URALITA S.A. Bophal made in Spain
Vicenç Navarro
diario digital EL PLURAL
7 de junio de 2010
Este artículo muestra un ejemplo de la complicidad que la dictadura (y los medios de información conservadores) tuvo con las grandes empresas industriales y financieras que consiguieron grandes beneficios a costa de la salud y calidad de vida de sus trabajadores. La democracia permitió corregir algo estos abusos pero la complicidad del estado continúa existiendo, lo cual debería denunciarse en los mayores medios de información, lo cual raramente se hace.
La juventud no conoce lo que fue la dictadura y hay que explicárselo. Un aspecto de la dictadura que ha estado poco estudiado ha sido la relación privilegiada que el mundo de las grandes empresas financieras (la Banca) e industriales tuvo con el estado dictatorial. La evidencia acumulada señala claramente que tal estado favoreció sistemáticamente a tales grupos económicos, promoviendo y defendiendo sus intereses a costa de los intereses de los trabajadores.
Un ejemplo, entre miles, es el caso Uralita (propiedad de la familia March, la banca más importante de España en los años treinta, que financió el golpe militar fascista del 1936). Uralita fue durante muchos años el mayor productor de productos de amianto en España. El amianto es enormemente tóxico y mata a un porcentaje elevado de los obreros que lo trabajan, consumiendo su tejido pulmonar, que queda inmovilizado por las fibras del amianto, situación que es conocida en la literatura científica desde 1930. En Cataluña Uralita tiene su base en Cerdanyola del Vallés. Durante todos los años de la dictadura, Uralita negó que hubiera ningún trabajador en su fábrica enfermo como consecuencia de trabajar con el amianto. Y las autoridades franquistas, dirigidas entonces por el jefe-delegado del gobierno en Cataluña, el recientemente fallecido Sr. Antonio Samaranch, aceptaron tales declaraciones dando por ciertas tales afirmaciones. La Vanguardia (llamada entonces La Vanguardia Española), de la familia Godó, que colaboró activamente con la dictadura, nunca escribió, informó, y, todavía menos, denunció lo que estaba ocurriendo en aquella fábrica.
Los sindicatos clandestinos (Comisiones Obreras) pidieron ayuda a los médicos que trabajaban en el Hospital Clínico, uno de los centros sanitarios más importantes de Cataluña. Dos médicos de tal institución (jugándose su cargo) decidieron mirar si había sustancia o no en las quejas de los trabajadores. Y las había. Encontraron nada menos que 300 casos. Sus nombres eran Doctores César Picado y Roberto Rodríguez Roisin. En realidad, nada menos que el 25% de los trabajadores padecía alguna enfermedad relacionada con el amianto. Una persona clave, que ayudó a los trabajadores de Uralita a encontrar médicos que les ayudaran, fue el Dr. Josep Tarrés, que trabajaba en la atención primaria de Cerdanyola, donde se comenzaron a detectar los primeros casos de patologías respiratorias entre trabajadores de tal fábrica.
La resistencia de la empresa Uralita a reconocer estos casos fue radical. Tenía toda una batería de médicos de empresa que negaban lo que todos los neumólogos (expertos en el aparato respiratorio) en el mundo saben, es decir, que era imposible que se trabajara con amianto sin desarrollar asbestosis, la enfermedad pulmonar que se desarrolla como resultado de estar expuesto al amianto. Uralita negaba que hubiera casos de asbestosis en su fábrica. Es más, atemorizaban con dejar Cerdanyola si continuaban las quejas de los trabajadores, acusándoles de ser “agitadores comunistas”, acusación enormemente perjudicial para los supuestos agitadores, pues era causa de detención y tortura durante la dictadura.
Al llegar la democracia se pudo ya iniciar un estudio más extenso, dirigido por el mismo Dr. Josep Tarrés, detectándose casi mil enfermos de asbestosis. Lo que es sorprendente es que, a pesar de esta evidencia, no se prohibió la producción y utilización del amianto durante el periodo del gobierno conservador, CIU, y no fue hasta mucho más tarde, en 2002, que se prohibió.
El problema, sin embargo, es incluso más amplio que el de los trabajadores del amianto, por muy grave que éste sea, pues el amianto se desplazó a los barrios obreros cerca de la fábrica donde se trabaja con amianto, trasmitiendo sus fibras por el aire. Según estudios recientes, el 30% de los casos de asbestosis no son trabajadores del amianto, y al no haberse adquirido en su puesto de trabajo, no se les considera enfermos de patología laboral, aún cuando, frecuentemente, el que trasladó el amianto con su ropa haya sido un trabajador del amianto.
