Como indica Carretero, esto se plasma ya en la subfinanciación de las universidades públicas y amenaza “la financiación de todo el salario social, es decir, las prestaciones y servicio social”.
Reformas al gusto de los organismos internacionales

FMI: BAJADA DE SALARIOS

A principios de mes, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, recetó a España (y a Portugal y Grecia) que afrontase una bajada generalizada de salarios. A su particular entender, el problema de la economía española es que no tiene competitividad y como no se puede afrontar una devaluación de la moneda, esta es la única opción. El organismo pronosticó en enero que, para 2010, la economía española retrocederá un 0,6%.

UE: EL PROBLEMA DEL DÉFICIT

Desde hace años el compromiso de los Estados miembros es mantener la estabilidad presupuestaria. Se refieren a impedir que el déficit público supere el 3%. Con la crisis se permitió un déficit más alto pero en 2013 hay que volver a ese nivel. España lo tiene complicado: según la Comisión Europea, en el tercer trimestre de 2009 su déficit alcanzaba el 12,7% del PIB. De ahí el plan de austeridad presentado estos días.

OCDE: POR EL RETRASO DE LA JUBILACIÓN

En el debate sobre las pensiones, la OCDE ha mediado aplaudiendo la propuesta de retrasar la edad de jubilación a los 67 años, una reforma que considera “inaplazable”. Además, se ha mostrado favorable a que se amplíe el número de años con los que se calcula la cuantía de la pensión: desde los 15 últimos trabajados –en que está ahora– a toda la vida laboral. Y para terminar, propone que se potencien también los planes privados de pensiones.

BCE: DESPIDO MÁS BARATO

El Banco Central Europeo y el Banco de España (BdE), coinciden en recomendar “flexibilidad laboral” y apuestan por afrontar lo que consideran una excesiva “rigidez salarial” con marcos regionales y sectoriales para los convenios. Su propuesta sería, en palabras del gobernador del BdE, M. A. Fernández Ordóñez, “que los trabajadores de cualquier empresa pudieran acordar con sus empresarios lo que mejor les convenga”.

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Fuente: Diagonal

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Haití un acreedor, no un deudor

22-02-2010
Naomi Klein
The Nation

Si creemos a los ministros de Finanzas del G-7, Haití está a punto de conseguir algo que se merecía desde mucho tiempo atrás: el "perdón" total de su deuda externa. En Puerto Príncipe, el economista haitiano Camille Chalmers ha estado siguiendo estos acontecimientos con un optimismo cauto. La cancelación de la deuda es un buen comienzo, dijo a Al Jazeera en su versión anglo, pero “es tiempo de ir más allá. Tenemos que hablar sobre reparaciones e indemnizaciones por las devastadoras consecuencias de la deuda”.
En su declaración, la idea de que Haití es un país deudor, necesita ser abandonada. Haití, argumenta, es un acreedor –y somos nosotros, en Occidente, quienes estamos demorados en el pago de nuestras obligaciones-.

Nuestra deuda con Haití proviene principalmente de cuatro fuentes: la esclavitud, la ocupación estadounidense, la dictadura y el cambio climático. Estos reclamos no son fantasiosos, ni puramente retóricos. Se basan en múltiples violaciones de normas y acuerdos legales. Aquí, aunque demasiado brevemente, se ofrecen algunos aspectos destacados del caso haitiano.

- La deuda de la esclavitud. Cuando los haitianos ganaron su independencia de Francia en 1804, tuvieron todo el derecho de reclamar reparaciones a los poderes que se habían aprovechado durante trescientos años del trabajo robado. Francia, de todos modos, estaba convencida de que habían sido los haitianos quienes habían robado la propiedad de los dueños de esclavos negándose a trabajar gratuitamente. Por ello, en 1825, con una flota de barcos de guerra amarrados en la costa haitiana amenazando con volver a esclavizar la antigua colonia, el rey Carlos X vino a recolectar: 90 millones de francos en oro –diez veces la renta anual de Haití en ese momento-. Sin capacidad para negarse, y sin posibilidades de pagar, la joven nación fue amarrada a una deuda que tardaría 122 años en saldarse.

