Entrevista a Arnaldo Otegi, quien sigue siendo, a pesar de estar en prisión, el referente público de la izquierda abertzale.
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RES PÚBLICA ha podido obtener una entrevista en exclusiva con Arnaldo Otegi, quien sigue siendo, a pesar de estar en prisión, el referente público de la izquierda abertzale. En ella, y convencido de que "la mayoría de este pueblo es progresista", Otegi reivindica como "necesaria" la independencia de este país en un contexto pacífico y sin injerencias, proclama la posibilidad de "articular mayorías progresistas y abertzales", y envía un claro mensaje a la organización armada: "El conjunto de agentes del país, incluída ETA, tendrán que ver qué tipo de aportación pueden hacer para que el proceso democrático pueda desarrollarse".
Pregunta.- El Tribunal de Estrasburgo ha dado ya el carpetazo a la ilegalización de Batasuna, dando así por buena la Ley de Partidos. ¿A qué atribuye esta decisión? ¿Está la justicia en la Unión Europea tan politizada como lo está en el Estado español?
Respuesta.- En primer lugar debemos señalar que si bien es cierto que nos ha decepcionado profundamente dicha decisión tampoco es una decisión que no nos esperásemos. Nos ha decepcionado, en primer lugar, porque jurídicamente es una sentencia pobre, poco fundamentada y que ha sorprendido por su escasa construcción jurídica a muchos profesionales del derecho, hecho que no es habitual en la Corte. Ésto y el hecho de que no fuese aceptada para ser tratada por la Gran Sala, a pesar de que fuese la propia Sala que dictó resolución en el procedimiento la que consideró en su día el posible traslado de la causa a la Gran Sala por su importancia (a lo que se opuso el Reino de España) nos lleva a considerar que ha habido enormes presiones por parte del Estado que han podido influir en la decisión. Ya sabemos que para el Estado español el conflicto político vasco es la principal cuestión de Estado incluso a nivel internacional. Además el Estado español no es un Estado que se caracterice por su respeto hacia instituciones internacionales y los principios de independencia de poderes, justicia etc. El perfil de las personas que suele nombrar como jueces en la Corte lo atestigua: el actual juez con anterioridad a ser nombrado había colaborado con el PSOE, o la Fundación para la Libertad. Y su predecesor había sido antes representante del Estado en la Corte. Ciertamente no es que nombre a jueces de reconocido prestigio e imparcialidad para ejercer el cargo como es el caso de otros estados con amplio recorrido democrático. El hecho de que además no se sienta vinculado a las decisiones de la Corte, como lo acreditan numerosas sentencias condenatorias, reafirma este escaso respeto.
Pero no es nada nuevo, lo mismo pasa con las Naciones Unidas en relación a las resoluciones que dictan sus organismos, como ha sido el caso de Karmelo Landa, o los informes de diversos relatores o el Comite de DDHH.
Por otro lado debemos reconocer que no era el mejor momento a nivel internacional. No hay más que ver la deriva securitaria que viven muchos paises y que está influyendo en todos los sentidos en las diversas instituciones internacionales que velan por los derechos humanos. La sentencia es una mala noticia en general, creo yo, para todos aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades básicas y tendrá consecuencias negativas como ya lo estamos viendo en las reiteradas referencias a la sentencia que por parte de los tribunales turcos se vienen realizando para justificar la ilegalización del DTP, por ejemplo.
P.- Ilegalizada. Sin poder reunirse ni convocar manifestaciones. Impedida de presentarse a las elecciones. La situación de la izquierda abertzale es realmente dificil en esta coyuntura histórica. ¿Cuánta parte de responsabilidad tiene en ello la propia estrategia de la izquierda abertzale?
R.- Mucha. Muchisima responsabilidad. Y no hay más que remontarse en los años para darse cuenta que los procesos de ilegalización contra la izquierda abertzale y su criminalización comienzan ya con el compromiso de Herri Batasuna de dar a conocer, por considerarlo de gran importancia, la Alternativa Democratica, que venía a señalar que, en definitiva, correspondía a la ciudadanía vasca por medio de las fuerzas políticas que le representan el llegar a acuerdos sobre las bases del conflicto, acuerdos que deberían ser respetados por todos. Y son las iniciativas políticas para promover el proceso de diálogo y negociación de bases democraticas como el acuerdo de Lizarra Garazi las que llevan al Estado a proceder a la represión e ilegalización de la izquierda abertzale. Porque el Estado sabe que la misma es el motor del cambio político del país. Cuanto más propuestas de solución del conflicto ha venido poniendo la izquierda abertzale sobre la mesa, más represión y endurecimiento del Estado. Sucedió con las detenciones en el anterior proceso de paz y sucedió hace escasamente meses. Ya nos los decía un compañero y amigo sudafricano, “cuanto más racionales sean vuestras propuestas, más irracional será la respuesta del Estado”. Pero nosotros seguiremos cumpliendo con el compromiso que tenemos con este país, el de darle soluciones al conflicto que padecemos, por el que en el futuro podamos confrontar las diversas opciones del país de manera democrática e igualitaria: que los independentistas podamos no sólo defender, sino materializar nuestros programas si esa es la voluntad de la mayoría del país, y que los unionistas constitucionalistas que deseen mantenerse unidos al Estado español también puedan hacerlo si esa es la voluntad del país.