Una última observación. Nunca, ningún empresario de Uralita ha ido a la cárcel, y el Sr. Samaranch fue honrado recientemente con el honor máximo que se puede dar a una persona en Cataluña. Mientras, los trabajadores todavía están intentando que los tribunales fuercen a Uralita a pagar indemnizaciones a los afectados por asbestosis, y sólo hace unos días consiguieron algunas de ellas, en cantidades que eran claramente insuficientes. Varias conclusiones se derivan de este hecho. Una es que la dictadura era una dictadura de una clase (la clase de las grandes empresas financieras e industriales) en contra de otra clase, la clase trabajadora. Otra conclusión es que los enormes beneficios de la primera clase se consiguieron a costa de los intereses (salud y calidad de vida) de los segundos. La tercera conclusión es que los grandes medios de información de la derecha colaboraron con la dictadura, silenciando esta enorme explotación de clase, sacando pingües beneficios de tal colaboración. Y la cuarta conclusión es que tales grandes grupos empresariales y las derechas políticas continúan teniendo una gran influencia sobre los medios y sobre el estado, cuestionando la mal llamada transición “modélica” de la dictadura a la democracia, pues treinta y dos años después de que ocurriera la transición, todavía se celebra y homenajea a los responsables de aquella situación, y no se honra a los que lucharon para cambiarla.
martes, 8 de junio de 2010
Los grandes grupos empresariales y financieros durante la dictadura
jueves, 3 de junio de 2010
Mitos sobre las pensiones
Vicenç Navarro
diario PÚBLICO
3 de junio de 2010
Este artículo critica varias posturas ampliamente promovidas en centros políticos, empresariales y mediáticos de que España se gasta demasiado en los ancianos y muy poco en los infantes, y ello como consecuencia de la “excesiva” influencia política del lobby de las personas de edad. El artículo presenta datos que muestran el error de estas posturas, documentando que el estado (central, autonómico y local) se gasta muy poco en ancianos y en infantes, y ello resultado del enorme poder de las clases y grupos dominantes que no contribuyen al estado en los niveles de sus homólogos en la UE-15.
A raíz de la congelación de las pensiones públicas por parte del Gobierno de Zapatero, ha habido un reavivamiento de argumentos sobre las pensiones por parte de voces neoliberales que, como consecuencia de las grandes cajas de resonancia de las que gozan en los mayores medios de información y persuasión del país, están calando en los establishments políticos y mediáticos. Uno de estos argumentos es que el supuesto poder electoral de los ancianos (el grupo poblacional que más participa en los procesos electorales) ha determinado un gran aumento del gasto público dedicado a los ancianos (incluyendo el gasto en pensiones y servicios públicos, como servicios de atención a las personas con dependencias), a costa del gasto público dedicado a otros grupos de edad, como niños e infantes. En este argumento, la lucha de clases ha sido sustituida por la lucha entre grupos generacionales, en la que los ancianos estarían consiguiendo grandes beneficios sociales a costa de los derechos de niños e infantes, entre otros. Como prueba de ello, tales autores se refieren a la disminución de la pobreza que, supuestamente, ha ocurrido entre los ancianos durante estos últimos años, lo que contrasta con el crecimiento de la pobreza entre los niños e infantes.
Los datos, sin embargo, no sostienen tales tesis neoliberales. Según la última información publicada por Eurostat, la Agencia de Estadística de la Unión Europea, el mayor porcentaje de pobres en la población española continúa siendo entre los ancianos (28%) mayor que entre los niños e infantes (24%). España, por cierto, es el país de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al nuestro) que tiene mayor pobreza entre los ancianos (el promedio en la UE-15 es del 15%), y también entre los niños e infantes. No es, pues, que España gaste mucho en ancianos y poco en niños e infantes. En realidad, gasta muy poco (menos que en toda la UE-15) en ancianos, en niños e infantes y en todos los grupos etarios. Y ello se debe al enorme poder del capital y de las clases pudientes (30% de la población –burguesía, pequeña burguesía y clases profesionales de renta mediana-alta–), que no están contribuyendo al Estado en los mismos porcentajes que lo hacen sus homólogos en la UE-15. Las rentas del capital y las rentas superiores están entre las menos gravadas en la UE-15, causa de que los ingresos al estado estén entre los más bajos de la UE-15.
