lunes 31 de mayo de 2010REDACCION ROSARIO
El Espacio Juicio y Castigo Rosario, integrado por testigos y querellantes de las causas contra el terrorismo de estado, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles de la ciudad, realizó este viernes un masivo escrache frente al domicilio de uno de los tres represores del Servicio de Informaciones liberados por la Sala II de la Cámara de Casación Penal de la Nación, José Rubén Lofiego, alias el “Ciego”. Además recordaron los dos meses del asesinato de Silvia Suppo, la testigo de la causa Brusa que apareció acuchillada en su local de ventas en la ciudad de Rafaela.
“Por este barrio camina un genocida,
por este barrio camina un represor,
está en el kiosco y en la carnicería
y aunque no se lo diga es un torturador”
cantó la multitud que partió el sábado a las 18.30 desde la plaza Pringles (Paraguay y Córdoba), hacia la casa de Lofiego, ubicada en el departamento 1 del octavo piso del edificio de calle Mendoza 1480.
La nutrida columna, encabezada por las banderas de APDH e HIJOS, se completó con una gran cantidad de gente “suelta” más la masiva presencia del Movimiento Evita de Rosario, seguido por las agrupaciones Libres del Sur, Martín Fierro, Santiago Pampillón, el Frente Darío Santillán, La Fede, PO y PTS, entre otros. Además se pudo ver a dirigentes gremiales y políticos de la ciudad entre los manifestantes, que en su gran mayoría eran jóvenes.
Los rostros de la marcha mostraban la renovación de las generaciones de militantes, a pesar de que los referentes históricos de derechos humanos como Ana Moro, Alicia Lesgart o Marta Díaz, también estaban presentes en la manifestación.
“Si bien todo el año pasado nuestra energía estuvo puesta en el apoyo al primer juicio oral a los genocidas, con esta liberación de los represores volvieron los escraches. Nosotros siempre dijimos que si no hay justicia, hay escrahce”, explicó Gerardo, un militante de HIJOS, que estaba acompañado por su chiquito Facundo de dos años y medio.
La corta pero intensa movilización (fue desde Paraguay y Córdoba hasta Mendoza), que en su curso recibió los saludos de gente desde los locales todavía abiertos en el centro, como los ya clásicos mozos de la Pizzería Argentina, rodeó el edificio de Mendoza 1480, que para la “batisorpresa” de los presentes –como la calificó José, uno de los asistentes–, estaba señalizado con un proyector que instalaba una flecha sobre la fachada del octavo piso, donde reside el represor Lofiego, y que indicaba que ahí vive un genocida.
En medio de cantos y putedas contra el represor, los integrantes del espacio Juicio y Castigo leyeron un documento que expresó las “sensaciones que provocó en los testigos, querellantes y todos los que luchamos durante años contra la impunidad, la liberación de los tres genocidas”, tal cual presentaron desde los parlantes, instalados en una suerte de escenario móvil montado sobre una vieja camioneta.
“Queremos recordar que Lofiego, Marcote y Vergara, los tres represores liberados por la Sala II de Casación Penal, están imputados de gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones que funcionó durante la dictadura en la ex Jefatura de Policía al mando del siniestro Agustín Feced”, comenzó leyendo Matilde Gatti, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“Esta liberación de Lofiego, Marcote y Vergara, otorgada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal es a nuestro entender un despropósito desde todo punto de vista, tanto político como jurídico y no hace otra cosa que abonar el largo camino de impunidad de décadas consagrados con el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos desde los poderes constituidos y avalados en distintas instancias, entre ellas la de la corporación judicial. Despropósito judicial porque la Cámara de Casación otorga este “beneficio” a los torturadores, juzgados por delitos de Lesa Humanidad, como si fueran delincuentes comunes”, agregó Gatti.
“Por el Servicio de Informaciones pasaron alrededor de 2 mil secuestrados ilegalmente. Hombres, jóvenes, niños y mujeres embarazadas que fueron sometidos a los más crueles tormentos y de los cuales cientos de ellos se encuentran desaparecidos. Los tres represores, junto a otros tres imputados, serán llevados a juicio oral el próximo 21 de julio en los tribunales federales de rosario. En este primer juicio oral que se les seguirá por sólo una pequeña porción de los miles de delitos de lesa humanidad que cometieron, serán juzgados por los crímenes cometidos contra 87 víctimas. Crímenes que están acreditados por más de 160 testigos que darán cuenta del funcionamiento de aquel siniestro campo de concentración que funcionó en pleno centro rosarino, y del accionar de los torturadores y asesinos que lo integraron”, expresó a su turno Carlos Novillo, testigo, sobreviviente e integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
“Además –siguió Novillo– en este juicio se investigarán los homicidios de entre otros compañeros, Rrut Gonzalez; Miriam Susana Moro de De Vicenzo; Alejandro Víctor Stancanelli; Cristina Cialceta; Roberto De Vicenzo; Carlos Ignacio Kruppa; Osvaldo Matoski Szeverin y Alberto Omar Tion. Compañeros que pusieron su vida al servicio de la construcción de otra sociedad: igualitaria y solidaria, de una patria justa e independiente. Junto a tantos desaparecidos, y a tantos sobrevivientes que sufrieron las cárceles de la dictadura, la tortura, el robo de la identidad de los hijos de los compañeros. Ellos lucharon por un país para todos y se los llevaron para instalar un país para pocos”.
La encargada de cerrar la lectura del documento fue Marina Magnani de HIJOS, quien indicó que “después de muchos años de que familiares, testigos y querellantes sufrieran amenazas, de que Julio López se convirtiera en el desaparecido 30.001 por ser testigo, después del asesinato a manos de sicarios de Silvia Suppo: liberar a estos genocidas es un decisión que no sólo permite su posible fuga, sino que es un acto de intimidación concreta hacia los testigos y querellantes, permitiendo a estos mercaderes de la muerte operar “libremente”, a contrapelo de lo que venimos exigiendo a los distintos estamentos estatales”.
“A tres meses del asesinato de Silvia Suppo –continuó Marina– seguimos reclamando junto a los familiares una investigación profunda, que nos demuestre que no fue un asesinato político. Así lo demanda su familia, a la que acompañamos en su dolor y su pedido de justicia. Queremos dejar en claro, que para que haya verdadera seguridad para los sobrevivientes de la dictadura, los testigos, querellantes y familiares, los genocidas tienen que estar presos”.
“Por último, y en el marco de esta fecha de reflexión a cerca de los doscientos años de la nación argentina, desde el espacio juicio y castigo afirmamos que queremos un bicentenario con todos los genocidas presos. Queremos comenzar a construir una nación que retome los sueños de las generaciones anteriores que pelearon por una patria para todos, desde los revolucionarios de mayo a los desaparecidos, y donde los verdugos y asesinos del pueblo, sus instigadores y beneficiarios paguen su culpa en el lugar que corresponde, es decir la cárcel”, concluyó Magnani.
Luego del documento volvieron a estallar las canciones, las puteadas. Los aerosoles y los carteles que indicaban “genocida suelto” siguieron siendo colocados en columnas y paredes; un grupo de militantes lo había ido realizando a lo largo de todo el trayecto, incluso colgaban de los cables eléctricos una imitación de grilletes de presos que no les será fácil quitar a los que le toque esa tarea.
“Volveremos volveremos, volveremos otra vez, hasta que si vayas preso, siempre vamos a volver”, decía una de los últimos cantitos que se escuchó, mientras se dispersaban tranquilas, lentamente, las columnas de manifestantes.
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