Ciudad Juárez: matanza de Mujeres

Conferencia de Humberto Robles
Lunes 5 de octubre de 2009,
por http://mexico.indymedia.org
CUMBRE MUNDIAL DE LA PAZ Mesa: Mujeres y cultura de paz

“Recuerdo, recordamos. Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos Hasta que la justicia se siente entre nosotros.”

Ciudad Juárez se encuentra enclavada en una zona desértica, al borde del Río Bravo, en la frontera que separa a México de Estados Unidos. Tiene una población de alrededor de 1, 300,000 habitantes; es la ciudad más poblada de Chihuahua, el estado más grande del país, y este año el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública la declaró la urbe más violenta del mundo.
Es aquí donde desde hace más de 16 años se ha venido ejecutando una serie de asesinatos a niñas y mujeres de edades que oscilan entre los cinco y los 35 años.
Desde 1993 a la fecha, según reportes de diversas organizaciones, se han cometido más de de 576 crímenes de mujeres en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, y hay aproximadamente 600 desparecidas. En lo que va del año 2009, se han encontrado 88 cuerpos sin vida, y se ha reportado la desaparición de varias jovencitas, con una edad promedio de 17 años.
Las víctimas son mujeres de escasos recursos, estudiantes, obreras, empleadas de maquiladoras (las cuales son empresas ensambladoras transnacionales que importan materiales sin pagar aranceles), muchas son migrantes de otros estados que van a Ciudad Juárez “buscando una vida mejor”.
En su mayoría son jóvenes, bonitas, pobres, morenas, de cabellos y ojos negros. Muchas son madres solteras o con hijos que mantener.
Ellas suelen ser secuestradas, torturadas durante varios días, golpeadas, violadas tumultuariamente, mutiladas partes de su cuerpo y finalmente asesinadas, ya sea amarradas con alambre de púas hasta desangrarse, estranguladas, apuñaladas o quemadas.
Muchos de los cadáveres muestran los pezones arrancados por dientes humanos, la piel con huellas de quemaduras de cigarros, la carne mordisqueada, violencia sexual extrema y señales de prolongados tormentos.
A este fenómeno, digno de las peores películas de terror, se le ha catalogado como feminicidio: el asesinato brutal y sistemático de mujeres, el cual involucra al crimen organizado y a autoridades del gobierno.
No hablamos de violencia doméstica, que también la hay. En este caso se trata de una serie de asesinatos perfectamente planeados, organizados y sistematizados que han alarmado y llamado la atención de investigadores del FBI, de periodistas, de defensores de derechos humanos y de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, entre otras. Irónicamente, Ciudad Juárez fue llamada alguna vez “la mejor frontera de México” ya que, a raíz del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, en esta ciudad, así como a lo largo de la frontera, se instalaron las maquiladoras. Desde entonces comenzaron estos asesinatos.
Después del crimen, las siguientes víctimas son las madres y familiares de estas niñas y mujeres masacradas. Ellos encuentran el cuerpo sin vida de su hija, madre, novia, esposa, prima o hermana, abandonado en un lote baldío o apenas cubierto por las arenas del desierto, descubriendo así la forma brutal en la que murió la joven, e imaginándose todo lo que habrá sufrido. Cabe mencionar que invariablemente, los cuerpos han sido encontrados por gente que pasaba por ahí, jamás por elementos policiacos.
En muchos casos, las víctimas son reconocidas sólo por sus ropas, por la dentadura o por alguna seña particular, ya que el resto del cuerpo se encuentra irreconocible. Por otro lado, las otras víctimas de las que poco se habla, son las huérfanas y huérfanos de estas mujeres asesinadas. Como si este dolor no fuera suficiente, las familias deben enfrentar la total ineficacia, ineficiencia, negligencia e insensibilidad de la policía, de las autoridades locales, de los gobernadores del estado y de los propios presidentes de México. Porque desde hace 16 años las autoridades competentes (a las que habría que llamarlas “incompetentes”), junto con los medios de información (a los que habría que llamarlos de “desinformación”), se han dedicado a desprestigiar a las víctimas acusándolas de ser prostitutas, drogadictas, personas sin valores, mujeres que salen de sus casas a buscar el peligro. Este no es el caso, pero si lo fuera, no habría nada que justificara la tortura, la violación y el asesinato de prostitutas o de drogadictas. Constantemente el gobierno minimiza las cifras de los crímenes. Además, los gobernadores del estado y los presidentes del país hacen caso omiso de las recomendaciones internacionales. Tampoco prestan oídos a los reclamos de justicia de las madres, familiares y organizaciones de derechos humanos. Los procuradores de justicia, así como los y las fiscales especiales pierden o desaparecen pruebas de vital importancia como la ropa de las víctimas en las que se encuentran muestras de sangre, cabellos o semen.
