La era de la impunidad

Gabriel Ruiz Enciso

Nuestro gobierno, junto con sus compañeros de viaje del PP (en ésto como en muchas otras cosas las coincidencias son totales) han decidido dinamitar el principio de jurisdicción universal, limitarlo fuertemente, para que no nos incomode políticamente y no nos cree problemas diplomáticos, en definitiva para que, entre otras cosas, no se utilice para juzgar a los que son “nuestros amigos”.

Hace algo más de dos años que murió el criminal genocida Augusto Pinochet, responsable de miles de muertes y torturas (paradójicamente murió el día internacional de los derechos humanos) y lamentablemente falleció tranquilo, en un hospital de Chile, sin haber pisado la cárcel y ni siquiera haber tenido que sentarse en el banquillo de los acusados, dejando impunes crímenes, torturas, violaciones, desapariciones... Sin embargo, hace ahora diez años, sí que hubo alguna posibilidad de que pudiese ser juzgado y condenado por los crímenes tan graves cometidos, el caso abierto por el juez Garzón y la solicitud de su extradición abrió nuevas esperanzas, aunque los trámites y recursos se alargaron considerablemente, y ciertos políticos (recordemos al británico Jack Straw, pero también el vergonzosos papel del gobierno español de Aznar para frenar el proceso) se esforzaron por parar su extradición a España y evitar por todos los medios que se hiciese justicia. Pues bien, muy pronto, casos como el de Pinochet, probablemente ya no serán posibles, ni tampoco casos similares a otros que ya obtuvieron sus frutos en la Audiencia Nacional, como los que se abrieron sobre los gravísimos hechos ocurridos en Argentina, o Guatemala.

Nuestro gobierno, junto con sus compañeros de viaje del PP (en ésto como en muchas otras cosas las coincidencias son totales) han decidido dinamitar el principio de jurisdicción universal, limitarlo fuertemente, para que no nos incomode políticamente y no nos cree problemas diplomáticos, en definitiva para que, entre otras cosas, no se utilice para juzgar a los que son “nuestros amigos”, o sea, justicia universal, sí; persecución de los crímenes de lesa humanidad como genocidio, torturas y crímenes de guerra, sí, por supuesto, pero siempre y cuando no afecte a nuestras relaciones diplomáticas, e intereses político y económicos. Eso sí, la reforma se hizo “de tapadillo”, en la misma sesión del Congreso (el 20 de Mayo) en la que se discutían las propuestas sobre la crisis: se presenta camuflada una propuesta del PP apoyada de manera conjunta con el PSOE, una enmienda en el proyecto de ley de Reforma de la legislación procesal para limitar el principio de jurisdicción universal.
Para garantizar que sólo puedan ser juzgados en España crímenes de lesa humanidad en aquellos casos en los que la víctima sea española, o el responsable esté en España o “concurra algún vínculo de conexión relevante con España”. Así, muchos de estos gravísimos crímenes se archivarán y podrán quedar impunes, no podrán seguir siendo juzgados en la Audiencia Nacional.

Curiosamente, ha sido en este momento y no en otro, coincidiendo con que una demanda ha afectado a Israel (concretamente en el caso que se lleva en la Audiencia Nacional contra siete responsables israelíes por la masacre de Al Daraj, Gaza, en 2002) cuando el Gobierno español y la mayoría de los diputados se han doblegado y han decidido cambiar la actual ley española para no tener que procesar a unos criminales de guerra. Se cumple así, sin duda, con la promesa que el ministro Moratinos siempre negó haber hecho a Tzipi Livni, para modificar la jurisdicción universal en España y evitar así que estos militares y políticos israelíes puedan ser juzgados en España por delitos como esa masacre cometida en Gaza en el año 2002 con la muerte de varios civiles inocentes (entre ellos varios niños).

Un experto en derecho internacional como Antonio Segura (autor entre otros de la querella contra siete responsables israelíes por un bombardeo en Gaza, contra los autores intelectuales de Guantánamo y de la demanda de los Españoles víctimas en Mauthausem) decía en un artículo en el diario Público: “El asunto es de tal gravedad que si cambiamos el delito al que se le pretende dar impunidad, sería como decir que porque el Ministro de un estado x, ha sido sorprendido traficando con sustancias estupefacientes, los partidos mayoritarios se alían para cambiar la ley sobre el tráfico de drogas, o porque un presidente de una comunidad autónoma se apodera del dinero público en su beneficio, vamos a cambiar el código penal para darle impunidad”.

