por Lindsay Beyerstein, Jessica Lee, Matt Renner
La oligarquía estadounidense trató de crear e imponer una ley llamada «contra el terrorismo nacional» que no era otra cosa que una manera de controlar y reprimir a sus conciudadanos, especialmente destinada para todos aquellos que pongan en tela de juicio la política imperial de Washington, o que protesten contra sus decisiones. Con esa nueva ley hubiese sido muy fácil culpabilizar a un ciudadano bajo la etiqueta de «terrorista» y condenarlo, un método eficaz de eliminar a los contestatarios.En sorprendente afrenta a las libertades de expresión, privacidad y asociación de los estadounidenses, la Cámara de Representantes votó el 23 de octubre de 2007 la Ley de Prevención de la Radicalización Violenta y el Terrorismo Nacional, aprobándola con una votación de 404-6, en tanto el Senado examina un proyecto de ley que la acompaña, el S. 1959.
La ley, llamada H.R. 1955, establecería una comisión nacional y un «Centro para la Excelencia» con sede en una universidad para estudiar y proponer leyes para prevenir la amenaza de «radicalización» de los estadounidenses.
La autora del proyecto de ley, la representante demócrata por California Jane Harman, explicó: «Estamos estudiando el fenómeno de las personas con creencias radicales que pueden convertirse en personas que utilicen la violencia».
La ley señala que «aunque EEUU debe continuar sus vigilantes esfuerzos para combatir el terrorismo internacional, también debe aumentar sus esfuerzos para combatir la amenaza que representan los terroristas del país que radican y operan dentro de Estados Unidos.
Comprender los factores de motivación que conducen a la radicalización violenta y al terrorismo local, y la violencia basada en ideologías constituye un paso de vital importancia hacia la erradicación de estas amenazas en Estados Unidos».
Sin embargo, el propósito de la ley va más allá de la indagación académica. En un comunicado de prensa, Harman escribió: «La Comisión Nacional les propondrá al Congreso y [al Secretario de Seguridad de la Patria] Michael Chertoff iniciativas para interceder antes que los individuos radicalizados se tornen violentos».
La ley, estipula: “La prevención del aumento potencial de los terroristas nacionales auto-radicalizados y no afiliados no se puede lograr fácilmente sólo mediante los esfuerzos tradicionales de la inteligencia federal o de imposición del cumplimiento de la ley, y puede beneficiarse de la incorporación de esfuerzos locales y estatales».
Harman, que preside el Subcomité de de la Cámara de Representantes para la Inteligencia, Compartimiento de Información y Evaluación de Riesgos de Terrorismo, también tiene estrechos lazos con la Corporación RAND [1], un «centro de investigación y desarrollo» de derecha que parece haber influido en la iniciativa legislativa. Dos semanas antes de la presentación del H.R. 1955 el 19 de abril de 2007, Brian Michael Jenkins, de RAND, dio al subcomité de Harman testimonio sobre «Radicalización y Reclutamiento Jihadista».
En junio, Jenkins habló nuevamente ante el subcomité de Harman para discutir el papel de la Comisión Nacional. «El terrorismo interno es la principal amenaza que enfrentamos como país y, probablemente sea la principal amenaza que enfrentaremos durante décadas... A menos que encontremos la forma de intervenir en el proceso de radicalización, estamos condenados a pisar sólo una cucaracha a la vez», indicó.
En un informe de RAND divulgado en 2005 con el título «Tendencias en el Terrorismo», se dedica todo un capítulo a la «amenaza terrorista nacional» no musulmana -la amenaza de los opuestos a la globalización.
En un esfuerzo por prevenir que la gente se vuelva «propensa» a la radicalización, esta medida preventiva de control del pensamiento identifica específicamente a Internet como herramienta de radicalización: «Internet ha ayudado a facilitar la radicalización violenta, ideológicamente basada en la violencia y el terrorismo nacional en Estados Unidos, mediante la provisión de acceso a los ciudadanos estadounidenses a las amplias y constantes corrientes de propaganda relacionada con el terrorismo», dijo la demócrata Harman.
La legislación autoriza una Comisión Nacional de diez miembros (el proyecto del Senado solicita doce miembros) designados por el Presidente, el Secretario de Seguridad de la Patria, líderes del Congreso y los presidentes de los comités para la Seguridad de la Patria y Asuntos Gubernamentales del Senado y de la Cámara de Representantes.
