sábado, 7 de noviembre de 2009
En las cárceles han aumentado los ataques contra los familiares de los presos vascos
Etxerat quiere denunciar con firmeza los últimos ataques contra los derechos de los familiares, amigos y amigas de los presos políticos vascos. En apenas dos semanas, las prisiones españolas de Badajoz, Foncalent, Albacete y Alcalá Meco han sido testigo de los intentos de cacheo y humillación de allegados.
sábado, 24 de octubre de 2009
Honduras: Informe señala 4234 diferentes tipos de violaciones de derechos humanos
23.10.09 - HONDURAS
Karol Assunção *
Adital -
Más de cuatro mil hondureños y hondureñas ya tuvieron sus derechos violados por la dictadura. Esto es lo que afirma el Segundo Informe del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), divulgado ayer (22). La situación del país permanece sin solución. Mientras tanto, termina hoy el plazo dado por Manuel Zelaya para ser restituido en el poder.
Las violaciones a los derechos humanos de hondureños y hondureñas están aumentando cada vez más. De acuerdo con el informe de la Cofadeh, hasta el último día 15 de octubre, 4.234 personas tuvieron sus derechos no respetados. Ejecuciones, atentados, amenazas, detenciones ilegales y persecuciones a líderes sociales y defensores de los derechos humanos son sólo algunos actos recurrentes en el país después del 28 de junio.
"A partir del 29 de junio, Cofadeh comenzó a registrar las violaciones a los derechos humanos relacionadas directamente con las manifestaciones pacíficas de la población, violencia que fue tomando diferentes tipos, formas y patrones. Pasó de la violencia generalizada y sectorizada a la violencia selectiva dirigida sobre periodistas y dirigentes de la resistencia, sin olvidar la intimidación judicial como herramienta empleada para desmovilizar a los opositores; una media superior a los 114 acusados por delitos políticos se han registrado entre julio y octubre", destaca el informe.
Hasta ahora, el Comité ya registró 21 asesinatos y 108 amenazas de muerte. La cifra aumenta cada vez más en relación con las personas lesionadas y afectadas por golpes: 453 en total. Además, más de tres mil fueron detenidas ilegalmente y 26 periodistas fueron agredidos.
El documento señala además que la represión no sólo aumentó en los últimos meses, sino que también avanzó hacia otros lugares. "La represión no sólo cambió de modalidad en los últimos meses, también cambiaron los escenarios, se trasladó a los barrios y colonias de las diferentes ciudades, municipios y aldeas donde se realizan manifestaciones en contra del golpe, procediéndose a identificar y a ejecutar cruzadas de castigo y persecución contra los miembros de la resistencia", revela.
Plazo llega a su fin
Termina hoy el plazo dado por Manuel Zelaya para su retorno al poder. Según informaciones de Telesur, Zelaya afirmó ayer, que Roberto Micheletti tiene hasta la noche de hoy para restituirlo en el poder. Caso contrario, el mandatario constitucional dará el diálogo por terminado.
La mesa de negociaciones ya está parada desde el último martes (20). La estrategia del gobierno de facto, según Telesur, es retrasar el proceso de negociaciones hasta la fecha de las elecciones presidenciales, previstas para realizarse el 29 de noviembre, y de esta manera, no devolver la presidencia al mandatario constitucional.
Manifestaciones continúan
Las más de cuatro mil violaciones a los derechos humanos en Honduras no intimidan a la población. Hondureños y hondureñas del Frente de Resistencia al Golpe de Estado permanecen con manifestaciones y movilizaciones en varios lugares del país.
Mañana, en Stibys, el Frente realiza una reunión de trabajo para analizar y llegar a acuerdos sobre la propaganda electoral durante el golpe. A la mañana del día siguiente, el municipio de Santa Ana promoverá un "gran Concierto" contra las acciones del gobierno de facto.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
sábado, 3 de octubre de 2009
Honduras: Los militares cerraron a Radio Globo pero ya esta en Internet
2 de octubre de 2009
Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)
Entrevista a David Romero director de Radio Globo. A las 05.20 horas de la mañana el lunes pasado, un comando de 60 militares entraron a Radio Globo y el canal de televisión Cholusat Sur y silenciaron estos dos medios que se han rehusado de subordinar sus tareas periodísticas, según el régimen de facto bajo el mando del ex presidente del congreso nacional, Roberto Micheletti.
Ya se sabía sobre el decreto de estado de sitio por las filtraciones desde el poder judicial y las denuncias ya se había hecho por los micrófonos de Radio Globo el día anterior. El ataque contra los dos medios antigolpistas era al mismo tiempo un ataque contra la libertad de expresión y en una u otra medida una formalización del golpe de estado del 28 de junio de 2009 cuando fue derrocado el presidente elegido por el pueblo hondureño, Manuel Zelaya Rosales.
Cuando encontramos a David Romero, director de la Radio Globo, en las afueras del estudio, 500-600 soldados, policías y comandos Cobras han corrido detrás los activistas de La Resistencia que el 30 de septiembre, en solidaridad con la Radio Globo, había llegado a sus instalaciones para expresar su compromiso con la Voz del Pueblo Hondureño.
Dick Emanuelsson (DE): ¿Que piensa Usted en breve palabras sobre el decreto de sitio que no esta aprobado por el Congreso, pero igual parece que están aplicando el decreto como sea?
David Romero (DR): El decreto lo están aplicando desde el principio, lo aplicaron desde el mero día que salio publicado en el diario oficial la Gaceta, lo están cumpliendo al pie de la letra tres objetivos: Desmovilizar la resistencia, que lo están logrando. Sacar fuera del aire a Radio Globo, y desalojar los campesinos del INA (Instituto Nacional Agrario), que están establecidos ahí en el decreto y lo han logrado. Y entonces, nosotros aquí estamos peleando porque se establezca, no la libertad de expresión, sino el derecho a no silenciar a no imponernos un solo pensamiento, porque eso es lo que ha estado pasando, que están imponiendo un solo pensamiento y porque nos quieren negar el derecho que tenemos entonces de opinar distinto a ellos, eso es lo que estamos peleando.
DE: Vimos el portón destruido, incluso adentro del estudio de Radio Globo que forzaron físicamente rompiendo los portones, puertas y todo para entrar allá anteayer en la mañana.
DR: Eso fue el lunes en la mañana, si rompieron todo, rompieron los portones se llevaron todo.
DE: Pero parece que ellos están muy molestos, porque ustedes siguen transmitiendo aunque es por Internet.
DR: Si, pero es que no nos van a callar, nosotros no podemos callar, no podemos que este pueblo tenga un solo pensamiento, Dios mío, ¿Cual es delito que estamos cometiendo? ¿Disentir de ellos? En todas las sociedades democráticas el desistimiento se permite, porque nos quieren imponer un solo pensamiento. Ellos están interesados en imponernos un solo pensamiento.
DE: En estos momentos El Heraldo se siente como solo allá diciendo de que la opinión internacional de comunidad internacional es muy favorable para las elecciones en noviembre por las últimas declaraciones por parte de los norteamericanos.
DR: Son mentiras, no hay condiciones para las elecciones, es más; El mismo decreto niega las elecciones. Entonces ¿de que estamos hablando? De eso se trata, nosotros solo estamos exigiendo el derecho de que se nos deje trabajar, que se respete ese principio; la libertad de expresión dejó de ser un patrimonio legal para convertirse en un patrimonio intrínseco de la persona. Es parte de los derechos humanos y sobre eso no podemos renunciar.
DE: Anteayer en la Asamblea extraordinaria de la OEA el representante estadounidense decía que el presidente constitucional Mel Zelaya era “un irresponsable e idiota” además recomendaba a Zelaya que tomara liderazgo para que sus partidarios sean más pacíficos. Lo que nosotros testimoniamos en este momento es una cacería de brujas justamente por parte de centenares de soldados y policías.
DR: Ustedes son testigos que las manifestaciones han sido pacificas. Aquí no ha habido violencia por parte de ellos, quienes han violentado ha sido la policía que ha reprimido. Quienes son violentos son ellos en Casa Presidencial, reprimiendo a las marchas y emitiendo decretos que atentan con toda la libertad en este país. Entonces, ¿quienes son los represores? Ellos. Yo honestamente no he visto, no creo que la marcha, ha habido infiltraciones pero eso es normal, pero eso no ha sido la conducta de la resistencia, por lo menos yo no puedo decir otra cosa que no haya visto.
DE: ¿Cuáles serán los próximos pasos en el trabajo de Radio Globo para extender un poco de su radio transmisión aunque sea por Internet?
DR: Hemos logrado ahorita algo increíble en las ultimas doce o veinticuatro horas, si quieres. Es que tenemos una red de radio a nivel nacional que se han conectado a Internet y sacan la señal de departamentos. Por ejemplo: Radio Sonaguera, la Voz de Occidente en Santa Rosa de Copan , Radio Uno en San Pedro Sula, Radio Stereo Uno en el Paraíso, Radio Cadena Mi Voces de El Salvador que esta integrado y que cubre casi el 50% de territorio nacional nuestro. O sea, se han integrado y esta saliendo. En Tegucigalpa recuerda que es la sede política es donde esta la confluencia, es una ciudad con casi 1.7 millones de habitantes que hay aquí en este pedazo de tierrita que se llama Tegucigalpa. Aquí nos tienen fuera pero la gente se la a inventado cosas, conecta sus equipos de sonidos, sus parlantes al Internet y sacan al corredor y la gente esta escuchando Radio Globo como que estuviéramos . . . Yo creo que un 60% del país esta escuchando Radio Globo aparte de los ciberescuchas como los llamo yo hoy, porque de repente no tenemos cultura del internet, pero hay una gran cantidad de personas en comparación de los usuarios que están pegados al internet.
DE: El viernes el Congreso Nacional va a tomar una decisión definitiva sobre el decreto de estado de sitio que fue regresado a la casa Presidencial de facto a Micheletti, para tomar otra alternativa, otra propuesta que me imagino va a tener el mismo contenido pero con otro nombre?
DR: Lo que van a hacer es legalizarlo, porque ese decreto esta lleno de errores. No se quien lo hizo, eso es lo que van hacer al final. Pero ese decreto si ha servido para algo, y me parece que es positivo por que ha dividido a los mismos golpistas. El comunicado de la Asociación de Medios de Comunicación publicado hoy es claro y contundente contrahechaza el decreto; significa que golpeó a un sector de los golpistas que no se sienten cómodos. También efectó un grupo de los empresarios que no se sienten cómodos con el decreto. Los ha dividido un poco, de todas maneras yo creo que el decreto en si llevaba tres misiones: Desmovilizar a la Resistencia, asaltar el Instituto Nacional Agrario INA, y tomar Radio Globo y canal 36 Cholusat y creo que lo han logrado.
