Sylvia Ubal
BARÓMETRO INTERNACIONAL,
especial para ARGENPRESS.info
El 5 de Junio en todo el planeta se celebra el Día Internacional del Ambiente, pero esta nueva celebración no es un festejo, es un día triste, un día que nos recuerda lo mal que hemos actuado y como lo seguimos haciendo con el ambiente, un día que nos recuerda todo lo malo del ser Humano. Es un día para estar enojados con los que están destruyendo nuestra casa solo por dinero, por mejorar la calidad de vida de unos pocos sin pensar en el futuro de toda ha humanidad.
Vemos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que firmo el inicio de la construcción del proyecto Pascua Lama, uno de los más grandes del mundo, que va a demandar unos 3.000 millones de dólares a desembolsar a lo largo de 25 años ¿y después que? ¿Qué le deja a los Argentinos y a toda la humanidad? Tanto en Chile como en Argentina el proyecto genera plenos rechazos y resistencias de las comunidades, asambleas de vecinos y organizaciones ambientalistas que insisten en la contaminación que genera la actividad minera y el saqueo de la cordillera.
Sin dudas, la mega minería es la actividad industrial más agresiva tanto en lo ambiental, como en lo social y cultural. Y sobre todo si se considera el perjuicio que genera a las economías familiares, al socavar la fuente de su tradicional actividad productiva. El oro se va en manos extranjeras, mientras el agua, fuente de vida, es contaminada y los glaciares, principales reservorios de agua dulce, son eliminados. Para extraer los metales preciosos se necesita cianuro, y una vez juntado el oro, es veneno se que queda en el ambiente contaminando el agua y la tierra.
America Latina sufre las consecuencias de una rapiña milenaria
El setenta Y cinco por ciento del territorio de la selva Peruana esta repartida en lotes petroleros siendo adjudicada a diferentes empresas petrolíferas extranjeras, sin la consulta y consentimiento de los pueblos nativos que en la práctica son los dueños legítimos de estos territorios. La selva peruana se ha convertido en la gran reserva petrolífera del mundo y como tal está en la mira y la ambición de los grandes capitales de las empresas trasnacionales del petróleo. Lo que desconocemos es cual será el beneficio que obtendrán las comunidades nativas y el pueblo peruano en general.
Amazonas es el pulmón del planeta, pero la deforestación es tan grande que en el año 2005 había llegado a los 680.000 km2, y de acuerdo a un informe gubernamental en el 2009 a llegado a los 890.000 km2. Estas áreas son destruidas por depredadores para plantaciones de celulosa, siembras de soya, grandes empresas trasnacionales mineras y del petróleo, entre otras. (http://www.mre.gov.br/)
En 2009 las plantaciones de eucaliptos en Brasil sobrepasaban los 50.000 km2, Argentina perdió casi dos tercios de sus bosques originarios durante el siglo veinte. Gran parte de ese territorio está ahora ocupado por cultivos de soya, algodón y maíz transgénicos (140.000 km2) y plantaciones de pinos y eucaliptos. En Paraguay la superficie sembrada de soya creció entre 1995 y 2003 de 8.000 km2 a casi 20.000 km2 y en el 2009 llegó a mas de 50.000 km2 Para cultivar soya en Bolivia se deforestaron más de 20.000 km2 de bosque durante los últimos 15 años. (1)
La minería destruye los ecosistemas
El área concesionada a proyectos mineros tiende a cubrir un promedio del 10% del territorio de los países en la región. Esta dimensión varía y hay que considerar que el área de influencia de la explotación minera es siempre mayor que la superficie concesionada, puesto que implica toda la infraestructura de vías de comunicación y accesos a suministros, fuentes de energía y agua. La energía proviene en parte de centrales hidroeléctricas -existentes o proyectadas- que ocupan a su vez más territorio, más agua y generan otros conflictos.
En Perú la superficie concesionada a las mineras creció de 1,49% en 1991 a 8,2% en 2006 (105.504 km2); 2009 (253.640 km2); en México, 3% en 1994 y 8%, en 2002 (158.595 km2); en Chile, 7,3% en 2002 y 10,6% en 2009 (130.000 km2); en Ecuador, 5% en 2000 y 16,7% en 2004 (45.513 km2) y en 2009 (96.317 km2). En este último país las solicitudes de concesiones cubrían el 69% del país en 2000 y el 84,5% en 2004 (2) y en el 2009 el 95%.
