Fallo del Tribunal Permanente de los Pueblos

17 de mayo de 2010.
Antiglobalización

El Tribunal Permanente de los Pueblos condena a la Unión Europea por su complicidad en los delitos sociales y ecológicos de las transnacionales.

El TPP alerta a la opinión pública sobre la violación de los derechos y la dignidad de las víctimas

Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos

Hoy se ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos [1] que ha juzgado desde el pasado viernes 14, los ventisiete casos documentados de violaciones de derechos humanos cometidos por multinacionales europeas en América Latina con el apoyo de las instituciones y gobiernos de la Unión Europea.

En el acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el presidente del Tribunal, el magistrado español Perfecto Andrés Ibáñez, acompañado de otros miembros del jurado, ha presentado la sentencia que ha comentado Alirio Uribe, miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Entre las alegaciones se pide “a los Estados miembros la adopción de normas nacionales que garanticen el acceso a su jurisdicción nacional civil y penal, por parte de las víctimas de abusos de derechos humanos o contra el medio ambiente, cometidos fuera de la Unión Europea por parte de una empresa o una de sus filiales con sede en un Estado miembro”.

Según se cita en la sentencia, “a la vista de los casos examinados por el TPP, es posible identificar una estrecha relación de funcionalidad entre las políticas públicas de la Unión Europea y los intereses de las ETN en sectores estratégicos. Es evidente que las instituciones europeas son permeables a la acción de los lobbies empresariales, y que existe una relación de interdependencia y tráfico de influencias entre los sectores privado y público”. Asimismo, se declara que “el derecho a la reparación es la garantía y reconocimiento de los derechos a la verdad y la justicia y no puede entenderse satisfecho cuando se sustenta en un marco de impunidad y olvido”.

Esta sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos se ha convocado a propuesta de la Red Birregional “Enlazando Alternativas IV”, dentro del programa de Actividades de la Cumbre Alternativa de los Pueblos que se clausuró el domingo en Madrid.

Testigos

Numerosos testigos declaran sobre los abusos de transnacionales españolas

15 de mayo

El Tribunal Permanente de los Pueblos ha reanudado esta mañana su actividad en el marco del encuentro de movimientos sociales de América Latina, Europa y Caribe, “Enlazando Alternativas IV”. Entre los encausados que se juzgaban hoy había numerosas multinacionales españolas acusadas por violar los derechos de los pueblos o atentar contra el patrimonio ecológico.

Una de las empresas juzgadas ha sido Unión FENOSA, por el saqueo a los bienes públicos en el sector de distribución y generación de electricidad, según señaló Dolores Jarquín, del Movimiento Social Nicaragüense y de la Alianza Social Continental. Dolores Jarquín denunció: “la actitud del Gobierno español al actuar como intermediario de un protocolo de acuerdo entre la multinacional y el gobierno nicaragüense” y añadió que este acuerdo impide a los ciudadanos demandar las prácticas abusivas de la empresa ante los tribunales.

Por otra parte, Liliana Pineda, activista colombiana de Attac, afirmó que “la empresa pública Canal de Isabel II tiene su base de operaciones en Colombia, desde la que expande sus negocios de privatización del abastecimiento de agua potable en Ecuador, Venezuela, México y otros países latinomericanos”. Asimismo señaló que la privatización del abastecimiento de agua potable ha provocado un agudo descenso de la calidad del agua, junto con un aumento de los precios, que expulsan del acceso al agua potable a las personas más pobres.

Más adelante le llegó el turno a Endesa, que fue acusada por “robar, con el apoyo de la dictadura de Pinochet, una parte sustancial del patrimonio hídrico del pueblo chileno, apropiándose incluso de ríos y de sus cuencas en el Sur de Chile”, señala Juan Pablo Rego, de Ecosistemas Chile. J.P. Rego declaró que ENDESA ha desarrollado una política extremadamente agresiva basada en megaproyectos hidroeléctricos en el Sur de Chile, en tierras del pueblo mapuche.

Por último, Repsol ha sido acusada de expoliar y degradar los territorios de las comunidades indígenas. Diego Mansilla se ha mostrado preocupado porque la “política de Repsol en Perú, pone en peligro la supervivencia de grupos indígenas en aislamiento como los Waorani, Tagaeri, Taromenane, Pananujuri, Arabela y Aushiris”. En Argentina, Martín Maliqueo, de la Confederación Mapuche de Neuquén, describió cómo Repsol YPF rompe la forma de relación de su comunidad, Lonko Purán, con la tierra y la biodiversidad. “No ha desaparecido la colonización; peor aún, ahora piensan en desaparecernos para apropiarse de nuestros recursos”, concluye Maliqueo.

Centenares de personas han participado este sábado en las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos, así como en los talleres enmarcados en “Enlazando Alternativas IV”. En un ambiente distendido y amigable se ha reiterado la necesidad de buscar nuevos modelos creados desde abajo, desde la gente, desde el pueblo.

15 de mayo

Decenas de testimonios están desfilando por el Tribunal Perfecto Permanente de los Pueblos, encabezado por el jurista español Andrés Ibáñez. Uno de los más sobrecogedores fue el vídeo que la activista mexicana por los derechos humanos, Betty Cariño, hizo unos días antes de ser asesinada en Oaxaca: “Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo”.