En 2003 el presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, enfrentado a un agobiante embargo económico, anunció que Haití demandaría al gobierno francés por el robo perpetrado tiempo atrás. “Nuestro argumento”, me dijo el ex abogado de Aristide, Ira Kurzban, “fue que el contrato era un acuerdo sin validez porque estuvo basado en la amenaza de re-esclavización en tiempos en los que la comunidad internacional consideraba la esclavitud como un mal”. El gobierno francés estuvo lo suficientemente preocupado como para enviar un mediador a Puerto Príncipe para que mantuviese el caso fuera de los tribunales. Finalmente, sin embargo, su problema fue eliminado: mientras se llevaban a cabo los preparativos del juicio Aristide fue derrocado. El juicio desapareció, pero para muchos haitianos los reclamos de reparación aún continúan.

- La deuda de la dictadura. Desde 1957 a 1986, Haití estuvo gobernado por el régimen desafiantemente cleptocrático de Duvalier. A diferencia de la deuda francesa, el caso contra Duvalier se expuso en varios tribunales que rastrearon los fondos haitianos hasta una elaborada red de cuentas bancarias en Suiza y fastuosas propiedades. En 1988 Kurzban ganó un juicio clave contra Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier cuando una Corte de Distrito en Miami dictaminó que el depuesto gobernante había “malversado más de 504 millones de dólares de fondos públicos”.

Los haitianos, por supuesto, aún siguen esperando la restitución de ese dinero –pero este fue sólo el comienzo de sus pérdidas-. Durante más de diez años los acreedores del país insistieron en que los haitianos debían pagar las astronómicas deudas contraídas por Duvalier, estimadas en 844 millones de dólares, gran parte de las cuales pertenecían a instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Sólo en servicios de deuda, los haitianos tienen que pagar 10 millones de dólares por año.

¿Era legal para los prestamistas extranjeros cobrar las deudas de Duvalier siendo que gran parte de ellas nunca se gastaron en Haití? Muy probablemente no. Como me afirmó Cephas Lumina, el experto independiente en deuda externa de las Naciones Unidas, “el caso de Haití es uno de los mejores ejemplos de deuda odiosa en el mundo. Sólo sobre esa base la deuda debería ser cancelada incondicionalmente”. Pero aún si Haití viera cancelada la totalidad de su deuda (y destaco el si), esto no extinguiría su derecho a ser compensado por las deudas ilegales que ya se contrajeron.

- La deuda climática. Apoyado por muchos países en vías de desarrollo en la cumbre sobre cambio climático de Copenhague, el caso de la deuda climática es sencillo. Los países ricos que han fallado tan espectacularmente en resolver la crisis climática que han causado tienen una deuda con los países en desarrollo que han contribuido poco a la crisis pero que padecen sus efectos de manera desproporcionada. En resumen, quien contamina, paga. Haití tiene un argumento irrefutable. Su contribución al cambio climático ha sido insignificante; las emisiones de carbono per capita de Haití representan sólo el 1% de las emisiones de los Estados Unidos. Aun así, Haití está entre los países más afectados –de acuerdo con un índice, sólo Somalia es más vulnerable al cambio climático-.

