por Centro Independiente de Noticias
[México / Revista Contralínea]
Clara Meyra / Lorena Peralta *
Durante 2008 se presentó una crisis de granos a nivel mundial y se agudizó la crisis ambiental provocada por el calentamiento global. El año 2009 siguió con una crisis económica mundial como efecto de un sistema económico y político cada vez más desigual y menos generador de desarrollo, es decir, una “gran crisis”. En México, el 51 por ciento de la población vive en pobreza, que se torna más dramática cuando unas cuantas familias concentran más del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Durante el año que concluyó, la lucha en contra del crimen organizado se agudizó. Ante esto, Felipe Calderón, en su balance a tres años de gobierno, expresó: “Acabar con el crimen es una estrategia para fortalecer al Estado y liberar a la sociedad…” Pero ¿qué significa esto en medio de una “gran crisis”, para quienes vivimos en México y para nuestros derechos humanos?
En 2009, las llamadas “políticas de seguridad”, directamente vinculadas con la lucha contra el narcotráfico, se convirtieron en el centro de la justificación de una serie de acciones, determinadas por el actual gobierno como prioritarias para terminar con la delincuencia organizada y que involucran el despliegue de 45 mil efectivos del Ejército. Este tipo de medidas contravienen las leyes nacionales y los estándares internacionales. En México, el artículo 129 constitucional enuncia: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Al 8 de diciembre, la cifra superaba los 7 mil muertos tan sólo en 2009, y continuó creciendo. Chihuahua es el estado con mayor índice de muertes (2 mil 991), mientras que Yucatán ha mantenido un saldo blanco. ¿Qué significa esto para los derechos humanos? Significa que se ha limitado el término “seguridad” a una lucha indiscriminada por mostrar un poder que legitime el uso de la violencia de las fuerzas armadas. Claro ejemplo es que en dos años se triplicaron las denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
Lo anterior lleva a relacionar una política de seguridad tan limitada y poco fundada en la impartición de justicia, que en 2009 los abusos del Ejército se expresaron en acciones tan intransigentes y lamentables como las del pasado mes de noviembre, donde en Quechultenango, Guerrero, soldados del 21 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano golpearon a 26 jóvenes y niños que entrenaban en la cancha de fútbol. Uno de ellos tuvo que ser hospitalizado por la gravedad de los golpes.
Y se debe agregar que la Secretaría de Seguridad Pública Federal reconoce la existencia de 93 mil internos sin sentencia en 431 prisiones en todo el país, quienes tampoco pueden acceder a programas en materia de reinserción laboral. La cifra corresponde a personas aprehendidas solamente en el año que terminó. Esto tiene que ver con un modelo de justicia ineficaz que no genera readaptación, sino un mayor rencor e incredulidad hacia las instituciones. Más de la mitad de las personas internas es menor de 30 años, síntoma y efecto de la falta de empleos bien remunerados y educación. En el Distrito Federal y el Estado de México, las sentencias emitidas tienen que ver con robos menores de 1 mil 200 pesos. También se debe mencionar que el sistema de justicia penal reproduce otra inequidad: la que priva entre mujeres y hombres.
¿Qué significa “fortalecer al Estado” y “liberar a la sociedad”? Para septiembre de 2009, nueve periodistas estaban desaparecidos. En los 33 meses de gobierno de Felipe ocurrieron 30 homicidios; de 1983 a 2000 fueron asesinados 34 periodistas. Estamos hablando de datos alarmantes para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a la seguridad personal, a la libertad y a la propia vida.
Hablando desde el terreno económico, el capitalismo ha mostrado tener los modos y formas para adaptarse al contexto que se viva. Tal es el caso de la modificación en las relaciones sociales y la forma de acumulación del capital. Las actuaciones que derivan de ello tienen impacto en los derechos humanos. Y es tal que las reformas a actividades estatales estratégicas, llamadas “reformas estructurales”, incluyendo la reforma energética combinada con la reforma laboral, les otorgan más poder a los empresarios, incluso para acumular mayor participación en la inversión de proyectos. La “flexibilidad laboral” impulsada en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, privilegia la producción sobre los derechos de los trabajadores, para generar mayores utilidades y, por lo tanto, poder para los empresarios.
