A treinta años del asesinato del religioso salvadoreño, Oscar Arnulfo Romero
Matar a un monseñor
Santiago O’Donnell
Este mes se cumplen treinta años del asesinato del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, icono universal de la defensa de los derechos humanos. El crimen aún no se esclareció, pero la pista más firme dice que lo mató un argentino, un represor de la dictadura llamado Emilio Antonio Mendoza.
Su nombre figura en un documento de la CIA, desclasificado por el gobierno de Clinton en 1993, junto a otros 12.000 documentos que se refieren a El Salvador producidos por la CIA, la embajada, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y otras agencias federales, en respuesta a un pedido del Congreso que acababa de cerrar una investigación sobre abusos de derechos humanos en ese país. El documento sobre “Mendoza” fue revelado por el periodista salvadoreño Ricardo Valencia en el 2006 en una investigación periodística del diario El Día de ese país.
El cable dice taxativamente, sin apelar a los verbos condicionales, que “el oficial militar argentino Emilio Antonio Mendoza, fue enviado en 1980 a Honduras junto a otros argentinos por el general Viola” y que Mendoza “admitió de hecho haberle disparado a Romero”, y pide a la Agencia que recabe más información sobre el sujeto.
Puede ser un bolazo. El documento desclasificado está lleno de tachaduras de los censores de la Agencia y no precisa la fuente original de la información, no dice cómo el agente se enteró. Duane Claridge, un jefe de la CIA que supervisaba la inteligencia de la región en esos años, le dijo a Valencia que se trata de información cruda, que no había sido procesada por los analistas en Washington. Pero no negó su existencia. El diplomático estadounidense Robert White, que asumió la embajada pocas semanas después del asesinato, reconoció en la misma investigación periodística que estaba al tanto de la existencia del cable, aunque su impresión era que no se había producido “un hallazgo”.
No habría que descartarlo. El cable lo manda el “agente legal” de la embajada en San Salvador, o sea un hombre de la compañía. Los agentes de la CIA podrán ser unos mentirosos para el resto del mundo, pero tratan de pasarle buena información a sus supervisores. Aunque sea para ganarse el bonus de fin de año. Además, está probado que al momento del crimen el autor intelectual, Roberto D’Aubisson, recibía instrucción de militares argentinos que habían sido enviados a El Salvador por el entonces jefe del Ejército argentino, que era Viola. Y según muestran otros cables desclasificados por el gobierno estadounidense, cada vez que se entrevistaba con funcionarios de los gobiernos de Carter y Reagan, Viola demostraba una obsesión por el conflicto centroamericano.
Cuando apareció el documento de la CIA la causa judicial por el asesinato de Romero estaba cerrada y sellada por una ley de amnistía. Por eso “Emilio Antonio Mendoza” nunca fue investigado por la Justicia salvadoreña.
En la Argentina mucho se ha escrito e investigado sobre la participación de represores argentinos en el conflicto centroamericano. Pero por distintas razones muy poco se sabe sobre el funcionamiento de las estructuras de Inteligencia que la Marina y el Ejército montaron en la región. Se conocen los nombres de al menos un marino, Carlos Dürich, y un miembro de Ejército, Alfredo Zarattini, que estaban en El Salvador alrededor de marzo de 1980, en contacto directo con quienes ordenaron y planificaron el asesinato. Pero la existencia de Mendoza –si ése es su verdadero apellido– sigue siendo un misterio.
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Monseñor Romero sabía que lo iban a matar y sabía desde dónde vendría la bala. Murió el 24 de marzo de 1980 de un solo disparo al corazón mientras daba misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer. Era entonces el líder más popular del país y también un pacifista molesto en un país al borde de la guerra civil. Sus homilías, que se transmitían por radio, llegaban a todos los rincones del país.
Lo habían nombrado arzobispo en 1977 con el apoyo de los sectores más conservadores de la Iglesia. Pero la muerte de un sacerdote de base muy amigo, asesinado por paramilitares junto a dos campesinos, lo llevó a denunciar cada vez con más fuerzas las matanzas de los grupos paramilitares que se sucedían a diario. También lo llevó a profundizar su opción por los pobres a partir de los textos del II Concilio y el Congreso de Medellín.
Quince días antes del asesinato encontraron 72 candelas de dinamita bajo el altar mayor de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de San Salvador, activados por reloj para estallar mientras él daba misa. “Podrán matarme pero no podrán callar la verdad”, les contestó en la siguiente homilía.
El día antes de morir dio un sermón sobre la muerte. “A los soldados les digo que los campesinos son su gente y que tengan en cuenta el mandamiento No Matarás. Ninguna orden está por encima de la ley de Dios. En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo, les pido, les ruego, que paren con la represión”, predicó. En El Salvador, en esos días, se mataba por mucho menos.
