domingo, 8 de junio de 2008

Europa es consustancialmente anti-democrática




Entrevista a Anne-Marie Le Pourhiet, profesora francesa de derecho constitucional

por Silvia Cattori

21 de diciembre de 2007


Anne-Marie Le Pourhiet, profesora francesa de derecho constitucional.
Los principales dirigentes y responsables políticos de la Unión Europea están dispuestos y se preparan a validar por la fuerza el Tratado de Lisboa, cuando un tratado idéntico a este texto fue rechazado por referéndum en los países miembros de esta misma Unión Europea y en donde una consultación popular fue organizada, como por ejemplo en Francia y Holanda. Por el simple hecho de proceder con métodos oligárquicos, a la Unión Europea no se le podrá considerar como una institución democrática, pero, como lo señala la profesora Anne-Marie Le Pourhiet, el aspecto democrático nunca ha estado asegurado ni ha sido una realidad en esta Unión de países europeos.

Silvia Cattori: Durante la reunión del Comité Nacional por el Referéndum [1] que reunió en la tribuna a Jean-Pierre Chevènement y NicolasDupont-Aignan [2], usted pronunció unas palabras duras, unas palabras sorprendentes. Calificó de «alta traición de golpe de Estado» el hecho de que el presidente Sarkozy quiera ratificar el «tratado modificativo» por la vía parlamentaria. ¿Indica esto que Francia se encuentra en una situación de una gravedad excepcional y que no sólo se ven concernidos los ciudadanos franceses sino también los europeos? ¿Significa que se trata de un debate importante que debe dejar de lado las decisiones políticas?
Anne-Marie Le Pourhiet: Desde luego, se trata de un acto muy grave que demuestra claramente que las incesantes referencias de los tratados europeos a los valores democráticos son una hipocresía porque esta Europa tecnocrática y confiscadora sólo se puede hacer en contra la voluntad de los pueblos.
Europa es consustancialmente anti-democrática, nos la quieren imponer por la buenas o por las malas. Nosotros [los franceses] no somos el primer pueblo de cuya voluntad se han mofado, los irlandeses y los daneses también se han visto obligados a volver a votar hasta que han dicho sí.
Pero en nuestro caso el cinismo es mucho peor porque nos niegan incluso el derecho a volver a votar imponiéndonos una ratificación parlamentaria. Toda democracia, sea soberanista o federalista, debería levantarse contra semejante felonía.
Silvia Cattori: El 29 de mayo 2005 el pueblo francés rechazó el proyecto de constitución europea con un 55 % de votos. ¿ Desde entonces el proyecto no ha sido mejorado? ¿No se han suprimido las disposiciones de la Constitución Europea que eran el objeto de protesta?
Anne-Marie Le Pourhiet: Por supuesto que no. Sólo han quitado los términos de constitución y de ley, así como los símbolos (bandera, himno). No es algo anodino porque demuestra que los eurócratas han comprendido la motivación anti-federalista de los ciudadanos franceses, pero todo lo demás del tratado se encuentra en el nuevo texto.
El proceder que consiste en no integrar ya la Carta de Derechos Fundamentales en el propio tratado sino en conferirle un valor apremiante o incluso la sustitución de la referencia expresa a la primacía del derecho europeo por una mención de la jurisprudencia del Tribunal que plantea esta primacía, constituyen otras tantas supercherías destinadas a engañar a los ciudadanos y a burlarse de ellos.
La versión consolidada de los tratados tal como ha sido redactada bajo la dirección de un diputado francés y que consta de 281 páginas, demuestra hasta qué se ha copiado íntegramente punto el Tratado Constitucional. ¡Incluso la ridícula disposición del artículo III-121 del TCE sobre el «bienestar de los animales en tanto que seres sensibles» lo volvemos a encontrar en el artículo 13 del nuevo tratado sobre el funcionamiento de la Unión!
Dado que todas las disposiciones del TCE habían sido criticada a uno u otro título y que el «no» francés se refería a la integridad del texto, no vemos cómo el presidente Sarkozy podía pretender conservar los elementos «no contestados». Se trata de algo completamente arbitrario y dictatorial.
Silvia Cattori: ¿Cuáles son las disposiciones más importantes que por medio de este «mini-tratado» se han impuesto así a los franceses en contra de la voluntad que habían expresado?
Anne-Marie Le Pourhiet: En este tratado todo es muy importante. La designación del presidente de la Unión por dos años, la política extranjera y su ministro disfrazado a partir de ahora de «alto representante», la Carta de los Derechos Fundamentales tan alejada del espíritu de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano de 1789 y, sobre todo, la extensión sin precedentes de la regla de la mayoría cualificada que acompaña a la supresión de los «pilares». La transferencia de soberanía es colosal.