Para colmo, los medios de comunicación y los empresarios locales acusan a aquellos que claman justicia (a las madres y a las organizaciones) de “vende-patrias” y “de ensuciar el buen nombre de Ciudad Juárez”. Esto se suma a otras intimidaciones y amenazas a quienes exigen que termine esta ola de crímenes. Todas y todos los que nos hemos participado, solidarizado y comprometido con esta causa hemos recibido desde pequeños “sustos”… hasta persecuciones, disparos e incluso amenazas de muerte.
Por su parte, el gobierno, lejos de investigar, juzgar o castigar a los responsables de tantas y tantas irregularidades, los premia. Por ejemplo, al ex gobernador del estado de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, a quien se le acusa de una actitud misógina y de denigrar a las mujeres juarenses justificando sus asesinatos con argumentos tales como que “las mujeres son responsables por vestir minifaldas”, “por salir a altas horas de la noche”, acusarlas de vivir una doble vida, y declarar que el número de mujeres asesinadas «es normal», minimizando las tragedias, en abril de este año se le nombró embajador en Canadá. Otro caso para documentar la historia de la ignominia: en marzo de 2005, mientras Marisela Ortiz Rivera, co-fundadora y co-presidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, daba una conferencia sobre los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, el ombudsman mexicano José Luis Soberanes acaparó la atención de todos… ¿Por qué? Porque se durmió durante la conferencia. Otro ejemplo indignante es el de Arturo Chávez Chávez, quien, sin importar el rechazo y la oposición de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, la semana pasada fue ratificado como procurador general de la República. Las investigaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez coinciden en que Arturo Chávez Chávez, siendo procurador de justicia de Chihuahua, cometió graves irregularidades durante las indagatorias en los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, pues hubo retrasos en la búsqueda de las mujeres que eran reportadas como desaparecidas, hubo deficiencias en la integración de las averiguaciones previas y no se ejecutaron órdenes de aprehensión contra presuntos responsables. Por ejemplo, él expresó que las mujeres eran culpables de sus propios crímenes por vestir ropas provocativas. Debido a lo anterior, es inaceptable e indignante que Felipe Calderón y el senado de la república hayan entregado la procuraduría a un enemigo de la justicia. Hasta la fecha y a más de 16 años de asesinatos, no se ha resuelto satisfactoriamente ni uno de los más de 576 crímenes de mujeres en Ciudad Juárez. Ni uno. La mayoría de las personas que están en la cárcel acusadas por estos crímenes son chivos expiatorios; con amenazas y bajo torturas fueron obligados a firmar sus declaraciones inculpatorias. Algo que enturbia aún más el tema del feminicidio en México, y que genera graves sospechas, es que los casos de las mujeres asesinadas no se han atraído al fuero federal (esto es, dejar que sea un problema local para convertirse en un problema nacional), porque el gobierno arguye, falseando como siempre las cifras, que “sólo se trata de unos 300 asesinatos”.
Entonces nos preguntamos, ¿cuántas muertes necesitará el gobierno mexicano para atraer estos casos y declarar zona de desastre humano a Ciudad Juárez? ¿Cuántas mujeres más deberán ser masacradas para que se tomen cartas en el asunto? ¿No basta una sola mujer asesinada para actuar? La barbarie parece no tener límites: las niñas Brenda Berenice Delgado Rodríguez de 5 años, Airis Estrella Enríquez de 7 años y Anahí Orozco de 10 años, fueron atacadas sexualmente, torturadas y asesinadas. ¿No existe alguien en el gobierno mexicano que se conmueva y decida hacer algo para prevenir y acabar con esta guerra de baja intensidad contra las niñas y las mujeres? Parece que la respuesta es simple y llana: no.