Al día siguiente del asesinato una bomba estalló en la catedral y francotiradores abrieron fuego contra la multitud que participaba de la procesión, con un saldo de seis muertos y decenas de heridos.
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Al principio, la investigación judicial fue una farsa. Tres días después de asumir el caso el juez salió ileso de un atentado, lo balearon en la puerta de su casa. Desde entonces no demostró ningún interés por acercarse a la verdad. Tardó nueve días en mandar peritos a la escena del crimen, cuando ya no quedaban evidencias ni testigos. Nunca encontró nada.
La causa se reabrió en 1986 con otro juez durante el gobierno del demócrata cristiano Napoleón Duarte. Fue gracias a un hecho, digamos, fortuito. Tres meses después del asesinato, el ejército salvadoreño había allanado una finca donde el entonces mayor Roberto D’Aubisson conspiraba con un grupo de civiles y militares para derrocar a la junta militar que entonces gobernaba. D’Aubisson era el jefe de los escuadrones de la muerte y más tarde sería fundador del partido de ultra derecha Arena, que gobernó el país durante buena parte de los últimos treinta años.
Entre los presentes estaba también el capitán de la fuerza aérea Alvaro Saravia. Los conspiradores fueron liberados poco tiempo después, pero en el allanamiento, los militares secuestraron y presentaron a la Justicia varios documentos, entre ellos la agenda de Saravia. En esa agenda figuraban registros de compras de armamentos y entre ellos las de dos rifles calibre 22 compatibles con los fragmentos de proyectil encontrados en el cuerpo de Romero.
También figuraban los datos del chofer personal de Saravia, Antonio Garay, un miembro de la Guardia Nacional. Garay declaró que estuvo presente cuando D’Aubisson ordenó la muerte de Romero y le encargó a Saravia que contrate a un francotirador delante de varios testigos que consintieron la decisión, a quienes Garay también nombró. Dijo que él condujo al francotirador hasta la escena del crimen, que su pasajero era “un hombre barbudo y bien parecido” a quien no conocía, que estacionó su auto frente a la capilla y que vio cómo el pasajero salía del auto y apoyaba la mira de un rifle sobre la rueda trasera. Dijo que después escuchó un disparo y que el barbudo se subió otra vez al auto y que él lo llevó a un lugar seguro. Se cansaron de mostrarle fotos de barbudos bien parecidos, pero Garay no pudo identificar a su pasajero.
El juez incorporó el expediente del allanamiento a la causa del asesinato de Romero y en base a los datos de la agenda y el testimonio de Garay imputó a D’Aubisson como autor intelectual y a Saravia como autor operativo. Pero no acusó a nadie por la autoría material.
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D’Aubisson nunca fue procesado porque tenía fueros de diputado y murió de cáncer antes de que pudieran quitárselos. Saravia se había mudado a Modesto, California, donde contrató un abogado caro para pelear la extradición. En 1987 la Corte Suprema salvadoreña le dio la razón a Saravia y retiró el pedido de captura cursado a las autoridades estadounidenses. Según el Center for Justice and Accountability (CJA), una ONG estadounidense que sigue el caso desde hace varios años con el apoyo de la archidiócesis de San Salvador, el presidente de la Corte que retiró el pedido de extradición había sido el abogado de D’Aubisson durante el primer juicio. El caso Romero fue incluido en el informe de la Comisión de la Verdad publicado en 1993 y semanas después Saravia fue incluido en una ley de amnistía aprobaba por el Congreso salvadoreño.
Saravia vivió tranquilo por un tiempo. En 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó reabrir la investigación y resarcir a los deudos del arzobispo por la responsabilidad que le cupo al Estado salvadoreño en el asesinato. El gobierno tardó tres años en contestar y cuando lo hizo dijo que no reabriría el caso porque los responsables estaban cubiertos por la ley de amnistía.
En noviembre del 2004 una corte civil de California citó a Saravia a declarar sobre el asesinato en una causa abierta por el CJA en nombre de los familiares de Romero. El capitán nunca se presentó y la corte lo condenó en ausencia a pagar diez millones de dólares.
Desde entonces Saravia se encuentra prófugo pero da la impresión que la Justicia estadounidense no lo busca demasiado. En una entrevista con el Miami Herald desde la clandestinidad en el 2006, Saravia se negó a hablar del caso, salvo para decir que él no había sido el francotirador. Ofreció negociar su testimonio con las autoridades de su país y amenazó: “Si yo hablo, El Salvador tiembla”. No dejó más precisiones.