P.- La manifestación de Donostia demostró que son muy amplios los sectores de la sociedad vasca que rechazan esa ley y rechazan la marginación de la izquierda abertzale. ¿Cuáles son, en su opinión, los pasos que deberían darse a partir de ahora?
R.- La sociedad vasca sabe que no se puede marginar a amplísimos sectores de la misma y entiende la naturaleza política del conflicto y la necesidad de resolverla a través del diálogo y la negociación. En este sentido nosotros venimos diciendo que las condiciones para el cambio político están dadas en el país. Ahora hay que materializar ese cambio político mediante un proceso democrático. Un proceso democrático que, desarrollado en ausencia total de violencia e injerencias, haga posible el alcanzar un nuevo escenario en el que todos los proyectos como ya he dicho sean no sólo defendibles sino materializables. Un marco en el que seamos los vascos los que decidamos libremente el modo de relación interna del conjunto de los territorios del país, que deberá basarse en la aceptación de los ciudadanos de dichos territorios, así como la relación que deseamos mantener como pueblo con el exterior. Eso es lo que hay que poner en marcha, el proceso democrático. Y en este sentido consideramos que su puesta en marcha no puede estar en manos del Estado, como un ejercicio de veto. Sin el Estado será más dificil, pero la puesta en marcha del mismo depende sólo de la capacidad que tengamos de acumular fuerzas e ilusión popular. De saber percibir, y creo que lo estamos haciendo, lo que la mayoría popular y democrática de este país demanda de la izquierda abertzale, para que, junto con otras fuerzas políticas y sociales, llevemos al país a un nuevo escenario.
P.- ¿Cuáles fueron las causas de fondo que dieron al traste con las últimas conversaciones para la paz? ¿Qué responsabilidad cabe achacar al PSOE y cuál a ETA? El proceso de Anoeta, ¿fracasó por mezclarse la Mesa política y la Mesa técnica?
R.- Como casi en todos estos procesos los motivos no son únicos y no atañen exclusivamente a una de las partes. Todos habremos cometido errores. Aún así, creo que el Estado empezó muy mal aquel proceso incumpliendo lo acordado con ETA, creando situaciones donde en vez de promover confianza hacía todo lo contrario, no habiendo previsto ni desarrollado una política dirigida a explicar a su país el proceso, no trabajando para que el mismo se entendiese y actuando en base a encuestas diarias y ante presiones. Entiendo que el Estado no hizo sus deberes, y eso, como digo, en vez de ir creando confianza la fue destruyendo. No fuimos además capaces de construir un dialogo entre partidos más allá de las reuniones secretas de Loiola y el trabajo previo para ello. Volvió a suceder lo que muchas veces sucede en estos casos: la impaciencia se adueña de las partes, hay necesidad de ver avances, y, claro, si lo que se ven son incumplimientos, pues esto mina el proceso y al final colapsa.
Creo que es necesario establecer bases sólidas para que un proceso avance, debe haber un ambiente jurídico político propicio para ello, unas condiciones mínimas, y si eso no se da y uno está a expensas de la decisión que pueda tomar o no un juez las cosas se complican. Debe haber, asimismo, mucha comunicación con las bases y la sociedad por parte de todos los actores. Debe haber sinceridad, honestidad y un trabajo por el que mutuamente vayamos construyendo el proceso y la solución. Si el proceso se plantea en términos de "yo gano, tú pierdes", se destruye, hay que crear escenarios en donde todos ganemos. Y esto es necesario explicárselo a la sociedad. Se necesita visión de país y de Estado para resolver este tipo de problemas, y si se está mirando en todo momento a cómo puede afectar en las previsiones electorales, en las encuestas, se empiezan a hacer cosas raras e inentendibles. Y por otro lado se necesita también paciencia. Mucha paciencia. Los bloqueos que se dan en este tipo de procesos es necesario solventarlos con paciencia y mucho trabajo, sin tirar la toalla o decir que no hay nada que hacer. Como dicen los irlandeses, hay que seguir pedaleando en la bicicleta porque en el momento en que paras de pedalear te caes. En definitiva, todos tenemos mucho que aprender, pero si hay voluntad todo es posible.
P.- Un rumor afirma que usted ha estado a punto de decidir el abandono de la actividad política. ¿Es cierto? ¿Se lo ha planteado alguna vez?
R.- Ya he manifestado que mientras tenga fuerzas y viva continuaré trabajando por el proyecto estratégico de la izquierda abertzale: un país libre de hombres y mujeres libres. Es decir, una república vasca independiente basada en la justicia social. Y aunque estemos cada vez más cerca de ello, queda todavía mucho por hacer, por lo que veo el retiro como algo muy lejano.