Silvia Cattori: ¿Es verdad que se verán reforzados los poderes del Parlamento?
Anne-Marie Le Pourhiet: Es una ventaja muy insignificante en un sistema en el que la iniciativa legislativa es monopolizada por una comisión independiente de los gobiernos y, por consiguiente, de los parlamentos ante los que estos gobiernos son responsables.
El Consejo Constitucional francés no se ha equivocado al afirmar que el Parlamento de Estrasburgo no es «la emanación de la soberanía nacional». Conociendo, además, la composición mediocre y la organización ubuesca del Parlamento Europeo, el reforzamiento de su poder no es muy tranquilizador.
Silvia Cattori: ¿Cómo se explica que esta mayoría de franceses que había votado no a la Constitución [Europea] en 2005 haya votado sí a la elección de Sarkozy sabiendo que éste no tendría en cuenta aquel no al proyecto?
Anne-Marie Le Pourhiet: Por una parte, Sarkozy simplemente anunció un «mini-tratado» que se limitaría a «permitir a la Unión Europea funcionar» de tal modo que se podía imaginar una simple mejora de las reglas de voto en el Consejo; por otra parte, no se puede confundir la respuesta a una pregunta hecha en referendum y la opción de un candidato a una elección.
¿Cómo quiere usted que un elector de derecha, convencido además de que Ségolène Royal es una perfecta incompetente, pueda votarla simplemente porque promete (con la boca chica) un nuevo referendum, cuando ella también apoyó el «sí» a la Constitución Europea? Hace mucho tiempo que los socialistas franceses han hecho de Europa su fondo de comercio y lo menos que se puede decir es que ni Ségolène Royal ni François Bayrou podrían ser una alternativa creíble en este aspecto. Para muchos el voto a Sarkozy ha sido un voto por defecto.
Silvia Cattori: El jueves 13 de diciembre los jefes de Estado y de gobierno de los veintisiete países miembros de la Unión Europea firmaron el tratado. Sarkozy está determinado a hacerlo ratificar por la vía parlamentaria antes de finales de febrero. En su opinión, ¿qué podría hacer fracasar este «golpe de Estado»? ¿Qué medios tiene el pueblo francés de imponer la vía del referendum? ¿De qué modo el derecho constitucional puede todavía reconsiderar todo?
Anne-Marie Le Pourhiet: No tenemos ningún recurso jurídico porque la Constitución francesa no prohíbe, como la californiana, modificar una ley relativa a un referendum por medio de una ley parlamentaria. El Consejo Constitucional Francés tampoco ha hecho suya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional italiano que impone un nuevo referendum para eludir la voluntad popular. Eventualmente, el Consejo Constitucional podría «constatar» que ambos tratados son prácticamente idénticos y «lamentar» que se ignore la voluntad popular, pero no puede sancionarla.
Por consiguiente, sólo nos queda contar o bien con la movilización popular, o bien con un rechazo parlamentario de la revisión constitucional. En efecto, el proyecto de revisión debe ser adoptado por una mayoría de las tres quintas partes de los sufragios expresados en el Congreso (reunión de la Asamblea Nacional y del Senado en Versailles).
Silvia Cattori: Si después de haberla discutido en la Asamblea Nacional y en el Senado la revisión constitucional es aprobada por las tres quintas partes de los sufragios expresados, ¿nada se podrá oponer ya al establecimiento de este tratado?
Anne-Marie Le Pourhiet: No. 60 diputados o 60 senadores todavía podrán diferir al Consejo Constitucional la ley autorizando la ratificación del tratado, pero no hay ninguna posibilidad de que el recurso tenga éxito.
Silvia Cattori: ¿Qué se ha previsto para salir del impasse en caso de sorpresa, en caso de que Irlanda rechace el tratado?
Anne-Marie Le Pourhiet: Seguramente, ¡hacer votar otra vez a los irlandeses!, ¡así va Europa!
Silvia Cattori: Si finalmente este tratado es impuesto y si, como afirma usted, en la manera de proceder hay «doble golpe de Estado», tanto Sarkozy como los jefes de Estado y de gobierno de los veintisiete países miembro de la Unión Europea ¿no tendrán acaso que explicarse tarde o temprano en relación a su «traición»?
Anne-Marie Le Pourhiet: Por lo que se refiere a Francia, el presidente Sarkozy tendrá que explicar muchas cosas. Pero la sanción electoral solo puede desempañar un papel cuando hay un candidato creíble, lo que todavía no es el caso en Francia. En todo caso, ¡en las elecciones municipales y legislativas sabremos acordarnos de los votos de nuestros parlamentarios!
Silvia Cattori: El 75 % de los ciudadanos europeos son favorables a un Referendum. Por consiguiente, ¿a los partidarios de éste les queda conseguir que el debate se abra y se amplíe cuanto antes a todos los países de la Unión Europea para denunciar esta denegación de la democracia?
Anne-Marie Le Pourhiet: La movilización ciudadana me parece indispensable, aunque sólo sea para poner en evidencia a los traidores.