La entrevista en audio (mp3)
http://www.box.net/shared/nfy1yok8mi
Para escuchar a Radio Globo en Internet, haga un click en enlace:
http://www.libreexpresion.tk/
Foto: Honduras, Golpe de Estado - El periodista Dick Emanuelsson entrevista a David romero, director de radio Globo. Autora: Mirian Huezo de Emanuelsson
jueves, 1 de octubre de 2009
Desalojo y detención de organizaciones campesinas hondureñas
30 de septiembre de 2009
Minga Informativa de Movimientos Sociales
A toda la comunidad nacional e internacional les informamos que este día miércoles 30 de septiembre a eso de las 6:00 a.m. en forma exabrupta fueron desalojados 56 campesinos y campesinas que estaban protegiendo las oficinas del Instituto Nacional Agrario desde el Golpe de Estado realizado el 28 de Junio del presente año.
Los compañeros y compañeras han sido detenidos. Policía Nacional los ha detenido y enviado a las diferentes centro de detención, acusándolos de varios delitos como sedición y terrorista, ante esta situación hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a pronunciarse de manera urgente por la liberación de nuestros hermanos y hermanas que son en la actualidad presos políticos de esta nefasta dictadura.
Exigir a la Fiscalía de Derechos Humanos velar por la vida y la libertad inmediata de nuestros compañeros y compañeras. Dirigir sus cartas de exigencia a la Fiscalía de Derechos Humanos de Honduras con atención a la Lic. Sandra Ponce, Fiscal Especial de DD.HH a los siguientes correos: ponce10s@yahoo.com.ar y al Fax ++504 221-5620 Ext. 2202, Teléfonos
++504 221-3099 / 221-3999
ESTAMOS SIENDO REPRIMIDOS, PERO NO VENCIDOS
POR UNA REFORMA AGRARIA INTERAL.... LUCHAREMOS HASTA EL FINAL
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. 30 de Septiembre del 2009.
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COMUNICADO URGENTE
Las organizaciones campesinas: Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, Asociación Nacional De Campesinos Hondureños, ANACH, Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, CODIMCA, Asociación para el Desarrollo Regional de Occidente, ADROH y la Organización Campesina Hondureña, OCH, comunican al pueblo hondureño, al movimiento campesino y a la comunidad internacional lo siguiente:
Primero: que hoy, a las 5:30 de la mañana, en forma exabrupta, un contingente militar y de la policía irrumpieron y tomaron por asalto las instalaciones del Instituto Nacional Agrario, desalojando y capturando a más de 55 compañeros incluyendo a seis compañeras mujeres.
Segundo: que la represión al movimiento campesino es parte de la estrategia del régimen golpista para golpear y desarticular la resistencia popular.
Tercero: lo anterior, se constituye en una franca violación a los derechos humanos, a la libre circulación y a todas las garantías individuales establecidas en la Constitución de la República. Cuarto: el Instituto Nacional Agrario fue creado para ejecutar los fines de la reforma agraria y por ende constituye una institución del sector campesino, razón por la que ha sido protegida siempre por el sector campesino hondureño.
Quinto: condenamos el atropello de que es víctima el movimiento campesino por este régimen fascista y responsabilizamos de las consecuencias que puedan ocurrir en la vida de de los compañeros y de más de 600 expedientes agrarios que obran en la institución relacionados con los casos agrarios.
Sexto: el movimiento campesino no reconoce a ningún funcionario del régimen golpista del instituto nacional agrario y exigimos el retorno del orden constitucional y de las verdaderas autoridades legítimas.
Séptimo: llamamos a todo el movimiento campesino hondureño a unirse activamente a la resistencia nacional y exigir la libertad de los compañeros detenidos, el retorno de la institucionalidad democrática y del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales.
Tegucigalpa, MDC., 30 de octubre de 2009
martes, 29 de septiembre de 2009
Violaciones de Derechos Humanos en Honduras: 17 muertos y 4.000 detenidos en tres meses de protestas
Izaskun Sánchez Aroca
Diagonal
El regreso de Manuel Zelaya ha endurecido fuertemente la represión contra la resistencia. Los datos son confusos y la labor de las organizaciones de derechos humanos se ha complicado aún más con el toque de queda.
El 25 de septiembre la Misión Internacional de Observación sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, formada por 17 representantes independientes de distintos países, presentó en Madrid un informe que recoge de manera documentada cómo el Gobierno de facto viola la libertad de expresión, de comunicación o manifestación, detiene arbitrariamente a líderes de la resistencia y a activistas, ejecuta, tortura e intimida, con especial ensañamiento a las organizaciones de mujeres.
En la presentación del informe señalaron que los últimos datos recibidos de Tegucigalpa hablan del traslado de detenidos a estadios, de heridos sacados de hospitales y llevados a centros de detención y de cómo las ambulancias son paradas para ser revisadas. A la presentación del informe asistió Reina Rivera, directora del Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos (CIPRODEH). Rivera afirmó que hasta el 25 de septiembre su organización ha documentado 17 asesinatos; diez a través de sicarios, cuatro manifestantes en la calle, dos dirigentes campesinos y un maestro. “Todos se oponían al golpe de Estado y algunos estaban afiliados al partido de Unificación Democrática”, comenta.
A finales de agosto ya se contabilizaban más de 4.000 detenciones arbitrarias, de las cuales 156 eran de menores, por violación del toque de queda y manifestaciones en las calles. “Algunos detenidos también han confirmado la tortura en los centros de detención”, afirma la activista hondureña. “A los hombres se les aplica fuego bajo los testículos y a las mujeres se les introduce el tolete (bastón policial) en sus órganos sexuales. También se arroja gas picante y se golpea a los detenidos”. A finales de agosto el número de personas lesionadas ascendía a 300. La xenofobia es otra práctica del Gobierno de facto. “Son habituales las detenciones a extranjeros, sobre todo a nicaragüenses”.
Las últimas detenciones incluyen a dos niños de 8 y 12 años con sus padres. Además la Fiscalía del Estado ha declarado ilegales las manifestaciones, por lo tanto “se aprovecha para hacer detenciones selectivas, realizar juicios colectivos bajo las acusaciones de manifestaciones ilícitas, sedición e incluso terrorismo en algunos casos” denuncia esta activista de los derechos humanos.
Otro derecho violado es la sindicación, sobre todo a los grupos estatales. Reyes confirma que al salir de Honduras “un grupo de 120 profesores se enfrentaban a la justicia hondureña con un requerimiento fiscal por invocar su derecho a la huelga”. Los sindicatos de la empresa nacional de energía eléctrica han sido despedidos. En San Pedro Sula 300 personas se han quedado sin trabajo. “Además se han encontrado notas de empresas privadas que obligan a los trabajadores a participar en las marchas de las camisetas blancas [las de apoyo al régimen de facto]”, afirma Reyes.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/17-muertos-y-4-000-detenidos-en.html
martes, 22 de septiembre de 2009
La policía reprime a manifestantes al frente de la embajada brasileña en Tegucigalpa
Fuerzas militares interrumpen la señal del Canal 36 hondureño
22-09-2009
Telesur
La policía hondureña inició este martes por la mañana las acciones represivas contra las cientos de personas que se mantienen alrededor de la embajada brasileña en Tegucigalpa, donde se encuentra el presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, que regresó el lunes de manera sorpresiva a su país.
La corresponsal de teleSUR en Honduras, Adriana Sívori, comentó que las Fuerzas Militares se ubicaron en las cercanías de la sede diplomática para cumplir con la orden de despejar la zona.
Agregó que alrededor de 25 hombres mantienen rodeada la zona y se reportan hasta el momento varios heridos y detenidos.
Las acciones empezaron a las 05:30 horas locales (10h30 GMT), según informó el mismo Zelaya que se mantiene dentro de la embajada.
La represión se hace durante un toque de queda decretado por el Gobierno de facto, liderado por Roberto Micheletti, que comenzó a las 16.00 hora local (22.00 GMT) del lunes hasta las 18.00 local (00.00 GMT) de este martes.
La acción policial se une también al cierre de los cuatro aeropuertos internacionales que tiene Honduras, tras el regreso de Zelaya, con el fin de que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, no entre a la nación.
De hecho el jefe del organismo aplazó el viaje que tenía previsto al país centroamericano por esta decisión del gobierno de facto.Manuel Zelaya regresó a Tegucigalpa este lunes luego de 86 días tras el golpe de Estado que recibió en junio. Permanece en la embajada de Brasil mientras se crean las condiciones para lograr el diálogo con los representantes ilegítimos y lograr la retoma del poder.
Por otro lado, el director del Canal 36 de Honduras, Esdrás Amado López, denunció este martes la interrupción en el servicio eléctrico de la planta televisiva y en otros medios de comunicación de ese país, por parte del gobierno de facto de Roberto Micheletti.
En entrevista exclusiva para teleSUR, el director informó de todos los ataques recientes que ha sufrido por parte del régimen.
"No sólo hemos recibido amenazas, hemos sido víctimas de agresiones, nuestros transmisores fueron destruidos con químicos potentes, además lanzaron bombas lacrimógenas y sometieron a nuestro personal que trabaja en nuestras antenas repetidoras", denunció.
Aseguró que la estrategia de la Inteligencia Militar, bajo órdenes de Micheletti, es interrumpir el servicio eléctrico para impedir que el pueblo hondureño e internacional tenga la oportunidad de estar informado de las represión de la cual son víctimas los manifestantes que permanecen en la embajada brasileña de Tegucigalpa, donde se encuentra Manuel Zelaya,
"Desde ayer (lunes) desde las cinco y media de la tarde nos cortaron la luz", expresó.
López acusó específicamente al Teniente Coronel Óscar Castro y al teniente Castillo, quienes son los que han "miltarizado y secuestrado los servicios de energía eléctrica" tanto para canal 36 como la ambajada de Brasil.
"Pido respetuosamente al Jefe de Estado mayor, Romeo Vásquez, que le comunique a sus subalternos que por favor no nos saquen del aire", expresó.
