Impulsado por el espacio promotor del Alba de los Movimientos Sociales y el mismo día que la Organización de Estados Americanos deliberaba en Lima, diferentes movimientos sociales y organizaciones políticas se movilizaron ayer, martes 8 de junio, en las principales ciudades del continente para exigir que no se reconozca como legítimo al gobierno surgido tras el golpe de estado del año pasado en Honduras.
A casi un año del golpe de estado en Honduras, comenzó ayer en Lima la 40º Asamblea Anual de la Organización de los Estados Americanos. La mayor parte de los gobierno de la región, en su mayoría integrantes del UNASUR y el ALBA, llegaba a esta reunión anunciado que no reconocerían al gobierno hondureño como gobierno legítimo, en función de que, si bien surgió de una convocatoria a elecciones, éstas fueron llamadas por los propios golpistas y bajo el manto de la proscripción de la candidatura del depuesto Zelaya.
Tal como estaba previsto, los Estados Unidos, a través de Hillary Clinton, cuyo marido y ex presidente se encuentra en la región dictando clases de filantropía, solicitaban “mirar hacia delante” y volver a incorporar a Honduras a la OEA. El país centroamericano fue expulsado en junio de 2009, tras el golpe de estado de 2009 que fue encabezado por Micheletti. Brasil, a través de su canciller, sostuvo que no hay ningún apuro para el reingreso de Honduras, y Venezuela, también representada por su Ministro de Relaciones Internacionales, se negó al la reincorporación a la vez que sostuvo que “nosotros rechazamos que se convierta el golpe de Estado en un mecanismo para cambiar gobiernos que pueden ser vistos como adversarios de los Estados Unidos".
En tanto en las calles de Lima, y a modo de cierre del Foro Internacional en el marco de la Jornadas por la Vida y los Derechos de los Pueblos Indígenas, miles de manifestantes se movilizaron por el centro de la ciudad en solidaridad con Honduras. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) y la Confederación Campesina del Perú, entre otros organizadores de la marcha, también consensuaron una carta dirigida a Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, en la que reclamaron por la situación de los pueblos originarios, a la vez que recordaron que este mes también se conmemora el aniversario de la masacre de Bagua, cuando más de medios centenar de indígenas fueron asesinados por defender los recursos naturales de la selva amazónica.
En la ciudad de Buenos Aires, el Frente Popular Darío Santillán, Pañuelos en Rebeldía, el Movimiento Nacional Campesino Indígena en la Vía Campesina y otros integrantes de Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia El Alba En Argentina, junto a otras organizaciones se movilizaron al Palacio San Martín, sede de la Cancillería Argentina, para señalar que el gobierno de Porfirio Lobo es la continuidad del golpe de estado y avanza contra los sectores hondureños mediante la represión y el asesinato.
En la ciudad de Caracas en tanto, el Consejo de Movimientos Sociales de la ALBA – Capitulo Caracas, realizó una concentración en las puertas de la Cancillería Bolivariana “contra el reconocimiento del gobierno de Porfirio Lobo por parte de la Asamblea General de la OEA”. Mediante un comunicado de prensa exigieron “a los gobiernos del continente que se rechace la reincorporación del gobierno fraudulento de Honduras en el Seno de la OEA, y se mantenga firma su aislamiento, el apoyo al avance de resistencia hondureña para la reconquista de la democracia. Del mismo modo, pedimos a la Cancillería venezolana que se mantenga firme y enfrenta la nueva maniobra imperial.”
Por su parte, el Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras optó por levantar la voz en la Asamblea de la OEA. Mediante una carta abierta a ese organismo, señalaron que “reconocer a Porfirio Lobo como presidente es reconocer el crimen y el método de la violencia como forma de acabar con un gobierno o un proyecto político”. También sostuvieron que “el informe general presentado en diciembre del 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se detalló que “pudo constatar que en Honduras, a partir del golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos de sus habitantes, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza”.
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