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“D’Aubisson era el principal nexo entre la dictadura salvadoreña y los represores argentinos”, dice al teléfono desde Maine el politólogo de Colby College, Ariel Armony, autor de Argentina, Estados Unidos y Cruzada Anticomunista en América Central 1977-1984 (UNQ, 1999), el libro de referencia sobre el tema.
“Los salvadoreños admiraban a los argentinos. No necesitaban que les enseñen a ser violentos, porque su historia está plagada de violencia. Lo que aprendían era cómo usar esa violencia de manera más efectiva. En Guatemala tiraban campesinos al mar desde aviones y helicópteros, algo nunca visto hasta la llegada de los argentinos.”
El propio D’Aubisson reconoció haber sido instruido por militares argentinos en El Salvador en una entrevista de 1983 con Laurie Becklund del Los Angeles Times: “Ellos (los argentinos) estuvieron acá un corto tiempo pero ese tiempo fue muy útil. Transmitieron sus experiencias e informaron a nuestra gente para sugerirles que actúen de esta forma o de esta otra forma usando este sistema, cómo conseguir información y cómo analizarla”.
Según el testimonio secreto del represor Leandro “Lenny” Sánchez Riesse, ante un subcomité del Congreso de Estados Unidos, a partir de 1979 desembarcó en Centroamérica un “Grupo de Tareas Exterior (GTE)” del Batallón 601, la estructura de inteligencia del Ejército, al mando del coronel José Osvaldo “Balita” Riviero. Armony obtuvo una transcripción de ese testimonio a través de la ley de información pública. Otras investigaciones académicas y periodísticas aportaron más nombres y más pruebas de la presencia de represores argentinos en la región.
“Cuando ocurrió el asesinato de Romero el GTE se encontraba en su apogeo, ya que recién meses después, en 1981, en las últimas semanas del gobierno de James Carter, el gobierno estadounidense aprobó la primera operación encubierta de la CIA contra los sandinistas. Hasta entonces el trabajo sucio lo hacían los argentinos”, dice Armony.
Los cables desclasificados en 1993 indican que para la CIA los militares argentinos eran útiles, pero también difíciles de manejar. “Están dispuestos a todo. Sólo hace falta que les digamos lo que tienen que hacer”, dice uno. “En un buen día son parcos y malhumorados, en un mal día actúan por cuenta propia en contra de la política de nuestro gobierno”, dice otro.
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El año pasado la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ganó por primera vez las elecciones presidenciales en El Salvador. En el discurso del día del triunfo, el flamante presidente Mauricio Funes proclamó que seguiría el ideario de monseñor Romero. En el día de la asunción, horas antes de la ceremonia, Funes visitó la tumba del arzobispo en la catedral de San Salvador. La semana pasada repitió la visita con Lula.
Por eso, cuentan en El Salvador, el aniversario treinta de la muerte de Romero será como ningún otro, con importantes actos y ceremonias oficiales. Dicen que un gigantesco mural del arzobispo está siendo pintado en la entrada del aeropuerto internacional para recibir con su imagen a los visitantes que llegan al país.
En noviembre del año pasado la embajadora ante la OEA del gobierno de Funes anunció la reapertura de la causa por el asesinato de Romero en respuesta al pedido de la CIDH de 1986.
Mientras tanto, en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa no ha recibido aún pedido alguno de información sobre el supuesto asesino Emilio Antonio Mendoza, dijo la directora de la secretaría, Ileana Arduino. La funcionaria aclaró que sí ha recibido otros pedidos de otros gobiernos sobre otros represores.
El tal Mendoza no figura con ese nombre en los archivos de la Conadep, ni en los del CELS, ni en los del Cemida, constató el periodista salvadoreño Valencia en el 2006. Este cronista pudo comprobar que tampoco hay datos sobre “Mendoza” en las distintas dependencias del gobierno que se ocupan del tema, ni en los listados de personal civil de Inteligencia del Batallón 601, recientemente desclasificados por decreto del gobierno de Cristina Kirchner, ni en la base de datos que publicó la revista Veintitrés con el personal que actuó en el 601 durante la dictadura. Allí figura un José Emilio Mendoza con categoría de “dactilógrafo”, pero este diario pudo averiguar que durante la dictadura estuvo destinado en Formosa.
No es fácil investigar la actividad de espías en el exterior en ningún país. El decreto firmado por Cristina Kirchner excluye actividades en el extranjero y la guerra de las Malvinas. Además, la colaboración desde Centroamérica ha sido exigua o nula. “Nosotros le escribimos muchas veces al gobierno sandinista preguntando por la actuación de militares argentinos en la época de la dictadura pero los nicaragüenses nunca nos dieron información y a veces ni siquiera nos contestaron”, precisa una fuente del gobierno.