Es la excesiva influencia política y mediática de tales grupos sociales lo que explica que ancianos y niños (y todos los demás) tengan menos transferencias y servicios públicos que sus homólogos en la UE-15. El Gobierno de Zapatero, que hizo suyo aquel eslogan neoliberal de que “bajar impuestos es de izquierdas”, ha recortado gastos sociales (pensiones y servicios domiciliarios), que son a todas luces insuficientes, en lugar de subir impuestos a las clases pudientes. En realidad, el ahorro que se intenta conseguir congelando las pensiones es incluso menor que la cantidad de fondos que el Estado dejó de ingresar como consecuencia de la disminución del impuesto sobre el patrimonio que ha favorecido a las rentas superiores.
Otro mito neoliberal reproducido en los medios es que la pobreza entre los ancianos ha ido disminuyendo como resultado del incremento de las pensiones y de otras transferencias y servicios a los ancianos, consecuencia de un consenso supuestamente existente entre los partidos parlamentarios de no permitir que la capacidad adquisitiva de los ancianos disminuya. De nuevo, los datos muestran el error de tales supuestos. La reducción del gasto público social que ocurrió en España (en relación al promedio de la UE-15) durante el periodo 1993-2004 a fin de reducir el déficit del presupuesto del Estado (condición necesaria para que España se integrara en la eurozona –ver mi artículo “España social a la cola de la UE”, Público, 27-05-10–), afectó al total del gasto público social dedicado a los ancianos y a su tasa de pobreza. Según Eurostat, el nivel de pobreza entre ancianas en España pasó de ser del 15% en 1995 al 32% en 2004, y entre ancianos pasó del 16% al 27% durante el mismo periodo. Puesto que el PP fue el partido que gobernó España durante la mayoría de este periodo, carece de credibilidad ahora, cuando se presenta como el gran defensor de los ancianos y ancianas. Su historial no avala tal proclama. Esa pobreza descendió ligeramente en el periodo de Zapatero, pasando del 32% en 2004 al 30% en 2008 (último año en el que Eurostat publica tales datos) entre las ancianas, y del 27% al 25% entre los ancianos. Los recientes recortes de fondos públicos sociales revertirán estas cifras, aumentando la pobreza entre los pensionistas (y ello aún cuando se conserven los aumentos de las pensiones más bajas).
Todos estos datos muestran que la entrada entonces y la permanencia ahora de España en la eurozona se ha hecho y continúa haciéndose a costa de un gran retraso en la corrección del déficit de gasto público por habitante en todos los grupos etarios, incluyendo ancianos, entre España y la UE-15. El déficit de tal gasto en ancianos por habitante subió de 569 a 816 euros de 1995 a 2004. En realidad, el hecho de que las pensiones se corrijan según la inflación, y no sobre el crecimiento promedio de los salarios (como se hace en muchos países de la UE-15), explica que el estándar de vida de los ancianos disminuya en comparación no sólo con el resto de la sociedad, sino con el resto de la UE-15. Es más, el Estado (tanto central como autonómico y local) español es el menos redistributivo por clase social de la UE-15, con lo cual su impacto reductor de la pobreza entre los ancianos es muy limitado, pasando del 31% de todos los ancianos (antes de que incidan las instituciones públicas –impuestos y transferencias–) al 28%, comparado con Suecia (el país que históricamente ha tenido unas izquierdas más fuertes en Europa), que pasa del 26% al 11%. No es, pues, una lucha generacional, sino una lucha de clases ganada diariamente por las rentas superiores lo que explica esta situación.
viernes, 28 de mayo de 2010
España social a la cola de la UE
diario PÚBLICO
27 de mayo de 2010
Este artículo analiza las causas del subdesarrollo social de España que se basan en la herencia de cuarenta años de una dictadura caracterizada por su escasa sensibilidad social y por la manera como se hizo la integración de España a la eurozona. La exigida reducción del déficit público, mandada por el tratado de Maastrich, se hizo a costa de reducir en términos absolutos (en el periodo 1993-1995) y en términos relativos (en el periodo 1996-2004) el gasto público social, con el consiguiente aumento del déficit de tal tipo de gasto por persona en España relativo al promedio de los países de la UE-15. Tal déficit se redujo durante el periodo 2004-2007 para aumentar de nuevo con los recortes de gasto público social, colocando a España, de nuevo, a la cola de la Europa Social.
Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa social. Es decir, nuestro Estado del bienestar (que incluye desde las pensiones hasta los servicios públicos, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para las personas con dependencias, vivienda pública y otros) es el que, junto con Grecia y Portugal, está menos financiado entre los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países con un nivel de desarrollo económico más próximo al nuestro.
Si miramos el gasto público social, vemos que tal gasto representa sólo un 21% del PIB, el más bajo (incluso más bajo que Grecia y Portugal) de la UE-15, cuyo promedio es del 27%. Si analizamos el gasto público social por habitante nos encontramos con la misma situación. España es, junto con Grecia y Portugal, el país que tiene un gasto más bajo de la UE-15. Y si nos fijamos en el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del bienestar, el resultado es el mismo. España, con sólo un 9,5%, es el país con un empleo público más bajo de entre los países de la UE-15, cuyo promedio es del 15%. No es cierta la aseveración promovida por autores liberales (que tienen enormes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión españoles) de que hay demasiados empleados públicos. Es precisamente al revés: nuestro país, junto con Portugal, es el país que tiene el sector público –incluido el empleo público en el Estado del bienestar– más bajo de la UE-15.
Tales datos muestran la gran falsedad del mensaje que están transmitiendo las derechas (y algunas voces confusas de las izquierdas): que España está viviendo por encima de sus posibilidades y que hay que ajustarse el cinturón. En realidad, España se gasta mucho menos en su Estado del bienestar de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. El PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15 y, en cambio, el gasto público social por habitante es sólo un 74% del promedio de la UE-15. Lo que esto quiere decir es que España se gasta 66.000 millones de euros menos de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. No es, pues, que no haya recursos en el país. Los hay. Lo que ocurre es que el Estado (tanto a nivel central como autonómico y municipal) no los recoge.
¿Por qué estamos a la cola de la Europa social? Una de las causas es el enorme dominio que las derechas han tenido sobre la vida política de España y que se tradujo en una dictadura de 40 años que careció de sensibilidad social. Cuando el dictador murió en 1975, España tenía (junto con Grecia y Portugal, que tuvieron regímenes totalitarios semejantes) el gasto público social como porcentaje del PIB más bajo de la UE-15 (14%, comparado con el 22% de promedio de los países que más tarde constituyeron la UE-15).
Ahora bien, 32 años después de haber terminado la dictadura, no puede considerarse que esta haya sido la única causa de que España esté a la cola de la Europa social. Para explicar este retraso tenemos que entender cómo se realizó la integración de España a la UE y al euro. En realidad, el enorme déficit de gasto público social se fue reduciendo de una manera muy significativa durante el periodo 1978-1993, de manera que, al terminar este periodo, la diferencia de gasto público social entre España y el promedio de la UE-15 se había reducido a la mitad. Tal reducción tomó lugar predominantemente en los últimos años de la década de los años ochenta y principios de los noventa (consecuencia, en gran parte, de la presión popular, y muy en especial de las huelgas generales, que forzaron un notable incremento del gasto público social).
En 1993, el PSOE perdió la mayoría parlamentaria y se alió con la derecha catalana (CiU), tomando decisiones encaminadas a integrar a España en la eurozona. Entre ellas estaba la necesidad de reducir el déficit público del Estado (siguiendo el mandato de Maastricht) para alcanzar la mágica cifra de 3% del PIB. Tal reducción del déficit se hizo a base de la mayor reducción del gasto público (incluyendo el social) conocida en cualquier país de la UE. El gasto público social por habitante bajó del 3.039 euros estandarizados en 1993 a 2.904 en 1995, lo que afectó de una manera muy notable a las transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar, una de las causas de la derrota del PSOE en las elecciones de 1996.
Tales políticas de austeridad continuaron durante el periodo 1995-2004, con lo cual la diferencia del gasto público social por habitante entre España y la UE-15 se disparó, pasando de 1.812 euros estandarizados a 2.242. Lo que esto quiere decir es que España iba gastando mucho menos en su Estado del bienestar que el promedio de la UE-15, y ello debido a que los ingresos al Estado, que entre 1978 y 1993 se habían destinado a reducir el déficit de gasto público social que tenía España en relación con la UE-15, fueron, a partir de 1993, a cubrir el déficit del presupuesto del Estado. De esa manera, cuando en 2003 el Gobierno de Aznar mostró, lleno de orgullo, que España estaba ya alcanzando el equilibro de las cuentas del Estado, más de un dirigente europeo le recordó que lo había conseguido a base de empobrecer el sufrido y escasamente desarrollado Estado del bienestar español. En realidad, el euro se construyó a base de empobrecer a la España social, siendo las clases populares –las que utilizan más el Estado del bienestar– las que pagaron el coste de que España se integrara en la eurozona.