Para seguir documentando la infamia: el Código penal de Chihuahua determina que el violador de una mujer «recibirá una pena de tres a nueve años de prisión». En cambio, para los ladrones de ganado, el Código Penal prevé una pena de seis a cuarenta años de cárcel. Queda claro que en Chihuahua vale más una vaca que una mujer. A su vez, tampoco a las maquiladoras que emplean a mujeres pobres y obreras les importan sus vidas. Deberían, pero no hacen nada, porque si matan a una, afuera de la fábrica hay una fila de ciento de mujeres esperando conseguir trabajo por unos míseros dólares. Ahora, las hipótesis que se manejan con respecto a quiénes son los probables asesinos son muy variadas, pero algunas son las siguientes: La realización de películas de cine snuff. Estas cintas son grabaciones de asesinatos reales con el fin de registrar estas atrocidades y posteriormente distribuirlas comercialmente como macabro “entretenimiento” de mentes enfermas. Otra hipótesis es: Traer el pezón de una mujer, violarla o asesinarla puede ser prueba suficiente de valor y virilidad para los nuevos integrantes de pandillas o de bandas de narcotraficantes que abundan en el país. Se habla también de ritos satánicos, y de fiestas, que son orgías, de ricos empresarios y gente vinculada a los gobiernos locales y federales donde se viola a jovencitas y se les sacrifica. Sin embargo, aunque no sepamos quiénes son los asesinos y cuál es su verdadero móvil, lo que sí sabemos es que la policía, las autoridades y los gobiernos estatal y federal no hacen nada para prevenir, investigar y erradicar esta violencia de género. Como la impunidad en torno a estos asesinatos es absoluta, Ciudad Juárez se ha convertido en tierra fértil para que, por los motivos que sean, se cometan homicidios contra las mujeres. Porque la ecuación es elemental: la impunidad genera más crímenes. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿A quién encubren los gobiernos mexicanos? ¿A quiénes protegen? ¿Qué ganancias y beneficios obtienen de estos asesinatos? Porque al entorpecer las investigaciones e impedir la justicia surgen, entre otras, estas interrogantes. Así que definitivamente el gobierno mexicano es, de menos, cómplice, por omisión, encubrimiento y negligencia, de los asesinos. Alarmantemente estos crímenes contra las mujeres se han ido extendiendo a otros estados del país. En el estado de Morelos, en sólo un año se reportaron 84 feminicidios. En el estado de Sinaloa, en lo que va del año 2009, se han registrado 31 asesinatos. En el Estado de México, en los recientes 4 años, han habido 672 crímenes, de los cuales el 89% de los casos permanecen impunes, lo cual ha convertido a esta entidad en la mayor tasa de feminicidios en el país, superando con creces las cifras de Ciudad Juárez. Resumiendo números: en el país, cada año mueren víctimas del feminicidio mil 200 mujeres. A lo largo y ancho de México se aplica la siguiente frase: Cuerpo de mujer, peligro de muerte. Como una luz de esperanza, el 23 de febrero del año en curso, dos organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia sin precedentes contra el Estado mexicano por el caso de 3 mujeres que fueron asesinadas, con signos de tortura, violación y mutilación de sus cuerpos. La Corte Interamericana está analizando en estos momentos la responsabilidad del Estado en relación con la violencia que se ejerce contra las mujeres, la violencia institucional, así como la falta de protección y prevención de estos crímenes. El caso es emblemático, no sólo porque es el primero que asume la Corte Interamericana por asesinato de mujeres con connotaciones sexuales, sino porque es el primero que juzga de entre los casi 600 homicidios que han ocurrido en Ciudad Juárez desde 1993. La Corte tiene previsto dictar sentencia el próximo mes de noviembre. Desgraciadamente este no es el único problema de la terrible injusticia y de la absoluta impunidad que aqueja a México en cuanto a derechos humanos y en específico contra los derechos de las mujeres. A la impunidad que reina en torno a los feminicidios, se suman otros casos aún no resueltos como estos: El anunciado asesinato en 2001 de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, crimen que el gobierno insiste en declarar como “suicidio”. La violación de más de 25 mujeres por parte de la policía en San Salvador Atenco en 2006. En este caso, las mujeres fueron el botín de guerra de los elementos policiacos, y a la fecha no se ha castigado a ninguno de los responsables. El único policía detenido por el cargo que llamaron “actos libidinosos”, salió libre con una fianza equivalente a unos 800 dólares. En cambio, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien asumió ser el artífice del criminal Operativo Atenco, mantiene como presos