08-10-2009
Khalid Amayreh
Palestine Think Tank
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
La decisión de la Autoridad Palestina (AP) de aplazar hasta el mes de marzo el voto sobre el “informe Goldstone”, en el Consejo para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) en Ginebra, constituye una inmensa traición al pueblo palestino.
De igual forma, esa desgraciada y estúpida hazaña favorece en gran medida el objetivo de Israel de encubrir los crímenes de estilo nazi que su ejército ocupante perpetró durante su manifiestamente criminal guerra contra la Franja de Gaza de hace nueve meses.
Si el CDHNU hubiera refrendado el informe, posiblemente se hubiera allanado el camino para poder enjuiciar a los criminales de guerra israelíes ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.
La AP ha ofrecido toda una plétora de pretextos mendaces para justificar el acto escandaloso que muchos palestinos, tanto la gente normal como los intelectuales, han descrito como una exhibición de traición nacional.
Sin duda, los palestinos tenían de su parte una sólida mayoría de 33-35 estados miembros de los 47 componentes del Consejo, lo que significa que el CDHNU podía haber avalado fácilmente el informe de la Comisión Goldstone y que podía habérselo trasladado a la Corte Penal Internacional.
Por tanto, la única interpretación real de la decisión de la AP de aplazar un voto sobre el informe es que el régimen de Ramallah tan sólo quería aplacar a Israel y a la administración Obama, independientemente de los desastrosos efectos y ramificaciones que tendría para la causa palestina, especialmente para las abandonadas víctimas de los crímenes de guerra israelíes en la Franja de Gaza.
Bien, si Israel puede irse de rositas tras asesinar a 1.300 palestinos y destruir completamente la mitad de Gaza, el próximo holocausto probablemente asumirá proporciones europeas. Después de todo, el mundo no puede ser más palestino que los mismos palestinos.
Hay informes que dicen que antes de tomar esa decisión, el Presidente Obama intervino personalmente tras las bambalinas para pedir a los líderes de la AP que dejaran de presionar a favor del endoso del informe porque, según él, eso supondría socavar los “esfuerzos diplomáticos”.
De igual manera, otro informe indicaba que la AP había hecho un trato con Israel por el que el régimen del apartheid sionista había acordado conceder una licencia para una empresa cuya propiedad parcial ostentan una serie de ricos hombres de negocios vinculados con la AP a cambio de que aceptaran aplazar la discusión del informe Goldstone en el CDHUN.
Se citó al embajador de la AP ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ibrahim Khreishi, diciendo que el liderazgo palestino estaba interesado en un “texto de compromiso”.
“Nos ayudará a explicar a los israelíes que la comunidad internacional está con los palestinos para que consigan sus esperanzas y sueños”.
¡Qué estupidez! Después de más de cuarenta y dos años de criminal ocupación militar, ¿es que todavía tenemos que explicar nuestro sufrimiento a los israelíes?
¿Piensa realmente el Sr. Khreishi que todo lo que los israelíes necesitan para desistir de sus crímenes nazis contra nuestro pueblo es tan sólo una “explicación convincente”?
¿Piensa el embajador de la OLP que un “texto de compromiso” conseguiría que los despreciables matones y criminales de guerra de Tel Aviv reconsideren su criminal actitud vis-á-vis con los palestinos?
Y, en cualquier caso, ¿qué significa un “texto de compromiso”? ¿Es que acaso Israel no cometió sus crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a sabiendas, intencionada y deliberadamente contra un pueblo inocente en Gaza?
¿Es que acaso Israel no derramó una orgía de muerte, utilizando toda la letal tecnología de punta estadounidense sobre indefensas barriadas de civiles, asesinando y mutilando a miles de hombres, mujeres y niños inocentes?
¿Acaso Israel no inundó con fósforo blanco grandes zonas de Gaza, incinerando toda vida inocente sobre el territorio costero?
¿Es que quizá Israel, deliberadamente y a sabiendas, no escupió infinidad de bombas desde grandes distancias contra hogares, mezquitas, facultades, hospitales y escuelas de toda Gaza?