Este mes se cumplen treinta años del asesinato de monseñor Romero, icono universal de la defensa de los derechos , y su asesino anda suelto. En este momento podría estar tomando una piña colada en Miami. O comiendo una pupusa de chicharrón en San Salvador. O, por qué no, caminando tranquilo por las callecitas de Buenos Aires.
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martes, 9 de marzo de 2010
Matar a un monseñor
El FBI otorga licencias para «tirar a matar»
Investigaciones del Proyecto Censurado 2009
por Matthew Rothschild
La seguridad pública o seguridad nacional se transforma poco a poco en los Estados Unidos en un negocio más, donde las fuerzas del orden estatales trabajan y obedecen a una lógica de empresa comercial, reclutando informadodores a sueldo provenientes de la industria privada de seguridad.
Más de 23.000 representantes de la industria privada trabajan silenciosamente con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para recolectar y proporcionar información sobre sus compatriotas estadounidenses.
A su vez, los miembros de este grupo que crece con rapidez, llamado InfraGard1, reciben advertencias secretas de amenazas terroristas antes que el público y, a veces, antes que ciertos funcionarios. «Hay pruebas de que InfraGard puede estar más cerca de un ‘Programa Corporativo de Concienciación Total de la Información’ (TIPS, en inglés) que convertiría a las corporaciones del sector privado -algunas de las cuales pueden observar las actividades de millones de clientes individuales- en ojos y oídos sustitutos del FBI», según un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) titulado “«Complejo industrial de vigilancia: Cómo el gobierno estadounidense recluta negocios e individuos en la construcción de una sociedad de vigilancia».
InfraGard, con miembros de 350 compañías de Fortune 5002, comenzó en Cleveland en 1996, cuando el sector privado local cooperó con el FBI para investigar las ciber-amenazas. «Entonces, el FBI lo reprodujo», señala Phyllis Schneck, presidente de la junta directiva de la Alianza Nacional de Miembros de InfraGard, y principal motor del crecimiento de InfraGard durante los últimos años.
El director del FBI, Roberto Mueller, pronunció un discurso en una convención de InfraGard el 9 de agosto de 2005. «Hasta la fecha, hay más de 11.000 miembros de InfraGard»…desde nuestra perspectiva, suman 11.000 contactos,…11.000 socios en nuestra misión de proteger a EEUU”. Luego agregó: « los que se encuentran en el sector privado constituyen la primera línea de defensa».
El 9 de mayo de 2007, George Bush proclamó la Directiva Presidencial Nº 51 de Seguridad Nacional titulada «Política de Continuidad Nacional». En ella, instruyó al Secretario de Seguridad de la Patria para coordinar con los «dueños del sector privado y compañías de infraestructura de importancia fundamental, según corresponda, con el fin de asegurar la entrega de servicios esenciales durante una emergencia.»
«Ellos están muy ligados a nuestra capacidad de preparación», apunta Amy Kudwa, vocera del DHS. «Proporcionamos oradores, así como presentaciones conjuntas [con el FBI]. También entrenamos junto con ellos y han participado (a veces cientos cada vez) en ejercicios nacionales de preparación.»
Según varios miembros entrevistados, un beneficio adicional de ser de miembro de InfraGard es el permiso de tirar a matar en caso de ley marcial, sin miedo a acciones judiciales.
«Tenemos muy fácil acceso a información segura que sólo llega a los miembros de InfraGard», explica Schneck. «Si usted tuviera que llamar al 1-800- FBI, probablemente no se molestaría en hacerlo», dijo la dirigente. «Pero si usted conoció a Joe durante la reunión local que tuvo con él y se comieron una rosquilla, puede ser que usted llame, bien para darla o para obtenerla [información]. Queremos que todos tengan un pequeño libro negro.»
Jay Stanley, director de educación pública del programa de libertad y tecnología de ACLU, advirtió: «El FBI no debe crear una clase privilegiada de estadounidenses que reciben tratamiento especial. No existe una «clase comercial» en el cumplimiento de la ley. Si existe información que el FBI puede compartir con 22.000 peces gordos corporativos, ¿por qué razón no la comparte con el público?, que es justo con quién se supone que debe mantener una verdadera relación especial.
El secreto no es un regalo de fiesta para dárselo sólo a los amigos... Esto guarda un inquietante parecido con el reparto de “cosas ricas para comer” a las corporaciones por parte del FBI en pago por incorporarlos a su maquinaria nacional de vigilancia».
