28 de octubre de 2009
Lucía Sepúlveda Ruiz
(especial para ARGENPRESS.info)
Al filo del fin de su mandato, la Presidenta Bachelet anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que le quitará competencia a la justicia militar para juzgar a civiles –entre ellos a los mapuche – y creará nuevos órganos militares: juzgados de garantía, tribunales orales y ministerio público para juzgar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas.
Es difícil que la iniciativa pueda avanzar, dado el receso anunciado para el 15 de noviembre por la Cámara de Diputados debido a las campañas electorales. Para la discusión del proyecto que implicará un elevado gasto en recursos para los nuevos mecanismos, sólo restará el escaso tiempo que queda desde el 13 de diciembre, día de la elección presidencial hasta la segunda vuelta (10 de enero). Lo que ocurra después, dependerá de quién sea elegido presidente de Chile, y hasta ahora ningún candidato ha puesto este tema entre sus prioridades, por lo que no se avizoran cambios en el futuro inmediato. En lo formal, sin embargo - aunque nada cambie en el país- la Presidenta podrá afirmar ante los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que ha dado respuesta a las exigencias planteadas en ese sentido, en especial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Precisamente sobre el tema “Justicia militar en causas mapuche” expusieron en la Universidad Alberto Hurtado el pasado 21 de octubre, en un auditorio colmado de público mayoritariamente mapuche, el historiador Sergio Grez, el jefe de prensa de radio BioBio, periodista Nibaldo Mosciatti, el padre de un preso político mapuche, Sadi Huillical, y los abogados especializados en derechos humanos José Galiano y Alberto Espinoza. La exitosa convocatoria partió de la agrupación mapuche Kilapán y los familiares de presos políticos mapuche, y apuntaba a contra lo que Mosciatti calificó ese día como “la brutal indiferencia de la mayoría de los chilenos sobre este conflicto, una indiferencia que es también desprecio…y desconocimiento por gran parte de los ciudadanos”. De ese foro surgió la voluntad de impulsar un amplio movimiento de solidaridad con los presos políticos mapuche.
Emplazamiento a los candidatos
Alberto Espinoza, docente de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, abogado de FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) y defensor de presos políticos de ayer y de presos políticos mapuche hoy, sostuvo:
“A lo largo de los gobiernos de la Concertación se han cursado distintos proyectos y a más de 20 años del término de la dictadura, ninguno de ellos ha prosperado. ¿No sería bueno emplazar a los candidatos sobre esto? No encontramos proyectos en los que se materialice una reforma profunda, pese a que se ha consensuado la necesidad de introducirla. La justicia militar se validó a raíz de la reforma procesal penal. Fue a raíz de la Reforma Procesal Penal y la creación del ministerio público, que se introdujo una modificación a la Constitución del 80 en que por primera vez se reconoce la justicia militar y su independencia. En esa oportunidad se desperdició una gran oportunidad de haber reformado la justicia militar.”
A juicio del abogado Espinoza, no se justifica una jurisdicción especial de tipo militar. “Bastaría que se incorporara un capítulo en el Código Penal donde se establezcan los delitos militares y que los procedimientos para juzgar a los militares se desarrollaran dentro de las reglas universalmente aceptadas. No se justifica ni siquiera la existencia de un código militar. Los procedimientos deberían ser los mismos que los dispuestos para el resto de las personas.”
El profesional aclaró que respecto de los mapuche, el problema no es sólo la aplicación de la justicia militar. Afirmó: “Sería un error cargar la crítica exclusivamente al tema de la jurisdicción penal militar, ya que tanto esta como la de la reforma procesal penal tienen los mismos objetivos y las mismas características, que en la práctica privan a los imputados de su legítimo derecho a la defensa y a contar con las garantías procesales reconocidas para todos los seres humanos.”
Abuso de poder del Estado
Nibaldo Mosciatti agradeció la confianza de los mapuche en su radio. Al iniciar el foro, los organizadores habían comparado el rol de la BioBio con el de radio Cooperativa en dictadura (“la voz de los sin voz”), afirmando que en el campo mapuche se escuchan las noticias de ese medio para saber qué pasa en las comunidades.