P.- Se observan ciertos cambios en el lenguaje utilizado por la izquierda abertzale. Por ejemplo, mientras que antes se definía a ésta como representación del pueblo vasco, ahora se habla de “una parte de un grueso ciudadano”. Estos cambios ¿son reflejo de una estrategia diferente compartida por toda la izquierda abertzale?
R.- Entiendo que la crítica que se hace a la izquierda abertzale es una crítica que haciéndola extensible al conjunto de las fuerzas políticas del país es real. Es decir, desgraciadamente el conjunto de fuerzas políticas hablamos siempre con demasiada facilidad de ser representantes del pueblo o sus portavoces. Siendo esto así, no es menos cierto que la izquierda abertzale viene en los últimos años realizando planteamientos básicos para el conjunto del país, propuestas referidas al proceso y marcos democráticos, propuestas inclusivas y no excluyentes, propuestas por las que se establezca en el país un marco jurídico-político igualitario para todos. Desde ese punto de vista, lejos de mesianismos o dirigismos, la izquierda abertzale viene ofertando propuestas de construcción de país, de integración. Propuestas y estrategias claramente compartidas por el conjunto de la izquierda abertzale.
P.- Díganos claramente cuáles son los pasos que debería dar, en su opinión, la izquierda abertzale en el futuro próximo.
R.- Los pasos a dar entiendo vienen determinados ya en el documento de debate de la izquierda abertzale que después de ser debatido barrio a barrio, pueblo a pueblo, ha obtenido el respaldo de una inmensa mayoría de nuestras bases. Es necesario articular y poner en marcha un proceso democrático por parte del conjunto de fuerzas democráticas del país, por el cual los vascos y vascas mediante el diálogo y la negociación podamos pasar del actual escenario agotado a un nuevo marco de carácter democrático en el que todas las opciones, incluida la independentista, puedan ser no sólo defendibles, sino materializables. Un nuevo marco en el que esté en manos de la ciudadanía vasca decidir el modo de relación que desea establecer en su seno, así como el modo de relación que desea mantener con los estados. Un proceso democrático que servirá para finalizar el conflicto actual y que, por supuesto, tendrá que dar respuesta asimismo a las graves consecuencias que el conflicto ha generado. Entendemos que para ello la metodología establecida en Anoeta es valida, así como son válidos y habrá que desarrollar los avances realizados en Loiola.
Pero para que esto sea posible es necesario también que los independentistas y progresistas del país establezcamos una alianza estratégica que trabaje por el proceso democrático desde una prespectiva nítidamente independentista. No porque ese sea el objetivo del proceso democrático (la independencia), sino porque desde el inicio debe quedar claro que el conjunto de visiones y opciones del país debe tener reflejo en el Acuerdo Democrático, por el que todos los proyectos políticos tengan las mismas opciones de materializarse.
Además, es necesario articular un movimiento amplio transversal que luche y se oponga al actual recorte de libertades básicas, y que vaya paso a paso restaurando el escenario democrático. Un movimiento que luche por los derechos de reunión, asociación, participación política, fin de la tortura, repatriación de los presos y su puesta en libertad etc… Un movimiento por el restablecimiento de las libertades públicas básicas que han sufrido una regresión importantísima en este país y que es necesario restituir para que el proceso democrático llegue a puerto.
P.- ¿Está la izquierda abertzale dispuesta a comprometerse con un proceso de paz bajo la premisa del previo abandono por parte de ETA de la lucha armada?
R.- La izquierda abertzale esta absolutamente comprometida con un proceso de paz que nosotros adjetivamos como democrático, y lo hacemos sin premisa o precondición alguna dentro del proceso democrático, que ha de desarrollarse por vías exclusivamente políticas y democráticas. La izquierda abertzale tiene una decisión clara al respecto, y ha quedado acreditado tanto en la Declaración de Altsasu como en la aprobación del documento de debate. El conjunto de agentes del país, incluída ETA, tendrán que ver qué tipo de aportación pueden hacer para que el proceso democrático pueda desarrollarse y alcanzar los objetivos que persigue. Pero reitero que nuestra voluntad es firme en la apuesta por el proceso democrático en las condiciones descritas de ausencia de todo tipo de violencia e injerencia.
P.- ¿Y está dispuesta a pagar su “precio por la paz” en forma de oposición o escisión de aquellos sectores que siguen convencidos de que cualquier proceso de paz viable precisa de la dirección de ETA y de la doble vía político-militar para asegurar su buen fin?
R.- Ya dijimos en el anterior proceso que conceptos como “precio por la paz” no son adecuados, pues tienen una carga negativa. Respecto a la pregunta, está claro cuál ha sido la respuesta de la amplia mayoría de las bases sociales de la izquierda abertzale la que ha definido las bases y principios del proceso que debemos echar a andar. Por tanto, los parámetros de debate y conclusión no se corresponden con los de la pregunta. De ahí que no es necesario tratar sobre situaciones que ciertamente no creo se den ni lleguen a darse.