La estrategia del gobierno empieza por descapitalizar a las empresas estatales, intervenirlas o extinguirlas, para que sean absorbidas y saneadas por otra empresa estatal que subcontrata servicios laborales de una empresa extranjera con el fin de hacerla más “competitiva” y brindar servicios eficientes a la población. Tal fue el caso de Luz y Fuerza del Centro, empresa que deliberadamente se descapitalizó y se dejó en el abandono, no obstante que realizaba actividades económicas de responsabilidad exclusiva del Estado.
Entonces, por un lado están todas aquellas medidas, acciones y reformas en programas y leyes que fortalecen no sólo la inversión de capital, su movilidad y ganancia, sino además su consolidación como patrones que definen las relaciones laborales. Las violaciones a los derechos laborales pretenden hacerse legales reconociendo contratos colectivos de protección patronal donde las jornadas laborales son inconsistentes; los salarios, precarios; y existe subcontratación, diversificación de las tareas, trabajo por comisión, contratos temporales sin prestaciones y seguridad social, control del derecho de huelga, uso discrecional de la ley ante cualquier disidencia…
Alfonso Bouzas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México afirma que: “En México, casi el 90 por ciento de los contratos colectivos tienen estas características, prácticas que llevan a la precarización del empleo”.
La ruta que se ha seguido es la del desempleo. En 2007, “la tasa de desocupación abierta vino a situarse en 3.7 por ciento (1 millón 750 personas) como promedio durante el año. Si sumamos a esta cifra la población considerada inactiva pero que se declara disponible para trabajar, llegamos a 7 millones de personas, lo que viene a constituir un 9 por ciento de la población mayor de 14 años”. A todo esto habría que agregar la eliminación y/o represión de la organización laboral-sindical.
Y qué decir de la acumulación del capital desde la apropiación de los territorios y explotación de los recursos naturales. Entre ellas se encuentran las actividades de empresas mineras, sobretodo canadienses, que tienen impactos negativos en lo ambiental y en lo social; la construcción de corredores industriales que conecten ciudades y transporten mercancía, como el de Guanajuato-Celaya-Querétaro; la construcción de presas que destruyen la vida e historia de una comunidad como la del Zapotillo en Temacapulín, Jalisco; concesión a la empresa española Iberdrola en la generación de energía eólica en Oaxaca, entre otros.
La apropiación también se da en el terreno biotecnológico. En octubre de 2009, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgaron 24 permisos para la siembra de maíz transgénico a favor de Monsanto, Pioneer y Dow Agroscience. Tales permisos están viciados en su procedimiento legal, por otro lado representan la extinción de cientos de variedades de maíz, el no reconocimiento de identidad cultural desde la alimentación, la violación al derecho a tener una alimentación sana, etcétera. Estos emporios agroalimentarios obtienen también beneficios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para “investigación científica”, y del Procampo, ambos casos investigados por Contralínea. Ni dudar que en el terreno fiscal se encuentren entre las 50 empresas más grandes de México que pagan 147 pesos al año por Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado.
A unos meses del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución el gobierno federal tiene grandes deudas con las personas que fueron parte de la historia y con las que la construyen hoy exigiendo los derechos a la tierra, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a un medio ambiente sano, a vivir libres de violencia, a la dignidad. Por el contrario perviven deudas históricas: desapariciones extrajudiciales, la masacre de 68, Acteal, las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, los presos de Atenco, La Parota, entre muchas otras que no se reflejan el camino hacia un Estado fuerte y libre que proteja los derechos humanos.
*Investigadoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Contralínea 164 / 10 de enero de 2010
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