Silvia Cattori Periodista suiza.

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Traducido del francés por Beatriz Morales Bastos

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Tratado de Lisboa


Los 27 negocian el tratado y acuerdos antijurídicos con EEUU sin contar con la ciudadanía
Una integración contra las libertades

Joana García Grenzner
Diagonal18-04-2008



En 2009 entra en vigor el Tratado de Lisboa, que consolida la UE como potencia neoliberal, militar y antidemocrática. Mientras, ésta contenta a EE UU con acuerdos contrarios al derecho.

2007 los 27 Estados de la UE negociaron a espaldas de la ciudadanía europea dos asuntos de gran trascendencia: el Tratado de Lisboa, que sustituye a la fallida Constitución Europea y reforma los Tratados de Roma (1957) y Maastricht (1992), y los acuerdos con EE UU sobre transmisión de datos sobre pasajeros aéreos y transferencias bancarias, que consolidan el proceso de adaptación del marco jurídico comunitario a las exigencias estadounidenses. Especialistas en derecho criticaron estas medidas en un acto celebrado en Madrid el 28 de marzo.
Ricardo Gómez, del Observatorio de ATTAC sobre la UE tildó de “desprecio a la voluntad popular y proceso elitista y secretista” el relanzamiento del Tratado, “de difícil comprensión e ilegible”. Uno de sus redactores, el ministro de Interior italiano Giuliano D’Amato, dijo en 2007 que si fuera comprensible “nos arriesgaríamos a un referéndum, porque significaría que hay algo nuevo”. Irlanda será el único país en someterlo a referéndum. Los demás lo ratificarán por vía parlamentaria: el Estado francés y Polonia lo hicieron en febrero y marzo respectivamente y el Parlamento español lo hará este año mediante ley orgánica.
Para Gómez, supone un “retroceso en las libertades democráticas y una apuesta cero por la construcción de alternativas socioeconómicas”. El texto defiende explícitamente la “competencia libre y no falseada” y la “mejora progresiva de las capacidades militares”. Gómez tildó a la UE de “estructura antidemocrática” con un “parlamento débil no elegido por la ciudadanía, excluido de iniciativas legales y sin voto sobre ingresos y presupuestos” frente a instancias de nula representatividad e inmenso poder: Consejo y Comisión europeas, Tribunal de Justicia o Banco Central Europeo (BCE).
Según Gerardo Pissarello, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona, el texto “concentra mecanismos policiales y represivos sin suficiente control parlamentario”. Aunque “se subordina a intereses de EE UU” la agenda de la UE “ ha impuesto sus propios recortes de derechos y libertades”. A su juicio, el dispositivo de control migratorio europeo Frontex o el proyecto de directiva para aumentar a 18 meses el encierro de sin papeles en los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE) que Bruselas discutirá en mayo no son flor de un día. La creación del grupo Trevi (unidad de lucha contra Terrorismo, Radicalismo y Violencia Internacional) en 1975; el Acuerdo de Schengen en 1985 y la coordinación policial europea (Europol) en 1999 “son antecedentes cruciales de la llamada fortaleza europea”. El 11-S actuó de“ disparador de un proceso ya en curso”.
Para Jean-Claude Paye, autor del libro Global War on Liberty, “lo novedoso es la integración del sistema judicial europeo en el estadounidense. Antes, EE UU hacía acuerdos bilaterales porque hallaba objeciones. Hoy se siente más fuerte para forzar acuerdos en la UE”. En 2003 ambas potencias firmaron unos acuerdos de extradición fruto de reuniones secretas. Éstos “permiten que EE UU añada exigencias sin reemprender negociaciones” y “la UE no cuestiona los tribunales especiales creados por decreto tras el 11-S para juzgar ‘enemigos combatientes ilegales’. Cualquier ciudadano puede ser trasladado a EE UU para que le juzguen”.
