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En pleno debate sobre el endurecimiento de penas a menores, se suceden las denuncias de malos tratos a las entidades gestoras de centros terapéuticos y de reforma
“Para los educadores somos como una lata de atún: nos vacían, nos llenan de lo que quieren y nos sueltan”. Quien dice esto es Keko, una chica que ha pasado por dos centros de reforma de la Comunidad de Madrid un chalé llamado Puerta Bonita, que gestiona la empresa Siglo XXI, y el Madroño, de titularidad pública. Acompaña a tres menores en unas jornadas sobre privación de libertad convocadas por la Federación de Estudiantes Libertarios en la Universidad Autónoma de Madrid. Keko estuvo encerrada a raíz de una pelea entre dos grupos de adolescentes en la que uno resultó apuñalado. Todo su grupo fue condenado por el mismo hecho (según la ley del menor existen “delitos en grupo”), pero las medidas impuestas fueron completamente distintas para cada uno de los chavales.
Fármacos como regalices
Juan Carlos, Cristian y Álvaro pasaron uno, dos y tres años respectivamente en el centro terapéutico de Galapagar (Madrid). La denuncia, de algunas de las víctimas, de los métodos del centro en los juzgados de Plaza de Castilla, ha sido trasladada a una sala de Collado Villalba en la que se investigará la responsabilidad de Ignacio Jiménez San Segundo, director de la empresa Mental Consulting S.L., que gestiona el centro de Galapagar, y de su directora, Elena Domingo Moneo. Juan Carlos relata cómo le suministraban fármacos aunque entró allí sin ningún diagnóstico médico.
Cuenta que los educadores les obligaban a bajar al patio y les duchaban con agua fría, o cómo les obligaban a ir al patio en invierno y no les dejaban salir. Comenta Santiago, el educador que les acompaña a las charlas y que les ha ayudado a denunciar su caso, que el uso de las palabras es fundamental para entender cómo funcionan los centros de menores. Cuando Juan Carlos habla de “contenciones” se refiere a que los educadores del centro “te estampan contra una pared, te tiran al suelo, te retuercen el brazo y te clavan la rodilla en la espalda”, para “tranquilizarles”. A las contenciones les seguía el aislamiento en la habitación. Allí podían estar hasta 48 horas seguidas sin salir más que para ir al baño, algunas noches atados a una cama con correas. Si se le pregunta si alguien del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), responsable de su tutela, conocía la situación, Álvaro cuenta que algunas veces visitaban el centro, siempre con previo aviso, y que entonces los empleados de Galapagar tapaban con una sábana la cama en la que los engrilletaban.
Aunque se trate de un centro de régimen abierto, el aislamiento acarrea que los menores no acudan al instituto. Algo ilegal que, sin embargo, es “método de castigo o recompensa” en estos centros, como denunció la oficina del Defensor del Pueblo en el informe sobre centros de menores que presentó en primavera de 2009 en el Senado. Los chavales se quejan de la vulneración sistemática de su derecho a la intimidad: “cualquier educador, el guardia de la finca, lo saben todo sobre tu vida. En las asambleas te hacen contar lo que has hecho el fin de semana y si se te escapa algo lo utilizan para dejarte sin permiso el fin de semana siguiente. Cuando hablas por teléfono te siguen para oír lo que dices y, si no les gusta, te dejan sin salir el fin de semana siguiente”, explica Álvaro, quien está a punto de cumplir 18 años.
Álvaro denuncia que en el centro repartían los psicofármacos “como si fueran regalices” y que era frecuente que los educadores “llamaran al dueño [Ignacio Jiménez San Segundo]” para que éste decidiera que a los chicos se les administrara Risperdal, un medicamento para el tratamiento de la esquizofrenia. “Un compañero pidió que le dieran cuatro o cinco y se los tomó todos juntos para intentar suicidarse”, cuenta el joven, quien explica que, a pesar de que la sedación de los internos es una práctica constante, “en los informes personales nunca se hace ninguna referencia a ella”.
El IMMF, responsable de la tutela de estos menores, ha negado que en sus centros se hayan vulnerado los derechos fundamentales de los internos. Por su parte, la Oficina del Defensor del Pueblo, que ha criticado las prácticas de las empresas encargadas de la tutela de menores, considera que “hay contenido suficiente” para que se inicie una investigación sobre el centro de Galapagar.
Ilegalidades flagrantes
“Si estás aislada tienes que pedir permiso para ir al váter y se va de una en una. Si te meas te sancionan”, cuenta Keko, que pasó por los centros de Puerta Bonita y Madroño. “Había partes del reglamento que no supe que eran ilegales hasta que salí. Por ejemplo, no sabía que no tienen derecho a obligarte a desnudarte integralmente para los registros, no sabía que fuera ilegal que nos obligaran a hacer sentadillas desnudas”. Tampoco es legal que los registros en las celdas se produzcan sin que esté presente la menor, algo recurrente, según cuenta Keko, quien considera que la peor parte se la llevan las extranjeras, que no saben a qué atenerse porque no hay traducción del flexible régimen interno de los centros.
Fuente: Diagonal
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