Tras reunirse, la Comisión suministrará informes a intervalos de seis a dieciocho meses al Presidente y al Congreso, indicando sus resultados, conclusiones y recomendaciones legislativas «a fin de que se tomen contramedidas inmediatas y a largo plazo… para prevenir la radicalización violenta, el terrorismo nacional y la violencia con base ideológica».
Esta comisión tiene alarmantes semejanzas con Cointelpro, el Programa de Contrainteligencia que fue investigado en 1974-75 por un selecto comité del Senado de EEUU para las actividades de inteligencia, el Comité [Frank] Church. Este comité descubrió que desde 1956 hasta 1971, «la Oficina [FBI] realizó una sofisticada operación de vigilancia federal directamente dirigida a evitar el ejercicio de los derechos de expresión y asociación consagrados por la Primera Enmienda, basada en la teoría de que la prevención del crecimiento de grupos peligrosos y de la propagación de ideas peligrosas protegería la seguridad nacional e impediría la violencia».
El proyecto H.R. 1955 otorgaría poder al secretario del Departamento de Seguridad de la Patria (DHS, en inglés) para establecer un «Centro de Excelencia», un programa de investigación con sede en una universidad que «reúne a destacados expertos e investigadores para realizar tareas de investigación y educación multidisciplinarias a fin de dar soluciones para la seguridad de la patria».
El DHS tiene actualmente ocho centros en instituciones académicas en todo el país, fortaleciendo lo que muchos ven como un creciente complejo militar, académico y de seguridad. Harman, en un comunicado de prensa del 23 de octubre, indicó que el Centro «examinaría las raíces sociales, criminales, políticas, psicológicas y económicas del terrorismo nacional».
Hope Marston, organizador regional del Comité de Defensa de la Declaración de Derechos (BORDC) advirtió del peligro de los términos vagamente definidos en esta legislación, los cuales, abiertos a cualquier interpretación, reflejan un patrón histórico represión gubernamental generalizada.
Jules Boykoff, autor y profesor de política y gobierno en la Pacific University, se mostró alarmado ante la definición viciada, por ejemplo, de «violencia basada en ideologías» concepto que en sí mismo no logra definir los términos «amenaza», «fuerza» o «violencia».
Boykoff comentó que el proyecto de ley utilizó, los términos «extremismo» y «radicalismo» de manera intercambiable. «La palabra ‘radical’ comparte su raíz etimológica con el término ‘radish’ (rábano, en español), que significa llegar a la raíz del problema», dijo. «De modo que, si el gobierno desea llegar a la raíz real del terrorismo, entonces hablemos realmente acerca de ella.
Necesitamos hablar de las raíces económicas, de las grandes inequidades en términos de riqueza entre ricos y pobres».
Caroline Fredrickson, directora de la Oficina Legislativa de Washington de la Unión Americana para los Derechos Civiles, dijo acerca de la Ley: «La imposición del cumplimiento de la ley debe centrarse en la acción, no en el pensamiento. Necesitamos preocuparnos más bien de los que cometen crímenes que de quienes abriguen creencias que el gobierno puede considerar ‘extremas’».
Actualización de Jessica Lee
Mientras grupos que abogan por los derechos civiles y la libertad de religión les atribuyen a periodistas independientes y a activistas de base el haber ayudado a paralizar la discusión de la Ley de Prevención de la Radicalización Violenta y el Terrorismo Nacional de 2007, algunos miembros del Congreso continúan presionando por la censura de Internet y la reseña racial como acciones necesarias para prevenir el «terrorismo nacional».
La Cámara de Representantes aprobó la Ley de Prevención de la Radicalización Violenta y el Terrorismo Interno en octubre de 2007 por una votación de 404-6, pero la amplia oposición forzó al Senado a archivarla. A partir del 1ro de junio del 2008 no se programó ninguna votación para el año legislativo.
Supe de esta ley a comienzos de noviembre de 2007. Con excepción del artículo de Lindsay Beyerstein, «Análisis de la Ley de Prevención del Terrorismo Nacional» (In These Times, 11/1/07), ninguno de los medios masivos importantes informó sobre el tema, a pesar de los peligros que representaba para los derechos civiles, la privacidad, y las comunidades musulmanas y árabes en Estados Unidos. No obstante, sí descubrí una activa discusión en línea sobre el proyecto, principalmente en blogs y videos de YouTube.