P.- ¿Quiénes integrarían ese “polo soberanista” por el que, al parecer, apuesta al menos una parte de la izquierda abertzale? No parece que, además de EA, pudieran integrarlo otras formaciones políticas vascas, ¿no? ¿Debería estar ahí también la mayoría sindical vasca?
R.- El polo soberanista no es un conjunto cerrado de siglas. El polo soberaniasta o como llegue a denominarse hace referencia al conjunto de fuerzas y sectores del país que creen claramente que la solución a los problemas del país, que las necesidades de futuro del país pasan por constituirse en un Estado, una república independiente en Europa, como lo tienen previsto hacer los escoceses, los groenlandeses, catalanes o flamencos. Corresponde a las diversas fuerzas políticas, sindicales y sociales del país definirse sobre dónde se sitúan respecto a estos postulados, sobre si lo que buscan es una mera reforma estatutaria o creen que lo que hay que construir es el escenario que haga posible la indepndencia. Las fuerzas sindicales del país tienen también mucho que decir. Es necesario activar al pueblo vasco de izquierdas, al conjunto de sectores progesistas del país en el trabajo para alcanzar la plena soberanía que haga posible igualmente un reparto adecuado de las riquezas del país, y ahí la mayoría sindical tiene mucho que decir.
P.- ¿Piensa usted que, dada la actual correlación de opiniones y fuerzas en Euskadi, la independencia es simplemente posible o incluso deseable?
R.- No sólo creo que es posible y deseable creo que es necesaria. Tenemos un país que, no sólo por razones históricas que son importantes sino sobre todo por razones de futuro, necesita la independencia. Para que podamos desarrollar con plena capacidad nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra cultura, necesitamos de instrumentos soberanos. Asimismo, el mundo globalizado que vivimos, la Europa que viene construyéndose, y que, como hemos señalado, nos nos complace en cuanto a objetivos y términos, deja claro que sólo los pueblos soberanos con capacidad de decidir e incidir con voz propia para el conjunto de problemas que les atañe pueden subsistir. No es de estrañar que escoceses, flamencos, catalanes, Islas Feroe o Groenlandia vean la necesidad de ser independientes, soberanos, y poder así incidir en las políticas globales que les afecten. Los vascos necesitamos del mismo modo ser soberanos, tener voz propia en el concierto de naciones, defender nuestros intereses, desarrollar las políticas que creemos son las más adecuadas para el desarrollo de nuestro pueblo. Y para ello la independencia es no sólo deseable sino necesaria.
P.- Si se conforma ese polo soberanista, y teniendo en cuenta que PSE y PP ya están actuando conjuntamente como bloque, ¿se correría el riesgo de crear una división civil en Euskal Herria?
R.- ¿Por qué? En Escocia no hay una division civil, tampoco en Feroe o Flandria, ni en Quebec. ¿Por qué puede haber una división civil en el país al conformarse un polo soberanista o independentista y no lo hay ahora cuando tenemos un marco jurídico que no satisface la voluntad de la mayoría del país? Si establecemos unas reglas democráticas de juego por el que este pueblo sea lo que la mayoría del mismo desee, no entiendo por qué debe haber divisiòn o fractura civil. Yo estoy dispuesto a aceptar que, si la mayoria del país desea continuar unida al Estado español, esto sea así, y por ello no se produciría ninguna fractura, sin más continuaría trabajando para convencer a mis compatriotas, pero nada más. Al fin y al cabo es ahí donde se verá el perfil democrático de cada uno.
P.- ¿Cómo calificaría la labor que está haciendo el PSE, con el apoyo del PP, en el Gobierno Vasco? ¿Y la del PNV?
R.- El PSE sabe que el suyo es un gobierno ilegítimo, nacido de una situación claramente antidemocrática, contrario a la realidad sociológica del país y sustentado además en un acuerdo antinatura que únicamente se entiende desde una perspectiva de razón de Estado. Los sectores constitucionalistas unionistas del país no tienen problema en abandonar todas sus divergencias con el objetivo, tanto en la CAV como en la CFN, promover políticas de asimilación y domesticación. Y con ese objetivo, y por ese objetivo, hoy día son además los únicos que defienden los marcos estatutarios establecidos con el objetivo de retrasar lo máximo posible lo que en términos históricos saben que es inevitable, que un día los vascos y las vascas decidiremos libremente el constituirnos en Estado propio. Al PNV, agotado el Estatuto, se le acerca la hora de decidir sobre cúal es en realidad su proyecto histórico, si es el vivir cómodos en España o si optan por volver a sus orígenes fundacionales. Pero es una decisión que ellos deben tomar y explicársela a sus bases, no es nuestro problema; nosotros tenemos un proyecto claro de país que ofrecer.