Este abogado, llega incluso a calificar de delincuentes a los diputados que han aprobado la reforma, y no lo hace desde una descalificación gratuita sino basándose en que la modificación de la ley aprobada por estos diputados, con la clara intención de frenar las investigaciones de militares y políticos israelíes, podría ser también contraria a nuestro Código Penal (Art. 451):

“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes (...):

3. Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1.Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina , del Regente o de algún miembro de la Regencia , o del Príncipe heredero de la Corona, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo u homicidio.(...)

Y finalmente, cita también este abogado, que esta modificación implica el incumplimiento de las Convenciones de Ginebra, las obligaciones contraídas en el ámbito de la Asamblea General Naciones Unidas (Resolución 3074 de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1973, en la cual se determinaron los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad) y otra serie de convenios internacionales y de respeto a los derechos humanos.

En definitiva, estamos ante un hecho gravísimo, que se ha ocultado a la ciudadanía, y que se va a modificar de una forma claramente precipitada, pero con una intencionalidad muy clara. Un hecho con enormes consecuencias, para la persecución de las violaciones de derechos humanos y delitos de enorme gravedad que afectan a toda la humanidad. Una vez más, la impunidad de los criminales y genocidas se impone para salvaguardar nuestros intereses económicos y relaciones diplomáticas, por encima del respeto a los derechos humanos. Eso sí, insisto, como en casi todo PSOE y PP caminan otra vez juntos de la mano, porque un hecho tan grave merece también que acusemos directamente a sus principales responsables, así como también para que los ciudadanos y ciudadanas tomemos buena nota y tomemos medidas (algo a tener en cuenta, por ejemplo de cara a estas elecciones europeas). Al mismo tiempo, es fundamental que traslademos la información de manera sencilla (sobre todo para aquellos que no somos juristas) a otros ciudadanos y ciudadanas, porque no es de recibo que un hecho tan grave pueda ser ocultado de esta manera, privando de cualquier debate e información a la ciudadanía.

El pasado lunes, mientras comía en un restaurante del centro, repasaba la prensa y las noticias sobre la reforma y las vergonzosas palabras con las que el ministro Moratino pretendía justificarlo. Mi indignación la compartían también muchos magistrados y expertos que criticaban contundentemente la modificación y la calificaban de chapucera y atropellada. En ese momento entró en el restaurante uno de los Diputados por Málaga del PSOE que había votado la propuesta. No pude resistirme a enseñarle el periódico y le dije: ¿esto es una vergüenza, verdad?: sorprendido y contrariado por mi pregunta sólo acertó a decir, “es que si entramos en el tema del derecho internacional....”, a continuación añadió “ese de todos modos es un tema muy complicado...” (como si quisiera decir con ello que estaba hablando de un tema, del que yo, “pobre infeliz”, no entendía nada). Tuve la tentación de decirle algunas cosas más sobre la actitud tan servicial que habían tenido con la Sra. Tzipi Livini y el gobierno de Israel, amparando así la impunidad sobre los gravísimos crímenes que están cometiendo contra la población palestina, preferí ignorarlo, esperando que con mi comentario la comida se le hubiese atragantado un poco. En su rostro de político confundido (por el cuestionamiento de un humilde ciudadano, sobre un tema del que suponen que no deberíamos entender ni opinar), pude ver también las risas y carcajadas de los muchos genocidas, torturadores y criminales de guerra que ahora, gracias a ellos, podrán respirar un poco más tranquilos. Señoras y señores, ahora sí, queda formalmente inaugurada la era de la impunidad.

Gabriel Ruiz Enciso
Miembro de la Asociación Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, desde esta asociación seguimos apoyando los casos abiertos en la Audiencia Nacional contra militares y políticos israelíes.

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www.alqudsmalaga.org

Málaga, 28 de mayo de 2009
Artículo de www.profesionalespcm.org
Fecha: 28/05/2009