En 2007 firmaron los acuerdos sobre transferencia de datos de pasajeros aéreos y de cuentas bancarias, “que vulneran la protección europea de datos personales”. Tras el 11-S, la empresa estadounidense Swift, ubicada en Bélgica, informó a EE UU sobre transferencias en la UE. Según Paye, “el BCE y otros bancos lo sabían y no lo comunicaron a sus autoridades” hasta que la prensa de EE UU lo reveló en 2006. Así pues, EE UU “crea una situación de excepción y fuerza a la UE a adaptarse. Es el fin del Estado de Derecho”.
El Tratado de Lisboa y la encrucijada europea
Gerardo Pisarello
El autor, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Barcelona, analiza las bases del Tratado de Lisboa, cuyo 90% calca el proyecto de Constitución.
Hay que reconocerlo: el malogrado Tratado constitucional europeo tuvo al menos la virtud de estimular un cierto debate en torno al proceso de integración. No es que las clases dirigentes europeas estuvieran demasiado interesadas en ello. Pero la sola apelación a un texto “constitucional” obligó, al menos, a simular un proceso y un contenido “constituyentes”. Nada de eso ha ocurrido ahora.
Tras el ‘no’ francés y holandés, las élites europeas parecen haber escarmentado. Ya nadie habla de Constitución ni de proceso constituyente. El Tratado de Lisboa se ha negociado de espaldas a la ciudadanía y sus impulsores se ufanan de ello. Las mismas Cumbres intergubernamentales que se criticaban hace unos años por su opacidad, se presentan ahora como la única alternativa “responsable” y “realista”. Con la boca grande o pequeña, los gobiernos huyen de las consultas populares como de la peste. ¿A qué viene tanta prisa? ¿Es acaso la UE pergeñada en el Tratado de Lisboa muy diferente de la que existía hasta ahora? No parece. Salvo algunos ajustes institucionales al servicio de la “gobernabilidad”, las obsesiones de fondo son las de siempre. Un 90% del contenido del Tratado de Lisboa, de hecho, puede rastrearse en el Tratado constitucional. Ya no se habla de Constitución ni se apela con entusiasmo a la bandera o al himno. Pero el contenido sustancial es el mismo. La orientación neoliberal, productivista, tecnocrática y militarista de la integración permanece incólume. Y nada en el nuevo texto amenaza su continuidad.
Agenda securitaria
Nada conduce a pensar en un abandono de las privatizaciones o en un mayor control de los grandes lobbies. Nada, en una mayor lucha contra los paraísos fiscales o a favor de una fiscalidad progresiva. Nada, en una menor subordinación a la OTAN y a la agenda securitaria de los EE UU. Menos aún, en un tratamiento de la cuestión migratoria que no sea el del cerco policial o el de la proliferación de los centros de internamiento.
Es verdad que esta tendencia no es nueva. Que es el sello de la UE al menos desde Maastricht. Lo grave es que el Tratado de Lisboa pretenda profundizarla en nombre de la eficacia y del realismo. ¿Cómo puede ser realista un texto que se limita a prolongar el crónico déficit social y democrático que la UE acarrea a sus espaldas?
El panorama es aún más oscuro si se piensa que, hoy por hoy, son la derecha más beligerante y los sectores más conservadores de la socialdemocracia quienes controlan los principales resortes institucionales de la UE. De ahí el carácter especialmente regresivo de buena parte de las propuestas normativas impulsadas desde las instancias comunitarias a lo largo del último año. Y de ahí también los retos que este escenario plantea a los movimientos sociales, sobre todo de cara a las elecciones al Parlamento europeo de 2009. El primero, impulsar una crítica desacomplejada, no sólo del Tratado de Lisboa, sino de la UE realmente existente, que desvele sus profundos límites democráticos, sociales, y ambientales. Y otro, no menor, acompañar esa crítica de un programa capaz de desactivar los cantos de sirena del repliegue estatalista y de expresar, en definitiva, un renovado internacionalismo a la altura de los tiempos.

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