InfraGard no es de fácil acceso para el público en general. Sus comunicaciones con el FBI y el DHS están fuera del alcance de la Ley de Libertad de la Información bajo la exención de “secretos comerciales”, y cualquier conversación con el público o con los medios se debe ensayar cuidadosamente, según su sitio Web.
Actualización de Matt Rothschild
The Progressive emitió un comunicado de prensa sobre la historia de InfraGard y he sido entrevistado por Air America, Democracy Now! y muchos otros programas de radios alternativas. Pero los principales medios de información han ignorado esta historia, con excepción de un informe de un pequeño servicio por cable, aunque el FBI no lo ha ignorado.
El 15 de febrero, el FBI emitió un comunicado de prensa denunciando nuestro artículo. «Las afirmaciones del artículo son claramente falsas», dijo Shawn Henry, Director Adjunto de la División Cibernética del FBI.
«Los miembros de InfraGard no tienen ningún poder extraordinario, ni un mayor derecho de ‘disparar a matar’ comparados con otros civiles.»
« ¿Un mayor derecho ?» ¿Es ése el lenguaje apropiado? Me recordó una cita en mi artículo de Curt Haugen, Director Ejecutivo del S’Curo Group y miembro orgulloso de InfraGard.
Cuando le pregunté si los agentes del FBI o de Seguridad de la Patria le habían dicho a los miembros de InfraGard que podían utilizar a discreción la fuerza mortal en una emergencia, respondió: «No puedo comentar mucho sobre esto, pero como individuo, usted tiene derecho a utilizar la fuerza si se siente amenazado.»
Obsérvese que el FBI no negó si les dijo a los miembros de InfraGard que podían «tirar a matar.» Todo lo que dijo Henry fue que los miembros de InfraGard «no tienen un mayor derecho». Eso no exactamente hace un agujero en mi artículo.
El FBI parecía molesto porque no di bastante información acerca de la reunión en la que participó el denunciante. «Desafortunadamente, el autor del artículo de Progressive rehusó incluso identificar cuándo o dónde tuvo lugar la pretendida «pequeña reunión» en que se discutieron temas de la ley marcial», dijo el comunicado de prensa de Henry. «Si conseguimos esa información, el FBI con seguridad le dará seguimiento y aclarará cualquier malentendido posible.»
La razón por la que no identifiqué dónde o cuándo ocurrió la reunión es obvia: No quise revelar nada que pudiera exponer a mi fuente.
Casualmente, el comunicado de prensa omite mencionar que recibí confirmación sobre las discusiones acerca de la “fuerza letal” de otro miembro de InfraGard, a quien sí nombré. Mantengo cada una de las palabras de mi artículo, e invito al Congreso a investigar a InfraGard y a examinar los planes que el FBI pueda tener de reserva para épocas de emergencia, no sólo para InfraGard sino para todos nosotros.
Una nota final: Desde que apareció el artículo, he recibido varias pistas nuevas, incluyendo una que confirma que le han dado «poderes letales» a una compañía privada.
Notas:
1. InfraGard es el fruto de una colaboración entre los sectores público y privado, en este caso, entre el FBI, una dependencia estatal de seguridad, y sectores comerciales privados que le brindan tecnología y programas informáticos.
2. Fortune 500 es la lista de las 500 empresas comerciales más importantes en los EEUU y las que tienen los mayores ingresos o ganancias.
Fuente:
The Progressive, February 7, 2008.
Título: “Exclusive! The FBI Deputizes Business”.
Autor: Matthew Rothschild.
Estudiantes investigadores: Chris Armanino y Sarah Maddox.
Evaluador académico: Josh Meisel, Ph.D.
Matthew Rothschild
jueves, 25 de febrero de 2010
La Secretaría de Disculpas de los Estados Unidos
Koldo Campos Sagaseta
Hace nueve años la Fuerza Aérea Peruana, acatando órdenes de la CIA, derribó sobre la selva peruana una avioneta en la que viajaba una familia de misioneros estadounidenses. La avioneta la ocupaban Jim y Verónica Bowers, junto a sus hijas Cory y Charity, además del piloto, también estadounidense. Tras cinco minutos de conversaciones, llantos y súplicas por radio entre los agentes de la CIA, los militares peruanos y los misioneros, la CIA resolvió que se trataba de narcotraficantes y ordenaron a los militares peruanos abrir fuego. La avioneta fue a caer en un río resultando heridos Jim Bowers, el piloto y una de las niñas. Murieron Verónica Bowers y la otra bebé.
Nueve años de mentiras y silencios han tenido que pasar desde entonces para que, finalmente, la CIA reconociera en estos días su error y ofreciera sus disculpas.