¿Que daños ocasionan?
A las emisiones nocivas lanzadas por estas industrias al aire (CO², SO²), al agua y a los suelos (dioxinas y derivados del uso de cianuro, arsénico y mercurio, entre otros), se le agregó en los últimos años la contaminación con plaguicidas y transgénicos de los monocultivos. Además de provocar serios problemas de salud y deterioro de condiciones de vida a las poblaciones campesinas de varios países del mundo, la aplicación masiva de agroquímicos está produciendo daños de otro tipo que en un futuro no tan lejano agravarán el panorama. Se teme que la destrucción del hábitat, el uso de plaguicidas y la introducción de cultivos invasores están causando la disminución de polinizadores, lo que pone en el peligro de extinción a muchas especies vegetales (3).
Las empresas transnacionales de plaguicidas producen también las semillas transgénicas y son propietarias de la mayoría de las patentes de biotecnología agrícola, con lo que pueden tener el control de la agricultura y de la cadena alimentaria a nivel mundial (4). La contaminación transgénica es un negocio adicional de estas industrias, que por la vía judicial exigen pago a los agricultores cuyos cultivos accidentalmente se han contaminado con semillas patentadas. Incluso cuando no pueden cobrar por sus patentes, como le ocurrió a Monsanto en Argentina, se beneficiaron con la venta de plaguicidas (5).
La operación de cada planta de celulosa requiere de cientos de miles de hectáreas de plantaciones, conocidas como "desierto verde" porque han significado la destrucción de una superficie similar o mayor de bosque nativo con la correspondiente pérdida de biodiversidad en flora y fauna, la contaminación y el agotamiento de cauces de agua. Estas fabricas necesitan una gran cantidad de agua para sus procesos y tienen que instalarse junto a grandes ríos para aprovechar el recurso y luego desecharlo seriamente dañado y contaminado.
Empresas y gobiernos presentan en sus campañas de apoyo a los monocultivos de árboles como "forestación". Sin embargo, los estudios confirman los efectos negativos de esta actividad al registrar destrucción de bosque nativo, disminución de biodiversidad y fuentes de agua, problemas de salud a comunidades vecinas, contaminación de agua y degradación de suelos (6).
La devastación que produce la minería queda en los grandes depósitos de escoria contaminada que han acumulado años de explotación en cada uno de los países. Esta destrucción continúa y se agrava a medida que crece el número de las explotaciones a cielo abierto
El cobre, el oro y uranio por ejemplo, están diseminados en extensos terrenos, su extracción implica remover con explosivos grandes cantidades de roca y someter el material resultante a un proceso de lixiviación que emplea enormes cantidades de agua mezclada con ácido sulfúrico para extraer cobre y uranio, y con cianuro para recuperar el oro. Los desechos quedan ahí para siempre y se convierten en fuente de contaminación de aguas superficiales y subterráneas que, al descender hacia los valles afectan a sectores con economías basadas principalmente en la agricultura.
En 1998, 23 de los 29 proyectos mineros en Perú correspondían a la extracción de oro. Las empresas socias del Consejo Minero -que extraen casi la totalidad del cobre, oro, plata y molibdeno de Chile- explotaban en 2004 nueve yacimientos de oro en ese país. Ese mismo año se realizaban operaciones en 23 yacimientos de oro en Centroamérica. La cifra tiende a aumentar en esa región.
El uranio esta concebido como el nuevo “dorado” de las trasnacionales
En Argentina, Brasil y México usan uranio para producir energía eléctrica, por lo que despertó preocupación la denuncia sobre exploraciones de uranio en Guatemala. Desde enero de 2005 se otorgaron nuevas licencias para explorar el elemento radioactivo en ese país. En marzo de 2006 más de 32 empresas realizaban prospecciones y exploraciones de uranio en Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, México y Perú (http://www.wise-uranium.org/upsam.html)
Este negocio parece estar asegurado para los próximos años puesto que la Agencia Internacional de Energía Atómica anunció recientemente la instalación de 130 nuevas centrales nucleares y el precio del uranio sigue en ascenso. Dadas las precarias condiciones actuales para supervisar las explotaciones de oro cabe preguntarse cómo se va a controlar la extracción del uranio. Conviene recordar la mina de uranio de Wismut, que funcionó entre 1945 y 1990 en la ex República Democrática Alemana y dejó más de 5.000 mineros muertos de cáncer al pulmón (7).