Isabel Macdonald, directora de comunicaciones para la Imparcialidad y Exactitud en la Información, comentó: «Quizás, debido a la relación simbiótica entre los medios corporativos y los funcionarios del gobierno, los medios corporativos han mostrado una constante aversión a ofrecer cobertura crítica sobre la erosión de los derechos civiles. Los medios independientes -y específicamente el The Indypendent- desempeñaron un papel de importancia fundamental en cuanto a hacer pública la noticia de este proyecto de ley, y por medio de la cobertura de blogs y en Democracy Now!, mantener viva la noticia».
Un mes después de publicado el artículo del Indypendent, se llevaron a cabo mítines desde Maine a California, y numerosas organizaciones de derechos civiles, de libertad religiosa, y de musulmanes y árabes de EEUU realizaron acciones de alerta para animar a la gente a entrar en contacto con sus representantes del Congreso en un esfuerzo por detener el proyecto del Senado de ley acompañante, el S.1959.
Según miembros de grupos de presión por los derechos civiles, la protesta generalizada obligó al presidente del comité, el Senador Joseph Lieberman, demócrata por Connecticut, a dejar el proyecto de ley en suspenso.
Sin embargo, Lieberman y la líder de oposición del comité, la senadora republicana por Maine, Susan Collins, continúan afirmando que el «terrorismo nacional» islamista es una grave amenaza, y el 8 de mayo de 2008 publicaron su propio informe, sin el respaldo público de otros miembros del comité, que advertía que «la amenaza del terrorismo nacional está en aumento, instigada por la capacidad de Internet de difundir el reclutamiento básico y el mensaje de entrenamiento de violentos grupos terroristas islámicos».
En respuesta, más de treinta grupos de activistas por los derechos civiles y la libertad religiosa enviaron una carta al comité del Senado el 30 de mayo, expresando su preocupación de que el informe afectara a la libertad de expresión, apuntando injustamente a los musulmanes y definiendo la Internet como «un arma».
Un grupo de organizaciones representativas de las comunidades árabes y musulmanas estadounidenses también presentó una carta en respuesta al informe y a las sesiones del Senado, aduciendo que habían sido en gran parte excluidas del proceso legislativo y que el informe se basa en una desacreditada información de 2007 del Departamento de Policía de Nueva York, que trató de explicar el proceso de «radicalización violenta» de los musulmanes.
Poco después de la publicación del informe, Lieberman exigió que Google quitara los videos de YouTube producidos por «organizaciones terroristas tales como Al-Qaeda». Google respondió el 19 de mayo retirando ochenta videos que la compañía aceptó que violaban las Directrices Comunitarias de YouTube, que representaban violencia gratuita, abogaban por la violencia o utilizaban el lenguaje del odio.
Google, sin embargo, rechazó acceder a todas las demandas de Lieberman, que incluían la censura de todos los videos que mencionaban o mostraban a grupos que figuraban en la lista del Departamento de Estad de EEUU como organizaciones terroristas extranjeras, como por ejemplo Al-Qaeda.
«El senador Lieberman expuso su opinión... de que todos los videos que mencionan o muestran a estos grupos se debían quitar de YouTube, aún cuando fueran legales, no violentos o no incluyera lenguaje de odio», respondió Google. «YouTube apoya la libertad de expresión y defiende los derechos de cada cual a expresar puntos de vista impopulares».
Chip Berlet, analista principal del grupo de investigación Political Research Associates de Boston, dijo que, en su opinión, las acciones de Lieberman constituían un “sucio truco político” motivado por el intento de hacer que los candidatos presidenciales aceptaran una postura más agresiva en el Medio Oriente.
Las organizaciones que encabezan el esfuerzo de oponerse a la legislación incluyen a la Defending Dissent Foundation (www.defendingdissent.org), Bill of Rights Defense Committee (www.bordc.org), Center for Constitucional Rights (www.ccrjustice.org), American Civil Liberties Union (www.aclu.org) y Council on American-Islamic Relations (www.cair.com).