P.- ¿Observa síntomas de derechización y acomodamiento en la sociedad vasca? ¿Qué futuro tienen las opciones de izquierda y abertzales en este contexto?
R.- Es cierto que en el actual contexto de bloqueo pueda parecer que hay una derechización en el país, pero yo estoy convencido de que la mayoría de este país, de este pueblo, es progresista, con valores de fraternidad, de justicia social, de trabajo comunal muy enraizados. Hay un pueblo de izquierdas en sentido amplio que es mayoritario. Y estoy convencido de que, si por medio del proceso democrático somos capaces de llevar este pueblo a otro escenario, se verá que las opciones sociales y politicas de cambio tienen amplísimo respaldo en el país. Que hay posibilidades de articular mayorías progresistas y abertzales.
P.- Si usted empezara un discurso con la frase de Martin Luther King “He tenido un sueño…”, ¿cómo lo describiría?
R.- Pues ciertamente no sería un sueño que diferiese mucho del sueño de Martin Luther King, quizás sin reminiscencias religiosas pero en el fondo muy parecido. Deseo como Luther King que algún día los opresores y los oprimidos “nos sentemos juntos en la mesa de la fraternidad”. Que “la nación se pusiera en pie y sostuviese que todos los hombres y mujeres son iguales”. Que el país “se trasformase en un oasis de libertad y justicia”. “Que la libertad suene y llegue el día en el que todos seamos capaces de juntar las manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro “Al fin libres, Al fin libres. Somos al fin libres.” Al fin y al cabo pueden cambiar las formas, los objetivos concretos, pero en el fondo todos los oprimidos buscamos lo mismo: la libertad.
http://www.rpublica.org/contenidos/473-entrevista-arnaldo-otegi-necesario-independentistas-progresistas-establezcamos-alianza-estrategica#
sábado, 17 de abril de 2010
Otegi: "Es necesario que los independentistas y progresistas del país establezcamos una alianza estratégica"
sábado, 6 de marzo de 2010
El castigo a Otegi puede derivar en una queja ante la ONU
NUEVA CONDENA CONTRA ARNALDO OTEGI
La abogada Jone Goirizelaia anunció ayer que estudia presentar una queja ante organismos de la ONU que velan por la aplicación de los convenios internacionales en materia de seguridad jurídica por el proceso seguido contra Arnaldo Otegi y que le ha costado una condena de dos años de cárcel y dieciséis de inhabilitación.
05/03/2010
GARA
DONOSTIA-. La abogada de Arnaldo Otegi, Jone Goirizelaia, no sólo tiene previsto agotar todo el itinerario judicial para recurrir la condena recientemente impuesta a su defendido, sino que estudia y ve factible presentar una queja ante los organismos de la ONU que velan por el mantenimiento de las garantías procesales y la seguridad jurídica en los estados que han suscrito sus convenios internacionales.
El Estado español ya ha sufrido varias amonestaciones de diversas instancias de la ONU por su falta de garantías en el ámbito procesal y de protección de los derechos humanos durante la detención y la prisión. Ante estos informes, las reacciones del gobierno de turno -ya fuera del PSOE o del PP- siempre se han limitado a negar las denuncias, aunque año tras año diversos organismos internacionales las han ido verificando.
En una entrevista concedida ayer a Infozazpi Irratia, Jone Goirizelaia abundó en las declaraciones realizadas la víspera a este diario y mostró su desconfianza sobre el recorrido que este caso puede tener en los tribunales españoles. La abogada parte del hecho de que la sentencia de la Audiencia Nacional evidencia que existe una decisión adoptada de antemano de condenar a Arnaldo Otegi, con independencia de lo que haya hecho o dicho. Se fija en que en el texto se miente no sólo sobre realidades históricas -como lo referido a Nelson Mandela- sino también sobre lo visto y escuchado en el propio juicio.
Apunta la abogada que a Otegi "se le condena por una frase por la que no se le acusaba en el juicio", y por la que además "no se le preguntó en el interrogatorio para que pudiera aclararla". Añade que "ni siquiera estaba traducida hasta la misma vista oral". Además, la primera traducción, realizada sobre la marcha, fue impugnada.
Por ello, Goirizelaia concluye que si uno se pone a "analizar todos estos argumentos, evidentemente la confianza que pueda tener en que, después de hacer este análisis, el juez condene y después se revoque una sentencia, es limitada".
Actuación compatible
Ante estas evidencias, la defensa de Arnaldo Otegi estudia ahora combinar las acciones legales como el recurso, hasta llegar al Tribunal de Estrasburgo, con la presentación de una queja ante instancias de Naciones Unidas.
Jone Goirizelaia destacó la reciente petición de la Asociación Americana de Juristas y el Institute for Planetary Syntesis (que no son asociaciones de EEUU, como por error se afirmaba ayer en nuestra primera página) para que la ONU reitere sus exigencias al Gobierno español en relación "a la ampliación del tipo de `enaltecimiento del terrorismo', a la inseguridad jurídica que crea, y a la falta de legalidad para aplicarlo como se aplica".