En 2004 Perú contaba con ocho funcionarios para monitorear en terreno más de 6.200 concesiones mineras; ese mismo año el gobierno chileno dictaba un decreto para que la empresa Barrick Gold hiciera fiscalización aduanera a su propio proyecto de plata y oro en la frontera con Argentina (8). Con tan mínima fiscalización estas industrias pueden ocultar buena parte de sus actividades, incluyendo escapes radiactivos o tóxicos, intencionados o accidentales. De hecho, en 1999 lluvias fuertes desenterraron centenares de tambores de cianuro de sodio en Amapá, Brasil, en terrenos de una mina asociada al Grupo AngloGold/Anglo American. Hubo muertos y los peces desaparecieron del río Vila Nova, pero nadie se hizo responsable (9). En Chile, en 2005, a raíz de un accidente radiactivo en una planta de celulosa de Celco en construcción, se supo que la empresa había ocultado hechos similares en el pasado (10). Poco después se descubrió que otra empresa de celulosa en Chile, CMPC, ocultó durante diez años un derrame de mercurio en una de sus plantas (11).
Los pueblos se enfrentan a los poderes nacionales e internacionales
Pese a que las elites políticas hacen frente común con las empresas en las operaciones de blanqueo de imagen y en la represión de las protestas a través de paramilitares o mercenarios - práctica habitual en África y situación cada vez más común en países latinoamericanos como Colombia, Ecuador y Perú, esta reacción de las comunidades ha ido en aumento al conocerse el impacto de estos proyectos sobre su salud, sus patrimonios ambientales, sus culturas y sus economías. Y comienzan las movilizaciones indígenas y campesinas en Brasil, Bolivia, Colombia, Guatemala y Ecuador, que se han enfrentado por años a las compañías mineras, petroleras y forestales, se agregan ahora las protestas de sectores ciudadanos que rechazan la instalación de megaproyectos destructivos del medio ambiente en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.
La gente también está reaccionando contra las políticas que por un lado impiden que la población tenga acceso a los recursos vitales y por otro los entregan al negocio transnacional, como sucede con la privatización del agua y la concesión a privados de los mares territoriales y bordes costeros.
La reacción frente a las protestas es asumida indistintamente por las empresas o los gobiernos, son numerosos y repetidos los casos de abusos a los derechos humanos cometidos para facilitar la instalación y desarrollo de estos negocios. Estos atropellos van desde la persecución de opositores individuales hasta la represión masiva y el desplazamiento de comunidades. En estos últimos años se han reportado casos graves de esta índole en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú. Pero la represión puede tomar otras formas, como en Chile, donde se pone en práctica leyes antiterroristas para encarcelar a dirigentes de comunidades indígenas que defienden sus derechos territoriales frente a la expansión de las empresas forestales. La mayoría de éstas se halla involucrada en denuncias por participar en acciones represivas contra comunidades indígenas, por conflictos de tierra o destrucción de bosques.
Afianzadas en la región durante los regímenes dictatoriales de la segunda mitad del siglo veinte, estas industrias no constituyen una fuente importante de empleo. Más bien prescinden de la población, excepto como mano de obra barata ocasional. Su accionar destructivo del entorno promueve el despoblamiento de las zonas donde operan.
La información disponible nos dice que en diferentes países de Latinoamérica nos encontramos con una pérdida brutal de recursos naturales y humanos, donde las transnacionales, con una inversión mínima se llevan recursos de enorme valor, dejando un saldo de contaminación y destrucción del medio ambiente y un empeoramiento de las condiciones económicas y de salud de las poblaciones afectadas directa o indirectamente por su accionar y el deterioro ambiental irreversibles.
Somos naturaleza, somos hijos de la tierra: de ella venimos y a ella volvemos. Este concepto define a la tierra como sagrada y a la vida como valor absoluto.
Notas:
1) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (2005) Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe
2) Fuentes: Perú. Instituto Nacional de Concesiones y Catastros Mineros (INACC); México. Secretaría de Economía. Informe de la minería mexicana,; Chile. Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN); Ecuador, Dirección Nacional de Minería, Gestión de Seguimiento y Gestión Minero. Estadística de Áreas y Hectáreas,
3) Ashman, T., M. Burd, S. Mazer, T. Knight, J. Steets and J. Vamosi. "Pollination Decays in Biodiversity Hotspots
4) Id. p. 204.
