Marco A. Gandásegui (h) (ALAI)
VIERNES 29 DE MAYO DE 2009
En toda sociedad de clase quien tiene el poder tiende a abusar de él en algún momento. Para ello, quienes ocupan las posiciones de poder definen qué se considera un abuso y cómo se debe castigar al responsable. En el caso de EEUU, se ha abierto un debate en torno a la tortura. La pregunta es sencilla: ¿debe el gobierno utilizar la tortura para extraerle información a las personas que tiene bajo su control?.
A pesar de la sencillez de la pregunta, las implicaciones son muy complejas y deben ser cuidadosamente evaluadas. La idea de un debate sobre esta materia constituye, en sí, un paso atrás de siglos. Quienes participan del debate borran, de una vez, toda noción sobre los derechos humanos. No sólo en EEUU, practicante confeso de torturas a detenidos, sino del resto del mundo que lo tolera sin protestar.
En el debate se plantean cuatro niveles: el legal, el político, el utilitario y el moral. Aunque parezca absurdo, una de las partes asegura que la legislación norteamericana permite la tortura. Además, argumenta con pasión que la tortura es una herramienta política válida para la seguridad nacional. La otra parte, alega que la tortura debe abandonarse porque no arroja resultados útiles. Por último, se asegura que la víctima no tiene moral, es mala y perversa, por lo tanto es legítimo cualquier abuso, incluyendo la tortura.
En América latina, cuando los regímenes militares torturaban a los enemigos del orden establecido, lo hacían en forma secreta. No decían que era legal y menos que era políticamente correcto. Tampoco lo relacionaban con una moral justificadora. En su momento, la mayoría de los militares que abusaron del poder fue condenada por no respetar la ley, por sus errores políticos y por la inmoralidad de su actos.
En EEUU, el presidente Barack Obama quiere abordar los abusos y las torturas que cometió el expresidente George Bush en su “guerra contra el terrorismo” con guantes de seda y sin ensuciarse las manos. No lo podrá hacer debido a lo complicado del asunto. Si no logra extirpar a los torturadores de los “terroristas islámicos”, como llaman a los detenidos en sus campos de concentración, mañana justificarán la tortura de los traficantes de drogas y otros “enemigos”. Seguirán en la lista de torturados los inmigrantes ilegales y los partidarios del desarrollo en los países pobres. En esta misma lógica, seguirían los propios norteamericanos que serían llevados a cámaras de tortura especialmente concebidos para extraerles información.
En la década de 1950, para destruir el movimiento obrero norteamericano se creó la gran “cacería de brujas” encabezada por el Senado de aquel entonces. Fueron electrocutados varios “brujos” comunistas, otros fueron encarcelados y miles perdieron su empleo. Cuando comenzaron a buscar “comunistas” en las Fuerzas Armadas el presidente Eisenhower puso fin a las aventuras del Senado.
¿Podrá Obama poner fin a las torturas y controlar a los agentes que se alimentan de los temores ajenos?
En Panamá y en América latina hay una historia larga de abusos por parte de quienes detentan el poder y explotan el entorno natural y social. Los debates han sido álgidos entre quienes luchan por descubrir los atropellos y aquellos que hacen todo lo posible por encubrirlos. En estos momentos, en Panamá, se denuncian los casos de las muertes de obreros de la construcción y de pescadores por parte de fuerzas del orden. Igualmente, las actividades mineras, energéticas, turísticas y de comunicación están acabando con comunidades enteras en toda la geografía del país.
En el pasado reciente se luchaba contra los regímenes militares y sus abusos de los derechos humanos. En muchos de los casos – Panamá, Chile, Guatemala, Brasil y los demás – los responsables han sido llamados a capítulo y han tenido que responder por sus actos. En la actualidad, este debate – con ribetes políticos y éticos - en torno a los abusos, y concretamente sobre las torturas, se ha trasladado a los pasillos del poder en EEUU así como a sus medios de comunicación.