Con respecto a las denuncias de actos de violencia por parte de fuerzas militares que en este momento están reprimiendo la concentración que se encuentra apostada frente a la embajada de Brasil en Tegucigalpa aseguró que "esto tiene que ser un debate de ideas en donde prevalezca la razón y no nos imponga una situacion de fuerzas".El director del canal aseguró que Radio Globo, estación hermana del canal que representa, también está sufriendo las interrupciones de luz, "pero ellos (refiriéndose a los directivos de la estación) están haciendo lo propio para salir al aire, están sufriendo la misma represión".http://www.telesurtv.net/Se puede seguir en directo el asedio a la embajada, desde la clandestinidad, a través de: http://www.radioglobohonduras.com/ http://www.rebelion.org/%3Cbr%20/%3Ehttp://radioeslodemenos.blogspot.com/%20Otros enlaces:http://hablahonduras.com/ http://www.medioscomunitarios.org/honduras/pag/index.php http://www.tvpts.tv/enhondurasnopasaran/Entrevista de Radio Caracol a Manuel Zelaya: Manuel Zelaya dice que está en peligro y que tienen embajada de Brasil “rodeada (http://www.caracol.com.co/oir.aspx?id=882992)
Mueren 87 civiles en un bombardeo del Ejército yemení contra un campamento de refugiados
Dos ataques de la fuerza aérea yemení han causado 87 muertos y 40 heridos en un campamento de refugiados y desplazados de las zonas chiíes del norte de Yemen.
17/09/2009
SANA-. Testigos presenciales han manifestado que los bombardeos se produjeron ayer y que dejaron tras de sí 87 muerto y 40 heridos en un campamento de refugiados de las zonas del norte de Yemen.
Una fuente oficial yemení se negó a confirmar a AFP el balance mortal, limitándose a indicar que “el avión contempló rebeldes que abrían el fuego mientras que se mezclaban con los civiles”.El campamento se halla a unos 120 kilómetros de Sana, en una región donde se libran violentos combates entre las fuerzas gubernamentales y los zaidites chiitas desde hace más de un mes.En un comunicado llegado a AFP, la rebelión conducida por Abdel Malek al-Houthi ha denunciado “una nueva masacre cometida por el poder sanguinario”.“Aviones de tipo Mig bombardearon un campamento de desplazados situado a 25 kilómetros de Harf Sufyan (...) decenas de víctimas cayeron y los cuerpos se dispersaron sobre decenas de metros”, señala el comunicado.
“El poder sigue cometiendo masacres de civiles y desplazados, de inocentes (...) y castigar colectivamente la población”, subraya.
Pasillo humanitario seguro
En Nueva York, la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, citando testigos, ha afirmado que al menos 87 personas, en su mayoría mujeres, han muerto en un bombardeo aéreo del ejército yemení.
Ha pedido al Gobierno yemení “que abra rápidamente una investigación para determinar la responsabilidad” de este ataque y ha reclamado a todas las partes en conflicto que respeten a los civiles.
La ONU y el Comité internacional de la Cruz Roja reclamaron ayer la apertura “cuanto antes” de un pasillo humanitario seguro que abra un acceso a millares de habitantes de la región de Saada, atrapada en medio de los combates.
“La situación no mejora, es siempre muy tensa y volátil”, mientras que los problemas de seguridad “bloquean las operaciones de asistencia de los organismos de la ONU”, ha declarado el portavoz de la Mesa de coordinación de los asuntos humanitarios de la ONU (OCHA) en Ginebra, Isabel Byrs.
“Millares y millares de personas necesitan comida, refugio y cuidados médicos, y dependen mucho de la ayuda humanitaria”, ha explicado la portavoz del CICR, Dorothea Grimitsas.
Según la ONU, desde 2004, se ha desplazado a aproximadamente 150.000 personas en el norte de Yemen, 55.000 de ellos, desde la ofensiva del Ejército del 11 de agosto.
La “brutalidad de la seguridad marroquí” continúa tras una semana de manifestaciones en el Sahara
El Aaiún (Sahara Occidental).-
La “brutalidad de la seguridad marroquí” continúa en las principales ciudades del Sahara después de una semana de manifestaciones, que comenzaron en el Aaiún el lunes y se extendieron después a Bojador y Smara, durante la que se han producido numerosas detenciones, saqueo de domicilios y los heridos entre los civiles saharauis se cuentan ya por decenas, especialmente entre los activistas de Derechos Humanos, que “han sido blanco de intimidaciones, torturas y detenciones por parte de las fuerzas marroquíes”, informan diversas organizaciones al Servicio de Comunicación Saharaui en Canarias (SCSC).
Ayer, viernes, “las autoridades marroquíes continuaron con la violación sistemática de los derechos fundamentales de la población saharaui a causa de las manifestaciones pacíficas reclamando la independencia del territorio y el referéndum de autodeterminación” decretado por Naciones Unidas, afirma un comunicado del Comité de Defensa del Derecho de Autodeterminación para el Pueblo Saharaui (CODAPSO).
Anoche, a las dos de la mañana, tras una manifestación en la avenida Mohamed Daddach, en El Aaiún, capital del Sahara Occidental, “la ciudadana saharaui Izana Amidan fue brutalmente torturada en público y después detenida, ignorándose todavía su destino”, denuncia la organización humanitaria saharaui, que se solidariza en su comunicado con “los prisioneros” Berkan Mohamed, Abdallah Jday y Hamza Dkhil y, especialmente, “con el joven menor de 16 años Mohamed Ali Hadad, conocido como Alouta”, que cayó en manos de la denominada “brigada de la muerte” de las fuerzas de seguridad marroquíes, encabezada por el “verdugo” al que llaman “Moustache”, “el bigotes”.
Los activistas saharauis de Derechos Humanos denuncian también que los hospitales marroquíes “se niegan a prestar atención a algunos de los heridos” y, en caso de dársela, “rechazan darles los correspondientes certificados médicos de sus heridas para evitar que los afectados puedan recurrir a la justicia”.
Esta semana “de brutalidad” en las principales ciudades del Sahara ocupado por Marruecos comenzó en la noche del lunes, cuando una manifestación pacífica en El Aaiún, fue disuelta violentamente por las fuerzas marroquíes produciéndose decenas de heridos y detenidos. La activista de Derechos Humanos Sultana Jaya, que ya había perdido un ojo fruto de los golpes de un policía marroquí en Marraquech, sufría fractura en su brazo izquierdo y su compañero Mohamed Tahlil resultaba con la nariz rota.
Con posterioridad, mientras las manifestaciones se reproducían en la capital saharaui, especialmente en el barrio de Maatala, la población de Bojador salía a las calles para solidarizarse con las víctimas, siendo igualmente reprimida de forma “violenta y desproporcionada”. Los hechos ser repetían al día siguiente en Smara, a pesar de que la ciudad amanecía “bajo un total bloqueo de las fuerzas de seguridad marroquíes”, con el mismo resultado: “detenciones, violencia y saqueo de domicilios”.
Numerosas organizaciones saharauis como CODAPSO, el Comité de Apoyo al Plan de Arreglo de las Naciones Unidas y la Protección de los Recursos Naturales del Sahara Occidental (CSPRON), el Comité Saharaui de los Derechos Humanos en Gulimín (sur de Marruecos) o la Coordinadora de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA) han denunciado “enérgicamente la brutal intervención de las fuerzas marroquíes de represión contra los manifestantes pacíficos en las ciudades ocupadas” del Sahara.
Exigen en sus comunicados “una investigación justa y transparente sobre estos sistemáticos crímenes contra los indefensos ciudadanos saharauis”, “la aplicación y de forma inmediata de las resoluciones de la onU para la celebración de un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui,” así como “la liberación de los presos políticos saharauis que permanecen en las cárceles marroquíes”
En España, la Liga Española de los Derechos Humanos, también expresó por escrito a algunos activistas y organizaciones saharauis su “pesar y su condena” por los acontecimientos.
Otras entidades como el Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz condenaron “enérgicamente la represión del aparato de seguridad marroquí, que ejerce de manera sistemática y continua contra la población civil saharaui indefensa”, exigieron “al Régimen de Marruecos que cese las violaciones de Derechos Humanos que infringe en los territorios ocupados del Sahara Occidental y pidieron “a la comunidad internacional, como la onU, la Unión Europea y principalmente el Gobierno español, presionar al Estado marroquí, para que respete el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas que abogan por el respeto del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, así como respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. (SCSC)
viernes, 28 de agosto de 2009
Campaña de solidaridad con Laura Riera
Desde CGT Cataluña animan a seguir con la Campaña de solidaridad con Laura Riera
Secretaría Acción Social CGT 2007-03-27 00:39:25
La madrugada del 27 de agosto de 2001 un amplio dispositivo de la Guardia Civil detuvo a Laura Riera en su casa en Terrassa. Laura Riera pertenecía, desde hacía años, a la Assemblea d’Okupes de Terrassa, estaba afiliada a la Federación Local de CGT y militaba en diferentes movimientos sociales de la ciudad, como el colectivo feminista Dones del Sac o la Plataforma antifeixista i antiracista de Terrassa. Durante este tiempo Laura había destacado por su compromiso y activismo.
Su detención, cuando tenía sólo 21 años, se hizo bajo la aplicación de la legislación antiterrorista, criticada por múltiples organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, así como varios comités contra la tortura de la ONU. Durante su detención Laura estuvo 5 días incomunicada en la comisaría central de la Guardia Civil de Madrid, dónde sufrió de forma reiterada torturas y amenazas que la llevaron a firmar, sin presencia de ningún abogado designado por ella o su familia, la declaración autoinculpatoria que la misma policía le dictó. Después de estos cinco días, Laura ingresó en prisión.
DISPERSIÓN, AISLAMIENTO, RESTRICCIONES DE DERECHOS, TRASLADOS,.
Ahora hace más de cinco años y medio y desde entonces ha estado en las prisiones de Soto del Real (Madrid), Alcalà Meco (Madrid), de Badajoz, Murcia y finalmente en Picassent (València), sufriendo, como otros presos y presas del estado español, la dispersión que extiende el padecimiento de la persona presa también a sus familiares. A lo largo de su estancia en la prisión Laura ha sufrido reiterados abusos : cierre en celdas de aislamiento, aplicación constante del régimen FIES, restricción del número de personas que la pueden visitar, trabas para seguir los estudios universitarios que inició, traslados sorpresa sin poder llevarse sus pertenencias, etc. Durante su encarcelamiento Laura ha realizado varias protestas y huelgas de hambre para reclamar sus derechos y los de otros presos y presas. Esto a menudo le ha costado sanciones y un incremento en el tipo de aislamiento.