A partir de 2004, la diferencia del gasto público social por habitante respecto a la UE-15 bajó como consecuencia de la mayor sensibilidad social del Gobierno socialista, presionado por los partidos a su izquierda. Pasó, entre 2004 y 2007 (último año que Eurostat publica datos comparables a nivel de la UE), de 2.242 euros estandarizados a 1.938, cifra todavía más elevada de déficit que el existente en 1993 (1.789). Y la situación empeorará más con los recortes sociales que están ocurriendo ahora, con lo que España continuará a la cola de la Europa social.
viernes, 14 de mayo de 2010
Lo que no se dice de la crisis
Vicenç Navarro
diario PÚBLICO
13 de mayo de 2010
Este artículo muestra el error de muchos supuestos que se reproducen en la sabiduría convencional sobre las causas de la crisis, entre los cuales, uno de amplia difusión, es que la crisis de los países mediterráneos e Irlanda se debe a su excesivo gasto público que debe reducirse. El artículo señala los datos que cuestionan tal supuesto, subrayando que las causas de sus problemas radican en sus enormes desigualdades y polarización de las rentas (que crean problemas de falta de demanda y que generan un profundo endeudamiento), así como el excesivo poder del capital financiero que tiene gran influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y El Banco Central Europeo.
La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.
Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.
Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.
Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB). Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.
Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.
Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública. Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de cualificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses. Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.
Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).
En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.
El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo). No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento. El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.
miércoles, 14 de abril de 2010
El pactismo de Obama y Zapatero
Vicenç Navarro
Publicado en SISTEMA DIGITAL, el 9 de Abril de 2010
Este artículo señala los elevados costes económicos, sociales y políticos que significan para los gobiernos Obama y Zapatero sus pactos con los partidos conservadores. En EEUU ha significado la dilución de la reforma sanitaria, eliminando promesas claves que limitan significativamente las posibilidades del cambio prometido. Y en España, el debate político se está centrando -como consecuencia del pacto con las derechas- en cómo reducir el déficit en lugar de cómo crear empleo. En ambos casos había políticas alternativas que ni siquiera se consideraron.
Salvando las enormes diferencias que existen entre los sistemas políticos de EEUU y de España, y las distancias políticas entre el gobierno Obama y el gobierno Zapatero, existen, sin embargo, algunos elementos comunes que conviene subrayar. Me estoy refiriendo a las políticas de pactos con la oposición, que ambos gobiernos han desarrollado para poder realizar los cambios deseados.
Comencemos por EEUU. Una de las causas de la victoria electoral de Obama fue el deseo de cambio, muy generalizado, que existe en aquel país. Un elemento clave de su programa era el compromiso de establecer una reforma sanitaria, que en la práctica universalizara el acceso de la población a los servicios sanitarios, ofreciendo cobertura sanitaria a los 47 millones de estadounidenses que carecen de ella. Todas las encuestas mostraban la popularidad de tal demanda. Una vez el candidato Obama fue elegido y se transformó en el Presidente Obama, formó su equipo con asesores heredados de la Administración Clinton, conocidos por su conservadurismo. Las izquierdas, que habían sido el eje de su campaña electoral, pasaron a tener un rol secundario en su gobierno, excepto la Ministra de Trabajo (Secretary of Labor). Este equipo reforzó el enfoque de pactar las reformas con el Partido Republicano, preferido por Obama en su estrategia política, y ello a pesar de que numéricamente no les necesitaba, pues tenía mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara Baja. Con esta estrategia diluyó considerablemente su propuesta inicial, eliminando elementos muy importantes de su proyecto de reforma, como era la introducción de un aseguramiento público que compitiera con el aseguramiento sanitario privado, que domina hoy la financiación y gestión del sistema sanitario estadounidense (ver mi artículo “Luces y sombras de la Reforma Sanitaria de Obama”. Sistema Digital. 25.03.10, colgado en mi web www.vnavarro.org). Esta eliminación creó una gran decepción y desmovilización de las bases del Partido Demócrata, sin conseguir, con ello, el apoyo del Partido Republicano, cuya estrategia electoral era hacer una oposición sistemática al intento de reforma (y ello a pesar de que la mayoría de propuestas, incluidas en las propuestas de reforma sanitaria, eran bastante parecidas, si no idénticas, a las que había propuesto el Partido Republicano en el pasado).
