Roto el diálogo, se agudiza la tensión.
Tras la ruptura de las negociaciones entre Zelaya y Michelleti, la Resistencia vuelve a la movilización. Ante el aislamiento, los golpistas reciben apoyos de los sectores más conservadores del planeta.
Decio Machado
(Tegucigalpa, Honduras)
Martes 27 de octubre de 2009.
Cuando se cumple más de un mes desde que el presidente depuesto Manuel Zelaya regresara por sorpresa al país, la situación en Honduras no ha mejorado. El 18 de octubre, Zelaya rechazó la propuesta del presidente de facto Roberto Michelleti, suspendiendo el Diálogo de Guaymuras iniciado el pasado 7 de octubre bajo los auspicios de la OEA.
Michelleti pretendía que fuese la Corte Constitucional –la misma que dirimió que la cuarta urna de consulta popular era inconstitucional– la que decidiese si Zelaya debe volver al poder.
La discusión se centró sobre el órgano estatal que debía decidir el punto nº 6 del Pacto de San José, que habla de la restitución de Zelaya.
Mientras el presidente derrocado insistía en que debe ser el Congreso Nacional el órgano que decida sobre este punto, Micheletti apostaba en un primer momento por la Corte Suprema de Justicia, para luego entregar una última propuesta que consistía en que la misma mesa negociadora decida sobre el retorno de Zelaya. Esta propuesta no encontró consenso y llevó a la ruptura de negociaciones.
Los candidatos presidenciales mejor posicionados según las últimas encuestas, Elvin Santos (Partido Liberal) y Porfidio Lobo (Partido Nacional), defienden que la resolución del conflicto se base en el reconocimiento de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Ambos postulantes están acusados de haber tenido relación directa con el golpe de Estado.
Por su parte, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vázquez, afirmaba el pasado 15 de octubre que el país estaba “casi al final” de la crisis política, discurso ampliamente repetido por diferentes sectores conservadores del país.
Según declaran a DIAGONAL fuentes de la resistencia, “el diálogo fue una herramienta del Gobierno de facto para apaciguar cualquier acción de la resistencia o las repercusiones en la comunidad internacional, extender la permanencia del golpe en el poder y garantizar que las elecciones se realicen el 29 de noviembre”.
La dirigencia del Partido Unificación Democrática (UD), la tercera fuerza política del país, decidió el pasado 19 de octubre retirarse de la contienda electoral, por considerar que los comicios son inconstitucionales sin la restitución del presidente legítimo, por lo que exige su retorno al poder, al igual que la directiva central del Partido de Innovación y Unidad (PINU), quien subordinó su participación en el proceso electoral a esta misma condición. Ambos, adicionalmente exigen la instauración de un proceso constituyente.
Mientras tanto, Brasil presentó ante la ONU una denuncia por los actos de tortura que el Gobierno de facto se encuentra realizando de forma cotidiana contra las personas que se encuentran en la Embajada de Brasil. Fuentes provenientes de la ONU indican que la opción brasileña estaría enmarcada en una intervención de ‘cascos azules’ similar a la realizada en Haití tras el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide.
Personalidades académicas de la Universidad de Tegucigalpa que pidieron anonimato en sus declaraciones indican: “Durante las noches hay fuertes movimientos en los puertos principales y carreteras del país. Al parecer llegan suministros tanto militares como de alimentos y otros enseres para apoyar la continuidad del Gobierno golpista. Estas mercancías estarían llegando desde EE UU, Panamá y Colombia, además de otros sectores privados vinculados con los sectores más reaccionarios del continente”.
¿Hacia un conflicto armado?
DIAGONAL ha podido constatar que existe un fuerte movimiento interno por conseguir armamento en las fronteras de Honduras. Esta información fue confirmada por el presidente Daniel Ortega en declaraciones públicas, lo que permite adelantar una agudización de la crisis tras de la ruptura del diálogo. A esto, se debe sumar la denuncia de la ONU sobre la contratación de, al menos, 40 paramilitares colombianos para brindar seguridad a los grandes terratenientes del país.
Dentro de este contexto, se visualizan estrategias separadas por parte de la resistencia y el presidente Zelaya. Según declara a DIAGONAL Juan Barahona, uno de los líderes de la resistencia: “El presidente Zelaya ya ha dicho que está dispuesto a firmar el Acuerdo de San José y a renunciar a la Asamblea Constituyente durante el período que falta para que termine su mandato. Nosotros vamos a respetar esta posición. Sin embargo, como resistencia, no vamos a renunciar nunca a impulsar la Constituyente y seguiremos movilizándonos mientras esta condición no se dé”.
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Escalada represiva tras el fin de la negociación
La represión del Gobierno golpista continúa, y según nos indica Rafael Alegría, líder de Vía Campesina y de la Resistencia Nacional, “se registran 22 muertos de momento, entre ellos Jairo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Formación Profesional”.
Según relata a DIAGONAL el portavoz del comité de abogados de la Resistencia, “aunque se redujo la represión durante el diálogo, en la actualidad hay más de cien personas con resolución de prisión, acusados por sedición que podrían llegar hasta diez años de prisión”. Y prosigue: “Ya hay una denuncia presentada a la Corte Penal Internacional por una organización de prestigio internacional que inculpa al Gobierno golpista por los crímenes que está cometiendo”.
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