El 27 de abril de este año, Betty Cariño, miembro del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, fue asesinada en Oaxaca. Su labor contra las transnacionales mineras la había convertido en blanco de amenazas por parte de sicarios y paramilitares. Ayer se presentó como prueba documental ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, el vídeo en el que esta activista denuncia las prácticas y violaciones de estas transnacionales con vínculos claros con empresas europeas. Sabiendo de su trágico final, los numerosos asistentes a esta sesión del Tribunal se vieron conmovidos por la declaración de Betty Cariño: “Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo”.

De gran valor pedagógico resultaron las declaraciones de Camilla Chambers, miembro de la Plataforma Haitiana para Exigir un Desarrollo Alternativo (PAPDA): “De cada dólar de ayuda norteamericana, 43 centavos se destinan a pagar a sus tropas”. Chambers también denunció el intento de “borrar la memoria del pueblo haitiano por ser un pueblo rebelde”.

A su vez, la dirigente comunitaria de Guatemala, Ramona Chacón, denunció la “represión brutal de la empresa Cementos Progreso, en complicidad con la multinacional suiza Holcim, contra las comunidades y sus representantes”. Ramona recordó la crueldad de esta empresa poniendo ejemplos concretos: “uno de nuestros dirigentes ha sido condenado a 150 años de prisión y su hijo ha sido torturado y asesinado por oponerse a las prácticas de la cementera”. Sus palabras fueron especialmente emotivas cuando concluyó que “no lograrán que abandonemos nuestra lucha en defensa de la madre tierra, de la que dependen todas nuestras comunidades”.

Tras estos testimonios hubo encendidas reacciones de destacados intelectuales y miembros de los movimientos sociales presentes. Así, la escritora y analista del Transnational Institute de Holanda, sostuvo que, “el capital de los bancos está compuesto de ayudas públicas y del dinero de los ciudadanos”, logrando que cientos de personas se pusieran en pie al grito de “los bancos son nuestros”.

Por su parte Nora Cortiñas, cofundadora de las Madres de la Plaza de Mayo, enfatizó que, "la crisis es la crisis de abajo; no llega nunca arriba. Basta que no les toque para que el mundo siga andando. No se dan cuenta de que cuando llegue la crisis climática nos tocará a todos: a ricos y a pobres."


Notas

[1] La sentencia del TPP no es solamente el resultado del trabajo de la Sesión Pública, que se ha desarrollado a lo largo de días muy intensos de manera totalmente independiente, en el contexto de la Cumbre de los Pueblos. Es la conclusión y expresión completa de una camino que a lo largo de 5 años ha implicado a una red de más de 300 grupos representativos de las poblaciones de América Latina y de Europa, comprometidos en un trabajo de colección de datos, testimonios, evidencias en todos los Países de América Latina y el Caribe para documentar la extensión y el impacto concreto de las políticas y de las prácticas cómplices de la UE y de sus ETNs sobre la vida y las posibilidades de autodeterminación de los pueblos de la Región.

Los más de 50 casos que han sido examinados por el TPP documentan dramáticamente el amplio espectro de violaciones cometidas que se confirman a lo largo de los años, gracias a un estado de substancial impunidad, nacional e internacional de todos los actores privados internacionales.

El TPP pone en evidencia que esta invisibilización de las víctimas y de los pueblos aún con respecto a principios e instrumentos de derecho vigentes, han sido considerados específicamente una característica cultural y política de los Países europeos, es la consecuencia de un acelerado y profundo cambio de paradigma que se expresa de manera ejemplar en la relación entre Europa y América Latina y el Caribe: a una reiteración formal de la adhesión a los principios del derecho corresponde una disociación sistemática de la prácticas.

La sesión del TPP de Madrid puede considerarse un modelo al documentar la complicidad, a través del análisis de los casos presentados, entre las transnacionales europeas y las instituciones de la Unión Europea, para dar prioridad exclusiva y obligatoriedad a las reglas económicas, evitando los compromisos jurídicos a favor de la autorregulación en cuanto al respeto del derecho internacional de los derechos humanos.

La orientación creciente de la Unión Europea en el sentido de privilegiar objetivos de competitividad y no brindar atención concreta a las evidencias sobre las consecuencias trágicas, aparece en total contradicción con los compromisos asumidos con el Tratado de Lisboa, que pretenden conformar su antigua vocación de ser cuna y modelo del derecho, como guía y término de referencia para la sociedad.

Retomando, calificando, articulando las acusaciones y las pruebas que han sido presentadas durante las diferentes sesiones por los testigos y los expertos que han contribuido, el TPP cumple con este dictamen que debe ser leído en todo su detalle, con su misión de traducir en términos de responsabilidad precisa de la Unión Europea y de las transnacionales las numerosas violaciones. Es tarea específica del TPP dar espacio prioritario no solamente a la denuncia de las violaciones sino a un futuro que debe ser posible. La situación presente no permite ilusiones. El TPP es perfectamente consciente que la resistencia, la lucidez, la conciencia de los pueblos son la única posible garantía de un futuro diferente. Las recomendaciones que se formulan no quieren llenar un vacío: son un cuadro de referencia donde hay obligaciones claras, posibilidades que debieran ser, pero no son, obvias. Se hacen propuestas de instrumentos de visibilidad, de afirmación, de lucha para los derechos de las víctimas, como marco de referencia para determinar si la Unión Europea y sus empresas transnacionales son capaces de decidir de manera clara e inequívoca entre los derechos de las víctimas y los derechos del mercado, y, bajo esa perspectiva poder juzgar su comportamiento.