Ante este tipo de antecedentes y otros más, la abogada estudia seriamente llevar el caso de Arnaldo Otegi ante "alguno de estos organismos de la ONU que velan por que se apliquen los pactos y convenios internacionales que el Estado español ha firmado y que le obligarían a garantizar la seguridad jurídica y el principio de legalidad".
Goirizelaia explicó que primero tienen que examinar "si esto es posible o no, y si es compatible o no con la interposición del recurso". Pero señaló que, en un primer acercamiento a la materia, "creemos que sí, porque es otra vía diferente y no es jurisdiccional, aunque sí da recomendaciones al Estado español. En cuanto tengamos claro si esa posibilidad se nos abre en ese momento, evidentemente también la plantearíamos".
El antecedente de Landa
En términos genéricos, son ya numerosos los casos en los que organismos internacionales, tanto relacionados con la ONU como otros independientes, han denunciado el "deterioro gradual" que se está produciendo en el Estado español en relación con la expansión de todos los tipos asociados con el delito de terrorismo. Hay informes del Relator Especial de la ONU, del Comité de Derechos Humanos y de otros organismos encargados de velar por la seguridad jurídica que critican la imprecisión de los tipos que dejan un amplio espacio a la arbitrariedad.
Pero existe también un caso concreto y referido precisamente a un dirigente de Batasuna. En octubre del pasado año -precisamente poco después de la redada que llevó a prisión a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez- se conoció que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas había emitido un informe en el que señalaba que "el único motivo de inculpación" existente contra Karmelo Landa es "su sola militancia en el ilegalizado partido político Batasuna, un hecho que en sí no es delito, sino el ejercicio de un derecho humano reconocido tanto por la Declaración Universal como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
El miembro de la izquierda abertzale Txelui Moreno atribuyó ayer la condena a Otegi a un castigo por "su liderazgo y carisma", que comparó con los de Nelson Mandela y Gerry Adams en sus respectivos espacios.
Sobre héroes y terroristas
Análisis parcial de la última sentencia contra Arnaldo Otegi
John Brown
Rebelión
04-03-2010
I salute combatants of Umkhonto we Sizwe, like Solomon Mahlangu and Ashley Kriel who have paid the ultimate price for the freedom of all South Africans."
(Saludo a los combatientes de Umkhonto we Sizwe, como Solomon Mahlangu y Ashley Kriel que pagaron el más alto tributo por la libertad de todos los Sudafricanos) Discurso de Nelson Mandela al salir de prisión (11 de febrero de 1990)
"Se lo debemos a los presos políticos vascos, refugiados y tantos camaradas que hemos dejado en la lucha y lo conseguiremos" Arnaldo Otegi
La sentencia por la que se condena a Arnaldo Otegi a dos años más de prisión lo acusa de haber cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo durante un acto de homenaje a un preso de ETA que llevaba 27 años en la cárcel. La jueza parece además, a juzgar por el tono mismo de su auto, sumamente enojada porque Otegi, al igual que el conjunto de la izquierda independentista vasca y buena parte de la población del País Vasco, considere que los presos independentistas de izquierda vascos son presos políticos y aún está más irritada, llegando a utilizar un estilo impropio de la objetividad de que debiera hacer gala un magistrado, cuando se compara al preso homenajeado con Nelson Mandela.
Para examinar estos extremos, vale la pena citar in extenso las declaraciones de Otegi en este acto tal y como figuran en el auto:
" (...) Propusimos dos mesas y existirán esas dos mesas, no sabemos cuándo pero existirán. Y finalmente en esas dos mesas igual que en Sudáfrica, el futuro de este pueblo se construirá de conformidad, con compromiso, libertad, democracia y justicia. Reconociendo la territorialidad y la autodeterminación a este pueblo. Pero eso no puede construirse sin lucha, sin organización y sin compromiso. Gatza lleva 25 años en prisión, Mandela salió después de 27 años. Pero Mandela salió de la cárcel superado el apartheid, con la democracia construida y conseguida la libertad. Y así saldrá también en este pueblo el Colectivo de Presos Políticos Vascos.
Todavía no sabemos si será largo, corto o breve, lo que sabemos es que en Sudáfrica lo consiguieron a los 27 años. Y lo que sabemos es que si luchamos, si mantenemos la sensatez, inteligencia y prudencia política que nos dijo Jon Idígoras, tal vez dentro de 27 años también se conseguirá en Euskal Herria a través de la negociación el escenario democrático nacional que le deben, que merece y que necesita. Se lo debemos a los presos políticos vascos, refugiados y tantos camaradas que hemos dejado en la lucha y lo conseguiremos. Vamos por el buen camino, se están creando las condiciones y vamos a gestionar estas condiciones dentro de la voluntad del pueblo. Territorialidad y autodeterminación; democracia y justicia. Y todos los represaliados vascos construyendo Euskal Herria con nosotros en casa, en la calle, en Euskal Herria. ¡Viva la izquierda abertzale! ¡Viva Euskal Herria!".