Esta situación condujo a una rebelión del Partido Demócrata (y muy en especial, de su rama de izquierdas, más próxima a los sindicatos) que, por primera vez, se enfrentó abiertamente al Presidente Obama. Con Nancy Pelosi como portavoz se expresó un rechazo a la política de pactismo, que entraba en contradicción con sus promesas electorales de cambio. En una conversación (que nunca se pretendió que fuera pública) le expresó, en términos muy contundentes, que su estrategia estaba desmovilizando al electorado demócrata y que su pactismo (que era, además, innecesario) estaba arruinando su proyecto. Los sindicatos le expresaron también su frustración. Tal presión tuvo impacto. El presidente Obama abandonó el pactismo e hizo campaña de enfrentamiento con los republicanos, recorriendo el país con un tono militante, intentando identificar al partido Republicano con las odiadas compañías de seguro sanitario privadas. La Ley pasó y la población indicó en las encuestas que apoyaba tal Ley (US Today –Gallup), aún cuando la veía insuficiente.
Veamos ahora España. El primer gobierno Zapatero 2004-2008, despertó toda una serie de esperanzas que, en parte, se cumplieron, gracias a una alianza que hizo con otros partidos a su izquierda. A pesar del conservadurismo de su equipo económico (que frenó muchas de las reformas necesarias), ocurrieron muchos cambios que respondían a los deseos de sus bases electorales y de las clases populares. Ahora bien, en el segundo periodo y coincidiendo con la crisis, el gobierno estuvo sometido a las presiones del mundo empresarial y financiero (enormemente poderoso en el país) para que se moviera a la derecha y estableciera pactos con las derechas. En esta presión estaba el deseo conservador de que se hiciera el gran pacto PSOE-PP para salir de la crisis, al cual se añadiría la derecha catalana, CIU.
Este pacto, que en parte está ya ocurriendo (aún cuando hay desacuerdos importantes en su aplicación) implica el desarrollo de unas políticas que, además de dañar a las clases populares (el gasto público social está descendiendo), está retrasando las políticas de reactivación económica del país. El centro de este pacto es convertir la reducción del déficit y de la deuda del Estado en el objetivo principal de la política económica del país (en lugar de que fuera la reducción del desempleo a base de expandir el gasto público en creación de empleo). Tal objetivo dificulta la recuperación económica y está afectando negativamente la calidad de vida de las clases populares. Y es, además, una nota de suicidio político, pues está desmovilizando a sus bases electorales. Y no es cierto que no haya alternativa. La suma de los votos de los partidos de centroizquierda e izquierda en las Cortes, son mayoría. En lugar de hacer un frente de izquierdas, acentuando las políticas keynesianas, se está haciendo un frente de derechas llevando a cabo políticas liberales. Y ello es un gran error. Las políticas que se están haciendo bajo el manto del pactismo están retrasando la recuperación económica.
Se me dirá que la pertenencia a la Unión Europea (con el pacto de Estabilidad) no permite otra alternativa. Reconozco que este pacto de estabilidad (que critiqué desde su inicio) significa un obstáculo para el desarrollo de tales políticas keynesianas (lo cual justifica la necesidad de que se cambie), pero no es un obstáculo insalvable si hay voluntad política, pues el déficit puede reducirse mediante el incremento de los impuestos, no sólo del IVA, sino de otros como el impuesto de patrimonio (que no tenía que haberse reducido), impuestos a los grandes grupos financieros y empresariales, cuyos beneficios fueron exuberantes (y continúan siéndolo), y recuperando los niveles de gravación de las rentas superiores que nunca tenían que haber disminuido, pues su descenso ha contribuido a incrementar una polarización de las rentas que ha sido muy ineficiente para la economía del país. Y lo que es también importante, la reducción del déficit debiera hacerse en un periodo más extenso que el que se ha considerado como necesario, pues su reducción en la rapidez que se calcula retrasará considerablemente el estímulo económico y la creación de empleo.
Es más, las políticas de pactos –tanto las de Obama como las de Zapatero- están creando un grave problema en la cultura democrática de ambos países, pues lleva a desfigurar las ofertas políticas, convirtiéndose en una amalgama política en que todos parecen iguales (y percibiéndose, además, como parte del problema). Sería de desear que el gobierno socialista recuperara la identidad que le distinga de los partidos de derechas, aliándose con los otros partidos de izquierda, en lugar de ir diluyendo más y más su carácter diferencial.