Entonces, ¿cómo es que cualquier ser humano que tenga algo de honestidad y moralidad puede estar tratando que esos crímenes parezcan menos viles y menos satánicos alcanzando un acuerdo para adoptar un “texto de compromiso”?
De entre todas las gentes del mundo, nosotros, palestinos, debemos llamar pan al pan y vino al vino y no colocar una baza en manos de quienes nos arrasan, nos atormentan y asesinan a nuestros niños.
El ejército, la marina y la fuerza aérea judeo-nazis han asesinado masivamente a nuestro pueblo en Gaza y Cisjordania. Cometieron sus horrendos crímenes a la luz del día y a la vista de todo el mundo.
No hubo circunstancias atenuantes ni relatos contradictorios acerca lo que realmente sucedió. Los supuestos “cohetes Qassam” no fueron más que una falacia y no deberían utilizarse en la misma frase junto a la atroz maquinaria de muerte israelí, ya que jamás puede compararse la enormidad y los límites en ambos casos.
Y, sobre todo, la persona que preparó el informe, Richard Goldstone, es judío, es, en la actualidad, un judío sionista que nunca aumentaría ni exageraría esos crímenes de guerra contra un pueblo práctica y totalmente indefenso cuya misma supervivencia física ha dependido siempre y continúa dependiendo de la buena voluntad de la comunidad internacional.
Por tanto, al pueblo palestino, las víctimas que más tiempo llevan sufriendo un racismo genocida, y a todo el mundo libre alrededor nuestro, les gustaría saber qué es lo que hace que los líderes palestinos en Ramallah y su desorientado embajador en Ginebra se arrastren tan sumisamente frente a las presiones sionistas.
¿Es que no tenéis ni una pizca de honor ni dignidad nacional? Al fin y al cabo estamos hablando de auténticos crímenes y de cientos de niños asesinados sin piedad por el ejército de esos matones portavoces del sionismo que están ahora fanfarroneando desvergonzadamente de haber conseguido que el embajador de la AP colabore con ellos en la causa propagandística de Israel.
Sin embargo, probablemente es injusto echarle toda la culpa a Khreishi, un simple funcionario que tenía que atender las estúpidas instrucciones de Ramallah.
Así es, pero Khreishi debería haber dimitido antes que prestarse a formar parte de un ignominioso acto de traición nacional. Pero el villano final, desde luego, es el judenrat [*] palestino en Ramallah, ya habituado a sacrificar los intereses nacionales palestinos para aplacar a Israel y contentar a la administración Obama, confiando así en conseguir una “recompensa” de algún tipo.
Sin embargo, resulta interesante que la única “recompensa” que la AP ha recibido, de la que somos testigos desde hace mucho tiempo, es la de nuevas expansiones de asentamientos judíos por Cisjordania, más provocaciones judías en la mezquita de Al-Aqsa y más violencia y terror judíos contra indefensos ciudadanos palestinos tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza.
Y en cuanto a la administración Obama, también ha estado “premiando” a la AP por su perfidia y traición a su propio pueblo apartando la vista ante la expansión de los asentamientos israelíes e insistiendo en que la AP debe reanudar las negociaciones con el arrogante gobierno de Benyamin Netanyahu sin precondición alguna.
Bien, la gente que no se respeta a sí misma no merece respeto por parte de los demás. Además, una autoridad que martiriza, tortura y mata a sus propios ciudadanos para agradar al ocupante israelí y obtener de él un certificado de buena conducta está totalmente descalificada para ser representar de verdad al pueblo palestino.
Por último, se puede asumir con toda probabilidad que la AP tiene tanto miedo como Israel a una discusión rigurosa del informe Goldstone.
Según determinadas fuentes, la AP ha instado sistemáticamente a Israel para que prosiga hasta el final su guerra criminal contra la Franja de Gaza.
Se cree también que Israel posee pruebas irrefutables que muestran que algunos funcionarios de la AP están suplicándole que prosiga la guerra contra Gaza para aplastar a Hamas.
Es entonces muy probable que la AP se esté encontrando en una situación bastante embarazosa, que explicaría por qué quiere que en mucho tiempo no se lleve a cabo una discusión pública sobre el informe Goldstone, porque eso revelaría muchos espeluznantes y embarazosos secretos sobre la connivencia de la AP con Israel en la masacre nazi perpetrada contra la Franja de Gaza.