El primer comentario que merece un texto así es que a Otegi le tendrían que imponer una urgente mejora de su prosa política condenándolo si acaso a dos años de realfabetización en los que podría verse acompañado de otros delincuentes contra la oratoria y el buen decir como son la mayoría de los parlamentarios y políticos del Estado Español y algún que otro magistrado. Por lo demás, cualquier lector del texto podrá comprobar que sus términos, aunque pesados no dejan de ser sensatos, hasta el punto que la propia jueza tiene que reconocer que hasta un cierto punto de su discurso "se pronunció en términos razonables y también respetables, ejercitando de esta forma su derecho a la libertad de expresión" (p.14). Todo se estropea a los ojos de la magistrada cuando, casi cerrando su discurso afirma Otegi: "">Se lo debemos a los presos políticos vascos, refugiados y tantos camaradas que hemos dejado en la lucha y lo conseguiremos.
Aquí es donde la magistrada ya no se reprime y da rienda suelta a su indignación. En primer lugar por la "tan errónea como interesada utilización de los términos 'presos políticos vascos'" entre los que figura José María Sagarduy (Gatza) "privado de libertad -según la jueza- no por su ideología, no, sino por haber perpetrado horrendos crímenes, asesinatos, homicidios, atentados frustrados, por mencionar lo más significativo, todos ellos de carácter terrorista" (p.15). Según parece, el hecho de que se considere que los presos vascos son presos y políticos es algo inaceptable. También lo es que se hable de "refugiados" pues todos ellos son personas que residen fuera de España "perseguidas por su presunta comisión en (sic) delitos de terrorismo, bien perpetrando acciones criminales que a cualquiera asombran por su infinita maldad." (p. 15). Da ciertamente la impresión de que la magistrada no les tiene excesiva simpatía pues no duda en demonizarlos literalmente atribuyéndoles "infinita maldad" y sin embargo, reconoce que sus actos criminales (asesinatos, homicidios etc.) tienen todos "carácter terrorista". Interesante matiz.
En cualquier caso, la jueza se encuentra aquí ante una situación difícil que ella sortea con cierto desenfado, pero que a un magistrado más imbuído de los principios básicos del derecho penal debería plantearle algún problema. Afirmar, por ejemplo que los reos de terrorismo no son presos políticos es sumamente discutible, pues la propia definición del delito de terrorismo que figura en el Código penal español así como el conjunto de las definiciones del terrorismo vigentes a nivel europeo e internacional caracterizan el terrorismo no por la materialidad de los actos (incendios, sabotajes, secuestros, asesinatos, pero también propaganda y apología del terrorismo etc.), sino por su intención manifiestamente política.
Vale la pena referir in extenso el artículo del Código penal español (Capítulo V, sección segunda) que aplica la magistrada: "Artículo 571. Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, cometan los delitos de estragos o de incendios tipificados en los artículos 346 y 351, respectivamente, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera lesión para la vida, integridad física o salud de las personas."
Subvertir el orden constitucional, esto es cambiar radicalmente el ordenamiento político de un país, es obviamente un objetivo político. No menos político -excepto en casos de "monstruos"literarios o cinematográficos como Fu Man Chu o el Capitán Nemo de Julio Verne- es el acto de "alterar gravemente la paz pública", esto es, sacar a la luz la guerra civil latente en las entrañas de toda sociedad política, pues la "paz pública" sólo existe para quienes no ven en un determinado orden un poder opresivo y es muy raro que nadie reconozca un orden por bueno que este sea como opresivo.
Por consiguiente, la calificación de "terroristas" aplicada a los presos vascos miembros de ETA o de su supuesto "entorno" implica necesariamente el carácter político de sus actos. No hace falta ver con simpatía a un preso político para considerarlo como tal, basta con tener en cuenta la intención de sus actos cualesquiera que estos sean.
El dirigente nacionalsocialista Rudolph Hess que murió tras largos años de prisión en la cárcel de Spandau era manifiestamente un preso político, al igual que los dirigentes Hutu presos por la matanza de Rwanda.
Entre los presos vascos que ya totalizan unos 800, la mayoría de ellos purga condena por delitos que nada tienen que ver con la perpetración directa de ningún acto violento.
Buena parte de ellos cumple penas de prisión como el propio Otegi por negarse a condenar la violencia de ETA, militar en organizaciones independentistas o trabajar en periódicos que se niegan a hacer la declaración de condena obligatoria de un tipo de violencia por considerar que existe una situación estructural de violencia y de denegación de derechos , etc.
Afirma la jueza que que con el término "presos políticos" "se denominan (sic) a las personas privadas de libertad, en calidad de presos o condenados por su iderario político y de esas no existe ni una sola interna en los establecimientos penitenciarios de nuestro país" (p. 14).