políticos a 12 luchadores sociales, tres de ellos, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, con penas que suman más de 430 años de cárcel en prisiones de alta seguridad, superando así las condenas que reciben muchos secuestradores, narcotraficantes y delincuentes de alta peligrosidad. Y el gobernador Peña Nieto ha comenzado su campaña para lanzarse como candidato a la presidencia de la república para el año 2012. Prosigo: La violación tumultuaria por militares y la posterior muerte de la indígena de la sierra de la Zongolica doña Ernestina Ascencio, en 2007. Para proteger al ejército, Felipe Calderón y el ombudsman mexicano aseveraron que la muerte de doña Ernestina se debió “a males gastrointestinales y anemia”. El caso de violación tumultuaria y crimen de la activista estadounidense de derechos humanos Marcella Sali Grace, asesinada en septiembre de 2008. Los asesinatos de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, ocurrido en la región Triqui de Oaxaca en 2008. En 1994 tres hermanas indígenas tzeltales de 12, 15 y 17 años fueron violadas en Altamirano, estado de Chiapas, por un grupo de soldados que participaban en acciones militares contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En 1997, doce indígenas zapotecas del estado de Oaxaca fueron violadas por soldados. Ese mismo año, en el estado de Guerrero, Aurelia Méndez Ramírez y Delfina Flores Aguilar, indígenas tlapanecas, fueron violadas por cinco soldados. En 1999, en el mismo estado, dos indígenas mixtecas, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33 años, fueron violadas por miembros del ejército. En 2002, Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca de 17 años, es violada por ocho militares, e Inés Hernández Ortega, también indígena tlapaneca de 27 años, es violada por once soldados, ambos casos en el Estado de Guerrero. Seis años de recomendaciones internacionales y nacionales de los principales organismos defensores de derechos humanos no han valido para lograr que los militares que violan los derechos humanos en México, incluidos los casos de violación sexual contra mujeres, sean juzgados por la vía civil. Con el pretexto, y en el contexto de la fracasada lucha contra el narcotráfico, los militares violan los derechos humanos de norte a sur gozando de plena impunidad y contando con “fuero militar”. Para engrosar la trágica lista que pone en evidencia la total falta de justicia y de la impunidad que impera México, menciono otros casos: El asesinato del joven estudiante y luchador social Pável González en 2004, crimen que el gobierno también insiste en declarar como “suicidio”. En los últimos años, ser periodista en México se ha convertido en una «profesión de alto riesgo». Del año 2000 al 2008, han habido 41 muertes y 8 desapariciones de periodistas y trabajadores de medios informativos, entre ellos el asesinato del norteamericano Brad Will, de la red Indymedia, acaecido en Oaxaca en 2006. Juan Manuel Martínez Moreno, de oficio panadero y padre de 3 hijos, ha sido injustamente encarcelado desde octubre de 2008 acusado por este asesinato, cuando el propio Brad Will grabó con su cámara la imagen de los asesinos al momento de dispararle. El Gobierno Federal de México trata de cerrar el caso, porque de éste dependen recursos retenidos del convenio económico–militar conocido como Iniciativa Mérida o Plan México. El Congreso de Estados Unidos condicionó parte del envío del dinero a la situación de derechos humanos en México y específicamente al esclarecimiento del asesinato de Brad Will. Para lograrlo, una vez más, se ha inculpado a una persona inocente. Otro caso es el de los 49 niños y niñas, todos menores de 5 años, que murieron calcinados en una guardería en Hermosillo, Sonora. “Curiosamente” algunos dueños y responsables de la seguridad de esta guardería están emparentados con la esposa de Felipe Calderón, y varios de ellos están prófugos. El próximo 5 de octubre se cumplen 4 meses de este crimen, y hoy no hay un solo responsable detenido. Y sumándose a esta sangrienta lista que parece interminable, agregamos los casos no resueltos de los asesinatos perpetrados por el gobernador Ulises Ruiz en Oaxaca durante el movimiento magisterial de 2006. La red de pederastas y pornografía infantil denunciada por la valiente periodista Lydia Cacho, red que involucra a empresarios y funcionaros gubernamentales como el gobernador de Puebla Mario Marín, quienes permanecen libres e impunes. A esto hay que añadir la masacre de Acteal, Chiapas, de 1997, donde perecieron 45 personas, la mayoría de ellos niños y mujeres embarazadas. Con machetes y balas, mientras oraban, fueron abatidas 14 niñas, 4 niños, 4 mujeres embarazadas, otras 15 mujeres y 8 hombres. Ése fue el primer crimen, el segundo ocurrió en