lunes, 14 de junio de 2010

El tabú de las muertes bajo custodia policial


Familias de personas que han fallecido bajo custodia y defensores de derechos humanos denuncian el largo período para que estos casos sean investigados y la presunción de veracidad de las declaraciones policiales.

Héctor Rojo Letón (Redacción)
Lunes 14 de junio de 2010.

“Diego Viña es ingresado en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil (GC) tras una detención ilegal, ya que no existían indicios de delito. A esta circunstancia se suma el hecho de que la GC se negó a administrarle tratamiento médico y su traslado a un centro sanitario; además desconectaron las cámaras de videovigilancia del calabozo en el que se encontraba Diego”, explicaban en una nota de prensa la Comisión de Denuncia de Galicia (CDG) y la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas (CESPP) el día que las pruebas testimoniales y periciales fueron presentadas en el proceso de responsabilidad patrimonial que se ha abierto en la Audiencia Nacional (AN) por su muerte.

Ese mismo día, familiares de otras personas fallecidas bajo custodia policial y defensores de derechos humanos se concentraban en Madrid para denunciar las muertes que se suceden bajo custodia policial y la dificultad para que éstas sean investigadas de forma rápida y efectiva. “Por fin hay una unión familiar y de afectados, que somos los que tenemos que tener la palabra. Siguiendo el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo, queremos visualizar este problema”, explica Fran del Buey de la CDG. De esta forma, tanto en abril como en mayo, familiares y amistades de Diego Viña, Xosé Tarrio, David Chacón, Miguel del Buey, Antonio Pallas y David Blanco [ver recuadro inferior] se han unido a las últimas visitas a los juzgados que la defensa de Viña ha realizado. “La unión hace la fuerza, y esto es fundamental cuando el Estado nos quiere tapar la boca. De estos casos no se habla en ningún sitio, en los grandes medios se ignoran porque no interesa. Somos basura para ellos”, explica Ermita García, madre de Antonio Pallas, que reconoce que desde que su hijo fue asesinado ya no tiene ganas de seguir viviendo. “Nuestra ilusión es juntar a todas las madres y realizar una marcha a Instituciones Penitenciarias, en Madrid, pero la gente no responde lo suficiente. Tienen miedo”, se lamenta Dominga Pastora, la madre de Tarrio, que se muestra esperanzada, ya que en el caso de Viña todo indica que se va a acabar juzgando a los acusados. En este caso, a su padre y a algunos de sus compañeros del cuartel de la Guardia Civil donde falleció en 2004.

¿Concatenación de errores?

Una victoria moral para estas familias que llegará, al menos, seis años después del fallecimiento de Viña. “El tiempo es fundamental porque desde que los hechos suceden hasta que se investigan pueden desaparecer las pruebas”, explica Luis de los Santos, abogado del Grupo 17 de Marzo, sociedad andaluza de juristas para la defensa de los derechos humanos. Al largo período de tiempo para que estos casos sean investigados, se suelen unir insuficientes tratamientos médicos, la ausencia de grabaciones sobre el trato en comisaría y la presunción de veracidad que suelen tener las declaraciones de los policías afectados, según denuncian las fuentes consultadas por este periódico.

“La mayoría de los médicos no saben cuál es el protocolo que deben seguir cuando un detenido denuncia que ha sido agredido por la policía. Ésta no debe estar en el reconocimiento y el parte médico debe ser enviado al juzgado correspondiente y no entregado al policía que acompaña al detenido”, explica Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura.

“Todo me parece fuerte, pero lo que hicieron en el hospital con mi hijo no me deja vivir. En un hospital no puede haber nadie esposado e inmovilizado cuando tiene parte del cuerpo paralizado por su enfermedad. ¿Cómo puede consentir esto un médico ante una persona que se está muriendo? Por eso hemos denunciado al Servizo Galego de Saúde”, explica Pastora.