N. de la T.:
[*] Judenrat, es el término que en alemán designaba a los consejos judíos de gobierno de los guetos que los nazis establecieron en diversos lugares y, especialmente, en la zona de la Polonia ocupada pero no anexionada por Alemania.
Fuente:
http://palestinethinktank.com/2009/10/05/another-pa-betrayal/
jueves, 8 de octubre de 2009
Otra traición más de la Autoridad Palestina
08-10-2009
Khalid Amayreh
Palestine Think Tank
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
La decisión de la Autoridad Palestina (AP) de aplazar hasta el mes de marzo el voto sobre el “informe Goldstone”, en el Consejo para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) en Ginebra, constituye una inmensa traición al pueblo palestino.
Boicot deportivo contra el apartheid israelí
Tarjeta roja contra Israel
¡Israel viola el artículo de la Federación Internación de Fútbol (FIFA) que prohíbe la discriminación!
09-10-2009
Berna, Bâle,
7 de octubre 2009 -
La misión que la FIFA se autoasignó, « utilizar el fútbol para traer la esperanza de un mundo más justo » exige que se envíen claras señales a Israel, Estado que practica el Apartheid. Las organizaciones firmantes piden a la FIFA que se “pite un fuera de juego” contra Israel y se le muestre la tarjeta roja durante el campeonato mundial.
Durante las operaciones militares en la franja de Gaza, a principios de año, tres jugadores del equipo nacional palestino perdieron la vida. A causa del bloqueo de los territorios y de las restricciones que Israel les impone a los palestinos, impidiéndoles trasladarse de un territorio a otro así como viajar al extranjero, el equipo nacional no puede entrenarse en su país y no puede, generalmente, participar en torneos internacionales.
De manera reiterada, los deportistas y las deportistas palestinas son víctimas de la discriminación y de las violencias israelíes. Estas artimañas forman parte de la constante negativa israelí a garantizar a los palestinos y palestinas sus derechos, su libertad, su honor y su integridad física y psíquica. Esta política debe ser calificada como política de apartheid y viola no sólo el derecho internacional, sino también la prohibición de discriminar contenida en los estatutos de la FIFA [1] y en la Carta Olímpica.
La exclusión de África del Sur de la comunidad deportiva internacional hasta 1991 contribuyó al fin del régimen de Apartheid, lo que creó las condiciones para que el Campeonato Mundial de Fútbol (N.deT.: correspondiente al año 2010) pueda efectuarse el año próximo en África del Sur. Por honestidad y para demostrar dignidad y fair play frente a los organizadores y a los equipos participantes, es imperativo someter a Israel a las mismas sanciones. Numerosas organizaciones y personalidades en Israel y en el mundo entero [2] esperan con nosotros que una creciente presión sobre Israel podrá hacer respetar por fin los derechos de la población palestina. Esto es una condición por la paz.
Reclamamos a la FIFA que se ajuste a lo que ella escribió en sus estatutos y que aproveche la oportunidad para probar que cumple un papel de vanguardia en la lucha por un mundo más justo al declarar la amenaza de excluir a Israel. Tal manifestación sería una victoria importante para los Derechos humanos - tanto para el pueblo palestino como para la comunidad internacional del fútbol-.
¡No al Apartheid !