La vulnerabilidad de Haití al cambio climático no se debe sólo –ni siquiera principalmente- a su geografía. Efectivamente el país enfrenta tormentas cada vez más devastadoras. Pero es la débil infraestructura de Haití la que convierte situaciones de alerta en desastres, y los desastres en completas catástrofes. El terremoto, a pesar de que no tiene relación con el cambio climático, es un excelente ejemplo. Y aquí es donde todos esos pagos de deudas ilegales pueden tener su costo más devastador. Cada pago a un acreedor extranjero es dinero que no se utilizó para construir un camino, una escuela, una línea eléctrica. Y esa misma deuda ilegítima incrementa el poder del FMI y del Banco Mundial para imponer onerosas condiciones para cada nuevo préstamo, requiriendo que Haití desregule su economía y achique aún más su sector público. Al fallar en el cumplimiento de esas condiciones fue castigado con un embargo de la ayuda desde 2001 hasta 2004, las campanas de muerte para la esfera pública haitiana.

Esta historia precisa ser confrontada ahora, porque amenaza con repetirse. Los acreedores de Haití ya están utilizando la desesperada necesidad de ayuda por el terremoto para presionar por la quintuplicación de la producción en el sector textil, uno de los trabajos más explotadores en el país. Los haitianos no tienen mucho prestigio en estas conversaciones, porque se les considera receptores pasivos de ayuda, no participantes dignos y plenos en un proceso de reparación e indemnización.

Un cálculo sobre las deudas que el mundo tiene con Haití podría cambiar radicalmente su dinámica venenosa. Aquí es donde comienza el verdadero camino hacia la reparación: mediante el reconocimiento del derecho de los haitianos a ser reparados.

Naomi Klein es una premiada periodista y sindicada columnista y autora del bestseller La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre (septiembre 2007); un bestseller internacional previo fue No-Logo: el poder de las marcas (2002); y la colección Vallas y ventanas: despachos desde las trincheras del debate sobre la globalización (2002).

Fuente: http://www.thenation.com/doc/20100301/klein

Traducción para www.sinpermiso.info: Camila Vollenweider

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Soltanieh: la AIEA Plantea Sospechas Innecesarias sobre Irán

Al-Manar
22/02/2010

El embajador de Irán ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) ha lamentado el hecho de que se hayan planteado cuestiones sobre las actividades nucleares de Irán porque no está implementando protocolos voluntarios. “Tenemos que poder distinguir entre dos temas distintos. Uno es el Acuerdo de Salvaguardas, cuya aplicación es obligatoria... y el otro son las medidas adicionales, que son voluntarias, tales como el Protocolo Adicional,” dijo Ali Asgar a Press TV.

Soltanieh se estaba refiriendo a un informe de la AIEA aparecido el jueves y que acusaba a Teherán de no proporcionar “la cooperación necesaria que permita a la Agencia confirmar que todo el material nuclear de Irán es para fines pacíficos.”

Sin embargo, las instalaciones nucleares de Irán y el enriquecimiento de uranio están bajo la supervisión de los inspectores de la AIEA, tal como establece el Acuerdo de Salvaguardas del Tratado de No Proliferación (TNP).

Al igual que todos los demás informes de la AIEA, el nuevo verifica que Irán no ha desviado material nuclear hacia otros fines, pero se queja de la falta de inclinación de ese país a poner en práctica el Protocolo Adicional, que tiene un carácter voluntario. El informe de la AIEA señala que existen preocupación por la posible existencia de “pasadas o actuales actividades no desveladas y relativas al desarrollo de una cabeza nuclear para un misil.”

Soltanieh también destaca que en el informe, la Agencia no cita “ninguna causa nueva de preocupación” acerca de las actividades nucleares de Teherán, con excepción de varios documentos que fueron examinados en su día por el anterior director de la Agencia, Mohamed Elbaradei.

Durante su entrevista con Press TV, Soltanieh dijo que había preguntado al director general por qué incluyó una referencia a asuntos pasados con respecto al programa nuclear de Teherán en su primer informe sobre Irán.