El problema es que son tantos los errores cometidos por sus agencias, infantes y gobiernos, y tantas las disculpas por causa de sus tantos desafueros, que Estados Unidos debiera cuanto antes establecer una nueva Secretaría de Estado: la de Disculpas.
Sólo institucionalizándolas va a poder dar curso a todas las habidas y pendientes.
Y eso que los errores, para ser reconocidos, deben aportar a su desatino su condición de pasado. Ahora, por ejemplo, podría ser tiempo de lamentar los cientos de miles de muertos que dejaran hace más de medio siglo las únicas bombas nucleares lanzadas contra la población civil en la historia de la humanidad. Todavía sigue muriendo gente como consecuencia del más abominable y cruento genocidio y, lo que se dice “disculpas”, aún se hacen esperar. De hecho, todavía en la lápida de Harry Truman se puede seguir leyendo: “Hizo lo que debía”. Pero mañana, Obama, puede sin reparos ofrecer esas disculpas que nada va a pasar. Al futuro se subordina el reconocimiento de las culpas y disculpas, que hoy se niegan.
Bill Clinton, por ejemplo, ha pasado a la historia por sostener relaciones impropias con becarias ajenas cuando bien pudo haber trascendido por ser el presidente en la historia de la humanidad que más ha prodigado las disculpas.
Clinton pidió perdón públicamente por haber mentido al país en su romance con la Lewinsky y por la citada “impropia relación”. Se disculpó también por los sucesivos errores en que incurrió Estados Unidos y que condenaron a los pueblos indígenas de Norteamérica a degradarse o a desaparecer. Pidió perdón y ofreció nuevas disculpas por el apoyo que prestara su país al régimen racista sudafricano. Se disculpó por el respaldo ofrecido a Pinochet, a Duvalier, a Trujillo, a Ríos Mont, a Batista, a Somoza, a Stroerner, a D´abuisson y a otros muchos criminales al servicio de los Estados Unidos en América, como los generales que presidieron las sucesivas dictaduras militares argentinas por las que, igualmente, pidió disculpas. Lamentó los errores cometidos por los marines en Vietnam y matanzas como la de My Lay, aldea en la que los luchadores de la democracia inmunizaron a los residentes contra el peligro comunista achicharrando con fuego purificador sus dudas y sus vidas. Se excusó por el error cometido por su país durante la Segunda Guerra Mundial al canjear presos estadounidenses en manos de los japoneses por ciudadanos peruanos secuestrados por el ejército estadounidense a los que hicieron pasar por prisioneros nipones. Pidió perdón y calificó como error el apoyo dado en el pasado a hombres de la entera confianza de su país, como Noriega y Sadan Hussein.
Y como Clinton, los Bush y Ronald Reagan también se esmeraron en perpetrar errores y disculpas. Lamentaron el bombardeo sobre el manicomio de Grenada, en el Caribe, cuando invadieron esa diminuta isla y, parafraseando a Pablo Neruda, convirtieron los locos vivos en cuerdos muertos. También se disculparon por los miles de muertos que dejaron los bombardeos de su país en el barrio panameño de Los Chorrillos cuando acudieron a detener a Noriega. Reiteraron sus disculpas por los numerosos errores que sus tropas y las de la OTAN, que vienen a ser las mismas, cometieron en Serbia y en Kosovo bombardeando trenes de pasajeros, medios de comunicación, embajadas chinas o, incluso, refugiados kosovares.
Disculpas ofrecieron a los familiares de los casi treinta alpinistas italianos muertos en los Alpes luego de que un avión estadounidense que se entretenía ejecutando cabriolas en el aire, cortara el cable del teleférico en el que los alpinistas viajaban. El teleférico no estaba en el mapa, declararía el piloto antes de quedar libre. Tampoco estaba en el mapa el puesto de vigilancia en Vieques, Puerto Rico, bombardeado en las mismas fechas por otro avión estadounidense que le costó la vida al vigilante boricua y nuevas disculpas a la administración estadounidense. Y más disculpas se ofrecieron cuando un submarino estadounidense emergió de improviso en el Mar de Japón y se llevó por delante a un barco pesquero-escuela japonés matando a todos los alumnos.
Reagan pidió disculpas cuando, haciendo uso de su peculiar sentido del humor, en rueda de prensa en la Casa Blanca, no tuvo mejor ocurrencia que declarar: “Conciudadanos, tengo el gusto de informarles que he firmado una ley que prohíbe a Rusia para siempre. El bombardeo empieza en cinco minutos”.