Organizaciones firmantes: Association Suisse-Palestine (GSP/ASP), Basler Frauenvereinigung für Frieden und Fortschritt (BFFF), Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Paix de Strasbourg, Collectif Urgence Palestine Vaud, Collectif Urgence Palestine Neuchâtel, Femmes pour la Paix Région Bâle, Femmes pour la Paix Région Bienne, Gerechtigkeit und Frieden in Palästina (GFP) Bern, International Jewish Anti-zionist Network (IJAN) France, Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost (EJJP Deutschland), Kampagne Olivenöl, Neue PdA Basel, Mahnwache Bern, Mouvement pour le Socialisme (BFS/MPS), Palästina-Solidarität Basel, Palästina-Solidarität Zürich, Sozialistische Alternative (SoAL) Basel, Union Juive Française pour la Paix (UJFP)
Fuente http://www.bds-info.ch/aktuell/rote-karte-fuer-israel
[1] « Toda discriminación de un país (…) o de un grupo de personas por razones de etnia, de sexo, de lengua, de religión (…) está expresamente prohibida bajo pena de suspensión o de exclusión (edición de agosto 2009)
[2] Ver la información sobre la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) en la página WEB http://www.bds-info.ch/ et http://www.bdsmovement.net/
Irlanda: Una piedra ante el Tratado de la Unión Europea
09-10-2009
Leyla Carrillo Ramírez
Rebelión
Al subir una cuesta, tropezar con una piedra deviene en retroceso. Al bajarla, es mucho peor, porque el caminante puede despeñarse sin remedio. Las piedras halladas en el camino del fallido Tratado Constitucional después de la negativa de los ciudadanos franceses y holandeses en el año 2005, han representado cuatro años de espera para las élites de la Unión Europea –que siempre tan previsora- esta vez mostró incapacidad para acometer un plan alternativo.
Varios Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron decisiones, cuestionables como ejercicio democrático, al aprovechar de sus respectivas Constituciones nacionales la variante de una ratificación del Tratado de Lisboa mediante la votación parlamentaria, en lugar de celebrar un referendo. De éstos, los cuatro mayores países de la UE prefirieron primera la opción parlamentaria, para sortear la piedra de un rechazo popular. De esta forma, el futuro comunitario de sus pueblos recayó sobre las empolvadas pelucas de los integrantes de la Cámara de los Lores (en el Reino Unido) y en el dinamismo del ejecutivo francés, del Primer Ministro italiano y del Parlamento Federal alemán.
El TL, preelaborado durante la presidencia alemana de la UE, sufrió un insoslayable tropiezo, cuando los irlandeses –los únicos obligados constitucionalmente a someter la ratificación a un referendo- votaron negativamente en junio de 2008.. El percance confirmó, además, que no todos los europeos siguen ciegamente los mandatos de Bruselas. Esta vez tampoco había un plan “B” o alternativo.
Entonces la única opción consistió en prodigar consejos, excluir cláusulas para viabilizar la votación y “ayudar” económicamente mediante los denominados “garantes europeos”, que se calcula aportaron 32 mil millones de libras esterlinas a algunos partidos de Irlanda, con la finalidad de “convencer” a los votantes en el segundo referendo irlandés sobre la utilidad que representaría la ratificación del Tratado.
Sus argumentos, entre otros, consisten en: defender la soberanía y la neutralidad, las afectaciones al empleo1 y salario, la presunta pérdida de influencia del país en las decisiones comunitarias; aspectos ético-religiosos como el aborto, la suspicacia sobre una mayor participación en las actividades “defensivas” ante los escenarios bélicos actuales y las probables afectaciones a la libertad sindical –debido a sentencias contrarias a los intereses irlandeses emitidas por la Corte de Justicia Europea, que condujo al rechazo de incorporarse a los temas concernientes a Justicia e Interior (JAI)2
La aclaración en el Boletín de la UE del reciente 23 de septiembre sobre “las mentiras difundidas por funcionarios irlandeses y, hasta comunitarios, respecto a las motivaciones para el rechazo al primer referendo3 -lejos de esclarecer lanzaron más dudas, cuando comentó que “el principio de no intervención había sido limitado, al sustentar que Irlanda debería renunciar a su neutralidad, porque la juventud podría encontrarse envuelta algún día en un conflicto armado”. Añadía que “otras falacias”, habían divulgado que el Tratado admitiría el divorcio y el aborto; que “el país había perdido el derecho a un comisario europeo” y predijo que “las inversiones extranjeras decaerían si los irlandeses fallaban”.
Los partidos políticos opositores al Tratado han sido primordialmente de extracción obrera, tales como el Sinn Fein –nacionalista y pro liberación de Irlanda); el Libertas, el denominado People’s Movement (con participación del Comunista); el People Before Profits (coalición desde el año 2005 con influencia del troskista Socialist Workers y el COIR –organizado en 2003 después del segundo referendo para ratificar el Tratado de Niza- conservador y derechista.
