as presiones del Gobierno español para obligar a Aminatu Haidar a abandonar su huelga de hambre han provocado que la activista saharaui rechace cualquier atención médica. El juez denegó ayer por la noche el ingreso forzoso de Haidar en un centro sanitario.
GARA
ARRECIFE
La activista saharaui Aminatu Haidar ha asegurado que la actuación la noche del domingo del juez de guardia en Arrecife, Jerónimo Alonso, al visitarla con un médico forense para analizar su estado de salud, la ha empujado a renunciar a toda atención médica.
Así lo manifestó a través de un comunicado que leyó Fernando Perahíta, miembro de la Plataforma de Apoyo a Aminatu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote, donde la activista cumple hoy 23 días en huelga de hambre.
Haidar aseguró sentirse aterrorizada por la forma violenta en la que el juez entró en el habitáculo en el que se encuentra la ciudadana saharaui en el aeródromo, comparando la actuación de Alonso y las personas que le acompañaban -el secretario judicial, un médico forense y agentes de la Policía judicial- con la de la Policía marroquí, encendiendo la luz y expulsado a las personas que en ese momento se encontraban con ella, incluida su abogada, a quien no se permitió presenciar el trámite judicial.
Ante ello, Haidar reiteró que esta manera de actuar del juez la ha «empujado a tomar esta decisión de renunciar a cualquier atención médica pública o privada».
Junto a ello, denunció que la amenazaron con la alimentación forzosa, «lo que viola mis derechos, está contra la Ley y va contra los derechos humanos».
Sin ingreso forzoso
La visita del juez Alonso se produjo a instancias de la delegada del Gobierno español en Canarias, Carolina Darias, y es el primer paso destinado a alimentar forzosamente a Haidar, una práctica calificada como tortura por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero que el Estado español ya ha aplicado con anterioridad a presos políticos vascos y del PCE(r) y los GRAPO.
Alonso decidió ayer que no ingresará a Haidar en un centro sanitario de Lanzarote porque ella ha mostrado claramente su oposición a esta medida.
La decisión de iniciar los trámites para la alimentación forzosa se produjo después de que el viernes el Gobierno español decidiera unilateralmente embarcar a Haidar en un avión hacia El Aaiún y dejarla sin ninguna protección en manos de las autoridades ocupantes marroquíes. Finalmente, Marruecos no otorgó el permiso para que el avión despegase.
Haidar denunció que Madrid «la enviaba a la muerte» y enmarcó esta maniobra en un intento de quitarse el problema de encima obligándola a abandonar su huelga de hambre.
En este contexto se enmarca también la iniciativa parlamentaria que ayer impulsó el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que se reunió ayer en Madrid con los portavoces del Congreso para tratar de consensuar un documento en el que se insta a Haidar a abandonar su huelga de hambre.
En la reunión de Madrid también participó el jefe de Gabinete del ministro, Agustín Santos, que negoció con la activista saharaui en el aeropuerto de Lanzarote y que ha sido recusado por la Plataforma de Apoyo a Aminatu Haidar al considerar que su objetivo ha sido engañarla para que dejara la huelga de hambre. También acudieron José Antonio Alonso (PSOE), Soraya Sáenz de Santamaría (PP), Pere Macías (CiU), Gaspar Llamazares (IU), Emilio Olabarria (PNV) y Carlos Salvador (UPN, en representación del Grupo Mixto).
La proposición no de ley que prepara el PSOE pretende buscar una posición común para que todos los grupos soliciten a Haidar que abandone la huelga de hambre. Asimismo, se pide a la ONU que se involucre en «la gestión de un problema humanitario que le concierne con la intervención de su representante especial para el Sahara», destacó José Antonio Alonso.
«Debe abandonar su huelga de hambre. Puede continuar con su protesta usando otros medios porque España es una país democrático», insistió Alonso.
A instancias de Llamazares, se introdujo un punto en el que se insta al Gobierno español a «redoblar esfuerzos» con el Ejecutivo marroquí.
El PP se mostró dispuesto a apoyar la iniciativa, pero reclamó al Gobierno que no espere a un pronunciamiento del Congreso. «Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea posible, vamos a ayudar al Gobierno en este callejón sin salida, pero hay que actuar desde ya. Si el Gobierno nos pide que le instemos a actuar, nosotros ya le estamos instando», declaró Sáenz de Santamaría.
Llamazares censuró el «seguidismo del Gobierno español respecto a Marruecos en el conflicto saharaui, bien sea por complicidad o por ingenuidad. No antepusieron el derecho internacional y la conveniencia política y al permitir la entrada de Haidar han provocado un mal mayor».
Mientras, Rabat continúa con su ofensiva contra los saharauis. El ministro marroquí de Exteriores, Tayeb Fassi-Fihri, denunció, en el marco de la Cumbre UE-Marruecos que se celebró ayer en Bruselas, lo que calificó de «chantaje» de Haidar. «La señora Aminatu Haidar ya no es una defensora de los derechos humanos puesto que actúa en función de una agenda política», declaró.
Amenazas marroquíes
Junto a ello, amenazó con suspender la colaboración con la UE en materia de control de la inmigración y de lucha contra activistas islamistas si se aceptan las demandas de Haidar.
El ministro marroquí añadió que la protesta de Haidar tiene como objetivo impedir que se retomen las conversaciones entre Marruecos y el Frente Polisario bajo supervisión de la ONU.
«El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una negociación basada en el compromiso y el realismo. Desgraciadamente, la otra parte [el Frente Polisario y Argelia] no ha dado muestras ni de compromiso ni de realismo», añadió.
Según las tesis de Rabat, el Frente Polisario se encuentra en una situación de debilidad, puesto que en el seno de la ONU cada vez tiene más fuerza la propuesta marroquí de conceder una autonomía limitada a Sahara Occidental, desconvocando así el referéndum de autodeterminación saharaui.
Advierten de la ilegalidad de la alimentación forzosa
El presidente de la Comisión de Deontología, Derecho Médico y Visado de la Organización Médica Colegial (OMC), Marcos Gómez, advirtió ayer de que alimentar sin su consentimiento a Haidar sería un delito, «ya que está en su derecho de dejar de comer hasta las últimas consecuencias, hasta suicidarse».
«Se trata de una mujer libre y en su sano juicio, que ha tomado una decisión conscientemente y que, amparada por la ley, está en su perfecto derecho de llegar hasta las últimas consecuencias, aunque esté en un sitio público», señaló a la agencia Europa Press el doctor Gómez.
Según este experto, quien trate de alimentar forzosamente y contra su voluntad a la activista estaría incurriendo «en un delito contra la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002, que dice que todo ciudadano tiene derecho a decidir si quiere o no un tratamiento o si quiere comer».
Para Gómez, este caso concreto es «absolutamente diáfano» y no plantea «ninguna duda ni ética ni deontológica, como las que, por ejemplo, podrían surgir cuando la huelga de hambre es de un preso o de otra persona que se encuentre en un proceso judicial, ya que en este caso, estarían privados de libertad y podría surgir un conflicto a interpretar de muchas maneras».
En este sentido, destacó que «se supone que está correctamente informada de las consecuencias de su decisión y que se le está haciendo un buen seguimiento por si cambiara de opinión».
«Si queremos que esta mujer vuelva a comer, está muy claro lo que hay que hacer, darle un pasaporte y cumplir con lo que se había dicho», añadió.
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