George W.Bush ni siquiera esperó a ser presidente para iniciar su catarsis de disculpas y, ya como candidato, pidió público perdón por sus reconocidas experiencias con las drogas, sobre todo el alcohol y la cocaína, según declaraba, “cuando era joven e irresponsable”, curioso atributo, por cierto, el que confería a la juventud.
Con apenas horas de haber sido elegido presidente ya se vio obligado a pedir perdón por haber confundido un país con otro y no saberse el nombre del presidente
paquistaní con quien se entrevistaría esa misma tarde. Y volvería a pedir disculpas por un error de bulto en la misma Casa Blanca, al pensar cerrados los micrófonos que estaban abiertos y llamar “pedazo de sica”, y no de cualquier sica sino de una “sica de primera”, a un periodista que, tal vez fuera una sica, pero no era sordo.
Su última disculpa fue aceptar, antes de irse, que la guerra de Iraq no había terminado a pesar que él había declarado el fin de la guerra, precisamente, el mismo día en que comenzaba. De una guerra que ostenta, entre otros récords, el de ser la que más vidas de periodistas se han cobrado los errores de los marines. Entre ellos, el periodista español Couso, fusilado a obuses por un tanque estadounidense, junto a otro informador, en lo que la Audiencia Nacional Española calificó de “error habitual en toda guerra” y para el que sólo caben las disculpas.
Las mismas disculpas que se ofrecieron a la familia de Ricardo Ortega, otro periodista español asesinado a balazos en Haití por tropas estadounidenses.
Tanta constancia en la comisión de errores y disculpas, hasta permitiría a esa nueva Secretaría de Disculpas de los Estados Unidos, organizar sus errores por temas. Por ejemplo, el de las bodas.
Primero fue un enlace matrimonial interrumpido en Belgrado cuando no conformes, tal vez, con que los invitados lanzaran comunes granos de arroz a los novios, aviones estadounidenses contribuyeron a las nupcias con un misil, convirtiendo la boda en un entierro. Más tarde fue en Afganistán, donde un error en la información, confundió una boda local con un mitin, siendo bombardeado el matrimonio y muriendo los contrayentes, el religioso y trece invitados. Más recientemente la boda masacrada fue en Iraq donde los aviones estadounidenses mataron a 40 personas, incluyendo novios, padrinos, testigos y asistentes. Recientemente, otra boda afgana era bombardeada por un avión no tripulado arruinando las promesas de amor eterno.
Semejante apego a errores y disculpas ha tenido, sin embargo, alguna que otra excepción como la vivida en julio del 2001, cuando un avión espía de Estados Unidos, en misión de espionaje, dotado de sofisticados equipos para espiar, pero conducido, gracias a los medios de comunicación y a los usuales eufemismos, por “personas”, “tripulantes”, “militares” y (más tarde) “rehenes”, en ningún caso espías, fue obligado a aterrizar en China, tras un “incidente” aéreo que le costó la vida a un piloto de ese país. Para la entrega de quienes los medios llamaban “pilotos”, “miembros” y “oficiales”, jamás espías, el gobierno de China sólo exigió una cosa: disculpas.
Y tardaron las disculpas, casi tanto como la entrega de los espías, aunque se acabaron dando.
Y Obama no se está quedando atrás a la hora de pedir disculpas. Ya como candidato pidió disculpas a dos mujeres musulmanas a las que se prohibió fotografiarse con él por llevar hiyab; después pediría disculpas a los discapacitados por bromear sobre su puntaje en el salón de boliche que tiene en la Casa Blanca; se disculparía con los estadounidenses de bajos ingresos a los que llamó “amargados”; y pidió disculpas, al mismo tiempo, por la detención de un profesor negro de Harvard y por calificar como estúpida la detención. También pidió disculpas porque su Air Force One, con él a bordo, sobrevolara a baja altura Manhattan causando el pánico entre la población. A los cinco meses de mandato, con el respaldo del Senado, Obama pidió disculpas a los negros por los siglos de esclavitud padecida y, más recientemente, insistía en sus disculpas por los errores antiterroristas en los controles de seguridad.
Hace apenas un mes el FBI pedía disculpas por usar el rostro de un político español como retrato robot de Ben Laden, mientras la casa Blanca se disculpaba por llamar “retrasados” a grupos liberales.
Las disculpas por los supuestos errores cometidos por las tropas estadounidenses en los países que actualmente ocupa no sólo son constantes, también son impunes y sangrientos. Y no hay que consultar hemerotecas para confirmar sus errores y disculpas. Basta con abrir la edición del día para que nos encontremos el ejemplo más reciente.
