La nueva Ley de Extranjería sólo permite su regularización si logran que se condene al agresor. Según varias organizaciones, la medida las discrimina y no responde a la realidad del maltrato.
Joana García Grenzner
Redacción Diagonal
Jueves 10 de diciembre de 2009.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) critica que la violencia de género “es el único delito que implica la apertura de un expediente de expulsión” si lo denuncia una sin papeles. Asegura que ello “desincentiva la presentación de denuncias –que de por sí son menos que el número de agresiones– por el miedo de las víctimas a ser sancionadas por su situación irregular”.
Afirma que implica “desconocimiento de la realidad del maltrato, que muchas veces no se condena por la falta de pruebas o porque algunas mujeres retiran la denuncia antes del fin del proceso”. María Naredo, investigadora de violencia de género en Amnistía Internacional (AI), coincide en que “hay un nivel de archivo y de absoluciones impresionante en casos de violencia de género. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2008 se archivaron el 46% de las denuncias. En juzgados de lo penal se absolvió al 48% de acusados de maltrato”. Naredo remarca que “con una sentencia condenatoria, el expediente se extingue y la mujer podría incluso acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales, pero si no la hay, el expediente de expulsión se reabre y puede resultar en una orden de expulsión o sanción económica”. Además, explica que “no son muchas mujeres en situación irregular las que denuncian y obtienen la residencia, y el número de expulsadas por este motivo no se conoce”. Tanto CEAR como AI constatan la dificultad de obtener datos oficiales al respecto.
La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía denuncia que la Ley “prima la condición de mujer inmigrante sobre la de mujer víctima de violencia de género”, pero valora que brinde un permiso provisional de residencia y trabajo a las ‘sin papeles’ que puedan acreditar la violencia de género. AI también considera un avance que tanto las ‘sin papeles’ que acrediten el maltrato, como las que obtengan permiso de residencia por reagrupación familiar reciban un permiso de trabajo. Desde 2003, AI venía reclamando equiparar a ambos colectivos y, junto con la residencia, darles permiso de trabajo “para paliar la falta de autonomía económica”, dado que ésta es un factor que posibilita la violencia de género.
ENTREVISTA // MARÍA NAREDO, INVESTIGADORA Y ACTIVISTA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
“Se les está diciendo que aguanten”
María Naredo, investigadora y autora de varios informes sobre violencia de género en Amnistía Internacional, habla sobre la significación de la nueva Ley de Extranjería.
DIAGONAL: ¿Cómo valoras que la nueva Ley de Extranjería ordene abrir expediente de expulsión a las inmigrantes sin papeles que denuncien violencia de género? M.N.: Hasta la reforma de la Ley, eso venía regulado por una norma de rango menor, la instrucción 14/2005 del Secretario del Estado de Seguridad. En nuestras investigaciones vimos que muchas dependencias policiales lo incumplían, por lo que las mujeres no tenían tanto miedo e incluso algunas abogadas recomendaban ir a denunciar donde no la aplicaban. Ahora se ha convertido en ley orgánica y los mandos policiales que hasta ahora podían hacer la vista gorda probablemente, no la hagan. La espada de Damocles del expediente, la orden de expulsión y la sanción está sobre las sin papeles que se decidan a denunciar. El Secretario de Estado de Seguridad siempre dice que no hay ninguna inmigrante expulsada por este motivo, pero hace poco estuve en un municipio donde los funcionarios de policía me dijeron que abrían expedientes de expulsión a mujeres en situación irregular que sabían que sufrían maltrato para forzarles a denunciar y a ver si obtenían sentencia condenatoria. El Gobierno y algunas organizaciones se escudan en que no se las expulsa, pero es muy importante denunciar que pueden hacerlo y tienen órdenes para ello. Estas mujeres no tienen seguridad jurídica si dependen de que el policía de turno quiera o no cumplir una ley abiertamente discriminatoria. Más allá de la retórica, al Gobierno le preocupa más controlar la inmigración irregular que proteger los derechos humanos de las mujeres. Es un incumplimiento de obligaciones del Estado al máximo nivel.
D: ¿Cómo puede incidir esto en el ciclo de la violencia de género? M.N.: Cuando se pone un obstáculo de tal envergadura ante la mujer que quiere denunciar, se le está diciendo “aguanta, ten cuidado con acudir a una comisaría”. Si ya tiene las trabas internas y externas de la desconfianza, de la presión de la familia, del agresor, esto la desincentiva totalmente y la invisibilidad propicia la impunidad de los abusos. El ciclo de la violencia es in crescendo: cuanto más dura, más fuerte es la violencia. Si vuelve con el agresor por falta de ayuda, de servicios de atención que le garanticen un apoyo en condiciones, todo ello se convierte en una mayor dosis de riesgo para ella.
D: Proponéis que la denuncia de violencia de género no sea condición para acceder a ayudas y se acredite el maltrato con mecanismos alternativos. ¿Se hace? M.N.: Galicia, Catalunya y Castilla- La Mancha reciben a mujeres en centros de acogida y en todo tipo de recursos sin necesidad de acreditar la denuncia ni la orden de protección. En cambio, en Madrid se pide la denuncia y, cada vez más, la orden de protección para entrar en centros especializados para la atención y la acogida de media, larga e incluso de corta estancia. He- CARLO GIULIANI. La violencia policial apenas ha sido cuestionada por la justicia. mos documentado casos de mujeres que siguen teniendo que acudir como único alojamiento seguro a centros inadecuados, no especializados, donde conviven mujeres y hombres… Los recursos no se adaptan a las necesidades, vivencias y situaciones de las mujeres y más aún de las migrantes. Éstas afrontan enormes trabas, no sólo por el peligro que les supone ir a una comisaría de policía si están en situación irregular, sino porque a cualquier mujer le cuesta entrar en el minuto cero de poner una denuncia.
D: ¿Hay un doble rasero en la protección de los derechos de las mujeres en función de si son autóctonas o inmigrantes? M.N.: Yo lo veo clarísimo. Me pregunto qué alarma social generaría que a una española que va a denunciar violencia de género el comisario de turno le empezara a investigar si defrauda a Hacienda. Sería impensable, la gente diría que la violencia de género es mucho más importante. Y es mucho más grave defraudar a Hacienda, que es un delito, que estar en situación irregular, que es una mera infracción administrativa. Algo que nos parecería una traba inadmisible en el caso de las españolas se está tolerando a nivel político, legislativo y social con las extranjeras. Además, si el Estado no palia las desventajas añadidas que trae consigo toda mujer inmigrante, se convierten en discriminaciones: desconocer el idioma en muchos casos, la institucionalidad, las instancias jurídicas, no tener redes de apoyo... Por ejemplo, el Plan estatal de prevención y atención a la violencia de género en población inmigrante ni menciona a los intérpretes, cuando hemos constatado que son una traba fundamental para que las que no entienden el idioma puedan acceder en igualdad a información sobre derechos o a un juicio justo. No hay formación, debería existir un grupo de intérpretes especializado para atender con la debida empatía y garantías a las que sufren maltrato.
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