EL JUICIO.
Las acusaciones hechas contra Laura le comportaron dos juicios en la Audiencia Nacional, heredera directa del Tribunal de Orden Público del franquismo. El primero de ellos se realizó a finales de septiembre del 2004 (más de tres años después de su detención y encarcelamiento !) y el segundo en el 2005. En el primero se la acusaba de dar apoyo a un comando de ETA que atentó contra el regidor del PP en Viladecavalls el año 2000. En el segundo juicio la acusación era de colaboración con banda armada (de hecho, la duplicidad de juicios es ya de por si irónica, pues probar el primero implicaba, teóricamente, el segundo). En los dos casos ella se declaró inocente y recordó que su primera declaración la firmó bajo tortura. La sentencia del primero fue condenatoria culminando un proceso lleno de irregularidades, en palabras de la propia abogada de la CGT de Madrid que colaboró en el juicio. Fue condenada a 9 años de prisión. Paradójicamente, en el segundo juicio, fue declarada inocente (este es un elemento importante a tener en cuenta, pues como se dice más arriba, participar en un atentado es ya de por sí un acto de colaboración con banda armada. En cambio, en este juicio se decía claramente que esta participación no quedaba probada). A pesar de todo esto, Laura continúa encarcelada.
CRIMINALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.
El encarcelamiento de Laura fue utilizado por el Ministerio de Interior y por algunos medios de comunicación para emprender una campaña de criminalización de los movimientos sociales alternativos y, en concreto, la Assemblea d’Okupes de Terrassa. Esta asamblea había sido hasta entonces una de las más activas políticamente y tenía un apoyo social muy amplio en Catalunya. También la CGT se vio salpicada por este hecho. La respuesta de los movimientos sociales ha sido defender la inocencia Laura defendiendo su trayectoria personal y de militancia, y emprender campañas de solidaridad, con ella y sus familiares.
LA SOLIDARIDAD DE LA CGT.
Desde el momento de su detención, y a instancias de los compañeros y compañeras de la Federación Local de Terrassa, la CGT manifestó de forma clara e inequívoca su apoyo hacia Laura y su compromiso de ejercer una solidaridad activa. Esta decisión se ha cumplido en las diferentes instancias de la organización, desde los diferentes sindicatos, federaciones locales, congresos, comités confederales, etc. Fruto de esta solidaridad Laura ha recibido cartas y visitas de compañeros y compañeras, apoyo jurídico de la abogada de la CGT de Madrid, asistencia de compañeros y compañeras del sindicato en los juicios, presencia y recuerdo de Laura en las manifestaciones del 1er de Mayo, escritos en los medios de información del sindicato, aportaciones económicas que han sido decisivas para poder garantizar a sus familiares más directos mantener el ritmo de visitas a las distantes prisiones dónde Laura ha estado.
LAURA AÚN ESTÁ ENCARCELADA. QUÉ PODEMOS HACER ?
Han pasado más de cinco años y todavía quedan más de tres para que Laura salga de prisión y desde CGT de Catalunya continuamos denunciando : la existencia de la Ley antiterrorista que permite el aislamiento y la tortura de las personas detenidas, el mantenimiento de la Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de Orden Público franquista y la criminalización de los movimientos sociales que lleva a cabo, de forma sistemática, el estado
Por todo esto desde CGT Catalunya pedimos vuestra solidaridad activa, y animamos a cada sindicato y federación a : realizar aportaciones económicas en la cuenta de solidaridad de Laura Riera como medida activa y visible de apoyo. El número de cuenta es : 2100 1391 96 0200043433 (poner en el concepto “solidaridad con Laura Riera” y la Federación o sindicato que hace la aportación) realizar actos y actividades de denuncia de la situación de Laura y difundir su caso siempre que sea posible estar atentas a los actos y movilizaciones que realizan otros colectivos y colaborar y participar de forma activa escribir a Laura por recordarle que no está sola : Laura Riera Valenciano CENTRO PENITENCIARIO DE VALENCIA Ctra. N-340, km. 225 46220 Picassent (VALENCIA)
Laura Libertad !8 años secuestrada por el estado!
Solidaridad Antirepressiva de Terrassa 2009-08-26 15:51:57
Desde Solidaridad Antirepressiva de Terrassa queremos denunciar un año más la detención y encarcelamiento de nuestra compañera egarense, Laura, el 24 de agosto de 2001, hará ya ocho años.
[Traducción al castellano]
Fue detenida en Terrassa, bajo la aplicación de la ley antiterrorista, por la guardia civil y conducida a Madrid donde pasó 5 días en sus calabozos, donde sufrió duras torturas que le ocasionaron diversas lesiones y que sirvieron para que le hicieran firmar todo lo que le pusieran por delante.
Al declarar ante la Audiencia Nacional denunció haber sufrido torturas y desmintió todas las declaraciones que le habían obligado a firmar. El juez no hizo caso y ordenó su ingreso en prisión preventiva acusada de colaborar con la organización armada ETA, y posteriormente fue condenada a nueve años de prisión con las únicas "pruebas" (si es que se pueden considerar pruebas) de las declaraciones extraídas bajo tortura a varias personas detenidas.
Desde que fue detenida y encarcelada se le aplicó un régimen de control penitenciario muy duro y totalmente irregular, sino ilegal. Nos referimos al régimen FIES y la dispersión.
El Fies es un régimen de control muy estricto y que vulnera muchos derechos fundamentales de la persona. Le controlan y restringen las visitas, las llamadas telefónicas, viven un aislamiento dentro de la prisión en módulos y patios separados del resto de presos, controlan a familiares y amigos y reciben un trato hostil por parte de los funcionarios.
La dispersión consiste en mantener a la persona presa lo más lejos posible de su entorno social y familiar, cuando sus propias leyes dicen todo lo contrario. Esto lo hacen para intentar acabar con el propio preso haciendo que pierda el contacto con su familia y amigos y que se encuentre aislado. Además también afecta a las personas que tienen que visitar que deben recorrer grandes distancias con el desgaste económico que supone y el peligro de los accidentes de tráfico. Desde su encarcelamiento ha pasado por varias cárceles de Madrid, por Badajoz, por Alicante, por Valencia, y actualmente se encuentra en la prisión de Wad-Ras de Barcelona.
SAT siempre hemos considerado a Laura como una presa política, es decir, que su encarcelamiento es fruto de un conflicto político que el estado no lo quiere resolver sino es con medidas represivas, y nosotros creemos que esta no es la solución. Por este motivo no nos hemos cansado nunca de ofrecer nuestra solidaridad, de denunciar públicamente su situación y la del resto de presas y presos políticos y de exigir su libertad, y así lo seguiremos haciendo hasta que todos los presos y presas estén en la calle.
Solidaridad Antirepressiva de Terrassa. Agosto 2009. www.kaosenlared.net/noticia/laura-llibertat-8-anys-segrestada-per-lestat
EN CATALÁN EN kaosenlared
miércoles, 26 de agosto de 2009
Chile: “¿Cómo será esto de que la violencia se la hacen los mapuches contra ellos mismos?”. Pregunta el lonko baleado en las piernas
25 de agosto de 2009
Lucía Sepúlveda Ruiz
(especial para ARGENPRESS.info)
Poco antes de regresar a su comunidad Huañaco Millao, en la comuna de Ercilla, el, lonko Juan Carlos Curinao –que se atendió en la Posta Central de Santiago de una infección provocada por perdigones incrustados en sus dos piernas- , se despidió de Juana Aguilera, de la Comisión Etica Contra la Tortura con estas palabras: “¡Tanto que hablan de la violencia del mapuche y los únicos que han sido muertos y han resultado heridos son los mapuche!
¿Cómo será esto de que la violencia se la hacen los mapuches contra ellos mismos? ¡También inventan que vienen otras gentes a meternos en conflictos! Eso es no querer ver lo que estamos planteando. No necesitamos que venga nadie, porque nosotros tenemos claro cuáles son los derechos que estamos defendiendo y sabemos lo que buscamos: la vida y la tierra. Porque nosotros amamos la vida".
El lonko Curinao es uno de los dirigentes tradicionales que integra la Alianza Territorial Wenteche, impulsora de las recuperaciones de tierras realizadas desde finales de julio. Su comunidad reivindica territorio ocupado por las forestales en los predios Chiquitoy, El Trébol y el fundo El Cielo.
Viajó a la capital buscando calmar el dolor provocado por los perdigones incrustados en sus extremidades luego de ser herido al intentar acercarse para auxiliar al comunero Jaime Mendoza Collío, asesinado por el cabo Miguel Jara Muñoz,de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Este disparó por la espalda a Mendoza y luego los policías siguieron disparando, impactando a Curinao en la parte posterior de sus piernas. A comienzos de julio de este año, este dirigente había viajado a la capital junto a un centenar de lonkos que solicitaron ser recibido por las más altas autoridades de gobierno, recibiendo como única respuesta la represión policial al acercarse al palacio de La Moneda.
Esta vez Curinao viajó a Santiago acompañado por Enrique Pérez, de la Comisión Etica Contra la Tortura de Temuco. Tanto en la región de la Araucanía como en Santiago, esa entidad de derechos humanos –apoyada por la recién constituida filial europea de la Comisión Etica –desarrolla una campaña nacional e internacional de denuncia por los asesinatos de comuneros mapuche y por el fin de la militarización de la zona que protagoniza las recuperaciones de tierras. La Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) es una entidad de coordinación de organismos de derechos humanos y de personalidades de reconocida autoridad moral. En Santiago miembros de la entidad coordinaron los esfuerzos para recabar ayuda con médicos y trabajadores de la salud.
Luego de ser tratado, el lonko Curinao reveló que existen otros seis mapuche que también están viviendo los efectos de haber sido baleados con perdigones, pero evitan asistir a los centros de salud para no quedar detenidos.
Acceso a la salud
Además del riesgo real de detención,una dificultad adicional proviene del hecho de que hay mapuche de comunidades apartadas que no han ingresado nunca a los sistemas de atención médica, e ignoran cómo funcionan los sistemas de acceso e inscripción para ser atendidos en condición de gratuidad. No siempre los funcionarios les explican qué deben hacer y qué documentos se requieren para ello.