No es ocioso recordar los resultados del referendo negativo irlandés del 12 de junio de 2008: solo el 42% de los votantes había acudido a las urnas: 53,4% rechazó el Tratado y un 46 % lo respaldó. En vísperas del segundo referendo, el sondeo avizoraba entre un 45 y un 55% favorable. El sábado 3 de octubre el conteo de las urnas arrojó que el 67,13% de los votantes había favorecido el SI, mientras que el 32,87% había votado NO, con la participación del 58% del electorado.
Sin embargo, no todo es color de rosa en la votación, porque el abstencionismo ascendió al 41% del electorado; mientras que los enormes esfuerzos institucionales, mediáticos y económicos solo lograron que la quinta parte de los opositores, cambiaran de opinión. De esta forma se cumplieron las expectativas de la Unión Europea, empeñada en la ratificación, a toda costa y sin tregua, hasta diluir las reticencias irlandesas.
Los resultados del reciente referendo irlandés inspiraron las declaraciones del Presidente de la Comisión, Manuel Durao Barroso: “es un gran día para Irlanda y para Europa, señal de la confianza del pueblo irlandés en la UE y su deseo de integrarse a su esencia; de que reconoce su papel para responder a la crisis económica”. Y añadió: “la campaña, la información masiva sirvió para que los ciudadanos conociesen sobre sus garantías jurídicas y que tendrán un comisario propio”. Y por último su esperanza de que Polonia y la República Checa ratifiquen el Tratado tan pronto como sea posible”.
El gobierno irlandés, por su parte agradeció a las élites de la UE el enorme esfuerzo realizado para culminar, felizmente, un triple propósito: Dublín continuará beneficiándose del apoyo comunitario en sentido económico, se incorporará a los objetivos sustanciales de la Unión. Ésta, a su vez elimina uno de los mayores obstáculos para que el Tratado de Lisboa comience a regir la vida de todos los comunitarios, sin importar las disensiones enfrentadas durante un trienio.
Tres Presidentes de Estados miembros de la UE mantenían en suspenso su firma: los de Alemania, Polonia y Chequia. El caso alemán se resolvió hace dos semanas cuando, el Tribunal Constitucional de Karlsruhe dejó sin efecto la impugnación lanzada a la Cámara Alta (Bundesrat) en el sentido de que los partidos en ella representados no habían sido consultados para emplear el método parlamentario, en lugar de un referendo. Salvado este escollo, el presidente Horst Köhler lo firmó el 23 de septiembre pasado y entregó el acta oficial de ratificación. El protagonismo alemán para la implementación del nuevo Tratado no podía contradecirse.
Está pendiente la firma por el Presidente polaco, Lech Kaczynski, quien sustentaba su dilación sobre “la necesidad de resolver el problema irlandés para que no hubiera un problema polaco”. Las inquietudes expresadas por su gobierno fueron satisfechas cuando la UE les ofreció modificaciones de índole ética, semejantes a las solicitadas por los británicos e irlandeses, que podrían conducir a eximirlos de la Carta Europea de Derechos Humanos Fundamentales o a una nueva reformulación de ésta.
Lo más conflictivo en estos momentos es el euroescepticismo checo, expresado antes, durante y posterior a su presidencia semestral de la Unión Europea, entre enero y junio de 2009. Las diversas versiones para la dilación de la firma por el Presidente checo transcurren desde la espera del nuevo referendo irlandés o de la decisión del Tribunal Constitucional alemán, hasta la conveniencia de “estar mejor dentro que fuera del Tratado”. El voto favorable de 59 senadores en mayo no ha bastado para la superestructura checa: ahora el Presidente, Václav Klaus condiciona su firma “a que el Tribunal Constitucional dicte sentencia sobre una consulta realizada por un grupo de senadores de su país.4
La cuesta hacia la ratificación ha sido empinada, sorteando infinidad de pedruscos. Falta por ver cómo resolverá la Unión Europea los escollos atravesados en el camino por el gobierno checo. Después de todo, la cúpula de la UE está acostumbrada a invertir tiempo, neuronas, diplomacia activa y recursos para salvar del despeñadero al Tratado de Lisboa. La lección resulta más sencilla de lo que aparenta: la democracia eurocomunitaria constituye una muestra sobre las diferencias que separan a los gobiernos de la opinión popular.