El afirmó: “El Estado chileno ha recurrido a instrumentos como el uso de la ley antiterrorista, de testigos anónimos, y el privilegio de las amplias facultades de la justicia militar, que en la práctica constituyen abuso de poder. Es una herencia de la transición chilena…y una deuda fundamental de la democracia y de una transición que en aras de la estabilidad, estuvo dispuesta a sacrificar valores fundamentales de la democracia, como es la justicia. El acuerdo de no tocar el poder de los militares y civiles afines a la dictadura, se tradujo en la mantención de las excesivas atribuciones a la justicia militar. Nos acostumbramos a excluir, a segregar, a discriminar a los mapuche pero también no sólo a ellos. Los actores del conflicto se han ido deshumanizando, fruto de mucha humillación, mucha opresión e imposición de modelos, un modelo que tiene como única lógica la economía, la producción, y mira los territorios sólo como fuentes de recursos naturales explotables. Y a su vez, la respuesta de los humillados asume la lógica de la exclusión, la lógica de la negación del otro”.
Respecto del rol del gobierno, valoró la disposición al diálogo del ministro Viera Gallo en contraposición a “voces de autoridades que suenan como si tuvieran más vocación de esbirros que de políticos. Llaman al orden pero un orden desde la imposición, desde la amenaza de la fuerza…desde la defensa de los intereses de los poderosos”.
Sostuvo que a nivel del Estado, hay falta de imaginación para abordar los nuevos temas, y “falta de audacia para reconocer que hay fórmulas fracasadas, por ello enfrentamos el peligro de ser víctimas de la esterilidad de la política o de los políticos. Muchas veces sus declaraciones no son más que la repetición de fórmulas retóricas, vacías de sentido propósito y voluntad.”
Hizo un llamado a todos los actores del conflicto a intentar entender qué hay detrás de los gestos, las arengas y las declaraciones, a reconocer la diversidad, valorarla e intentar entender al otro. “Al final todos somos eternamente un otro. Y si no valoramos la condición humana de cualquier otro, no habrá espacio a su vez para que nos entiendan”, alegó Mosciatti, que había iniciado su intervención advirtiendo que iba a hablar “desde el corazón”.
Concluyó aseverando: “A veces, viendo la esterilidad de tantos discursos y leyes me pregunto si la solución no pasa primero por una toma de conciencia de todos nosotros. ¿Iremos camino a eso? Esa es mi esperanza.”
Los requerimientos
Alberto Espinoza se remontó a los orígenes del concepto de “requerimiento”, que actualmente es la acción judicial presentada por ley antiterrorista o por ley de seguridad interior del estado contra los luchadores sociales mapuche. En 1502, un documento llamado “Requerimiento” elaborado por una junta de juristas de Burgos, España, legitimó el concepto de guerra justa para reprimir y aplastar a los pueblos originarios, con el aval del Papa y el rey.
Criticando la aplicación de la ley antiterrorista a quienes son detenidos por atentados incendiarios, recalcó que para la definición de terrorismo, la afectación del bien jurídico de la vida debe estar presente y también se requiere que el supuesto terrorista cuente con armas de gran poder destructivo “y no creo que lo sean las piedras, las hondas y los palos. Se les aplica esta ley a los comuneros cuando frente a ellos, están los carabineros que sí tienen armas de gran poder destructivo. Es una fuerza policial que en la realidad está militarizada. Sería interesante determinar cuál es el poder de fuego y el tipo de armas e instrumentos que utiliza. Cuenta con armas no sólo defensivas, y opera con tanquetas, helicópteros, que son medios propios de una guerra. Es un tema que requiere un análisis más a fondo.” Alberto Espinoza tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado de Chile por la aplicación de la legislación antiterrorista en el caso Poluco-Pidenco.
Ahondando en la justicia militar, sostuvo que no cumple con principios básicos del debido proceso. Recordó que el juez militar es el comandante de división de cada zona, y deja ese cargo si es trasladado, lo que afecta principios como la imparcialidad, la inamovilidad y la independencia. Aunque toda sentencia debiera estar fundada en un proceso previo legalmente tramitado, “en la justicia militar eso no existe porque se aplica el sistema inquisitivo - nombre que proviene de la Inquisición- en el cual el derecho a defensa está profundamente limitado debido al secreto del sumario.” Por tiempo indefinido –pues el sumario no tiene plazo- el abogado que ve estas causas no conoce los cargos que hay contra los imputados ni los elementos sobre los que se construyen esos cargos.
¿Carabineros son militares?