En el hospital El Salvador de Santiago, el pasado miércoles 19 el personal administrativo no cumplió con las normas esperadas de trato a un paciente con Víctor Benjamín Curinao (24 años, padre de familia), comunero de Wañako Millao quién perdió completamente la visión de un ojo, como producto del disparo de un balín que aún permanece alojado en esa cavidad. Benjamín Curinao se encontraba solidarizando con las familias de la comunidad de Temucuicui, cuando llegó carabineros disparando en medio de gritos y llantos de mujeres y niños. Era la tarde del 29 de julio, y a la misma hora, el subsecretario del interior Patricio Rosende sobrevolaba territorio mapuche en un helicóptero.
Con la agresión perpetrada por un agente del Estado no identificado, el comunero ha quedado prácticamente como discapacitado visual porque en su otro ojo ya tenía un déficit de 30% de visión. Próximamente intentará lograr un nuevo control médico. La primera atención la recibió en el Hospital de Victoria y posteriormente en El Salvador. En la capital, gran parte del tiempo lo ha pasado en las diversas ventanillas de regularización de papeles para la recaudación sin ser atendido. La Comisión Etica ha solicitado la intervención al más alto nivel del Ministerio de Salud para que pueda recibir el tipo de atención médica especializada requerido por su caso .
Palos y piedras contra balas y gases
Juana Aguilera, dirigente de la Comisión Etica Contra la Tortura, sostiene que el Lonko Juan Carlos Curinao les informó que la policía está haciendo uso de armas de largo alcance y que viven una situación de guerra; ellos con sus palos y sus piedras y la policía del Estado chileno, fuertemente armada con sus balas y gases.
“Nos explicó el lonko que los niños están viviendo tiempos muy duros, y que lo único que está logrando el Estado es que la juventud ‘se ensoberbie’ cada día más. El dice que de continuar esta escalada de injusticias, los mayores no lograrán detenerlos”, agregó Juana Aguilera.
El lonko comentó que habían tenido la expectativa de que la Presidenta Bachelet cumpliera su palabra de respetar los derechos de los mapuche de acuerdo al Convenio 169, de acuerdo a lo cual debería haber dado una fuerte señal destituyendo a la Intendenta Nora Barrientos, a los gobernadores de la zona, el general de carabineros Cristián Yevenes, al mando de las fuerzas de carabineros de la región de la Araucanía y al subsecretario del interior Patricio Rosende por su responsabilidad política en los hechos citados.
Acerca del diálogo
Juana Aguilera dio a conocer al lonko la declaración pública emitida por la Comisión Etica Contra la Tortura el 17 de agosto. En ella se plantea: “El llamado al diálogo realizado por la Presidenta de la República debe comenzar con la salida de la dotación policial de la zona y el término de sus ‘cuarteles’ en las propiedades de los latifundistas cuyas tierras el pueblo mapuche reclama. Retomar el diálogo significa desmilitarizar la zona mapuche y establecer una instancia donde personas de reconocida solvencia moral garanticen la real voluntad de diálogo.”
La entidad de derechos humanos declaró asimismo que el brutal asesinato de Mendoza Collío “da cuenta del pleno fracaso de las políticas gubernamentales sobre los asuntos indígenas. Responsabilizamos a las autoridades del Ministerio del Interior de la creciente militarización de los territorios mapuche, del amedrentamiento a su población, los allanamientos, detenciones y torturas con las que han ocultado la inoperancia de las autoridades nacionales, regionales, locales, policiales y políticas frente a un conflicto que no han sabido resolver conforme a los compromisos internacionales contraídos por el Estado chileno en cuanto al resguardo de los derechos culturales y humanos de los mapuche.” Sostuvieron asimismo que los mecanismos utilizados por el gobierno “obedecen a la lógica de la ‘guerra preventiva’, que divide al mundo en amigos y enemigos. En este caso, los mapuche que exigen recuperar sus tierras ancestrales, ahora en manos de empresas forestales, se han convertido en enemigos; a quienes por la fuerza y la violencia policial se les niega sus derechos.”
Foto 1: Chile, Naciones Originarias - Lonko Juan Carlos Curinao de la Comunidad Huañaco Millao. / Autor: TRINCHERA DE LA IMAGENFoto 2: Chile, Naciones Originarias – El lonko Juan Carlos Curinao muestra las heridas de la perdigonada policial. / Autor: TRINCHERA DE LA IMAGEN
lunes, 24 de agosto de 2009
Chile Declaración de los historiadores en apoyo al pueblo Mapuche
Adital -
20.08.09 - CHILE
"Con dolor e indignación", destacados historiadores e historiadoras de diferentes universidades afirmaron que la interpelación que le hicieron a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en enero de 2008, "en torno a acoger las demandas históricas del pueblo mapuche no sólo no ha sido escuchada, sino que, por el contrario, el cerco represivo y mediático se ha intensificado. Prueba de ello es el asesinato el miércoles 12 de agosto del joven comunero mapuche Jaime Mendoza Collío". Por tanto , los académicos e investigadores difundieron este miércoles una nueva declaración en que reconocen al "Gulumapu", como el territorio histórico del pueblo Mapuche.
Luego del asesinato del joven Weichafe Jaime Mendoza Collio, perpetrado por funcionarios policiales del Estado chileno, historiadores de las más prestigiosas universidades públicas y privadas nuevamente volvieron a señalarle a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que acoja "las demandas históricas del pueblo Mapuche" y rechazaron que el gobierno y las empresas de comunicación masiva hayan "intensificado el cerco represivo y mediático" en el "Gulumapu, territorio histórico" de este pueblo indígena del cono sur de América.
Esta es la declaración de los historiadores:
"Con dolor e indignación, los historiadores e historiadoras que suscribimos esta declaración, constatamos que la interpelación que le hiciéramos a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en enero de 2008, en torno a acoger las demandas históricas del pueblo mapuche no sólo no ha sido escuchada, sino que, por el contrario, el cerco represivo y mediático se ha intensificado. Prueba de ello es el asesinato el miércoles 12 de agosto del joven comunero mapuche Jaime Mendoza Collío. Queremos, en consecuencia, ratificar ante el pueblo chileno y la comunidad internacional lo señalado hace un año y medio atrás.
1. Rechazamos la militarización del Gulumapu (territorio histórico del pueblo mapuche), la instauración de un régimen permanente de vigilancia y terror policial, el encarcelamiento y procesamiento de comuneros mapuches y el cobarde asesinato de Jaime Mendoza Collío.
2. Consideramos que situaciones de esta naturaleza tienen una larga génesis histórica, que arrancó con el proceso de conquista y ocupación militar de la Araucanía por las huestes españolas en el siglo XVI, cuando empezó el proceso de usurpación de las tierras indígenas. Si bien la resistencia mapuche logró contener durante los siglos coloniales y en las primeras décadas republicanas el avance invasor, durante la segunda mitad del siglo XIX, a medida que el Estado nacional chileno se consolidaba, nuevamente la clase dominante fijó sus ojos en esos territorios, desplegando la mal llamada "Pacificación de la Araucanía", que culminó con el despojo violento de las tierras del pueblo mapuche y su confinamiento en reducciones que han perpetuado su pobreza, marginación y discriminación hasta nuestros días.
3. Desde entonces la lucha de los mapuches por recuperar sus tierras ancestrales no ha cesado aunque se ha manifestado de manera diversa y ha conocido avances y retrocesos según los momentos históricos. Comenzando con la constitución de las primeras organizaciones mapuches (mutualistas y culturales) a comienzos del siglo XX hasta las actuales recuperaciones de tierras, pasando por la participación en partidos políticos, el levantamiento de Ranquil de 1934 (en alianza con campesinos pobres chilenos) y las "corridas de cerco" de los años de la Reforma Agraria, se puede observar una notable continuidad histórica en las demandas de tierra, justicia y libertad de este pueblo.
4. En los últimos años las reivindicaciones históricas mapuches han sido enfrentadas por el Estado de Chile de manera esencialmente judicial y policial, criminalizando sus luchas y negándose al reconocimiento de su autonomía como pueblo. Esto se ha traducido en una creciente militarización de la Araucanía, la aplicación de la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura militar, y el cerco mediático oficial respecto de la realidad que se vive en ese territorio.
5. Los principales agentes del Estado, al igual que las autoridades regionales y locales de la Araucanía, los partidos políticos representados en el Parlamento, las organizaciones empresariales y la mayoría de los medios de comunicación social han patrocinado o avalado esta ofensiva represiva contra las comunidades mapuches, guardando un silencio cómplice o deformando groseramente lo que está ocurriendo.
6. Esta situación requiere un drástico cambio de política del Estado de Chile, que debe asumir un reconocimiento pleno de la diversidad de pueblos originarios existente en nuestro país, lo que implica, entre otros puntos, la autonomía política de las comunidades indígenas, la devolución de sus tierras arbitrariamente usurpadas en base al "derecho de Conquista" y el pleno respeto de los Derechos Humanos de sus integrantes.
7. Frente a la justicia de las demandas históricas del pueblo mapuche y teniendo presente el actual escenario represivo que el Estado chileno ha configurado en la Araucanía, manifestamos nuestra más profunda solidaridad con el pueblo mapuche y advertimos a las autoridades de gobierno que la violencia desatada por la policía en la región sólo legitima el derecho a la autodefensa de aquellos históricamente agredidos.
Santiago de Chile, 19 de agosto de 2009.
Sergio Grez Toso, Universidad de Chile.
Igor Goicovic Donoso, Universidad de Santiago de Chile.
Julio Pinto Vallejos, Universidad de Santiago de Chile.
Jorge Pinto Rodríguez, Universidad de La Frontera (Temuco).
Patrick Puigmail, Universidad de Los Lagos (Osorno).
Milton Godoy Orellana, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, Universidad Diego Portales.
Augusto Samaniego Mesías, Universidad de Santiago de Chile.
Margarita Iglesias Saldaña, Universidad de Chile.
Alberto Díaz Araya, Universidad de Tarapacá (Arica).
Pablo Aravena Núñez, Universidad de Valparaíso.
Alejandra Brito, Universidad de Concepción.
Manuel Loyola, Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez.
Pedro Rosas Aravena, Universidad ARCIS.
Luis Corvalán Márquez, Universidad de Valparaíso.
Nelson Castro, Universidad de Valparaíso.
Sergio Caniuqueo Huircapán, Comunidad de Historiadores Mapuche.
Luis Vitale Cometa, Universidad de Chile.
Claudia Videla, Universidad de Chile.
Karen Alfaro Monsalve, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa (Concepción).
Pablo Artaza Barrios, Universidad de Chile.
Alexis Meza Sánchez, Universidad ARCIS.
Patricio Quiroga Zamora, Universidad de Valparaíso.
Claudio Robles, Universidad Austral de Chile (Valdivia).
