27 de octubre de 2009
Mónica Bruckman
(REVISTA MARIÁTEGUI - PRENSA DE FRENTE)
A 3 años de su asunción, el presidente peruano Alan García ha endurecido fuertemente la represión contra los movimientos sociales, indígenas, ambientalistas y la izquierda, que se oponen a su política “modernizadora”.
El gobierno pretende legalizar la impunidad de las fuerzas armadas, en momentos en que Perú reviste una importancia estratégica como freno ante la consolidación de los gobiernos progresistas de la región. De 2004 a 2009, al menos 55.350 militares estadounidenses ingresaron en territorio peruano. Perú reviste una importancia estratégica para las derechas tanto estadounidense como latinoamericanas.
En febrero de 2008, dos campesinos fueron ejecutados por miembros de la policía que reprimía el bloqueo de rutas durante un paro nacional agrario en la región de Ayacucho. Algunos días más tarde, el presidente peruano Alan García declaraba: “La policía ha actuado con mucha convicción y decisión, y yo felicito a la policía, está muy bien que defienda al Perú (…) Que sirva de lección a los que promueven públicamente el paro y a la agitación; que sepan a dónde conduce esto” (1).
Estas amenazas se sustentan en un aparato legal creado bajo el gobierno de Alberto Fujimori, después endurecido por el gobierno de García, que permite la criminalización de los movimientos sociales y la impunidad de las fuerzas armadas en sus acciones represivas. Los militares, igual que la policía, se sienten autorizados a utilizar libremente sus armas contra los que protestan, sin tener que responder ante la justicia por las heridas o las muertes causadas.
Calificados de “extorsionadores”, los manifestantes se exponen a veinticinco años de prisión. Las autoridades que sostienen las huelgas son condenadas también por“extorsión”. Cualquier persona puede ser arrestada sin orden judicial y quedar incomunicada durante diez días. La policía puede intervenir en la investigación sin el aval del procurador… El gobierno de Fujimori recurrió a grupos paramilitares; Alan García creó un cuerpo legal que legitima su accionar.
Efectos sociales del neoliberalismo
Fundada en los años 20, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el partido oficialista, experimentó a lo largo del tiempo importantes transformaciones ideológicas. A la concepción anti-imperialista de su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre sucedió la doctrina de García, llamada del “perro del hortelano”: el perro que no come ni deja comer (2). Ya en 2007, amonestaba a los pobres: “Es necesario que dejen de pedir; eso los hace parásitos” (3). El presidente García definió a los movimientos sociales, los indígenas, los ambientalistas y la izquierda como los enemigos de su política “modernizadora”, asimilándolos a ese “perro del hortelano”.
Esta modernización fue elaborada en gran parte en el marco de las negociaciones bilaterales del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos el 4 de diciembre de 2007. Allí se reúnen los ingredientes clásicos del neoliberalismo: privatización de los recursos naturales y energéticos; tala por concesionarios en el corazón de la selva amazónica para atraer el capital privado; venta de tierras de las comunidades campesinas e indígenas; intensificación de la industria minera gracias a la disminución de los impuestos que pesan sobre esa actividad; privatización del agua destinada al riego agrícola… Incluso el mar está cedido por lotes a grandes empresas.
Tratándose de Perú, la privatización de las tierras indígenas no plantea solamente un problema económico, algo que, de por sí, sería ya suficientemente grave; atenta contra una manera de ver el mundo. Para los indígenas, la tierra representa no sólo un medio de producción que les ha sido expropiado desde el comienzo de la colonización europea, sino un espacio donde, como dicen, “nuestros hijos pueden vivir” y “ser felices”. Una filosofía en la cual defender la preservación del medio ambiente equivale simplemente a defender la vida.