5)
6) Araya, J., Carrasco, N. and Montalba, R., (2006) Contexto Económico y Social de las Plantaciones Forestales en Chile: El caso de la comuna de Lumaco, región de la Araucanía , Montevideo: WRM-OLCA, p. 66-68.
7) Diehl, Peter Uranium Mining in Europe: The Impacts on Man and Environment ,
8) El Exilio del Cóndor: Hegemonía transnacional en la frontera. El tratado minero entre Chile y Argentina , Santiago: OLCA.
9) Oliveira, Cimoni Documento confirma que hubo irradiados en planta Celco de Valdivia 'Diario Siete (2006) 'Mercurio en planta de celulosa Laja ', 3 de abril.
10) Baracyetse, Pierre, L'Enjeu Géopolitique des Sociétés Minières Internationales en République Démocratique du Congo , Buzet: SOS Rwanda-Burundi.
The Curse of Gold, Washington: HRW.
11) Maldonado, Adolfo,) La Manera Occidental de Extraer Petróleo: la OXY en Colombia, Ecuador y Perú , Lima: Oilwatch.
viernes, 28 de mayo de 2010
Amazonas, el pulmón del planeta ha sido deforestado en 680 mil km2
lunes, 17 de agosto de 2009
La amazonia brasileña en el umbral de una nueva era
El costo ambiental de un desarrollo arcaico
15-08-2009
Marina Silva
Informe-Dipló
La Amazonia brasileña se encuentra en una situación límite. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva debe decidir si desea liderar la transición hacia nuevos parámetros de desarrollo global o prefiere continuar avalando la sobreexplotación de los activos sociales y ambientales en beneficio de una minoría.
Varios estudios recientes han expuesto diferentes facetas del modelo económico arcaico y predatorio que todavía predomina en la Amazonia brasileña. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por el gobierno federal, las administraciones estatales y municipales, y la sociedad civil –lo que dio como resultado una reducción continua de los índices de deforestación desde 2005–, el hecho es que el 17% del bosque tropical brasileño ya ha sido consumido; y los mecanismos y prácticas que destruyen la biodiversidad, perjudican los servicios ambientales (1), generan conflictos sociales, empobrecen la cultura, marginan poblaciones, agravan el calentamiento global y comprometen la imagen de Brasil, continúan vigentes.
La edición de junio de 2009 de la revista Science (2) incluye un estudio sobre el tema, firmado por investigadores del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), que bautiza este modelo como “boom-colapso”, en alusión al efecto “sube y baja” que caracteriza la economía de la región: grandes ganancias financieras para un pequeño grupo al principio, seguidos de pérdidas y perjuicios para la sociedad en general.
Los investigadores constataron que, en el corto plazo, mejoran los indicadores socioeconómicos, como por ejemplo el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Sin embargo, los beneficios duran alrededor de una década y media, agotándose cuando se terminan la explotación de madera y la productividad de la ganadería. En ese momento, entonces, los municipios pasan a presentar índices de calidad de vida parecidos a los del período anterior a la deforestación, con una diferencia fundamental: perdieron la oportunidad de hacer un uso adecuado de los activos naturales y de crear una economía sostenible con una distribución de la renta más ecuánime. Sumado a eso, heredan suelos degradados, desempleo, concentración agraria, éxodo rural, miseria urbana y, por supuesto, el fin de los bosques y de los recursos naturales disponibles.
El año pasado se publicaron asimismo otros importantes trabajos realizados por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que describen las prácticas deletéreas de poderosos grupos empresariales y sus negocios globales, lo que causó un fuerte impacto en la opinión pública.
En octubre de 2008, la ONG Repórter Brasil redactó una lista de las empresas establecidas en San Pablo que se benefician con el avance predatorio de la actividad agropecuaria y maderera ilegal sobre el bosque, además de mantener relaciones comerciales con propietarios e inversores rurales que explotan el trabajo esclavo. La divulgación del trabajo, titulado “Conexiones sustentables San Pablo-Amazonia: quién se beneficia con la destrucción de la Amazonia” (3), dio como resultado la firma de tres pactos empresariales para el control de las cadenas productivas de la madera, la ganadería y la soja oriundas de la Amazonia.