Beatriz Areyuna Ibarra, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Mario Valdés Vera, Universidad ARCIS (Concepción).
Leonardo León Solís, Universidad de Chile.
Claudio Pérez Silva, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
César Leyton Robinson, Universidad de Chile.
Manuel Fernández Gaete, Universidad Bolivariana (Los Ángeles).
Ivette Lozoya López, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Marcos Fernández Labbé, Universidad Alberto Hurtado."
jueves, 20 de agosto de 2009
Se amplían en Arizona las redadas contra los inmigrantes
20-08-2009
Valeria Fernández
IPS
El "comisario más duro de Estados Unidos" intensifica las redadas contra trabajadores inmigrantes indocumentados en el estado de Arizona, a pesar de que el gobierno de Barack Obama procura que la represión se concentre en las empresas infractoras y no en los empleados.
Katherine Figueroa, de 9 años, no ve a sus padres desde hace dos meses, cuando la policía del condado de Maricopa arrestó a la pareja de trabajadores indocumentados en una redada en la empresa donde trabajaban. Figueroa estaba jugando con una amiga en la casa de una tía cuando escuchó por televisión la noticia de la redada en un lavadero de automóviles. Corrió a ver las imágenes y pudo observar a su padre retirado con esposas en sus muñecas. Sus padres, Sandra y Carlos Figueroa, se encontraban entre los 25 detenidos ese día. Se los acusa de robo de identidad por utilizar documentos falsificados para conseguir trabajo en Arizona, sudoeste de Estados Unidos. Podrían pasar seis meses en la cárcel antes de ser sometidos a juicio, y posteriormente hasta dos años de libertad condicional. De todas maneras, al final les espera la deportación a México, su país natal. La policía de Maricopa, donde residen casi cuatro millones de habitantes, más de la mitad de la población de Arizona, ejecutó 22 redadas y arrestó a 264 trabajadores desde 2008. La máxima autoridad policial del condado es el comisario Joe Arpaio, quien se jacta de ser el más duro de Estados Unidos. "El robo de identidad es un delito grave. Aunque parece que el presidente (Obama) y el Departamento (ministerio) de Seguridad Interior perseguirán exclusivamente a las empresas, yo seguiré persiguiendo a los extranjeros ilegales en los establecimientos comerciales que quiten empleos valiosos a los ciudadanos estadounidenses", declaró Arpaio en un reciente comunicado de prensa. La legislación de Arizona contra las empresas que contratan a sabiendas trabajadores indocumentados es una de las más rigurosas de este país. Las compañías pueden perder sus permisos de trabajo y, en caso de reincidir, pueden ser clausuradas. Pero desde que la ley entró en vigor en 2008 sólo se ha utilizado para arrestar a los empleados. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que no se puede acusar de robo de identidad a los trabajadores inmigrantes si estos no se apropiaron a sabiendas del número de identificación que utilizan para trabajar. Pero ese fallo no afecta a Arizona, que cuenta con sus propias leyes de robo de identidad. Figueroa, que es ciudadana estadounidense, participó en una marcha el día 7 con decenas de niños y niñas para exigir que cesen las redadas que separan a las familias. "Obama, Obama queremos a nuestros padres", gritaban los niños que marcharon bajo el fuerte sol del verano de Arizona desde la cárcel donde se encuentran detenidos sus padres hasta las oficinas del comisario Arpaio, en el centro de Phoenix, la capital estadual. "Tiene que cesar las redadas, no es justo lo que hace con la gente", afirmó Figueroa, que sostenía un cartel con la imagen de una mariposa naranja y negra. La mariposa monarca, que migra entre México y Estados Unidos para sobrevivir, fue el símbolo de la marcha. "Quiero decirle al comisario Arpaio que deje a mis padres tranquilos y los ponga en libertad. Y que saque a los trabajadores (de la cárcel) y en su lugar ponga a los asesinos y los ladrones", agregó. Las redadas de trabajadores en Arizona colocan a las familias inmigrantes, a menudo con hijos nacidos en Estados Unidos, en la necesidad de obtener asistencia jurídica y apoyo financiero, pero no existe la infraestructura para ayudarlas. "Pienso en cómo voy a comprar los pañales de mi hija", dijo María, indocumentada de 20 años y madre de una bebé de ocho meses cuyo esposo fue detenido en una redada. María, embarazada de cuatro meses, pidió que su nombre permanezca en el anonimato. "No había un motivo real para arrestarlos. Sólo estaban trabajando para alimentar a sus hijos", dijo. Algunas comunidades arman ventas callejeras y lavados de automóviles para recaudar fondos. Otras encuentran ayuda en las iglesias que les ofrecen lugar para reunirse y organizarse. "Muchas familias no están preparadas para resolver el cuidado de los hijos", sostuvo Sarah Myklebust, activista de Phoenix Repeal Coalition, un grupo comunitario que ofrece orientación y organiza a la población inmigrante. Otro problema es que las familias no tienen dinero para contratar abogados, y a los tribunales les faltan traductores para que entiendan el proceso, agregó. "Hay una gran escasez de abogados especializados en inmigración", destacó Myklebust. Y además están las necesidades básicas. "Son embarazadas que dependen de sus maridos y no les alcanza para pagar una ecografía o las cosas cotidianas", dijo. La situación de los Figueroa es muy difícil. La familia tuvo que vender muebles de su casa para conseguir dinero y pagar parte de los honorarios de los abogados que defienden a los detenidos. El proceso legal también ha sido confuso. "Estoy triste y confundida", dijo a IPS Sandra Figueroa en una entrevista en la cárcel Estrella para mujeres. "Los abogados me informaron que si quiero salir libre tengo que acusar a mi jefe". Ella cree que recibió pésima asistencia jurídica. Un abogado llegó incluso a sugerirle que contrajera matrimonio con un ciudadano estadounidense para obtener sus documentos legales, recordó. Las redadas de Arpaio no están exentas de protestas y polémicas. "Pasé tres meses en la cárcel y nunca recibí atención médica", aseguró Celia Álvarez, detenida en febrero en una redada en una empresa de paisajismo. Ella no pudo amamantar a su hijo. "No sólo nos daña a nosotros, también daña a nuestros hijos", dijo sobre Arpaio. Su hija Heidi Portugal, ciudadana estadounidense de 11 años de edad, se manifestó junto a otros niños en la marcha de este mes. "Quiero que (Arpaio) deje de robarle las sonrisas a los niños. Creo que habría que deportarlo a México para que pueda ver cómo sufre la gente allí, lo difícil que es cruzar a Estados Unidos. ¿Nunca se le ocurrió preguntar por qué vinieron? ¿Cuántas sonrisas dejaron atrás?", interrogó. A pesar de todo, existen algunas señales positivas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando presuntas violaciones a los derechos civiles cometidas por la oficina del comisario de Maricopa. En virtud de un acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior, Arpaio cuenta con la fuerza más numerosa del país para aplicar las leyes migratorias federales. Pero sus atribuciones federales están en cuestión debido a una reciente disposición adoptada por la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, solicitando a la policía que se dedique a detener a los inmigrantes que cometan delitos y no a aquéllos que se encuentran sin permiso de residencia en el país. Salvador Reza, un activista de Puente, una organización contraria a las prácticas de Arpaio, dijo esperar que la marcha de los niños "llegue al corazón" del comisario, si es que lo tiene. "Esto es una forma de abuso infantil", sostuvo Buffalo Rick Galeener, partidario del comisario Arpaio y uno de los pocos que protestaron contra la marcha de los niños. "Estos padres se están separando de sus hijos, cuando podrían llevarlos de vuelta a México", afirmó.
miércoles, 19 de agosto de 2009
Criminalización del apoyo a los presos políticos
La Ertzaintza carga en Donostia y deja dos heridos por pelotazos
Los familiares de los presos políticos vascos que desfilaban en silencio portando las imágenes de sus allegados fueron objeto de una brutal carga de la Ertzaintza cuando ya habían dado por concluida la movilización en Donostia. La mayoría de los participantes, de edad avanzada, buscaba un cobijo, en portales y bares, que no encontró ya que los agentes cargaron hasta en el repleto corazón de la ciudad, causando, al menos, dos heridos, uno de ellos de 85 años.
Janire ARRONDO DONOSTIA
La Ertzaintza cargó con saña contra los centenares de donostiarras que se disponían a abandonar la encartelada de Etxerat que, como cada viernes, denunció la situación que padecen los presos políticos vascos a cientos de kilómetros de sus hogares. Al menos, dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser atendidas por los pelotazos lanzados por la Policía autonómica. Una de las personas lesionadas es un hombre de 85 años de edad que se encontraba en la plaza de la Constitución viendo una exhibición de jotas, ajeno a la movilización. Pero la Ertzaintza entró hasta el corazón de la ciudad persiguiendo a los familiares de los presos.
El veto impuesto por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no había conseguido que Etxerat cejara en su empeño de llevar a cabo ese acto de solidaridad con sus allegados y de denuncia de la dispersión. Centenares de personas, en su mayoría de avanzada edad, partieron desde Alde Zaharra alzando las imágenes del centenar de donostiarras que se encuentran presos, tal y como lo vienen haciendo durante diecinueve años todos los viernes.
Cuando asomaban por la calle San Juan, en un escrupuloso silencio y con sus singulares pañuelos blancos atados al cuello, vieron como se materializaba el veto impuesto por el tribunal especial español: doce furgonetas de la Ertzaintza estaban apostadas a su espera.
Los familiares de presos que abrían la encartelada portando la pancarta -en la que se leía «Euskal presoak eta iheslariak etxera»- se quedaron inmóviles durante más de diez minutos ante el cordón policial. Tras ser identificados por los uniformados y viendo su negativa a dejarles pasar, los integrantes de Etxerat recogían la pancarta y se disponían a dejar atrás el Boulevard entre aplausos y gritos de ánimo para los represaliados. En ese momento llegó la primera carga de la Ertzaintza.
Las personas que pretendían abandonar el Boulevard se vieron sorprendidos por detrás con una dura carga, lo que obligó a la gente a dispersarse por toda la Parte Vieja en busca de refugio ante los pelotazos, lanzados en alguna ocasión, a menos de diez metros de distancia.
Fueron muchos de ellos los que buscaron cobijo en la plaza de la Constitución, pensando que por el hecho de encontrarse repleta por el certamen de jotas navarras, ello haría parar las acometidas policiales.