Actualización de Lindsay Beyerstein
El proyecto de ley para el “Terrorismo Nacional” se ha empantanado en el Senado desde octubre. El proyecto navegó por la Cámara con poco comentario público, pero posteriormente encontró una fuerte oposición del espectro político. Hasta hace poco, parecía que los grupos de derechos civiles y las organizaciones cívicas musulmanas habían bloqueado con éxito la versión del Senado del proyecto.
La iniciativa parecía destinada morir en el comité -es decir, hasta que el Senador Joe Lieberman, presidente del Comité del Senado para la Seguridad de la Patria, indicó su impaciencia por revivir el tema publicando un nuevo informe y buscando pelea con YouTube.
El 8 mayo, el senador Lieberman y la senadora Susan Collins dieron a conocer «El violento extremismo islamista, la Internet y la amenaza del terrorismo nacional», un informe bipartidista basado en las sesiones ante el Comité del Senado para la Seguridad de la Patria.
Incluso antes de darse a conocer al público, el informe llamó la atención de una coalición de organizaciones de derechos civiles encabezada por la ACLU.
La coalición expresó sus preocupaciones acerca del informe el 7 de mayo en un memorando dirigido a los miembros del Comité.
«Nuestra preocupación es que esta concentración en Internet podría ser precursora de propuestas de censura y regulación del discurso en Internet. De hecho, algunos encargados de formular políticas han abogado por cerrar sitios Web censurables», explicaba la nota.
Lieberman reafirmó esos recelos el 19 de mayo cuando escribió al Director Ejecutivo de Google (sociedad matriz de YouTube [2]) exigiendo que un número no especificado de videos de propaganda islámica fueran eliminados del popular sitio de videos compartidos. En su carta, Lieberman alegó que los videos clips eran resultado del trabajo de una sofisticada red de propaganda islámica analizada en el reciente informe de su comité. También alegó que estos videos violaban las directrices comunitarias de YouTube.
Las normas de YouTube prohíben expresamente la violencia gratuita, los discursos de odio, las amenazas, el hostigamiento y las descripciones de delitos tales como la fabricación de bombas. Cientos de miles de videos son subidos diariamente al sitio. En vez de revisar previamente sus contenidos, YouTube confía en que los usuarios señalen con una bandera aquellos que violen las normas comunitarias. Los contenidos que infringen las reglas se eliminan automáticamente.
Después de revisar los clips, YouTube se negó a quitar el grueso del material marcado con banderas por el personal de Lieberman. Se eliminó un puñado de videos que violaban los estándares comunitarios, pero el resto permaneció en el sitio.
«La mayoría de los videos que no contenían discursos de odio o violencia no fueron eliminados, porque no violan nuestras directrices comunitarias», señalaba una declaración publicada por el equipo de YouTube. La declaración continuaba afirmando el derecho de los usuarios de YouTube a expresar puntos de vista impopulares.
Lieberman no quedó satisfecho con la respuesta. «Sin importar su contenido, los videos producidos por organizaciones terroristas como Al-Qaeda, dedicados a atacar a los EEUU y a matar a los estadounidenses no se deben tolerar. Google debe reconsiderar su política», indicó Lieberman el 20 de mayo.
No ha sido programada ninguna votación, pero la batalla de Lieberman con Google ha centrado nuevamente la atención en el proyecto de ley sobre el terrorismo nacional. Después de meses de silencio, los medios establecidos finalmente comienzan a preguntar sobre el creciente entusiasmo del gobierno por monitorear el discurso «radical» en línea.
El New York Times criticó con dureza a Lieberman y al proyecto de ley en su editorial del 25 de mayo, llamándolo «censor en ciernes» cuyos esfuerzos por restringir el discurso de YouTube constitucionalmente protegido «contradice los valores fundamentales estadounidenses».
Los lectores pueden dar a conocer sus opiniones acerca del proyecto de ley sobre el terrorismo nacional entrando en contacto con sus senadores y con los miembros del Comité del Senado para la Seguridad de la Patria. Los dos punteros de la carrera presidencial de 2008 eran senadores.
Ahora es un buen momento para que los votantes presionen a los candidatos presidenciales a fin de que tomen posiciones claras con respecto al proyecto de ley sobre el terrorismo nacional. El senador Barack Obama, demócrata por Illinois, tiene un asiento en el Comité de Seguridad de la Patria, pero no contribuyó al informe. El senador John McCain, republicano por Arizona, está estrechamente aliado al senador Lieberman, especialmente en los temas concernientes al terrorismo.
