26 de febrero de 2010
La responsabilidad alemana en la matanza de decenas de civiles afganos en septiembre de 2009 alimenta la oposición a la guerra de Afganistán.
Mariano Pastrana Sepúlveda, Berlín (Alemania)
“Aunque su Gobierno lo niegue, la verdad es más que evidente: la República Federal se encuentra en una guerra contraria al Derecho Internacional en Afganistán”. De esta manera comenzaba una carta abierta del Colegio de Médicos y Fisioterapeutas, que expresa en gran medida el sentir creciente de la opinión pública alemana sobre la presencia de tropas germanas en territorio afgano.
El nuevo Gobierno de coalición conservador-liberal de Angela Merkel y Guido Westerwelle justifica su participación defendiendo que aporta parte de la estabilidad necesaria para la reconstrucción del país y su democratización, bajo la tutela de la ONU. Sin embargo, cada vez más voces señalan que en Afganistán se está desarrollando una guerra y no una “misión humanitaria”, como insisten desde el Gobierno. Una encuesta llevada a cabo por la cadena alemana ARD a finales de julio de 2009 arroja datos reveladores: un 69% de los encuestados exigían una retirada inmediata de las tropas y consideraban que ésta era la mejor manera de ayudar a la población afgana.
El Partido de La Izquierda (Die Linke), la principal organización parlamentaria opuesta a la intervención, recuerda que la ayuda humanitaria y la reconstrucción civil nunca fueron prioritarias en los planes para Afganistán. Desde 2002, la comunidad internacional ha invertido 58.000 millones de euros en planes militares y apenas 5.200 millones para la reconstrucción. En Alemania la proporción muestra también la evidencia: 530 millones de euros de presupuesto militar frente a 100 millones dedicados a la reconstrucción civil. Por si fuera poco, señalan desde el partido de Oskar Lafontaine, “gran parte del dinero destinado para ayuda en Afganistán termina en bolsillos de empresas occidentales”.
Masacre alemana en Kunduz
El 4 de septiembre, la naturaleza de la intervención alemana en Afganistán quedó al descubierto cuando aviones de EE UU respondieron a una llamada del mando alemán y bombardearon dos camiones de combustible varados en el lecho de un río en la región de Kunduz, provocando la muerte de 142 personas, entre ellos más de 40 civiles que se estaban aprovisionando de gasolina. El ataque no sólo costó el puesto al entonces ministro de Defensa Franz Josef Jung, sino también al jefe del Estado Mayor, Wolfgang Schneiderhan, acusado de no facilitar toda la información sobre el ataque aéreo, y el secretario de Estado de Defensa, Peter Wichert. El escándalo produjo una escalada en las críticas a la misión alemana en Afganistán.
Los periódicos Bild Zeitung y Süddeutsche Zeitung revelaron la existencia de informes internos del ejército en los que se informaba de las víctimas civiles del ataque, algo que el entonces ministro de Defensa, Franz Josef Jung, negó en un primer momento. Por ello, diputados de la oposición exigieron y lograron la dimisión de este ministro demócrata cristiano, así como la formación de una comisión parlamentaria de investigación. A principios de febrero, el coronel Georg Klein admitía en esta comisión ser responsable de haber ordenado el ataque, aunque defendía que se trataba de una “decisión objetivamente legal”. Diputados del Gobierno, por su parte, defendieron la actuación del comandante: “El único motivo que tuvo para ordenar el bombardeo fue realmente el de proteger a los soldados”, sostuvo el cristiano demócrata Ernst-Reinhard Beck, en referencia a la cercanía de un importante cuartel militar alemán.
Sin embargo, se extienden las demandas, difundidas entre otros por el semanario alemán Der Spiegel, sobre la posibilidad de que el bombardeo de Hindu Kush sea considerado crimen de guerra y, como tal, sus responsables puedan ser juzgados. El principal punto de conflicto es que hasta ahora el Gobierno alemán se ha negado a reconocer que sus soldados estén tomando parte en una guerra, por lo que las convenciones internacionales sobre derechos humanos no tendrían vigencia.
Después de la peor matanza de civiles desde la II Guerra Mundial en la que se ve envuelto el ejército alemán, la situación de las tropas de este país en suelo afgano se torna insostenible. Con una opinión pública cada vez más contraria a la presencia militar, la falta de entendimiento de los altos mandos castrenses y el ministerio de Defensa y el convencimiento, cada vez mayor, de que no se trata de una “misión humanitaria en zona de conflicto”, hacen del tema uno de los principales problemas del nuevo Gobierno.
fuente:http://www.nodo50.org/tortuga/El-69-de-los-alemanes-pide-la
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