Se equivocaron. Los agentes de la Ertzaintza los siguieron hasta allí y cargaron en el interior de la plaza, hiriendo por lo menos a un anciano de 85 años que fue trasladado en ambulancia al hospital. Otra persona también fue herida de un pelotazo en la pierna.
Las cargas, sin embargo, no evitaron las muestras de solidaridad y un grupo de jóvenes cogió el testigo y las fotos de los presos políticos para dirigirse de nuevo con determinación hacia el cordón policial, lo que provocó más cargas y carreras.
Después de que el juez Garzón decretara la ilegalidad de un sinfín de actos en favor de los derechos de los represaliados previstos para la Aste Nagusia donostiarra, otro juez, Eloy Velasco ha vuelto a prohibir la manifestación convocada para hoy. El razonamiento esgrimido es «prevenir un posible enaltecimiento terrorista con escarnio a sus víctimas».
Tras un segundo auto de Garzón, el movimiento pro amnistía llamó a la ciudadanía a participar en la manifestación que partirá hoy a las 19.00 desde el Kursaal donostiarra, precisando que su intención era manifestarse, como cada año, en favor de los derechos de los presos.
Mientras tanto, en Tafalla, donde, al igual que en la capital guipuzcoana, estaba prohibida la encartelada de los viernes, no aparecieron ni las fuerzas policiales ni la Guardia Civil y cientos de personas desarrollaron la movilización con normalidad.
Pese a prohibiciones y amenazas, las muestras de apoyo se sucedieron por la geografía vasca. Como ejemplo, en Arbizu se reunieron 65 vecinos y 87 en la vecina Etxarri Aranatz; en Bilbo, 110; en Lekeitio, 100; 135 en Zarautz; 32 en Mundaka; 42 en Lazkao; 260 en Iruñea y los mismos en Gasteiz; 90 en Hernani; 12 en Bera y 122 en Orereta.
KIRRULI
Agentes de la Ertzaintza entraron ayer en la sociedad Kirruli del barrio bilbaino de Indautxu, donde requisaron las fotografías. Testigos denunciaron que registraron el local sin orden alguna y que identificaron y amenazaron a la gente que en ese momento se encontraba allí.
Menos de veinte personas no cuentan como concentración
Después de toda una semana plagada de prohibiciones gubernativas y judiciales de las muestras de solidaridad y de distintos actos en defensa de los derechos de los presos políticos vascos, los cuerpos policiales que operan en Euskal Herria también han intensificado su particular actuación.
Nunca hasta la fecha se habían visto vetadas de forma generalizada las encarteladas y protestas que la asociación de familiares de presos políticos vascos, Etxerat, lleva realizando desde hace décadas. Sin embargo, en una semana y con mandato de Madrid, han sido criminalizadas las de Donostia y Tafalla, y en otras localidades se han visto hostigadas con las decisiones arbitrarias de las FSE.
El jueves, la Policía española volvió a hacer acto de presencia en las distintas concentraciones de Iruñea. Mientras que en el barrio de la Txantrea se colocaron en cuatro grupos, formado cada uno por 19 personas, en el barrio de Donibane todo cambió cuando se llegó a esa cifra. Los policías se mantuvieron sin actuar hasta el instante en el que el grupo alcanzó la veintena de integrantes. Entonces, procedieron a reprimir la movilización, retirando la pancarta e identificando a los participantes.
Por su parte, la Ertzaintza, después de conocerse que Madrid ha imputado a cuatro ciudadanos navarros por negarse al parecer a retirar las fotos de los presos, se personó en la «herriko» de Getaria afirmando que se habría decretado su cierre, mostrando las esposas y amenazando con detener a quienes les solicitaron el correspondiente auto judicial. Al no conseguir engañar a los presentes, los agentes procedieron a su identificación y a la apertura de diligencias. Precisamente, en este contexto marcado por la cascada de imputaciones judiciales y actuaciones policiales, el diario «El País» publicaba ayer un artículo que recoge una gira por las «herriko taberna» de Donostia, explicando a sus lectores que cuentan con carteles, huchas y boletos de rifas. G.M.
En Gernika no hubo pregón de fiestas y la bajada de cuadrillas se hizo en silencio
El arranque de las fiestas de Gernika también estuvo marcado por la injerencia de la Audiencia Nacional española, después de que el jueves por la tarde el magistrado Eloy Velasco prohibiera el acto que da inicio a las fiestas por ser Etxerat y el equipo de rugby de la localidad los encargados de dar lectura al pregón. Así, las fiestas arrancaron sin pregón alguno y, como protesta al veto de Madrid, la tradicional bajada de las cuadrillas también se desarrolló en un primer momento en silencio, sin música de las comparsas, y entre gritos en denuncia de la situación que vive Euskal Herria y en favor de los derechos de los presos políticos.
La comisión de fiestas, que agrupa a numerosos movimientos populares, culturales y deportivos, es la encargada de diseñar todos los pormenores del programa festivo de la villa y decidió que en esta edición de las fiestas patronales fuera el Club de Rugby Gernika, por haber ascendido a División de Honor, y Etxerat, por el vigésimo aniversario de la dispersión, los escogidos para dar lectura al texto.
Sin embargo, en un hecho insólito y sin precedentes desde que Gernika recuperara sus fiestas populares, ha sido un juez del tribunal especial español quién ha tomado la última palabra en torno a quién puede y quién no puede felicitar las fiestas a sus convecinos.
En el auto emitido por Eloy Velasco, además de apuntar que Etxerat «justifica y ensalza la trayectoria terrorista de los presos de la banda», también se vetaba la palabra a Gernika Rugby Taldea indicando que suele exhibir carteles en favor de la repatriación de los presos en sus partidos.
La imposición de Madrid también generó momentos de tensión dentro del Ayuntamiento. La comisión de fiestas, la responsable del programa festivo, fue la primera en reunirse y abogó por que no hubiera ni pregón ni chupinazo. Éste estaba previsto para las nueve de la noche, y poco antes un integrante de la comisión de fiestas pretendía tomar la palabra para denunciar la injerencia de la Audiencia Nacional española e informar a los gernikarras de la decisión adoptada.
La iniciativa de la comisión festiva no fue respetada por la mayoría del Consistorio, ya que en el pleno extraordinario que tuvo lugar momentos después todas las formaciones excepto los concejales de la izquierda abertzale - EA, que ostenta la alcaldía, PNV y Aralar-, decidieron que, por encima de la pretensión popular, el chupinazo sí sería lanzado por el alcalde, como así se haría después.
La Policía Municipal ni si quiera dejó pasar a los portavoces de la comisión de fiestas, por lo que se vivieron momentos de tensión. O.L
martes, 18 de agosto de 2009
"El caso de Rodrigo Lanza"
14-08-2009
Rojo y Negro
http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article27764
El Tribunal Supremo aumentó a cinco años la condena a prisión de Rodrigo Lanza Huidobro el 16 de junio de 2009, por lo cual el joven debe volver a la cárcel. Los hechos se remontan a la madrugada del 4 de febrero de 2006 cuando el joven estudiante de historia se dirigía acompañado de otros amigos a una fiesta en una casa okupada. Al llegar, se encontraron con un cordón policial barrando el paso.
El 4 de febrero de 2006 en la calle Sant Pere mes Baix, 55 de Barcelona hay una fiesta tipo rave en una casa "ocupada". La Guardia Urbana (policía local) tiene "acordonada" la zona. En teoría el inmueble -propiedad del Ayuntamiento- está vigilado por la Guardia Urbana paera impedir su uso. La realidad es que hay una fiesta donde la gente entra y sale -incluso se registra la presencia de secretas dentro-. Sobre las 6,20 de la mañana la Guardia Urbana decide impedir el paso por esa calle. Algunos personas tratan de acceder a la fiesta y otras simplemente atravesar la calle. Rodrigo Lanza -entre otros- pide que le dejen pasar para ir a la boca del Metro que hay al lado. Le dicen que se vaya a otra (mucho más lejos). En esto se porduce una carga. Rodrigo Lanza recibe un fuerte porrazo en la cabeza que le hace sangrar abundantemente. Al momento de la carga salen vecinos de varios inmuebles que gritan contra la policía. Caen objetos, entre ellos macetas. Una, problamente lanzada desde la casa de la fiesta, impacta en la cabeza de un Guardia Urbano dejandolo herido grave. Tras la carga se producen 9 detenidos. Cinco estaban en la calle -nunca estuvieron dentro del edificio, entre ellos Rodrigo Lanza- y cuatro que salen en ese momento del edificio. De los 9 detenidos se ceban con tres. Tres sudamericanos con pinta de alternativos que estaban en la calle.
El alcalde Joan Clos sale en la mañana del día siguiente en todos los medios de comunicación diciendo que una maceta lanzada desde un edificio había herido de gravedad a un guardia urbano. Esta versión se repite cada hora en las noticias. A continuación el informe policial por el cual Clos habla de la maceta "desaparece". Clos cambia la versión y dice que no existe informe con la teoría de la maceta. Que había sido por una información "oral" de la Guardia Urbana por lo que él había salido en todos los medios hablando de la maceta, cosa poco habitual. Dña. África de la Criz Ramos, del equipo sanitario del 061 que atendió al guardia urbano herido , declaró en el Juzgado de Instrucción nº 18 de Barcelona que en el lugar de los hechos había alguna maceta. El tema de la maceta es central en la acusación contra Rodrigo Lanza (condenado a 5 años de cárcel), Alex Cisternas y Juan Daniel Pintos (condenados a 3 años y medio). La nueva versión de la policía es que estos arrojaron piedras que al impactar en el guardia urbano este cayó y se rimpió la parte trasera del craneo con la acera. Posibilidad que pusieron en duda la mayoría de los perítos médicos en el juicio (está en video).
El médico Robert Panades B. declaró que "…pregunté a los agentes -que por allí se encontraban- cuál había sido el mecanismo de la lesión y no lo supieron incicar, unos decían que había caído algo de arriba, como un tiesto ; otros que había sido una pedrada pero nadie sabía concretarlo". Luego en juicio todos los policias lo tenían claro.
A todo esto, y extrañamente, la fiesta continua en el edificio después de la carga. Los cuatro detenidos al salir de casa son liberados. El organizador de la fiesta pasa unas horas en comisaría declarando, pero parece ser que no como detenido. Esta persona es acusada por el movimiento okupa de Barcelona de traficante y soplón de la policía.