La organización Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña publicó, en abril de 2008, el informe “La hora de la cuenta – Ganadería, Amazonia y coyuntura” (4), en el que explica que la Amazonia se consolidó como una importante región productora de carne debido a la instalación de megafrigoríficos, financiados con recursos públicos subsidiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil del orden de los 6.000 millones de reales en 2008, un récord histórico. De ese monto, casi nada se destinó al aumento de la productividad y la recuperación de tierras degradadas o abandonadas. El informe muestra incluso que uno de los factores centrales para la viabilidad de la ganadería en las principales regiones productoras de la Amazonia es la invasión y la posesión ilegal de tierras públicas, acompañada de deforestación irregular.
A comienzos de este mes, Greenpeace Brasil divulgó por su parte, después de tres años de estudios, el informe “La farra del buey” (5). Allí, la organización ambientalista revela que la destrucción de la Amazonia se debe mayoritariamente al sector ganadero, responsable de una de cada ocho hectáreas de bosques tropicales destruidas en el planeta. Ese trabajo analiza las fuertes inversiones gubernamentales destinadas a ese sector, con el objetivo de consolidar el liderazgo de Brasil en la exportación de carne bovina y duplicar su participación para alcanzar los dos tercios del mercado mundial de aquí a 2018. El informe hace también una lista de varias empresas nacionales e internacionales que se abastecen de productos de esa cadena productiva ilegal y antiética, y acusa al BNDES de contribuir a la devastación ambiental, en la medida en que financia a los frigoríficos sin exigir contrapartidas ambientales.
La novedad que introdujo el estudio de Greenpeace fue su sociedad con el Ministerio Público Federal para iniciar acciones civiles públicas en el Estado de Pará contra los frigoríficos y las redes de venta minorista citados en el texto. La medida generó diferentes reacciones: grandes cadenas minoristas, como Wal-Mart, Carrefour y Pão de Açúcar, suspendieron las compras a los frigoríficos involucrados, exigiendo a los proveedores trazabilidad y garantías socioambientales confiables para los productos provenientes de la Amazonia. Las entidades ruralistas ya intentaron descalificar el estudio e intimidar a sus autores con procesos judiciales, en lugar de adoptar técnicas productivas sustentables que favorezcan la ganancia de productividad, trazabilidad y recuperación de las áreas degradadas.
A pesar de las evidencias recabadas en los estudios citados y de importantes resultados alcanzados en el ámbito del Programa de Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia, la ideología y las fuerzas que sustentan el modelo predatorio continúan en plena forma debido, especialmente, a la postura equivocada de algunos sectores del gobierno federal y del Congreso Nacional. Teniendo en cuenta las urgencias de nuestro tiempo –sintetizadas por la confluencia del agravamiento del calentamiento global y la situación dramática de las poblaciones pobres en todo el planeta– la persistencia de un patrón de desarrollo arcaico en Brasil –país clave para iniciar el viraje necesario hacia un modelo de base sustentable– es muy preocupante.
Desde los ministerios que definen políticas vitales para la Amazonia llegan discursos y medidas que aumentan esa preocupación, al converger en el desmantelamiento de la legislación ambiental y la defensa de facilidades económicas para sectores que especulan con tierras en la región (6), y al negarse a asimilar métodos que eviten nuevas deforestaciones. Esos sectores fueron premiados recientemente con una regularización agraria que distribuyó más de 60 millones de hectáreas de tierras públicas, buena parte de ellas a personas y grupos que las invadieron y promovieron su deforestación a gran escala. O sea, las autoridades responsables de las políticas de desarrollo tratan a los bosques como un obstáculo y no como un beneficio para la nueva economía del siglo XXI.
La voz del pueblo
Tal postura, no obstante, está siendo confrontada por las constantes alertas tanto de respetados formadores de opinión como de la propia sociedad. En una investigación realizada por el Instituto DataFolha en mayo pasado, el 96% de la población brasileña defendió la legislación ambiental y dio un mensaje claro a los productores rurales: pide respetar los límites establecidos por la ley para la protección de bosques, ríos, suelos y biodiversidad (7). Ya no se acepta la justificación de la producción de alimentos a costa de la destrucción ambiental.
