La privatización de las guerras

22 de diciembre de 2009
Manuel E. Yepe

Las modernas Firmas Privadas Militares, en inglés Private Military Firms o PMFs, también identificadas como “compañías privadas de seguridad” o “compañías proveedoras de servicios militares”, son las tradicionales firmas empleadoras de guardias armados, compañías suministradoras de material de defensa, entrenadores militares y consultores ofertantes de consejos sobre estrategia, que han resurgido con mayores empeños y ambiciones tras el fin de la guerra fría, en la última década del siglo XX.
A diferencia de las tradicionales industrias militares, las PMFs operan en las zonas de combate y en otras áreas donde la violencia puede ser inminente. Venden sus servicios a gobiernos de países, grandes corporaciones y compañías privadas, así como a sardónicas agencias de ayuda humanitaria y cualquier otro cliente.

En Europa, durante el siglo XV proliferaron las “compañías libres” de soldados suizos, italianos y alemanes que vendían sus servicios a príncipes y duques. En el siglo XVIII hubo regimientos suizos que constituían formaciones élites en los ejércitos regulares de varios países.

Pero, a partir de ese mismo siglo XVIII, los mercenarios fueron, mayormente, soldados de fortuna actuando individualmente. Tras la Segunda Guerra Mundial, se extendió la práctica de su contratación en África y países coloniales de otras regiones del tercer mundo.

El crecimiento y multiplicación de las PMF a raíz de la extinción de la Unión Soviética, se relaciona con el sentimiento de que los peligros de guerra mundial habían desaparecido o estaban en proceso de extinguirse. Pero, además y sobre todo, a la tendencia a la privatización de los servicios antes prestados por los gobiernos, como parte del esquema neoliberal estimulador de la empresa privada y del debilitamiento del papel de los Estados que pretendían imponer en todo el mundo los vencedores de la guerra fría, guiados por Wall Street más que por la Casa Blanca o el Pentágono.

Las fuerzas armadas fueron llamadas a cumplir sus misiones defensivas con menos barcos, aviones, y personal, dejando muchas de sus funciones de retaguardia (como la reparación de tanques, entrenamiento de pilotos, elaboración de alimentos, etc.) a cargo de las empresas civiles privadas.

Pero la paz que se avizoraba no se avenía a los intereses del imperio, necesitado por muchos motivos de guerras para resolver sus graves contradicciones económicas en una coyuntura crítica.

Desaparecido el peligro que representaba la URSS para la hegemonía estadounidense en el planeta, sin otra superpotencia que justificara enormes inyecciones de recursos a la industria armamentista, Washington encontró un contendiente que presentó credenciales el 11 de septiembre de 2001: los países pequeños del tercer mundo utilizando malévolos métodos terroristas.

Mágica solución que ha permitido que Estados Unidos acreciente, en vez de reducir, sus presupuestos militares.

A partir de la declaración de “guerra al terrorismo” formulada por el gobierno de Estados Unidos tras aquel repudiable acto en Nueva York y Washington que dejó tres mil víctimas civiles, el negocio de las PMFs ha florecido de manera inusitada.

Las agencias de espionaje y subversión del gobierno utilizan crecientemente para la obtención y análisis de inteligencia los servicios de la industria militar privatizada que ya cuenta con más personal en los escenarios bélicos en Irak, Afganistán y Pakistán que la propia CIA y experimenta un significativo impulso en otras áreas del mundo.

Recientemente, las agencias de prensa divulgaron que un contratista del gobierno de Estados Unidos había sido detenido en La Habana cuando repartía teléfonos celulares, computadoras y otros equipos de comunicación a grupos contrarrevolucionarios. Se supo que el funcionario trabajaba para la Development Alternatives, Incorporated (DAI), importante PDF contratista del Departamento de Estado, la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) y el Pentágono que, en realidad, es una de las supuestas empresas privadas que han estado asumiendo funciones que antes desarrollaba la CIA por intermedio de sus redes clandestinas.

Con un abultado expediente contra Venezuela que incluye su involucramiento en el golpe de estado a Chávez en 2002 y el diseño de la guerra mediática contra el gobierno venezolano, la DAI opera también en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y El Salvador, así como en muchos otros países, incluyendo Afganistán.

Se conocen, además, otras PDFs que trabajan en el campo del espionaje, la inteligencia y la subversión: la National Endowment for Democracy (NED), la Oficina de Iniciativas para la Transición (OTI), el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto Demócrata Nacional (NDI), Freedom House, y la Pan American Development Foundation (PADF) que nutren sus finanzas a partir de contratos con organizaciones estadounidenses de las que se sirve la CIA para ejecutar sus funciones contra gobiernos y naciones que oponen sus soberanías a la hegemonía de Washington en todo el planeta.

Las PDFs son expresión de una dramática fusión de métodos neoliberales con la proyección unilateral-militarista estadounidense de reafirmación imperial, pretextando luchar contra el terrorismo.