Soltanieh añadió que Yukiya Amano había reconocido que su referencia a los supuestos estudios “no era en absoluto nada nuevo”, sino simplemente una introducción histórica que mencionaba todos los asuntos anteriores que afectaban al programa nuclear de Irán. “No hay nada nuevo. Los supuestos estudios eran falsificaciones. El Sr. ElBaradei anunció oficialmente que tales materiales no eran auténticos. De este modo, el director general cuestionó la validez de tals materiales. El director general actual, que sólo intentaba proporcionar una enumeración de los asuntos que ya habían sido tratados anteriormente, ha creado algunos malos entendidos,” dijo Soltanieh.

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El instinto asesino de Wall Street decreta sentencia de muerte para el empleo

23-02-2010
Pam Martens
CounterPunch

Creo que es hora de tomarse a Wall Street al pie de la letra. Ha dejado sobradamente claro su ansia insaciable por finiquitar tantas cosas: el mercado de la vivienda, el sistema financiero, la economía, la legislación reformista, el futuro de la próxima generación.

Wall Street está tan macerada en la destrucción que los símbolos de muerte se encuentran por doquier. Wall Street denomina a los grandes anuncios de prensa que publica para lanzar sus ofertas de mercado “lápidas” (para entender lo apropiado que resulta, considérense los miles de millones en ofertas de bonos y acciones que recauda para las grandes tabacaleras). ¿Y cómo llama Wall Street a la terminación de una orden de compra o venta? Una "ejecución" (pensemos en cuantas operaciones de derivados "ejecutaron" para pacientes hoy tullidos y en reanimación como Fannie Mae, Freddie Mac y AIG; o los vehículos aparte de los balances que crearon para Enron, WorldCom y docenas de empresas hoy en bancarrota).

Wall Street denomina a las órdenes para completar una operación sin ninguna reducción en la cantidad “fill or kill” (o lo completas o lo matas). Podría denominarse razonablemente orden “fill or cancel” (completa o anula) pero para la manada tonante es mucho más divertido correr por el parqué chillando “¡mátalo, mátalo!”

¿Qué partido le saca Wall Street a andar matando cosas o dejar en casi nada el precio de las acciones de algunas empresas? Cara, ganan ellos; cruz, pierdes tú. Wall Street puede conseguir y consigue enormes beneficios apostando a que bajarán los precios de las acciones ("shorting"), a que desaparecerán empresas ("credit default swaps", CDS o seguro de impagos), a que la economía hará un agujero ("interest rate swaps" o permutas de tasas de interés). Y hay un lema en Wall Street: "the trend is your friend" ("la tendencia es amiga tuya"). Cuando ya está claro que el toro [1] yace en medio del ruedo (pensemos en la muerte de Lehman y la boda a punta de pistola de Merrill Lynch el 15 de septiembre de 2008), Wall Street mueve sus apuestas a la baja.

Nadie pone su jerga tan en paralelo con su agenda como los corredores de Citigroup. Cuando se dispusieron a infligir dolor al mercado europeo de bonos en 2004, denominaron la operación “Doctor Maligno”. Citi también creó un vehículo financiero estructurado que engrasara los patinazos que llevaron al derrumbe del gigante lácteo italiano Parmalat, y al que se apodó "Bucconero", que en italiano significa “agujero negro”.

Hasta que no llegue un presidente con verdadera voluntad de lidiar con la naturaleza auténticamente rapaz de Wall Street, continuarán activas estas fuerzas destructivas.

El último plan de reforma de Wall Street del Presidente Obama para prohibir que la banca de inversión posea fondos de capital riesgo o fondos de cobertura ("hedge funds") y evitar que operen con la negociación por cuenta propia ("proprietary trading") en beneficio de sus propias empresas constituye la reforma necesaria para deshacer el fraude en los mercados. Pero la propuesta descuida la amenaza más seria de Wall Street a la economía. La propiedad de la banca comercial en manos de la banca de inversión y las firmas de correduría de bolsa es lo que está acabando con la innovación y el crecimiento del empleo en Norteamérica. Cuanto más esperemos a enfrentarnos a esta cuestión, más se hinchará la deuda nacional, conforme el gobierno se vea obligado a añadir indefinidamente dinero para el estímulo del empleo y fondos para sustentar al creciente número de parados.