El presidente Barack Obama desde la Casa Blanca ha lanzado una ofensiva contra las prácticas de las distintas instancias norteamericanas que utilizan la tortura como forma de humillar y deshumanizar a los individuos que son identificados como amenazas a la seguridad nacional de EEUU. Obama plantea que la “técnica” asociada con la tortura produce muy pocos resultados y, más bien, ha desprestigiado a EEUU en la comunidad internacional.
Según el escritor mexicano Carlos Fuentes, el ex-vice-presidente de EEUU, Dick Cheney (2001-2009), se ha levantado como moderno Torquemada, para defender la nueva fe reciclada del “American Century” en el hemiciclo del Congreso norteamericano.
Cheney admitió ante los senadores que los torturados, “combatientes ilegales” en el lenguaje del gobierno de EEUU, eran vestidos con "chalecos explosivos, sus heridas escarbadas con un pie, sus dolores aumentados por pentotal sódico (y recibían) la amenaza de cortarles los ojos".
Cuando el senador John McCain le hizo una pregunta, Cheney le dijo: "Cierra la boca. Todos estamos aburridos de tus apologías contra la tortura. ¿Por qué no te unes al marica Specter (también senador) y te vas del otro lado? Cheney calificó a Obama, como "la delicada orquídea de Harvard" y lo acusó de "arrimarse a dictadores grasosos, dándoles besos a esos comadrejas europeos a los que nuestros militares liberaron".
Cheney declaró en la audiencia que entre los métodos de tortura autorizados por la Casa Blanca de George Bush se encontraban retirarle medicinas a los detenidos, simular que se les ahogaba, el uso de serruchos para intimidar e informes falsos sobre la muerte de un hijo del detenido.
Según The New York Times, la Casa Blanca aprobó a principios de la gestión de Bush el uso extremo y secreto de la tortura, e incluso la "desaparición" de los torturados. Cheney, en aquel entonces, insistió en su política de brutalidad y tortura y logró una orden ejecutiva autorizando los actos de coerción (los mismos que el ex vicepresidente defendió en el comité senatorial).
Condoleezza Rice fue la que recomendó el reconocimiento público de que EEUU tenía detenidos sospechosos de ser terroristas. Cuando este procedimiento fue aprobado en la Casa Blanca, Alberto Gonzales, el procurador general de Bush, propuso la teoría de la "inmaculada concepción": llevar los prisioneros a Guantánamo, sin admitir que antes estuvieron secretamente detenidos.
John Yoo, abogado del gobierno y co-autor de los “memorandos sobre la tortura”, sentó doctrina al señalar que “la víctima debe experimentar dolor o sufrimiento intenso, del tipo equivalente al dolor asociado a una herida física de gravedad, tan grave que provocaría la muerte, la falla de un órgano, o un daño permanente que provoque la pérdida de una función corporal importante”. El Juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de España, está procediendo con una investigación contra los llamados “Seis de Bush”, que incluye a Yoo y al ex procurador, Alberto Gonzáles.
Carlos Fuentes quien destapó las declaraciones de Cheney es más optimista en relación con Obama. Señala que “Obama trae una experiencia legal y una cultura jurídica que vienen a llenar el inmenso vacío dejado por la era Bush-Cheney. Al alegato de Cheney (la tortura era necesaria para la seguridad) Obama da a entender que la información obtenida bajo tortura suele o puede ser falsa, como lo demuestra la experiencia a posteriori de la era Bush-Cheney”. Además, agrega, que según Obama “la seguridad nacional no implica la violación de la juridicidad nacional o internacional. Al contrario, el apego al derecho desarma al enemigo y la violación del derecho nos asimila a él”.
En la década de 1950 el presidente Eisenhower logró poner fin a la “cacería de brujas” cuando logró destruir el movimiento sindical y, de paso, acabar con los militantes comunistas en EEUU sospechosos de desleales. ¿Podrá poner Obama fin a la “guerra contra el terrorismo” y a los abusos que desarrollaron sus promotores en las posiciones más elevadas del gobierno del presidente Bush?
Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.
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