Por ello es que Estados Unidos precisa una Secretaría de Disculpas, dado que para ellos no existen los tribunales internaciones de justicia. Y sí, errar es un derecho, pero nunca un oficio.
miércoles, 13 de enero de 2010
Hace 2 años moría Philip Agee
Un ex agente de la CIA que denunció sus actividades terroristas
13-01-2010
Jean-Guy Allard
Rebelión
Philip Agee, el ex agente de la CIA que tuvo el valor, en 1967, de abandonar una agencia que se caracterizaba por su apoyo criminal a dictaduras sanguinarias, contaba que tomó esa decisión de manera definitiva cuando, estando en un restaurante de México, vio a una amiga estallar en lágrimas al conocer la noticia de la muerte del Che.
Ahí está representada, en una sola imagen, toda la nobleza del personaje que falleció a los 73 años de edad, hace 2 años este 7 de enero, en Ciudad de La Habana desde donde seguía denunciando las actividades terroristas y subversivas desarrolladas por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos contra gobiernos y líderes progresistas del continente.
Phillip B. Agee, ciudadano estadounidense, fue oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en América Latina durante doce años hasta que abandonó sus filas en 1969 por motivos de conciencia. Ocupaba entonces un puesto de fachada en la embajada norteamericana, como agregado olímpico, con el pretexto de la preparación de los Juegos de 1968. Anteriormente, había sido ubicado en Ecuador y en Uruguay.
En 1967 fue asignado a la estación de la CIA en México como refuerzo por la proximidad de los Juegos Olímpicos de 1968.
"Millones de personas en el mundo entero han sido matadas o, por lo menos, han visto sus vidas destruidas por la CIA y las instituciones que soporta", declaró Agee en una entrevista concedida en 1975.
"Yo no podía quedarme sentando, haciendo nada", añadió.
Al salir de la Compañía, mientras sufría amenazas y una constante persecución que puso su vida en peligro en más de una oportunidad, se dedicaba a redactar su libro "Inside the Company : CIA Diary" ( Dentro de la Compañía : Diario de la CIA).
La obra, verdadera síntesis de las actividades criminales de la CIA en América, fue publicada en 1974, acompañada de un anexo 22 paginas de nombres de agentes infiltrados en todo el continente. Constituyó una verdadera bomba que estremeció a todos los sectores de los servicios norteamericanos de inteligencia.
Determinada a eliminarlo, la CIA encargo al ex jefe de la estación CIA de Miami, Ted Shackley, conocido como el Fantasma Rubio, la misión de capturarlo. Agee tuvo que salir de Francia donde se encontraba para refugiarse en Cambridge, Gran Bretaña, Agee fue entonces expulsado por los británicos a solicitud de Washington.
Impedido de radicarse, sucesivamente, en Italia y en los Paises Bajos, donde las autoridades fueron constantemente presionadas para negarle algún estatuto migratorio, privado de pasaporte norteamericano por ser una "amenaza a la seguridad nacional", se exiló en 1980 en la isla caribeña de Granada, bajo el gobierno revolucionario de Maurice Bishop.
Con la invasión estadunidense contra ese pequeño país, en 1983, se refugió en Nicaragua, para luego de la llegada al poder de la contrarrevolución sostenida por Washington, instalarse en Cuba que le ofreció su hospitalidad.
A pesar de todos los peligros y dificultades, Agee publicó Trabajo sucio : la CIA en Europa occidental, con Louis Wolf y varios artículos de prensa además de conceder entrevistas y asistir a reporteros en búsqueda de información.
En cinco oportunidades, el gobierno estadounidense intentó llevarlo a juicio por la revelación de secretos, pero sin éxito, sus ex jefes temiendo, en última instancia, el uso que pudiera hacerse de la enorme cantidad de informaciones que conservaba.
Rabioso, George Bush padre, el ex jefe de la CIA reciclado en presidente que apadrinó la fundación de la CORU terrorista y la operación Condor, lo calificó de traidor y lo calumnió, en numerosas oportunidades. Su esposa, Barbara, fue condenada a retractarse cuando lanzó el mismo insulto por escrito, en una autobiografía redactada a cuatro manos.
Amigo fiel de Cuba y de América latina, Agee denunció el programa desarrollado por la CIA para financiar y desarrollar organizaciones "opositores" bajo la fachada de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y un fondo expresamente establecido en 1983 con este objetivo, The National Endowment for Democracy (NED).
Mientras el New York Times se interrogaba, al anunciar su muerte, sobre la dimensión de los "daños" causados por Agee a los servicios de inteligencia de EE.UU., los medios progresistas del mundo reconocen, al contrario, los servicios que rindió a la humanidad, como verdadero patriota norteamericano, al haber desenmascarado una organización que llevó hasta extremos nunca vistos el uso de la violencia por una gran potencia contemporánea. (JGA)
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