Tal como está actualmente estructurada, la banca de inversión de Wall Street no tiene incentivos para poner empresas viables en el mercado. Wall Street ingresa enormes sumas lo mismo por ponerle lápiz de labios a un cerdo y echárselo al público que por lanzar empresas sólidas con verdadero potencial de crecimiento de empleos. A lo largo de la última década, miles de millones de dólares de ahorros de toda una vida de los inversores han acabado mal colocados en falaces modelos de negocio. Hoy esas empresas no valen nada u operan en céntimos con Pink Sheets, [2] cementerio de las ideas fallidas de la banca de inversión.

Las Pink Sheets proporcionan cotizaciones a estas acciones para los corredores de bolsa. No son responsables de la legitimidad de las empresas y, de hecho, advierten a los inversores en su página de la red de que "se trata de pequeñas empresas con un historial reducido de operaciones o económicamente en apuros (...) Los inversores deberían evitar el mercado OTC ["over the counter", mercado no oficial, bajo cuerda] a menos que puedan afrontar la pérdida total de su inversión”. En muchos casos, es bastante más de lo que revelaron a sus clientes los corredores autorizados de “venerables” empresas cuando las compañías salieron a bolsa por vez primera con acciones a precios abultados.

Un estudio realizado por Tyler Shumway y Vincent A. Warther para la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan y la Facultad de Empresariales de la Universidad de Chicago descubrió que entre 1972 y 1995, Nasdaq, el índice bursátil que facilitó el auge y caída de las punto.com y los nuevos valores tecnológicos a finales de los 90, excluyó de la cotización a 4.188 empresas. Después de ser excluidas de la cotización, muchas acabaron en las Pink Sheets. En marzo de 2008, el índice Nasdaq estaba en 5.048 puntos. Hoy, una década más tarde, todavía se encuentra un 58% por debajo de lo que fue su máxima cotización.

Es hora de que el Congreso abra los ojos a la realidad de que este enorme declive de Nasdaq nos revela que Wall Street no está poniendo en el mercado un número suficiente de buenas empresas. Y las fusiones ensambladas por Wall Street, con las que se ha operado de modo característico en la Bolsa de Nueva York, han creado Frankenbancos y conglomerados cargados de deudas, demasiado hinchados como para entender su propio balance y no digamos ya para crear nuevos empleos. Dos vivos ejemplos nos vienen a la mente: AOL-TimeWarner y Citibank-Travelers-Smith Barney-Salomon, también conocido como Citigroup.

Los bancos de inversión que organizan estas ofertas de nuevas empresas o fusionan las que ya existen se ubican hoy en los bancos comerciales "demasiado grandes como para dejarlos caer" que operan públicamente. Pero solían ser sociedades privadas y arriesgaban su propio dinero cuando sacaban una nueva compañía al mercado. Cuando era su dinero el que arriesgaban, había una diligencia bastante mayor en activo para garantizar que la empresa fuera viable. Eso se terminó. Es DOG: dinero de otra gente para lanzarlo sobre el tapete de la mesa del casino.

Para comprender plenamente la nueva estructura de Wall Street, ayuda reflexionar que en agosto de 1995 cuando la Food and Drug Administration [las autoridades de salud pública norteamericanas] nos comunicó que un cigarrillo era en realidad un sistema de transmisión de nicotina disfrazado y que las grandes tabaqueras manipulaban esa “transmisión de nicotina en cada estadio de la producción”. La gente se enganchaba a algo sumamente dañino para su bienestar mientras una industria que operaba en secreto mentía y cabildeaba.

