Marruecos: las flaquezas de la “paz social”

Abusos policiales contra los licenciados en paro

El reino de Marruecos sigue sin reconocer los derechos de miles de licenciados que no encuentran trabajo. A esto se unen las reivindicaciones de los obreros de Khouribga.

Montserrat Emperador Badimón.
Rabat (Marruecos)
DIAGONAL
16 de noviembre de 2009.

Las calles de Rabat y Casablanca, capitales política y económica de Marruecos, han sido testigo a principios de noviembre de los espejismos del “Diálogo Social” concertado entre sindicatos mayoritarios, patronal y Gobierno. La manifestación convocada el viernes 30 de octubre por la Asociación Nacional de Diplomados en Paro de Marruecos (ANDCM) en Rabat fue contestada con una intervención policial que se saldó con la hospitalización de cuatro manifestantes.

El 4 de noviembre, un centenar de trabajadores de la compañía Sociedad Marroquí de Estudios Especiales e Industriales (SMESI) se concentró delante de la sede central de la Oficina Cherifiana de Fosfatos (OCP) en Casablanca para protestar contra su despido. Las constantes protestas organizadas por los despedidos en Khouribga provocaron la toma de la ciudad por las fuerzas del orden, cuyos repetidos abusos (palizas contra los manifestantes, detenciones, interrogatorios e intimidaciones) han motivado la reacción de la opinión pública marroquí e internacional. Esta acción se añade a una lista todavía abierta de movilizaciones que empezaron en verano en la ciudad minera de Khouribga.

Parados sin reconocimiento La manifestación de los parados se enmarca en la semana de actos programados con motivo del 18 aniversario de la ANDCM. La asociación fue la primera en organizar, a principios de los ‘90, a diplomados de la enseñanza secundaria y superior que reivindican la integración en la función pública. El objetivo de la marcha era la apertura de negociaciones con los responsables públicos nacionales y el reconocimiento oficial de la asociación. Pese a las conversaciones que, escasas veces, reúnen a militantes y responsables públicos a nivel local, la ANDCM nunca ha sido autorizada. Éste es el pretexto para el trato violento que reciben sus actos pacíficos de protesta. A lo largo de su trayectoria, el grupo cuenta con un pesado balance de varios centenares de detenciones y juicios, decenas de condenas a cárcel y dos muertes.

El contencioso entre parados, obreros pertenecientes a corrientes autónomas de centrales sindicales y responsables públicos corre peligro de enquistarse. De hecho, la acumulación de incidentes revela la solidificación de los conflictos. El “diálogo social” tripartito (patronal, sindicatos mayoritario y Estado) constituye hoy en día el único espacio oficial de discusión de las cuestiones laborales en Marruecos. Pero la estrechez de miras de su “orden del día”, desconectado de las problemáticas humanas y laborales más acuciantes, sólo puede socavar la posibilidad de encontrar soluciones socialmente justas a las tensiones laborales en aumento.

850 despedidos en la empresa más próspera La administración de SMESI depende de la OCP, empresa de propiedad estatal que cuenta con el balance comercial más exitoso de toda la economía marroquí. La OCP es líder mundial en la extracción y comercialización del fosfato y sus derivados (abono, ácidos fosfóricos, etc.). En julio de este año, 850 trabajadores de SMESI fueron despedidos por haber constituido una sección sindical local. Los trabajadores pretendían denunciar las prácticas de la OCP, que “libera” a empleados para que sean contratados temporalmente por sociedades de subcontratación como SMESI-Régie, constituidas mayoritariamente por directivos de la OCP. Las medidas de presión empezaron en mayo, con reducciones salariales y el despido de los 160 trabajadores de la compañía afiliados al sindicato. A la negativa de reconocer a la sección sindical, lo que constituye una infracción del código laboral aprobado en 2004, se le unió la contratación de obreros jubilados, quienes debían asegurar el nivel de producción. En septiembre se creó un comité de solidaridad internacional, formado por abogados, sindicalistas, periodistas y defensores de los derechos humanos, con el fin de difundir el caso a nivel de instituciones europeas. Los trabajadores despedidos reivindican entablar conversaciones directas con la OCP. El objetivo es la readmisión de los afectados y el reconocimiento de sus derechos sindicales. Por el momento, la OCP rechaza sentarse a la mesa de negociaciones.