Actualización de Matt Renner
Un polémico plan para estudiar y hacer un esbozo del terrorismo nacional fue abandonado después que la presión popular lo hiciera retroceder, pero el espíritu de la legislación sigue vivo en la oficina del senador Joe Lieberman.
El HR 1955, “Ley de Prevención de la Radicalización Violenta y el Terrorismo Nacional” fue aprobado por la Cámara de Representantes en octubre de 2007 con un apoyo casi unánime. El proyecto de ley cayó inmediatamente bajo el fuego de los guardianes de los derechos civiles debido a lo que muchos vieron como un interés deliberado en apuntar a los musulmanes y árabes y al efecto perjudicial que pudiera tener en la libertad de expresión.
El proyecto de ley original tenía la intención de crear una comisión gubernamental para investigar la supuesta amenaza de terroristas producidos nacionalmente y las ideologías que sustentan su radicalización.
A la comisión de diez miembros debía otorgársele poderes «para realizar sesiones y sentarse y actuar en tal momento y lugar, recoger tal testimonio, recibir tales pruebas y administrar tales juramentos como la Comisión considerara recomendable para cumplir sus deberes».
El proyecto de ley también señaló a Internet como un vehículo para que los terroristas diseminaran su ideología con la intención de reclutar y entrenar a nuevos terroristas.
Después de una significativa presión pública, el proyecto de ley se estancó en el Senado. Sin embargo, el senador Joe Lieberman (demócrata por Connecticut), presidente del Comités para la Seguridad de la Patria y los Asuntos Gubernamentales del Senado, abrazó la idea central de la legislación y ha estado trabajando por empujar hacia adelante algunos de los objetivos del proyecto de ley original, incluyendo un intento de eliminar de Internet la propaganda terrorista.
El 19 de mayo Lieberman envió una carta a Eric Schmidt, Director Ejecutivo de Google Inc., exigiendo que Google, la sociedad matriz de YouTube, «eliminara inmediatamente de YouTube los contenidos producidos por organizaciones terroristas islamistas».
«Al actuar para restringir el uso de YouTube para diseminar las metas y métodos de quienes desean matar a civiles inocentes, Google hará una contribución singularmente importante a este significativo esfuerzo nacional», escribió Lieberman.
Google reaccionó negándose a quitar los materiales que no violaran el código de conducta del sitio. «Aunque respetamos y entendemos sus opiniones, YouTube estimula la libertad de expresión y defiende el derecho de cada cual a expresar puntos de vista impopulares», señaló la respuesta de Schmidt, añadiendo: «creemos que YouTube es una plataforma más rica y para los usuarios precisamente porque alberga una diversa gama de opiniones, y más que reprimir la discusión, permitimos a nuestros usuarios que vean todos los contenidos aceptables y tomen sus propias decisiones».
Google eliminó algunos de los videos que violaban sus reglas contra discursos dirigidos al odio y la violencia, pero hizo una observación para escribir: «La mayoría de los videos, que no contenían discursos violentos o de odio, no se eliminaron porque no violan nuestras Directrices Comunitarias».
Según activistas de los derechos civiles, el senador Lieberman encabezó un esfuerzo por censurar el discurso en Internet. Recientemente, su comité dio a conocer un informe titulado «El extremismo islamista violento, la Internet y la creciente amenaza del terrorismo nacional», que detallaba el uso de los sitios Web como herramientas de Internet para difundir propaganda pro- terrorista.
El informe culpa repetidamente de «radicalización» a sitios Web y tertulias digitales (chats), llamando “portales” a los sitios a través de los cuales terroristas potenciales pueden «participar en el violento movimiento global islamista y reclutar a otros para su causa». Como lo han señalado grupos por los derechos civiles, el informe se centra únicamente en una visión del terrorismo asociado al Islam.
Caroline Fredrickson, directora de la oficina legislativa de la ACLU en Washington D.C., dijo que Lieberman «está tratando de decidir lo que él cree que debe aparecer en Internet», lo cual, dijo, «huele a un interés por censurar toda clase de diálogo diferente». «Si alguien critica el trato de Israel a los palestinos y favorece a Hamas, ¿debe ser censurado?», preguntó Fredrickson.