Pues, incluso aceptando esta arbitraria restricción del concepto de "preso político", en las cárceles españolas, en aplicación de la legislación antiterrorista, hay centenares de personas, sobre todo vascas, que ni han empuñado un arma ni han participado ni de lejos ni de cerca en la organización de ningún acto violento.
Lo que dificulta la tarea de un juez coherente con su deontología y con los principios del derecho penal es la paradoja intrínseca en la propia figura delictiva del terrorismo. El delito de terrorismo sólo se define por la intención política de una serie de actos, pero al mismo tiempo, su intención es declarar delictiva toda forma de expresión política antagonista, por considerarla violenta. De ese modo, el mismo acto legislativo que reconoce carácter político a ciertos actos violentos o metonímicamente relacionados con la violencia, niega a es
tos mismos actos este carácter al integrarlos en el código penal como delitos. El delincuente es alguien que queda expulsado del espacio público, su acto no puede, por consiguiente considerarse político por mucho que por su naturaleza esté dirigido a influir sobre ese espacio público. Se entiende así que en los autos sobre terrorismo la lógica sea atropellada y disparatada la sintaxis, pues de lo que se trata, voluntaria o involuntariamente es de ocultar la paradoja en que se funda el fenómeno terrorista. Esta ocultación es tanto más necesaria cuanto la propia paradoja intenta realizar una operación imposible: definir el terrorismo como violencia con finalidad política sin que la violencia política del propio Estado quede cubierta por este mismo concepto.
La tragicomedia de la búsqueda de una definición internacionalmente válida para el terrorismo nos muestra lo imposible de la tarea. La única solución -algo torpe- es definir el terrorismo como proponía el delegado norteamericano en la Asamblea General de la ONU dedicada a esta cuestión como "los actos de terrorismo que perpetran los terroristas". Pero Grullo no lo habría dicho mejor. Ante esta confusión, los jueces deberían abstenerse de aplicar una legislación penal cuyos fines más que jurídicos son políticos.
Esta disparatada situación quedará aún más clara con el caso de Nelson Mandela. Otro de los motivos de irritación de la juez es, en efecto, que se compare a un recluso condenado por terrorismo con Nelson Mandela, el antiguo presidente sudafricano y veterano luchador contra el apartheid. Leamos de nuevo a la magistrada: "De manera absolutamente impropia y manifiestamente falsa -Otegi- estableció una comparación entre NELSON MANDELA -auténtico héroe que permaneció en prisión por motivos ideológicos, exclusivamente por eso, pero jamás utilizó la violencia, ni la apoyó en "pos" de conseguir la supresión del apartheid en Sudáfrica-; y el condenado José María Sagarduy Moja, que cumple condena por delitos de asesinato frustrado y atentado contra el Jefe de la Policía Municipal de Guernica y utilización ilegítima de vehículo de motor [...]." etc.(p.13).
Afirmar que Nelson Mandela por admirable que sea su figura para cualquier demócrata ni utilizó ni apoyó la violencia es algo más que discutible. Nelson Mandela, como se sabe fue hasta los años 60 partidario de una línea pacífica de resistencia al apartheid, pero tras el endurecimiento del régimen y la imposibilidad de cualquier tipo de diálogo con él, pasó a apoyar la lucha armada. No sólo a apoyarla, sino a dirigirla, pues fue el primer responsable de la organización armada del ANC, denominada Umkhonto we Sizwe (La Lanza del Pueblo). Su condena a prisión se debió a esta actividad armada; su permanencia en la cárcel durante tan largos años, a su negativa permanente a condenar la actividad armada contra el régimen del apartheid, hasta el punto de que al salir de la cárcel tras una gran campańa internacional su primera declaración fue de apoyo a la continuidad de la lucha armada y a su legitimidad.
Estos son sus términos:
"Nuestro recurso a la lucha armada en 1960 con la formación del brazo militar del ANC, Umkhonto we Sizwe, fue una acción puramente defensiva frente a la violencia del apartheid. Los factores que hicieron necesaria la lucha armada siguen existiendo hoy. No nos queda más opción que continuarla. Expresamos la esperanza de que se establezca pronto un clima que conduzca a un arreglo negociado de modo que no siga siendo necesaria la lucha armada."
Como se ve, los términos que emplea Mandela son, en una prosa más elegante, una versión aún más radical de los de Otegi. Si la coherencia y valentía de Mandela permiten a la jueza considerarlo -con razón- un auténtico héroe, palabras mucho más moderadas en boca de Otegi hacen que la magistrada le imponga una condena por enaltecimiento del terrorismo. Es difícil encontrar un mejor ejemplo del carácter intrínsecamente absurdo y paradójico del tipo penal de terrorismo. Quien habla de terrorismo quiere ocultar un antagonismo político destituyendo a un enemigo de su estatuto y degradándolo a criminal. Y es que la paradoja, como bien sabía Gracián es "monstruo de la verdad" y, como todos los monstruos nos enseña lo insoportable.
