El ‘menage a trois’ de la formación continua

La competitividad, pretexto para el reparto de fondos

A pesar de las dudas que suscita la formación continua, la Fundación Tripartita se ha convertido en un actor clave en este campo.

D. Araya / M. Martín*
Lunes 11 de enero de 2010
MARÍA CALZADILLA

La formación continua, como requerimiento sine qua non que todo trabajador o trabajadora debe cumplir si quiere insertarse en el mundo laboral, puede ser leída de múltiples maneras. Pero, lo cierto es que la idea que se ha ido introduciendo paulatinamente en el discurso social tiene un referente claro y concreto. La formación continua constituye ante todo “un objetivo estratégico para reforzar la productividad de nuestras empresas y su competitividad en el nuevo escenario global”, tal y como aparece en el Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo de 2006, incluido dentro del pacto social.

En torno a este concepto, cuya línea de origen se puede trazar en la Estrategia de Lisboa, el Gobierno español ha llevado a cabo una serie de intentos de potenciar este aspecto, crucial para el buen desarrollo económico de la UE, y que deja buenas ganancias a quienes han de prestar los servicios educativos. Así es que en el Estado español se establecen las directivas que en esta materia se deben seguir bajo el marco de los Acuerdos Nacionales de Formación, que son consensuados dentro del Diálogo Social que entablan cada cierto tiempo Gobierno, patronal y sindicatos mayoritarios. Actualmente se encuentra en vigor el IV Acuerdo, base de la estructura que el Estado establece a fin de cumplir con el objetivo de la Formación Continua.

Macroestructuras

La Comisión Estatal de Formación para el Empleo, constituida por las patronales y sindicatos más representativos, es la encargada de que se cumpla la normativa vigente así como de la distribución de los recursos presupuestarios destinados a formación. La Comisión Estatal de Formación para el Empleo se constituye, además, como el principal órgano de participación de las administraciones públicas e interlocutores sociales y de consulta en materia de formación para el empleo. Por otra parte, se encuentran en el ámbito estatal el Servicio Público de Empleo Estatal y la Fundación Tripartita. Además, forman parte de esta macroestructura las Comisiones Paritarias Estatales, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Públicas. Estructuras en las que en mayor o en menor medida, participan además del Estado, las organizaciones sindicales mayoritarias y las empresariales.

La fundación Tripartita para la Formación del Empleo nació a raíz del III Acuerdo Nacional de Formación, constituyéndose definitivamente a partir de 2004. El referente previo fue la Fundación para la Formación Continua (Forcem), que se fusionó con la Tripartita. La principal novedad que implicó la creación de esta nueva fundación tiene que ver con el órgano encargado de llevar a cabo la gestión, que en el caso del Forcem era el INEM, en tanto en la nueva estructura se integran al patronato, además de la administración pública, los sindicatos UGT, CC OO, la Conferencia Intersindical Galega (CIG) y las patronales, CEOE y Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME). Nace entonces la Fundación Tripartita bajo la idea de optimizar los recursos y simplificar los procedimientos para que los trabajadores participen en los procesos de formación. Pero otro aspecto fundamental tuvo que ver con el interés en hacer entrar al negocio de la formación, ya no sólo a los sindicatos oficiales (que antes eran los más beneficiados), sino también al sector privado.

Subvenciones a empresas

Así, la Tripartita se encarga de canalizar las subvenciones a las empresas y sindicatos que prestan los servicios, verifica que se cumplan las normas, y suministra las informaciones que requieren trabajadores y empresarios que quieren participar de la Formación Continua. Todo esto se financia por la cuota de formación profesional que se descuenta a todos los trabajadores por parte de la Seguridad Social (un 0,35% del sueldo), así como por las ayudas del Fondo Social Europeo y de las aportaciones establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. En total, para el año 2010, se han presupuestado 2.696 millones de euros.

La idea es que, en la medida en que los trabajadores sean capaces de estar formándose continuamente, podrán adaptarse mejor a las condiciones de riesgo del actual mercado laboral. Es por esto que se gastan ingentes cantidades de recursos en subvenciones a empresas y sindicatos para que, a través de distintos cursos, entreguen herramientas que le sirvan a los trabajadores en sus empresas y les sean de utilidad a la hora de buscar un nuevo trabajo. Esto, sin embargo, queda en entredicho cuando se presta atención a las declaraciones del director gerente de la Fundación Tripartita, Carlos Gómez Plaza, quien al asumir el cargo afirmó que “la formación tal y como se ha desarrollado en los últimos años está mal planificada, mal gestionada y mal construida. (...) Según los estudios sobre el impacto de los cursos que se imparten a los trabajadores, sólo el 6% de lo aprendido resulta aplicable en la empresa. Es un desastre”.

* Daniel Araya y Miguel Martín, de la Asamblea de Parados de Madrid