Comentario de Mickey Huff, autor del capítulo 14:
La cobertura de esta noticia por estos periodistas resulta altamente encomiable. Sin embargo, otro elemento que parece haber sido censurado con respecto a la posible aplicación de las H.R. 1955 y S. 1959, incluso en cobertura de prensa independiente y progresista, es la especificidad de los posibles activistas locales mencionados en las sesiones que la Representante Jane Harman realizó en Washington DC.
Aunque los autores ya mencionados se refieren a los activistas a favor de los derechos de los animales y contrarios a la globalización como blancos potenciales de este proyecto de ley, ninguno menciona a los activistas y especialistas de «La verdad del 11 de Septiembre» (9/11 Truth) aun cuando fueron citados por nombre en las sesiones de Harman en el Capitolio. (Para posibles explicaciones y más información sobre el modelo de propaganda dentro de la prensa progresista de izquierda, ver el Capítulo 7 de Proyecto Censurado 2008).
Entre las reclamaciones de quienes testificaron ante el Congreso sobre la «necesidad» de la H.R. 1955 estaba la de que todo el que cuestione la línea oficial del gobierno es afín a un terrorista o un partidario esencial del terrorismo. Uno los que hablaron, Mark Weitzman, del Centro Wiesenthal (irónicamente, fundado por el sobreviviente del holocausto Simon Wiesenthal para educar al público sobre los crímenes de guerra), afirmó que los arquitectos, ingenieros y científicos que duden de la narración oficial del 11 de Septiembre son iguales a los presuntos grupos jihadistas violentos.
Esto se dio a entender, aún más, en una presentación de Powerpoint en la que Weitzman mostró el sitio Web del arquitecto Richard Gage http://AE911Truth.org junto a los sitios jihadistas acusados de violencia. Gage ha criticado la historia oficial sobre la destrucción de las torres gemelas y el WTC 7 ocurrida el 11 de Septiembre. Sobre la base de su pericia profesional en edificios de estructuras de acero, Gage sostiene que los edificios no pudieron venirse debajo de la forma explicada por el gobierno y ofrece teorías alternativas apoyadas por pruebas. Sin tener en cuenta si uno cree los contraargumentos acerca de los hechos del 11 de Septiembre, no se debe criminalizar la libertad de expresión y el cuestionamiento de la versión del gobierno en asuntos tan cruciales.
Ésta es la última vuelta de la confrontación oficial entre terroristas y activistas en EEUU. ¿Existe algún vínculo comprobado entre los grupos antes mencionados? No, no existe, pero eso no evitó que alguna gente simplemente dijera eso para el archivo público sin proporcionar ninguna prueba. Jane Harmon, copatrocinadora del proyecto de ley por los demócratas, no solicitó ninguna, ni invitó a la refutación. Esto es una reminiscencia del macartismo del período de la Amenaza Roja de los años 50 del siglo pasado.
Escribí originalmente sobre esta cuestión aquí:
http://mythinfo.blogspot.com/2007/1...
http://www.911truth.org/article.php...
El video de la sesión puede verse aquí (39 minutos de duración):
http://www.c-spanarchives.org/libra...
Otros vínculos:
Violent Islamist Extremism, the Internet, and the Home Grown Terrorism Threat
http://hsgac.senate.gov/public/_fil...
New York Times Editorial on Lieberman’s attempt to censor YouTube
http://www.nytimes.com/2008/05/25/o...
Lieberman’s Response to New York Times Editorial:
http://www.nytimes.com/2008/05/25/o...
Lindsay Beyerstein
Jessica Lee
Matt Renner
Fuentes:
Indypendent, November 16, 2007
Título: “Bringing the War on Terrorism Home”
In These Times, November 2007
Título: “Examining the Homegrown Terrorism Prevention Act”
Truthout, November 29, 2007 Título: “The Violent Radicalization Homegrown Terrorism Prevention Act of 2007”
Autor: Matt Renner
Estudiantes investigadores: Dan Bluthardt and Cedric Therene
Evaluador académico: Robert Proctor, Ph.D.
[1] Lobby del complejo militar-industrial estadounidense. Ofrece servicios de investigación y análisis a las fuerzas armadas de ese país. Sitio web: http://www.rand.org/
[2] YouTube es un sitio Web que permite a los usuarios compartir videos digitales en Internet.
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