miércoles, 24 de junio de 2009

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL DERECHO A LA AUTODEFENSA INDÍGENA


Los delegados y delegadas de los pueblos, tribus y naciones indígenas convocados y reunidos en la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, para realizar la XXV ASAMBLEA NACIONAL AMPLIADA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA en la región centro pacífico, y CONSIDERANDO:

1. Que actualmente la guerra de exterminio neoliberal desatada en contra de nuestros pueblos ha alcanzado un grado de destrucción, despojo y explotación nunca antes visto que pone en grave riesgo la existencia, la seguridad y los territorios correspondientes a los pueblos originarios;

2. Que en la misma medida la represión gubernamental y para gubernamental desatada en contra de nuestros pueblos se ha expresado en el asesinato y el encarcelamiento de cientos de dirigentes indígenas, así como en la ocupación militar y para militar de nuestros territorios, criminalizando la lucha social y todo intento organizativo que se origine en nuestros pueblos de manera independiente y autónoma;

3. Que al igual que ocurrió en la fase última del régimen encabezado por el dictador Porfirio Díaz, las actuales leyes y políticas gubernamentales están provocando el despoblamiento masivo de nuestras comunidades y la ilegal invasión de sus territorios originarios por parte de grandes empresas trasnacionales y gobernantes y políticos amparados en una justicia venal que durante años ha sido incapaz de dar solución efectiva a los graves problemas, principalmente de tierras, que aquejan a nuestros pueblos;

4. Que en todos los tiempos de nuestra historia los pueblos originarios hemos creado formas organizativas legales y legítimas para nuestra autodefensa, habiendo llegado incluso a la formación de ejércitos indígenas que han marcado la vida de este país, como lo fue el Ejército Libertador del Sur y Centro que encabezó el General Emiliano Zapata, o como ocurre con el actual Ejército Zapatista de Liberación Nacional;

PROCLAMAMOS:

PRIMERO. Que de frente a la guerra de exterminio neoliberal, NUESTROS PUEBLOS, TRIBUS Y NACIONES, así como las comunidades que los integran, TIENEN EL INALIENABLE DERECHO, DERIVADO DEL ARTÍCULO 39 CONSTITUCIONAL, PARA ORGANIZARCE Y REALIZAR LA DEFENSA DE SU VIDA, DE SU SEGURIDAD, DE SUS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE SU CULTURA Y TERRITORIOS.

SEGUNDO. Que de conformidad con lo que dispone el Convenio Ciento Sesenta y Nueve de la Organización Internacional del Trabajo “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, nuestros pueblos TIENEN, EN EL MARCO DE SUS DERECHOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA, EL DERECHO DE ORGANIZAR SU AUTODEFENSA DEL MODO QUE CONSIDEREN CONVENIENTE EN TANTO NO ATENTE CONTRA EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS; por lo que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, SON LEGALES, LEGÍTIMAS Y, SOBRE TODO, NECESARIAS FRENTE A LA PROFUNDA CORRUPCIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE IMPARTIR JUSTICIA.

TERCERO. En consecuencia denunciamos y repudiamos cualquier acto gubernamental para desacreditar e impedir NUESTRO LEGÍTIMO DERECHO A LA DEFENSA DE NUESTRA EXISTENCIA, DE NUESTRA SEGURIDAD, DE NUESTRAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE NUESTRA CULTURA Y TERRITORIOS. Asimismo manifestamos que cualesquier acción gubernamental tendiente a criminalizar nuestra ORGANIZACIÓN PARA LA AUTODEFENSA no tiene mayor fin que facilitar la represión y la destrucción en contra de nuestros pueblos.

CUARTO. Llamamos a los pueblos, tribus y naciones indígenas del país, así como a la sociedad civil nacional e internacional y a los organismos defensores de los derechos humanos, a estar atentos ante cualquier acto gubernamental de REPRESIÓN y DESMANTELAMIENTO de nuestras formas organizativas para nuestra defensa.

Llamamos a los pueblos, tribus y naciones indígenas del país, así como a la sociedad civil nacional e internacional y a los organismos defensores de los derechos humanos a impedir la aniquilación física y cultural de nuestros pueblos y a frenar la guerra de exterminio neoliberal.

SANTA MARIA OSTULA, MICHOACAN, A 14 DE JUNIO DE 2009.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

DELEGADOS Y DELEGADAS DE LOS PUEBLOS, TRIBUS Y NACIONES PARTICIPANTES EN LA XXV ASAMBLEA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

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PERU Triunfo de los pueblos amazónicos


Por Raúl Zibechi

Habrá un antes y un después del 9 de abril de 2009, día en que comenzaron los cortes de carreteras y las tomas de ductos que transportan gas y petróleo al exterior. No luchan para negociar, para obtener algún beneficio sectorial o alguna demanda disfrazada de derechos, sino para salvar la vida y evitar que la naturaleza sea convertida en mercancía