Se ha llegado así, a un umbral. El gobierno brasileño necesita hacer una elección clara: liderar una transición que convierta a Brasil en una referencia mundial en la búsqueda de nuevos parámetros de desarrollo, o seguir siendo fiador del pasado, garantizando sobrevida a una concepción de mundo ya superada, que se basa en otorgar privilegios y permitir la sobreexplotación de los activos sociales y ambientales para usufructo de algunos pocos, sin medir las consecuencias.
La investigación de Datafolha mostró que los brasileños quieren empleo, renta y acceso a bienes de consumo, pero no a cualquier precio. Quieren también seguridad ambiental, compromiso ético y visión a largo plazo para crear hoy las condiciones para un salto civilizatorio indeclinable.
En la Amazonia ese dilema se plantea de varias maneras. La explotación ganadera y maderera irregular es sólo uno de los aspectos. Otro, de igual importancia, es la puesta en marcha de obras de infraestructura. El conocimiento acumulado sobre las debilidades del bioma amazónico recomienda cuidados especiales en ese tipo de proyectos, comenzando por el imprescindible proceso de licenciamiento ambiental, hecho en forma y tiempo adecuados. Frente a eso, las maniobras para evitar o flexibilizar los procedimientos exigidos por la legislación con el objetivo de acelerar la aprobación de las obras, como se intenta, por ejemplo, con la ruta BR 319, son inaceptables. La historia enseña que, realizadas en discrepancia con las contingencias ambientales, esas obras son inductoras de procesos económicos y sociales que pueden redundar en verdaderas catástrofes sociales, culturales, ecológicas y económicas en toda el área de influencia del emprendimiento, en vez de generar los beneficios esperados.
Brasil vive un momento crucial, que exige, para que sea posible prosperar, elecciones valientes en pos de un cambio de rumbo y de patrones. Las alternativas ya existen, tienen fuerte base tecnológica, una concepción política e institucional innovadora y sectores de punta dispuestos a superar sus límites adoptándolas. Se trata de un desafío que no es sólo de los brasileños. Se impone a toda la comunidad global. Evidentemente, el país que detenta un patrimonio tan significativo como la Amazonia tiene una misión especial que cumplir.
Una misión domesticadora, en términos del siglo XXI. Si antes, en la historia de la humanidad, domesticar significaba dominar, sojuzgar e imponer, hoy quiere decir tener la capacidad de reinventar la civilización, sumando el ambiente natural como parámetro para la superación de los excesos y equívocos de la sociedad de consumo, en una perspectiva anticipatoria de la sociedad sustentable que se pretende consolidar.
Brasil es candidato natural a ser una gran nación para navegar el futuro y no puede continuar preso de las peores amarras de su historia, sin utilizar plenamente lo que ésta le ofrece como herramienta liberadora: los excepcionales recursos naturales y la igualmente excepcional diversidad social y cultural. A lo largo de las últimas décadas, esta opción ya fue realizada por crecientes contingentes sociales en los espacios académicos, comunitarios, empresariales, de organizaciones de la sociedad civil y en nichos de excelencia del sector público. De esa nueva cultura han emanado continuas demostraciones de que dar el salto cualitativo es posible y viable. Falta la opción decidida de aquellos que tienen mucho poder en el proceso decisorio del país y en la implementación de grandes políticas, es decir, los gobernantes y los sectores empresariales de peso.
Marina Silva es senadora de la República Federativa del Brasil por el Estado de Acre en representación del Partido de los Trabajadores (PT), fue ministra de Medio Ambiente (2003-2008).
Traducción: Claudia Solans
Notas:
1 Los servicios ambientales son funciones ecológicas y procesos que aseguran el equilibrio de los ecosistemas y posibilitan la supervivencia y el bienestar de todas las especies en el planeta.
2 Science, Vol. 324, Nº 5.933, Nueva York, junio de 2009.
3 www.reporterbrasil.org.br/documentos/conexoes_sustentaveis.pdf
4 www.amazonia.org.br/arquivos/308285.pdf
5 www.greenpeace.org.br/gado/FARRAweb-alterada.pdf
6 Véase Dario Pignotti, “Polémica diplomacia del cárbono”, en el dossier “Amazonia, el espacio geoestratégico del siglo XXI”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Buenos Aires, agosto de 2009.
7 http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=891
M.S.
© LMD ed. Brasil