Leyla Carrillo Ramírez colabora en el Centro de Estudios Europeos de La Habana.
La Habana, 6 de octubre de 2009, “Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución”.
Notas:
1. 8,65% reportado en la zona euro y 1,84 en.
2. JAI: Comisión que unifica las decisiones jurídicas y de conciliación policial, adecuando temas de fronteras, homologación de sanciones y política migratoria, en coordinación también con Estados Unidos.
3. Bulletin Quotidien Europa 9983, del 24 de septiembre.
4. Sitio web de Instituciones de UE, 10/10/09, ref. 20091002STO61726
El abandono de políticas redistributivas en España
09-10-2009
Vicenç Navarro
Sistema Digital
En una entrevista que el diario Público (29.09.09) le hizo al Ministro de Industria del gobierno socialista español, Miguel Sebastián, éste hizo la sorprendente declaración (en un ministro de un gobierno socialista) de que “los impuestos no están para redistribuir la riqueza, sino para obtener ingresos”.
En el resto de la entrevista Miguel Sebastián acentúa que es a nivel del gasto público que debe realizarse la redistribución de recursos, no a nivel de los ingresos del estado. En la misma entrevista señaló que es objetivo del gobierno socialista conseguir que la carga fiscal sea en España, al final de su mandato, menor que la existente al final del mandato del gobierno conservador anterior. Puesto que, según señala el diario, Miguel Sebastián, aunque no es el Ministro de Economía, es una persona muy influyente en materias económicas y fiscales en la Moncloa, es importante que se analicen estas declaraciones, contrastándolas con la experiencia de la tradición socialdemócrata en Europa.
Ha sido un principio básico en tal tradición socialdemócrata, en el siglo XX (en sus distintas sensibilidades), promover un proyecto político en el que la redistribución de los recursos siguiera aquel principio, básico del socialismo, de que “a cada uno según su necesidad y de cada uno según su habilidad”. Según éste principio el objetivo último, guía del proyecto, era que los recursos de la sociedad se distribuyesen según las necesidades de cada ciudadano, financiados por fondos aportados de la ciudadanía, según los recursos también de cada ciudadano. Es interesante subrayar que en las escasas ocasiones en que se le ha preguntado a la ciudadanía si está o no de acuerdo con este principio, la mayoría de la población ha respondido que no sólo está de acuerdo, sino que facilitaría el desarrollo de una sociedad basada en estos principios. Le sorprenderá al lector saber que la última encuesta realizada en EE.UU. en la que se hizo tal pregunta (Public Citizen, “People’s attitudes”, 2006), el porcentaje de la población que apoyaba tal principio era mayoritario, porcentaje que alcanzaba cifras incluso superiores cuando se le preguntaba a la ciudadanía si estaba de acuerdo en que tal principio dirigiera la distribución de recursos en áreas como sanidad, educación, vivienda, servicios sociales y otros servicios, que la población consideraba esenciales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. No se ha hecho una encuesta semejante en España, pero no me extrañaría que los resultados fueran semejantes. Es probable que incluso amplios sectores del electorado del PP estuvieran de acuerdo.
Según Miguel Sebastián este principio, sin embargo, no debiera regir las políticas del gobierno socialista español. Indica que la redistribución de recursos debiera realizarse a través de la distribución de recursos públicos, pero no a través de los ingresos al Estado. En otras palabras aquel principio que ha guiado la tradición socialista se cortaría por la mitad, y se limitaría a subrayar que tenemos que dar “a cada uno según su necesidad”, sin aclarar de donde vengan tales recursos.