agosto pasado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la libertad inmediata de una veintena de los responsables de este crimen. Y continúa la vergonzosa lista: las masacres de El Charco, de Aguas Bancas y de El Bosque, así como la matanza de el “Jueves de Corpus”, también conocido como el “halconazo”, de 1971, y la matanza de estudiantes en Tlatelolco, ocurrido precisamente un día como hoy, hace 41 años, el 2 de octubre de 1968. Y un largo, larguísimo etcétera de crímenes sin castigo. Todos estos casos que he mencionado permanecen impunes, los responsables gozan de plena libertad y, con un gobierno como el actual, seguramente va a pasar mucho, muchísimo tiempo para que se haga justicia a estos crímenes de lesa humanidad. Porque aunque México siga promoviendo en el extranjero la imagen de defensor de derechos humanos, y firme tratados y acuerdos internacionales, actualmente es el primero en violarlos en su propio país. A esta incongruencia entre el discurso y la realidad, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, en su pasada visita a México en 2007, la llamó “política esquizofrénica”. Por todo lo anterior, afirmo categóricamente que en México reinan la corrupción y la impunidad. En México se practica cotidianamente la tortura. En México se violan los derechos humanos de lunes a domingo. En México se criminaliza la lucha social. Porque para el gobierno son más peligrosos los que luchan, que los que secuestran o trafican con drogas, menores de edad o personas. En México ser activista y defensor de derechos humanos es vivir en peligro de muerte. En México se matan mujeres por ser mujeres. El caso de los feminicidios en Ciudad Juárez y el resto de México es una vergüenza nacional. La falta de acción, la indolencia y la indiferencia ponen en evidencia el sexismo, machismo, misoginia, clasismo y racismo de los gobiernos mexicanos. Ante este panorama, y en el marco de esta Cumbre Mundial de la Paz, las preguntas que surgen inevitablemente son: ¿Qué hacer en un país cuyo gobierno que lejos de garantizar la paz de sus habitantes, la quebranta día con día? ¿Qué hacer si los responsables de preservar la indispensable paz la violentan cotidianamente? ¿Qué hacer para acabar con la impunidad que fomenta el gobierno mexicano y cómo poder alcanzar la elemental justicia? El gobierno mexicano es un lobo con piel de oveja. Tras la máscara, su rostro se asemeja más al de una dictadura que al de una democracia. En México estamos gobernados por delincuentes y criminales. ¿Cómo hablar de “Cultura de Paz” si en México la justicia es para unos cuantos y la impunidad es el cobijo de los poderosos? Nosotras, nosotros, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos buscamos la paz y luchamos por ella cada día, anhelamos un país donde las niñas y las mujeres puedan caminar tranquilas, ir a sus trabajos o escuela, y poder volver de regreso a casa. No queremos un estado policiaco ni al ejército en nuestras comunidades. Repudiamos que se burlen de nosotras, de nosotros, al encumbrar a individuos como Francisco Barrio Terrazas y Arturo Chávez Chávez, de oscuros antecedentes y nefasta reputación. Nosotras, nosotros deseamos la paz, pero el Estado mexicano no pone el menor empeño en garantizar este derecho fundamental y es el primero en violentarlo. Actualmente, en México la única paz que existe, la única paz que promueve el Estado mexicano… es la paz de los sepulcros. Y a tres metros bajo tierra, las niñas y mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: Lilia Alejandra, Alma Mireya, Brenda Berenice, Sagrario, Perla, Patricia, Airis Estrella, Araceli, Elizabeth, Erika, Esmeralda, María Elena, y el resto de nuestros muertos, claman justicia. Solamente justicia. Desde esta importante reunión, exhorto al gobierno mexicano a que nos devuelva la paz. Nuestras Hijas de Regreso a Casa, la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, las mujeres y hombres conscientes exigimos que cese la impunidad en torno a estos asesinatos y que haya voluntad política para combatir la violencia de género. Aprovecho este foro para hacer un llamado a la comunidad internacional a fin de que se juzgue, se condene y se sancione al Estado mexicano por el feminicidio que se extiende desde Chihuahua hasta Chiapas. Para finalizar, quiero compartir con ustedes un fragmento del poema de Juan Ríos Cantú titulado ¿Hay un dios cerca de Juárez?: “Juárez, qué se alce tu voz hasta curarle a la justicia la sordera. Qué se alce también tu razón y tu cordura, Que te regrese la calma.
Juárez, mi más sentido pésame. Si mis manos no hacen nada que lo haga mi palabra.
Qué regrese la hija, la hermana y la madre del trabajo a la casa cuando caiga la tarde.”
Humberto Robles

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