Alberto Espinoza criticó que la justicia militar incluya actualmente a Carabineros ya sea como víctimas o como acusados. “En la constitución Carabineros es reconocido como fuerza de orden y seguridad pública, al igual que la Policía de Investigaciones. Algunos jueces de garantía han promovido contiendas de competencia respecto de carabineros, pero la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional las han rechazado, estrechando filas para consolidar esa institucionalidad, ante la indiferencia de los legisladores y el poder ejecutivo. “
El abogado destacó sin embargo que en los dos últimos años la Corte Suprema ha dictado fallos respecto de que los menores no pueden ser juzgados nunca por la justicia militar. Adelantó asimismo que a partir de la vigencia del convenio 169, está explorando cómo fundamentar una incompetencia de la justicia militar para procesar al pueblo mapuche.
Guerra de baja intensidad
El historiador Sergio Grez, director del Museo B. Vicuña Mackenna, y uno de los impulsores de dos declaraciones/manifiestos en apoyo al pueblo mapuche ante los asesinatos de comuneros, recalcó que “como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía. Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.”
Para él, los métodos empleados para quebrar la resistencia mapuche son “la militarización del territorio mapuche a través de la instalación permanente de Carabineros como guardia pretoriana de los empresarios en las zonas más álgidas; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas”.
Describió asimismo el acoso permanente a las comunidades que luchan por recuperar sus tierras, recalcando: “Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judicializadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria.”
Agregó que los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a procesos tanto por la justicia civil como por la justicia militar bajo la ley antiterrorista “heredada de la dictadura militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación.”
Explicó también que si una causa criminal parece no prosperar, los fiscales civiles y militares “se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión”. Reveló que eso es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) a quien le comunicaron en estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.
Llamados a la guerra
Por su parte Mosciatti se refirió a una declaración reciente de la CAM, señalando: “Cuando escucho convocatorias que llaman a una guerra, me asombra constatar cómo no hemos aprendido nada de nuestra historia reciente acerca de los efectos del uso de la violencia en nuestra patria. La violencia, aunque sea justa, al hacerse habitual termina degradando también a quien la ejerce. La violencia es lo mismo que el poder….corrompe, pero primero brutaliza, porque da excusas para el abuso, justifica el abuso. Hemos vivido siglos de guerras y revoluciones, y ¿para qué? Yo sólo veo rumas de cadáveres que terminaron matando los ideales de esas guerras o revoluciones. Las palabras inflamadas, detrás de la violencia y las proclamas…sólo sirven para despertar a nuestros más bajos instintos, azuzar a la bestia que vive en cada uno de nosotros. ¿Dejaremos que el odio, a punta de palizas, de discriminación, acorralamiento, de quema de camiones, sea el que trace el camino? ¿Hay así un camino posible?”
Recuerdos de la DINA
Ligando pasado y presente Sergio Grez afirmó que los procedimientos de los fiscales le recuerdan las “condenas clandestinas” de la DINA durante la dictadura de Pinochet, que él conoció en el campo de concentración de Puchuncaví, en 1975. “Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación.”
Criticó asimismo la política del gobierno de pretender dividir al movimiento mapuche en “buenos” (que podrán recibir tierras) y “malos” (los que luchan y son considerados violentistas) y alertó sobre la formación de cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano.
Al reseñar las características de la justicia militar, agregó que la imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar. El procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.
Denuncia por tortura
Sadi Huillicán viajó a Santiago desde el poblado cordillerano de Icalma enclavado en el sur profundo, a más de 900 km de esta capital, y cerca de la frontera con Argentina, El es el padre de Jonathan Huillican Méndez (24 años) y dio testimonio en el foro sobre la detención de su hijo, torturado desde que fue detenido en Temuco por la PDI para que se culpara a sí mismo o a otro, de haber participado en una emboscada contra el fiscal Elgueta ocurrida. “Esto para mí y el sentimiento de los mapuche es sólo un montaje político en contra de nuestro pueblo. Es pura mentira.” El joven estudiante pehuenche lleva ya seis meses preso en la cárcel El Manzano, de Concepción, por ley antiterrorista. Su padre afirmó: “Con la gracia de Dios tengo la certeza y la convicción mediante el expediente que ya se abrió, que no hay ninguna prueba que justifique la acusación. Aquí se ve que sólo hay una intención del Estado contra nuestro pueblo, el Estado lo único que quiere es la extinción de nuestra cultura y nuestras raíces.” Agregó que los ocho presos de la cárcel de El Manzano fueron llevados a una reconstitución de escena en Cañete, pero se abstuvieron de participar porque no tenían que ver con esos hechos. Informó asimismo que el 25 de septiembre de 2009 presentó en tribunales de Temuco una querella criminal contra los responsables de la tortura a Jonathan, patrocinada por el abogado Pablo Ortega y agradeció la solidaridad recibida en Concepción y ahora en Santiago.
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