Tal postura implica, en la práctica, el abandono de la posibilidad de redistribuir los recursos de nuestras sociedades de unas clases sociales a otras, de manera que los que tienen más pagan más, y los que necesitan más reciban más. Una de las grandes conquistas de las fuerzas progresistas en el mundo capitalista desarrollado ha sido precisamente la aplicación de aquel principio socialista. Un indicador de ello es la manera de financiar el estado del bienestar en la mayoría de países avanzados. Las clases de rentas superiores pagan (en términos absolutos y proporcionales) más impuestos que las clases populares, impuestos que sirven para financiar las transferencias y servicios públicos del estado del bienestar, que beneficia primordialmente a las clases populares. La hostilidad del pensamiento liberal (la ideología de las clases de rentas superiores) al estado del bienestar se basa precisamente en el efecto redistributivo del estado del bienestar. Si tales transferencias y servicios fueran financiados por las mismas clases populares en los mismos porcentajes en que lo utilizan, se perdería el impacto de la redistribución. De ahí que la experiencia muestra que los países que tienen estados de bienestar más desarrollados (los países escandinavos de tradición socialdemócrata) tengan la fiscalidad más progresiva y gocen de menores desigualdades sociales.
No es sólo en el capítulo de gasto, sino también en el capítulo de ingresos al estado donde se realiza la redistribución de recursos. De ahí que abandonar la progresividad en la política fiscal sea, en la práctica, abandonar la política redistributiva. Y España es un ejemplo de ello.
La situación en España
El estado español es uno de los estados de la UE-15 cuyas políticas públicas tienen menor impacto redistributivo. El nivel de pobreza, por ejemplo, se reduce sólo cuatro puntos a través de las intervenciones del estado. El porcentaje de la población pobre, 24% disminuye sólo a 20%, después de que intervenga el estado (a través de sus políticas fiscales y gasto público). En comparación, Suecia pasa de 29% a 12%, con una disminución de 17 puntos. Y las causas de las limitada redistribución en España se debe a la escasa progresividad en la política fiscal (de las menos progresivas en la UE) y al escaso gasto público social (el más bajo de la UE-15). España es, antes y después de la intervención pública, uno de los países más desiguales existentes en la OCDE (el club de países más ricos del mundo). Y esta enorme desigualdad se basa en gran parte en la escasa progresividad fiscal. Como dijo el Presidente Aznar en su día, “los ricos no pagan impuestos en España”. El fraude fiscal (entre los ricos) es el más alto de la UE-15, y su contribución al estado está entre las más bajas de tal comunidad (independientemente de lo que digan los tramos, que son fácilmente diluidos a través de las exenciones). Ello explica que, mientras el nivel de riqueza del país (medido por el PIB per cápita) sea ya el 94% del promedio de los países de la UE-15, su gasto público social sea sólo un 72%. El país, tiene los recursos para tener un estado del bienestar más avanzado y desarrollado que el que tenemos (el tiempo promedio de visita a la atención primaria sanitaria continua siendo el más corto de la UE-15). Pero el problema está en que el estado no recoge tales recursos, lo cual quiere decir que su política fiscal es insuficiente y regresiva, pues la mayoría de recursos está en los estamentos sociales de rentas superiores.
Lo cual me lleva a la última observación. El presupuesto propuesto por el gobierno socialista ha desaprovechado la posibilidad de hacer una reforma fiscal progresiva pues, a pesar del discurso de oponerse a los “poderosos”, se ha acomodado fácilmente a ellos. Las reformas fiscales continúan diluyendo la escasa progresividad del sistema fiscal español y el limitadísimo impacto redistributivo del estado. El estado español ha llevado a la práctica el principio anunciado por Miguel Sebastián, que acentúa que la política fiscal no tiene como objetivo el redistribuir recursos. Tales prácticas diluyen la identidad socialista del gobierno hasta el punto de correr el riesgo de perderla. Sería una lástima si ello ocurriera pero el gobierno debiera ser consciente de que con tales políticas está alentando una gran frustración y distanciamiento entre amplias bases de su electorado en las clases populares. De ahí que tal desatención al impacto redistributivo del estado no es sólo un síntoma de dilución del compromiso socialdemócrata, sino también una nota de escasa inteligencia política electoral. Todas las encuestas publicadas en España señalan que la mayoría de la ciudadanía cree que el estado tendría que disminuir las enormes desigualdades existentes en nuestro país y la política fiscal es una manera de hacerlo.