Tras dos meses de intensa movilización, los pueblos de la Amazonia peruana lograron enfrentar exitosamente la represión de uno de los gobiernos más derechistas de América Latina, cosecharon amplia simpatía nacional e internacional y están haciendo retroceder los proyectos de privatización del pulmón del planeta. Habrá un antes y un después del 9 de abril de 2009, día en que comenzaron los cortes de carreteras y las tomas de ductos que transportan gas y petróleo al exterior. Y habrá un antes y un después del 5 de junio, cuando la firmeza de miles afrontó la militarización y la masacre en la población de Bagua, cerca de la frontera con Ecuador.
Luego de la matanza, el Gobierno de Alan García comenzó a dar marcha atrás con algunos de los decretos legislativos (DL) más polémicos. Primero se suspendió la aplicación de los DL 1.090 y 1.064 durante 90 días por parte del Congreso dominado por el oficialista APRA y los seguidores del procesado ex dictador Alberto Fujimori. El 1.090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, deja fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea, 64% de los bosques del Perú, con lo que podrían ser vendidos a trasnacionales. Tampoco contempla que la mayor parte de las comunidades no han titulado sus tierras. El DL 1.064, Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario, deja sin efecto el requisito de acuerdo previo de las comunidades para emprender proyectos en la Amazonia.
Días después, ante la férrea decisión de los pueblos amazónicos de seguir adelante con sus movilizaciones e intensificar las acciones, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, se comprometió a derogar los dos decretos y anunció el levantamiento del estado de sitio en Bagua. Fue más lejos: el lunes 15, durante un encuentro con representantes indígenas en la provincia de Chanchamayo, dio disculpas a los pueblos amazónicos y aseguró que el Gobierno no vetará a la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Pese a formar parte de un gobierno derechista, Simon es el paradigma del guerrillero convertido en hombre de estado. En los 80 fue activo simpatizante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), por lo que fue preso durante el régimen de Fujimori. Ahora decidió poner sus conocimientos sobre los movimientos sociales al servicio de las trasnacionales que buscan apropiarse de los bienes comunes: agua, biodiversidad, riquezas mineras, madereras e hidrocarburíferas. Pero está chocando con los mismos actores que en la guerra interna frustraron la expansión del MRTA y Sendero Luminoso hacia la selva, los pueblos que defienden sus territorios.
El segundo gran éxito de los pueblos amazónicos lo sintetiza Hugo Blanco en el editorial más reciente de Lucha Indígena: Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaños del Gobierno, están rescribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad.
Las grandes marchas y los masivos paros registradas en todo el país el 11 de junio, incluyendo 30 mil manifestantes en Lima, la mayor concentración desde los últimos días del régimen de Fujimori, evidencian la solidaridad con los pueblos amazónicos y el aislamiento del Gobierno de García. Los pronunciamientos de decenas de organismos internacionales, incluyendo algunos de Naciones Unidas, muestran que la simpatía traspasó fronteras.
De nada valió el intento del presidente peruano por culpar a Bolivia y Venezuela de instigar la protesta. No sólo acusó a los amazónicos de terroristas, sino que sostuvo que esos países quieren evitar que Perú extraiga petróleo y sea competidor. Sus argumentos fueron pulverizados por la contundencia de la movilización. Los pueblos amazónicos consiguieron incluso que se instalara una mesa de diálogo sin frenar sus acciones. Cuando comenzaron las sesiones del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, el 15 de junio, con presencia de la Iglesia católica, las comunidades y la Defensoría del Pueblo, el Gobierno sólo consiguió que los indígenas ampliaran de dos a cuatro la apertura al tránsito de la carretera La Merced-La Oroya-Lima.
La tercera enseñanza de esta movilización es que no importa la cantidad, sino la potencia. Los pueblos amazónicos agrupados en AIDESEP son unas 300 mil personas pertenecientes a mil 350 comunidades, en un país que sobrepasa 28 millones de habitantes. Sin embargo, la justeza de su causa y la sólida decisión comunitaria de luchar hasta el final, haciendo de sus territorios trincheras y de sus cuerpos escudos, consiguió frenar la máquina de guerra estatal y granjearles simpatías en todo el país. Han mostrado que no luchan para negociar, para obtener algún beneficio sectorial o alguna demanda disfrazada de derechos, sino para salvar la vida y evitar que la naturaleza sea convertida en mercancía.
Mostraron que cuando se pelea por la sobrevivencia, por seguir siendo pueblos, de nada valen los cálculos de costos y beneficios que han llevado a la crisis ética y política de buena parte de las izquierdas institucionales. Camino muy similar al que meses atrás caminaron los nasas de Colombia al poner en marcha la Minga por la Vida, también para evitar que el TLC con Estados Unidos los sepulte como pueblo al convertir sus bosques en monocultivos para biocombustibles. Estas luchas colocan en lugar destacado un necesario debate sobre el desarrollo y los bienes comunes, que algunos gobiernos autoproclamados progresistas, como el de Brasil, deberían tomar en cuenta si no quieren ser los sepultureros de la Amazonia y de sus pueblos.

FUENTE: La Jornada

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