Rodrigo Lanza y los otros dos denuncian que fueron torturados en la comisaría l’ABP Sants-Montjuïc. Tanto les dieron que el médico de la policía determinó que debían ser llevados a un hospital. Tanto las torturas como el hecho estar desaparecidos durante 15 horas después de su detención en manos de la policía ha sido denunciado por Amnistía Internacional -en su informe sobre los Mossos- y la Comisión de Defensa de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona.
Hay un policía herido y los tres sudacas se van a comer el marrón. Después de los incidentes la Guardia Urbana ha acordonado la zona. Cosa que hace con cualquier mínimo accidente de circulación para que la policía científica pueda ayudar a esclarecer los hechos, más logicamente ante la gravedad de los hechos. Pues bien cuando la policía científica se presenta en el sitio horas después -a las 10,00 del día 4 de febrero- se encuentra con que la zona ha sido completamente limpiada por el Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Barcelona. Como dijo el regido del distrito de Ciutat Vella, Carlos Martí, el 6 de abril de 2006, el hecho de que la empresa de limpieza del Ayunamiento de Barcelona actuara tuvo que ser ordenado o permitido por la Guardia Urbana que estaba en la zona. Este hecho ha sido fundamental para eliminar un gran número de pruebas que exculparían a Rodrigo Lanza y Alex Cisternas. La madre de Rodrigo puso una denuncia por este hecho y pidió a la Justicia que se identificase al jefe del operativo de la Guardia Urbana que permitió la limpieza del lugar.
Del tema de la torturas la jueza pasó olimpicamente. A los tres jóvenes se les enseñaron unas fotocopias en blanco y negro con 20 fotos a tamaño carnet y con imágenes antiguas de los policias para que "los identificasen". En el juicio la jueza no permitió ningún testigo de la defensa (gente en la calle, gente de los balcones…).
A parte de AI y el Colegio de Abogados, la Asociación Memoria contra la Tortura se presentó como acusación popular querellandose contra los autores de los malos tratos y torturas, la Asociación Justicia i Pau monstró su preocupación por todo el caso, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona pidió que se aclaren las responsabilidades por la limpieza del lugar y que Clos aclare el origen o fuentes de información de la primera versión que dió (la de la maceta), Cristianos por la Abolición de la Tortura apoyó a los jóvenes y envió una serie de cartas a las autoridades de Barcelona, denunciando los hechos como "terribles torturas y actos de racismo por parte de la policía de Barcelona", Casa de la Solidaridad de Barcelona junto a sus numerosas asociaciones que la configuran, especialmente la Plataforma Argentina contra la Impunidad, ha llevado un seguimiento permenente del caso y acogieron y brindaron apoyo médico a Mariana Huidobro, madre de Rodrigo, cuando se puso en huelga de hambre junto con los tres jóvenes en prisión. Finalmente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno, Jaime Naranjo, realizó en junio pasado una intervención en la cámara alta manifestando su preocupación por los jóvenes, donde se refirió a la responsabilidad de velar por los derechos de los compatriotas en otros paises. En Chile la repercusión mediática ha sido muy grande pues se vé como un caso de discriminación claro. Rodrigo y Alex nacieron en Chile y Juan Daniel en Argentina.
Estos tres jóvenes ingresarán prisión proximamente por un delito que no cometieron. Rodrigo ya estuvo en la cárcel dos años (desde los 22 a los 24 años de edad).
Toda esta "Justicia" ha sido rematada el 12 de junio de 2009 por el Tribunal Supremo de Madrid que confirmó la sentencia e incluso añadió seis meses a Rodrigo Lanza, se supone que por piarla.
Lo más divertido de todo es que la hija de Joan Clos estaba en la fiesta del 55 de la calle Sant Pere mes Baix.
Es la noche barcelonesa, donde se juntan pijos, secretas, pseudo ocupas traficantes con amigos en la policía y la gente del común…donde si hay un lio gordo al final siempre se encuentra a tres sudamericanos con algo de pintas para meterles toda la mierda. Clasismo y racismo en la Barcelona turística y cosmopolita.
Adolfo Allué Blasco.
Diferentes grupos de apoyo, entre ellos el recientemente constituido de Zaragoza, estamos pidiendo firmas por el indulto de estos jóvenes. Pedimos la firma de colectivos sociales, personas, que se manden cartas a los medios, al Gobierno central y Autonómico, que se difunda el caso… Un día más.
Entrevista a Rodrigo Lanza, principal inculpado por el 4F
Rodrigo con Mariana, su madre.
Por Mariana Cantero/Barcelona
Fotos: Elizabeth Maldonado
¿Cuál es tu versión de los hechos del 4 de febrero de 2006?
Yo salía de una fiesta con un grupo de gente. Juan y Alex iban en el grupo, pero yo no sabía que íbamos juntos. Yo iba a recoger a Hana, mi novia, a la estación de Arc de Triomf, porque ella llegaba con un tren de La Molina. Estábamos por Princesa y fuimos cruzando el barrio, pasamos por el Forat de la Vergonya y allí nos topamos con los cuatro agentes, que nos dijeron que no se podía pasar. Yo les pregunté por qué y me dijeron que en la fiesta no se podía entrar, entonces les aclaré que yo no quería entrar a la fiesta sino pasar por allí. En eso vi que había un agente que era el más viejo y llevaba más galones en el uniforme, entonces decidí hablar con él. Le estaba preguntando cómo pasar y mientras que estaba hablando con él recibí un golpe de porra en la cabeza. En ese momento no había pasado nada, la gente estaba en la calle tomando cerveza frente a la policía, que no hacía nada. La situación era un poco rara por eso mismo. Yo me quedé en blanco después del golpe, me agarró una amiga que venía conmigo y me ayudó a ponerme de pie. En eso escuché “corre, corre, que viene la policía” y salí corriendo. Doblé a la segunda calle a la derecha y vi que estaba solo y que dos policías me seguían. Yo estaba con una brecha en la cabeza y cuando me dijeron que pare lo hice. De hecho, pensé que no había hecho nada y que como mucho me detendrían. Ahora, después de dos años, pienso por qué paré.
¿Qué pasó después?
Me empezaron a pegar y me llevaron a un coche, donde me encontré con Álex. Él me dijo que había visto a un policía tumbado en el suelo. Eso fue lo único que supimos, hasta que después, cuando estábamos en el calabozo, la policía no paraba de repetirnos que tenían un compañero en coma y que si se moría lo íbamos a pagar nosotros. Se ensañaron especialmente con nosotros tres, los latinoamericanos. Recuerdo que dijeron “¿los sudamericanos quienes son?, métanlos antes en el furgón”.
Después nos llevaron a la comisaría de la Guardia urbana de Les Corts. Allí fue horrible, yo siempre estuve en el calabozo solo. Juan y Alex estaban juntos, pero yo estuve solo. Lo primero que hicieron fue sacarme todo, hasta los cordones de las zapatillas. A los cinco minutos entró uno de los urbanos que estaba antes, y en la puerta se quedaron cinco antidisturbios. El urbano que entró se puso los guantes y yo pensé que venía a darme, y que si me rebotaba entrarían los otros. Me empezó a pegar, me llamó hijo de puta, me dijo “si mi compañero muere tu sales de aquí con los pies por delante”. Yo sólo le dije que no había hecho nada, pero después me quedé callado porque quería que dejara de pegarme. Me dio en el brazo con el que intentaba protegerme, en el cuerpo, por todos lados.
Rodrigo con Mariana, su madre¿No constató nadie esas lesiones?
Sí, después entró el médico y me mandó al hospital. Casualmente, Álex y Juan también iban.
¿Pero les hicieron allí un parte de lesiones?
Sí, pero estuvimos en el médico con un policía enfrente y cuando íbamos al hospital los policías ya nos habían dicho que si les decíamos algo a los médicos nos harían algo. Entonces la verdad es que te ves en esa situación y no dices nada, estás muerto de miedo, porque están todos los policías allí, los mismos que te pegaron como diciendo “a ver si tienes cojones de decirlo”. Y aunque el médico se debe haber dado cuenta, porque al preguntarnos yo sólo dije “golpes”, Alex “me caí” y Juan creo que nada. Eso no fue reflejado en el parte.
Después nos llevaron en un furgón, y me acuerdo perfectamente que estaban también Alfredo y Patricia. Nos trasladaron con las manos en la espalda, esposados y tirados en el suelo. Más tarde volvimos a la comisaría y después a otra de los Mossos d’Esquadra. Yo creo que allí estuvimos mucho, estás en el calabozo y no sabes ni que hora es. Nosotros pedíamos comida y me dieron un vaso de agua, pero antes de dármelo el policía lo explotó, así como para que se cayera, y un pan. En dos días comimos eso. Aparte de las palizas, por las que ya físicamente no puedes, mentalmente no entiendes nada.
En esa comisaría también nos hicieron el reconocimiento fotográfico. Me pidieron que me desnudara y me preguntaron si sabía por qué estaba allí. Dije que no y me dieron un golpe. Mientras tanto, había otro chico que sacaba fotos, pero con capucha y guantes. Y yo caí al piso y me agarraron con las manos en el cuello mientras me decían “¿te duele? Qué bien, te tiene que doler”. Yo estaba allí y pensé que la palmaba.
¿Y dónde están esas fotos?
Esas nunca llegaron a ningún lado, ese reconocimiento no existió. El único que consta y nos hicieron legalmente fue el del juzgado, donde no nos dejaron quitarnos la ropa. Yo llevaba una camiseta blanca debajo y una más clara encima, que estaba llena de sangre, como los pantalones. Pero me ordenaron que me la quitara, y entonces salí con la blanca, que estaba limpia. En la cara no tenía golpes, estaba marcado y tenía la nariz hinchada pero no rota. Eso sí, estuve vomitando coágulos de sangre una semana.
Y los Mossos también nos sacaron fotos con los móviles personales. Cada vez que cambiaba el turno nos decían “ahora tenemos tu cara, pero esto no va a ir a archivo, es personal y si te vemos en la calle te matamos”.
¿Cómo te enteraste de lo que pasaba?
No se cuánto tiempo había pasado. No había hablado con nadie. Pensaba que estaba preso por altercado público o alguna de esas cosas que te ponen cuando no saben qué ponerte y que me iban a soltar el domingo, que me tendrían el fin de semana. Pero después de un día y medio vi al abogado, que me dijo que estaban mi mamá y mis amigos fuera y que me habían acusado de intento de homicidio a un agente de la policía. En ese momento empecé a llorar, fue la primera vez que lloré. Me derrumbé y pensé: y ahora qué, ¿pago 20 años de cárcel por la cara?