Los que trabajan dentro de Wall Street llaman a sus empresas de correduría al por menor, ahora peligrosamente fusionadas con los bancos comerciales, sistema de “distribución”. La banca de inversión crea el producto tóxico, los corredores lo distribuyen al público envuelto en un sistema de palo y zanahoria que resulta prácticamente idéntico en todas las empresas de importancia. Es decir, el departamento interno de investigación emite una orden de compra. El gestor local del corredor convoca una reunión de ventas y mueve las últimas ofertas de la empresa. El sistema de comisiones del corredor favorece los productos arriesgados que la empresa promueve, por encima de inversiones más seguras.

No hay absolutamente ningún sistema por el que se recompense a un corredor de Bolsa por lo bien que rinde la cartera de su cliente. El que el corredor disponga de la ayuda de secretarias, el tamaño de su despacho, el conseguir el título de vicepresidente en la tarjeta de visita de su empresa, el incentivo anual, hasta el que le saque a cenar su jefe de división, dependen tan solo de las ganancias que consiga el corredor para la empresa.

Si quieres poner en tela de juicio el sistema por corrupto, tienes cerradas las puertas de los juzgados. Wall Street aplica su propio sistema de justicia, llamado arbitraje obligatorio. Al público no se le permite echar un vistazo, pues al fin y al cabo se trata de justicia privada, de modo que no puede arrojarse la desinfectante luz del sol sobre esa camarilla.

La única manera de que un sistema como éste, plagado de conflictos de interés y de desprecio por los intereses de sus propios clientes, haya podido sobrevivir tanto tiempo ha sido aprovechando la base monetaria del depositante de los bancos comerciales y operando con ella hasta hacerla desaparecer. La última cabeza de turco en este gran atraco bancario es el contribuyente que está llenando de nuevo las arcas vacías.

Con cada nuevo programa de creación de empleo de 100.000 millones de dólares, nos damos cuenta de que Wall Street no está creando empresas que creen empleo. De acuerdo con el Departamento de Trabajo, 9,3 millones de norteamericanos no podían encontrar trabajo en enero, y hay millones más trabajando involuntariamente a tiempo parcial o demasiado desanimados para buscar empleo.

De modo que si Wall Street no asigna capital adecuadamente a empresas viables y no recompensa a sus accionistas o clientes, ¿me pueden ustedes recordar de nuevo por qué están pagando los contribuyentes billones para salvarlos?

El 15 de febrero de 1999, la portada de la revista Time dedicaba sus alabanzas al Presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, al Secretario del Tesoro, Robert Rubin y al Vicesecretario del Tesoro, Lawrence Summers como Comité para Salvar al Mundo. Ahora sabemos que se trataba del Comité para Esclavizar al Mundo [3]. Los desafíos económicos a los que se enfrenta hoy el mundo son responsabilidad de ellos; por supuesto, en combinación con algunos compinches bien situados en Washington y Wall Street.

Greenspan es graduado, licenciado y doctor en Económicas por la Universidad de Nueva York; Rubin es licenciado en Económicas por Harvard y abogado por Yale. Summers es graduado del M.I.T. y doctor por Harvard. A despecho de estos siete títulos otorgados por algunas de las mejores instituciones educativas del país, nos piden que nos creamos que no había un gramo de sentido común como para que estos hombres pensaran que revocar la legislación para la protección de los inversores de la época de la Depresión conocida como Ley Glass-Steagall, que impedía la combinación de la banca comercial con los bancos de inversión y empresas de correduría, acabaría liquidando empleos, amén del sistema financiero y la economía (si no viéramos a los hombres que tanto se han beneficiado de esa mala decisión, podríamos ser menos escépticos).

Se han conjuntado la deshonestidad intelectual y el revisionismo histórico para sugerir que nadie podía haberlo previsto. No sólo se lo vieron venir muchísimos sino que el 25 y 26 de junio de 1998 un flujo constante de ciudadanos cívicamente conscientes cruzó las majestuosas puertas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y testificó que la revocación de la Ley Glass-Steagall y el permiso concedido a los bancos comerciales para fusionarse con empresas de Wall Street era una idea absurdamente mala y conduciría a la ruina. ¿Por qué busca nuestro presidente consejo en Summers y Rubin, en lugar de buscarlo en la gente que acertó?

