29 Mayo 2009
EFE, Madrid
Trece lápidas de niños muertos en centros de reforma, colocadas hoy en la Plaza de las Cortes de Madrid por la Coordinadora de Barrios, pretenden llamar la atención de los dirigentes políticos ante la "lamentable" situación en la que se encuentran más de 30.000 menores sometidos a medidas de protección.
Iñigo Ortiz, portavoz de esta plataforma, ha declarado en una rueda de prensa que el fallecimiento de estos niños, en los últimos cinco años, es el "más dramático" síntoma de la "incapacidad" del sistema de protección para dar respuesta a las necesidades de personas que proceden de los sectores sociales más desfavorecidos.
Este acto es el primero de una protesta de veinticuatro horas en solidaridad con los niños "presos" en recintos donde se "tortura", como puso de manifiesto el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, sin que "nadie haya tomado cartas en el asunto".
La protesta cuenta con el apoyo de la Asamblea contra los Centros de Menores y No a Belén, entidad que denuncia las prácticas de la fundación que gestiona algunos recintos donde "se han suicidado internos y donde se han denunciado abusos físicos".
Ortiz ha resaltado que estos menores se sienten "maltratados y desamparados", ya que sus denuncias "no suelen ser tomadas en cuenta" y son víctimas de "cacheos, aislamiento, celdas de contención, sometimiento a reglamentos arbitrarios y abusivos, intervención de las comunicaciones, abuso de la violencia y prescripción de psicofármacos sin control".
"La Administración tiene que responder de la muerte de los niños que tiene a su cargo", reza el manifiesto que ha leído Olga Morla, miembro de la Coordinadora de Barrios.
Morla ha hecho hincapié en que la realidad ha demostrado que la figura del Ministerio Fiscal resulta "claramente ineficaz" para cumplir con el cometido legal de supervisar la actuación de la Administración pública en materia de menores.
Por esta razón, la ONG insiste en la necesidad de que exista un control judicial sobre estas instalaciones, así como una supervisión por parte de las familias y entidades sociales conocedoras de la realidad de los internos.
"Consideramos inconstitucional la gestión privada de la privación de la libertad", alega la organización, al tiempo que critica el que se haya creado un modelo que facilita que la guarda de estos niños suponga "un negocio" para algunas de las "mal llamadas" entidades sin ánimo de lucro.
Ortiz ha abundado en que el informe del Defensor del Pueblo, presentado el pasado mes de marzo, pone en evidencia la "gravísima" situación en la que se encuentran los menores, por lo que ha exigido el cierre de estos centros así como un cambio en el modelo de atención terapéutica que reciben.
Desde esta tarde a las seis del domingo están convocados varios actos, entre ellos una asamblea de debate, espectáculos de magia y teatro y la lectura continuada de la obra "El Canijín".
Esta acción se produce más de cinco meses después de que el menor interno Hamid el Amrani muriera ahorcado cuando se encontraba aislado en su celda de este centro gestionado por la Fundación O’Belén. Esto, lejos de constituir un hecho aislado, es denunciado por los activistas como un paso más en una dinámica diaria que incluye agresiones físicas y psicológicas; aislamiento como forma de castigo y medio "terapéutico"; violaciones constantes del derecho a la intimidad; medicación forzosa, indiscriminada y suministrada por personal no sanitario; y castigos humillantes. Como agravante, la reclusión de los menores no se produce bajo gestión pública, sino en el interior de una institución privada, con intereses económicos detrás.
L@s activistas han manifestado su firme voluntad de continuar las movilizaciones hasta que termine la impunidad de estas cárceles para menores, enfrentando esta situación a base de acción directa.
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