La validez de las grabaciones

A pesar de las promesas de que cada dependencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional estarán dotadas con cámaras de vigilancia, esto no sucede. “Si reivindicamos la instalación de este mecanismo para la eliminación de la tortura como se ha hecho en Catalunya y Euskadi, éste debería estar vigilado por defensores de derechos humanos”, exige De los Santos. Por su parte, Del Cura apostilla: “Las cámaras ayudan, pero no son suficientes para evitar las torturas en comisaría. El problema es si la imagen después se remite o no al juzgado”. En el caso de Diego Viña, se desconectaron las cámaras de videovigilancia del calabozo. No hay ninguna prueba de su suicidio. El pantalón con el que se habría ahorcado fue arrojado a la basura por la Guardia Civil, según el propio teniente del cuartel. “Si esto le pasa a un hijo de un guardia civil, nos podemos imaginar que le puede pasar a cualquier otra persona”, afirma Del Buey.

En otras ocasiones ni siquiera las pruebas gráficas de la agresión son suficientes para que un juzgado condene a los responsables. El 1 de junio, el Tribunal Supremo obligaba a la Audiencia Provincial de Barcelona a repetir el juicio a los mossos que habían sido grabados con una cámara oculta en la comisaría de Les Corts (Barcelona) mientras golpeaban a un detenido en 2007. La Fiscalía y Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura recurrieron a la máxima instancia judicial, ya que la Audiencia había considerado probado que los agentes se “extralimitaron en el uso de la reducción y la inmovilización”, pero descartó el trato “vejatorio o degradante”.

Tres años después de los hechos, se reabre el proceso judicial. “Necesitamos una reforma legislativa. Estos delitos deberían solucionarse por la vía rápida. No se puede tardar en investigar tres o cuatro años. Supone un grave castigo para las víctimas”, explica el integrante de la Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los DD HH.

A la prolongación del juicio se suman los costes que esto supone. “El problema es que al no haber dinero en nuestras familias, las denuncias no salen adelante. Por ejemplo, un informe de un neurólogo forense que determine que si a Tarrio le hubieran atendido a tiempo estaría vivo nos cuesta dos mil euros. Y después, a saber si es admitido”, concluye Pastora.

La familia de David Blanco recurre a la vía administrativa

PEDRO MENÉNDEZ. Redacción Asturies.

El 26 de diciembre de 2008, a los 22 años, David Blanco moría en una celda de la comisaría de Moreda de la Policía Nacional (Xixón). Desde el primer momento, los medios de comunicación dieron por buena la versión policial: sobredosis. Pero, según Francisco del Buey, miembro de la Comisión de Denuncia de Galicia, la aparición de tóxicos en la autopsia oculta la negligencia o la culpa de las autoridades. “Tras su detención”, explica, “le llevaron al médico, que le recetó metasedín, un derivado de opiáceos. Se empezó a quedar dormido y, en vez de llevarlo a los servicios de urgencia, como obliga el protocolo, lo dejaron en la celda”.

La insistencia de familiares y colectivos sociales mantuvo la protesta y reveló las incongruencias del relato oficial. Belén González Patín, madre del joven, ha denunciado hasta la saciedad la ocultación por la Policía de la muerte de David a su marido, quien acudió a la comisaría poco después de la supuesta hora de su fallecimiento.

La justicia asturiana se lavó las manos por dos veces y archivó el caso. En un recurso, dice del Buey, “ya se decía lo que no se hizo para salvar a David. Y la denuncia en primera instancia sitúa la responsabilidad policial y los parámetros de actuación del juez, pero tuvimos que hacer nosotros las diligencias contra la policía”.

La esperanza regresó con la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional (TC) de un recurso de amparo, basado en el artículo 24 de la Constitución, sobre tutela judicial efectiva. Pero esta vía se cerró el 23 de abril. “El abogado nombrado por el Constitucional presentó un recurso en el que afirma que la causa es insostenible, y el TC dice que no se ofrece la justicia gratuita para una causa insostenible”, denuncia del Buey. Por ese motivo, en septiembre presentarán una reclamación al Ministerio de Interior, para posteriormente demandar al Estado ante la Audiencia Nacional por responsabilidad patrimonial, como ocurrió en el caso de Diego Viña.

Veinte muertes cada año

Sin ninguna intención de frivolizar, la cifra de muertes bajo custodia policial en el Estado español son muy similares a las que se producen en otros países del resto de Europa, explica Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. “Eso sí, se suelen conocer todas las que se producen, no como en las prisiones. Aunque hay bastante secretismo para conocer los datos y las formas en que se han producido”, denuncia Del Cura.