El Presidente Obama ha ungido a Neal Wolin para que se sume al Nuevo Comité para Salvar al Mundo acompañándole a él mismo y a Paul Volcker, antiguo presidente de la Reserva Federal. ¿Y quién es Neal Wolin? Se le confirmó como Vicesecretario del Tesoro el 19 de mayo de 2009.

En la administración de Clinton, Wolin actuó como consejero general de Lawrence Summers, defensor clave de la revocación de la Ley Glass-Steagall. De acuerdo con el New York Times, Summers ganó 5,2 millones de dólares en 2008 trabajando un día a la semana para el fondo de cobertura ("hedge fund") D.E. Shaw & Company, mientras asesoraba a la vez a Obama. Después de abandonar el gobierno, Wolin trabajó para Hartford Financial Services Group Inc. durante ocho años. De acuerdo con BusinessWeek, si se suma la compensación en metálico de Wolin, la adjudicación de acciones restringidas, opciones y otras compensaciones, ganó 3,4 millones de dólares en su último año en Hartford en 2008.

Robert Scheer escribió lo siguiente sobre Wolin en el San Francisco Chronicle el 19 de noviembre de 2009:
“Wolin, Geithner y Summers eran todos protegidos de Robert Rubin, quien, como Secretario del Tesoro de Clinton, fue el gran autor de la estrategia de liberar a las empresas de Wall Street de sus constricciones de la época de la Depresión. Wolin fue quien, a instancias de Rubin, se convirtió en la fuerza clave a la hora de redactar la Ley Gramm-Leach-Bliley Act, que suprimió la separación entre la banca de inversión y la comercial y las compañías de seguros, permitiendo así que los nuevos mastodontes financieros se volvieran demasiado grandes como para derrumbarse. Dos ejemplos sensacionales de esos gigantes que hubo que rescatar con fondos públicos son el banco Citigroup, al que se fue Rubin para ‘ganar’ 120 millones de dólares después de dejar la Casa Blanca de Clinton, y la Hartford Insurance Co., en donde aterrizó Wolin tras abandonar el Tesoro”.
Señor Presidente, ya es hora de deshacerse de los peces gordos y transmitir ese mensaje de esperanza y cambio.

Notas del T.


[1] Recuérdese que el emblema de Merrill Lynch es un toro.
[2] Según www.baquia.com las Pink Sheets son los bajos fondos de las bolsas estadounidenses, la tercera división de los mercados de valores, pero la única salida para cientos de empresas de Internet expulsadas del Nasdaq al caer su cotización por debajo del dólar durante más de 30 días. El mercado de las Pink Sheets no está regulado por la SEC, el riesgo es enorme, los analistas le dan de lado, no tiene liquidez y hasta hace unos años era un semillero de fraudes. Hoy, cuando el Nasdaq ha caído el 65%, se dan cita en él empresas como eToys, Iridium, o Lernout & Hauspie. "Es como tener que mudarse de una casa de Beverly Hills a una en un polígono industrial", lo definía recientemente Marc Beauchamp, director de la Asociación Norteamericana de Administradores de Mercados. "No quieres estar allí, pero tampoco es el fin del mundo", añadía.

[3] La diferencia entre "salvar" y "esclavizar" es en inglés de sólo una letra: "save" o "slave".


Pam Martens trabajó en Wall Street durante 21 años; no tiene intereses, ni a corto ni a largo plazo, en ninguna de las empresas mencionadas en este artículo, salvo los que el Tesoro norteamericano le ha impuesto sin su consentimiento, como al resto de sus compatriotas norteamericanos, con sus planes de rescate. Escribe regularmente sobre cuestiones de interés público desde New Hampshire.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3120

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