LONDRES, 2010. Protestas contra la guerra de Iraq y la participación de Tony Blair durante la celebración de la comisión Chilcot
LA COMISIÓN CHILCOT REVELA INFORMACIONES TRASCENDENTES
La investigación de la comisión Chilcot está sacando a la luz nueva información sobre la implicación de Tony Blair y su Gobierno en la manipulación de la opinión pública para ir a la guerra.
Ástor Díaz Simón,
DIAGONAL
Miércoles 10 de marzo de 2010.
El verano pasado, Gordon Brown anunció la creación de una comisión de investigación para esclarecer públicamente las razones que llevaron al Reino Unido a la guerra, con poderes para reclamar cualquier documento público relevante y hacer comparecer a cualquier ciudadano británico cuando estime necesario. Esta iniciativa, que comenzó sus sesiones de trabajo el 24 de noviembre, ha desatado multitud de críticas desde la oposición y la opinión pública, motivadas en su mayor parte por la falta de cualificación y autoridad de los miembros de la comisión.
También se ha puesto en cuestión su falta de competencia para extraer testimonios fiables y la potestad que se arroga el Ejecutivo para vetar, a su elección, fragmentos del informe final que puedan ser dañinos para “el interés público, la seguridad nacional o los intereses económicos del Reino Unido”. La depuración de responsabilidades legales o políticas no se encuentra entre los fines declarados en el protocolo de esta comisión, con lo que el valor del texto final será sólo nominal e informativo.
Informaciones inéditas
Más allá de las consecuencias penales y políticas que no se derivarán, esta investigación está permitiendo asomarse al proceso interno de construcción del casus belli contra Iraq que se dio en Downing Street en los meses previos a la invasión, en algunos casos con revelaciones sorprendentes por parte de los protagonistas del proceso.
Ya en diciembre, Tony Blair aseguró en la BBC que habría invadido Iraq “incluso sin indicios de la existencia de armas de destrucción masiva” y que habría “encontrado una vía para justificar la guerra ante el Parlamento y el público británico”.
Algunos comentaristas políticos han sugerido que se podría tratar de un intento de allanar el terreno ante comparecencias que podrían poner de manifiesto contradicciones y falsedades planteadas en el pasado por el gabinete laborista.
Este caso ya se dio el 30 de noviembre con la comparecencia de Sir David Manning, ex asesor de política exterior de Blair, que desveló la “voluntad del primer ministro de acometer el cambio de régimen en Iraq por la fuerza, una vez que las medidas de la ONU hubieran fracasado”.
Poco después, se filtró a la comisión una trascripción de la reunión Blair-Bush en Crawford en 2002, en la que se revela que “el Reino Unido participaría en acciones armadas a condición de crear una coalición internacional y una campaña para moldear la opinión pública”. En este contexto, se está haciendo visible hasta qué punto el Gobierno de Tony Blair ignoraba y tergiversaba las informaciones que le suministraban sus propias agencias y servicios de inteligencia.
El 15 de marzo de 2002, el Gabinete Conjunto de Inteligencia, al servicio de la oficina del primer ministro, informaba a Downing Street de que “Iraq tiene una capacidad insignificante de producción de armas de destrucción masiva”. Un mes más, tarde Blair declaraba en la NBC que “Sadam tiene reservas sustanciales de armas químicas y biológicas”.
El proceso de construcción de la guerra también trajo consigo la supresión de opiniones discrepantes dentro de las mismas filas del laborismo. El caso más notorio fue el de David Kelly, inspector de armamento de la ONU destacado en Iraq y asesor del Gobierno en materia de armas químicas. En 2003, los trabajos de Kelly constituían la mayor objeción al dossier sobre armas de destrucción masiva que el Gobierno estaba intentando colar a la opinión pública. En julio de ese mismo año, Kelly fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas. El escándalo obligó al laborismo a encargar una investigación pública al reputado jurista Lord Hutton, que duró seis meses y tuvo un notable seguimiento internacional. El informe final exoneraba al Gobierno de cualquier responsabilidad, determinó que Kelly se suicidó y provocó tres dimisiones dentro de la BBC. Sin embargo, en diciembre de 2009 un grupo de médicos inició acciones legales para revisar las circunstancias de la muerte de David Kelly, alegando que “no había suficientes pruebas para demostrar más allá de la duda razonable que Kelly se suicidara”. En enero, Lord Hutton ordenó que todos los archivos relacionados con la muerte del Dr. Kelly permanecieran en secreto durante 70 años, por razones que ni él ni el Ministerio de Justicia han llegado a explicar. El otro miembro del Gobierno que experimentó las consecuencias de la disidencia en este proceso fue Lord Goldsmith, fiscal general del Estado, que asesoró a Tony Blair en materia legal durante las etapas previas a la invasión. En un memorándum dirigido al Ejecutivo, que posteriormente fue filtrado a la prensa, Goldsmith advertía de que la invasión no sería legal en ningún caso y que sería imposible venderla en esos términos.
Según The Guardian, Blair no sólo ignoró sus consejos, sino que le proscribió de toda reunión de gabinete, instándole a ofrecer consejo sólo cuando fuera a favor de la legalidad de la guerra.
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