Bolivia: ¿Que encubre la llamada “lucha contra el terrorismo”?

11 de mayo de 2009
Izquierda Socialista

La campaña del gobierno de Evo Morales “contra el terrorismo” y las denuncias contra los dirigentes de la derecha autonomista cruceñista por complicidad con la banda fascista parecen más una puesta en escena con propósitos electorales que una genuina voluntad de castigar a los que en septiembre del 2007 atacaron instituciones, al Plan 3000 y al movimiento popular.

Recordemos que el 16 de abril una misión policial allanó un hotel en la ciudad de Santa Cruz y enfrentó a un grupo de 5 miembros de una banda fascista encabezada por el Eduardo Rozsa Flores, un mercenario nacido en Bolivia y que encabezó a 380 mercenarios por cuenta del gobierno de extrema derecha croata en la guerra civil Yugoeslava. Dos fueron capturados y otros tres muertos, entre ellos Rozsa Flores.

Ahora la fiscalía dice que la banda tenía vínculos con Marinkovic, Costas y otros dirigentes de derecha cruceños.

En septiembre Marinkovic, Costas y otros dirigentes arengaron públicamente a los grupos fascistas que recorrían abiertamente la ciudad de Santa Cruz y otras localidades. En octubre, con el cerco campesino a Santa Cruz y grandes movilizaciones en todo el país, el gobierno tenía inmenso apoyo para encarcelar a los golpistas por delitos evidentes, realizados a la luz pública. No lo hizo, porque hubo un pacto de impunidad, que fue parte del pacto más general para reformar la Constitución de forma de salvaguardar latifundios y contratos petroleros. Este pacto fue impuesto en gran medida por Brasil, Chile y Argentina, y el resto de los gobiernos de UNASUR, con interés en defender a la oligarquía cruceña y a sus propias compañías petroleras y mineras. El gobierno de Evo se plegó a este dictado.

Se podría decir que nunca es tarde para castigar a los líderes que provocaron la violencia en Santa Cruz y amenazaron con dividir Bolivia. Estos dirigentes deberían ir presos, no por sus ideas, pero sí por sus delitos de agresión violenta al pueblo. Pero, lamentablemente, no es eso a lo que se apunta ahora desde el gobierno. Todo el ruido mediático encubre una acusación débil, por delitos de difícil comprobación, con una justicia generalmente parcial. Es casi imposible que ninguno de esos dirigentes vayan presos por lo que ahora se los acusa. Y mucho menos sin una real movilización popular para desmantelar las bases de su poder, que en primer lugar son económicas. Son grandes terratenientes que ahora tienen una Constitución que defiende sus tierras.

Por otra parte, la propia definición de “lucha contra el terrorismo” es ambigua y peligrosa, ya que es la consigna que utilizó los últimos años el imperialismo y es utilizada contra legítimas acciones de resistencia de los pueblos oprimidos o de trabajadores que ocupan fábricas o bloquean rutas. En todo caso, si hubiese una real intención de castigar a los fascistas, habría que llamar a las cosas por su nombre: lucha contra los fascistas y los dirigentes y empresarios que los armaron, contra el imperialismo que los apoyó.

La agenda de octubre

Mientras tanto, en todo el debate por “el terrorismo”, que en realidad es parte del debate electoral, el gobierno abandonó todas las banderas sociales. La nacionalización de los hidrocarburos y expulsión de las multinacionales, un mandato popular de octubre del 2003, no se cumplió, ni el gobierno del MAS se propone cumplirlo en el futuro. El decreto de nacionalización del 1º de mayo del 2006 no era una real nacionalización sino un aumento de impuestos. Positivo sin duda, ya que permitió una sustancial mejora en la recaudación estatal. Pero la política de “asociarse” con las multinacionales y la firma de 44 contratos a fines del 2006, anuló gran parte del avance. YPFB, sin recursos y con un manejo corrupto, no avanzó a convertirse en una empresa productiva. Las multinacionales recuperaron terreno en ese marco. La reforma agraria que termine con el latifundio y entregue tierras a los campesinos pobres, como parte de una planificación para la producción de alimentos para el pueblo, también fue abandonada por el gobierno. La desocupación y empleo precario se mantiene para gran parte de la población y el salario real no solo no mejoró sino que se deterioró bajo el actual gobierno en un sexto de su valor según algunas mediciones. Más allá de la cifra concreta, es evidente que el aumento de los productos de primera necesidad, fundamentalmente de los alimentos, golpeó duramente el poder adquisitivo popular. Por otra parte se mantiene el sistema neoliberal de jubilaciones, negándose el gobierno a aprobar el proyecto de la COB que establecía el aporte estatal y patronal para una jubilación digna.

A esto se suma los efectos de la crisis mundial y la utilización que hacen las multinacionales y grandes empresarios para aumentar la explotación a los trabajadores. En ese sentido, una respuesta ejemplar la dieron los 300 obreros mineros de la mina San Vicente, al norte de Potosí, que ante el abuso patronal, mantuvieron ocupada la mina durante 7 días, reteniendo a gerentes, cortaron el camino, y triunfaron. Impusieron la destitución de dos gerentes y varias de sus demandas.

Lamentablemente la conducción de la COB, subordinada al gobierno, no adopta ninguna medida para exigir un aumento salarial acorde a la inflación y el cumplimiento de la Agenda de Octubre. Varios sindicatos, como el de trabajadores de Prensa de El Alto, los mineros de Huanuni, los docentes de La Paz, rechazan esta actitud de subordinación al gobierno y reclaman un Congreso de la COB para una nueva dirección y discutir medidas de lucha.

Pasos hacia un frente de izquierda

Es necesario poner en pie una alternativa también en lo político, con un claro programa por la agenda de octubre y defensa de los trabajadores, aumento salarial acorde a aumento costo de vida, jubilación estatal de acuerdo a proyecto de la COB, contra los despidos y castigo a los fascistas y a todos los que reprimieron al pueblo.

Distintos dirigentes políticos y sociales como Mirko Orgaz (dirigente cívico Camiri); Jaime Solares (dirigente COD de Oruro); Roberto de la Cruz (concejal alteño); Carlos Rojas y otros ex dirigentes de la Fejuve de El Alto que encabezó la rebelión popular del 2003, se han manifestado por la necesidad de un frente de izquierda.

En este camino fue un paso importante la reunión del 22 de mayo en El Alto de distintas organizaciones sociales que resolvieron, entre otros puntos:

Independencia sindical frente a cualquier gobierno de turno ya sea nacional, departamental o local. El país en su conjunto debe diferenciar al Movimiento al Socialismo (MAS) del Proceso de Cambio conquistado por el pueblo en base a la Agenda de Octubre del 2003, consistente en la verdadera nacionalización de los recursos naturales y su posterior industrialización expulsando a las transnacionales, abrogación del Decreto Supremo 21060. Aceleración del juicio de responsabilidades en contra del genocida Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y todos sus colaboradores para que sean encarcelados en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Ocupar todas las tierras de los latifundistas ociosos que han obtenidos sus tierras de manera irregular, por lo que planteamos la redistribución de la tierra en forma equitativa entre los campesinos, pueblos indígenas y originarios. Crear un nuevo instrumento político de carácter revolucionario que sea capaz de asumir los desafíos y exigencias del pueblo y sobre todo que busque mecanismos y alternativas para cumplir con la Agenda de Octubre del 2003.