De allí la lucha que dirigen contra los Decretos Nº 1.090 (ley de bosques y de fauna silvestre) y Nº 1.064 (régimen jurídico para la explotación de las tierras agrícolas) que ratifican la mercantilización del Amazonas y de las tierras de las comunidades. Doce meses de protestas populares dirigidas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) para exigir la derogación de esas leyes precedieron a un paro regional de casi sesenta días. A la propuesta de una mesa redonda hecha por la Aidesep para entablar negociaciones, el Gobierno respondió con la instauración del estado de emergencia. El 5 de junio, en Bagua, una intervención de las fuerzas del orden decididas a desalojar a miles de indígenas que bloqueaban las rutas principales se convierte en una tragedia: veinticuatro policías y diez civiles muertos (además de un número indeterminado de personas desaparecidas). García denuncia a los elementos “subversivos”, menciona “una agresión cuidadosamente preparada contra el Perú” y culpa implícitamente al presidente boliviano Evo Morales y al venezolano Hugo Chávez, de haber fomentado la revuelta indígena.
Pero el Gobierno rechaza la formación de una comisión de investigación reclamada por el movimiento indígena. Y con razón… El 7 de agosto, valientemente y por propia iniciativa, la procuradora Luz Marlene Rojas Méndez abre la instrucción contra dieciséis oficiales (entre los cuales figuraban dos generales), todos miembros de la policía nacional, a los que acusa de un uso desproporcionado de la fuerza, cuando los “indígenas sólo utilizaron para su defensa armas rudimentarias (lanzas), de uso común, objetos contundentes como piedras y palos” (4).
Centro de operaciones
En el plano geopolítico, Perú reviste una importancia estratégica para las derechas tanto estadounidense como latinoamericanas. Allí pueden operar libremente contra los gobiernos de izquierda que amenazan sus intereses. Así es que le fue concedido el asilo político a Manuel Rosales, el antiguo candidato de oposición en la elección venezolana, prófugo desde que se abrieron las causas por enriquecimiento ilícito. O, incluso, a Jorge Torres Obleas, ex ministro boliviano perseguido por la justicia de su país por su presunta implicación en la muerte de sesenta y tres personas, cuando ocurrieron las manifestaciones contra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en El Alto, en 2003.
El territorio peruano se convirtió también en un centro de operaciones de las fuerzas armadas estadounidenses. Una observación atenta de los desplazamientos de sus tropas y unidades navales revela que, de 2004 a 2009, al menos 155.350 militares estadounidenses ingresaron en el territorio peruano (5). Y que la duración media de la estadía se alarga a partir de 2006: de cien a doscientos setenta y siete días cada entrada. Actividades de información, “apoyo informativo”, “entrenamiento contra el narcoterrorismo”, etcétera, las actividades de estas patrullas se concentran en zonas de fuerte conflicto social: la jungla y su periferia.
La costa oceánica, por su parte, hace ahora las veces de centro de operaciones para la cuarta flota de Estados Unidos en el Pacífico. Sus fragatas lanzamisiles y otras unidades navales realizan ejercicios de entrenamiento para la guerra de superficie, la antisubmarina y la aérea, en cooperación con sus homólogos de Perú.
Los puertos son utilizados para el reaprovisionamiento de barcos y el descanso de las tripulaciones. A esta situación de subordinación estratégica frente a Washington se agrega la integración militar creciente entre Perú y Colombia. Se concretiza en maniobras comunes en las zonas fronterizas, maniobras que incluyen operaciones aéreas, el establecimiento de canales de comunicación y de procedimientos de coordinación así como el entrenamiento de los estados mayores. Durante el primer semestre de 2009, se realizaron cuatro ejercicios conjuntos, precisamente en la región donde operan las patrullas del ejército de Estados Unidos.
El apoyo total del Gobierno peruano a la inauguración de bases militares estadounidenses en Colombia y el estrechamiento constante de vínculos con el presidente Álvaro Uribe colocan a Lima en el dispositivo continental de freno al avance de la izquierda en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela.
Históricamente, los movimientos sociales peruanos disponen de una enorme capacidad de movilización y de protesta. En 1978, provocaron la caída de la dictadura militar de Francisco Morales Bermúdez; en 2000, la del régimen fujimorista. En 1985 les faltó poco para llegar al Gobierno, con Alfonso Barrantes, candidato de la Izquierda Unida (IU). Al sostener la campaña de Ollanta Humala en las últimas elecciones de 2006, permitieron al Partido Nacionalista convertirse en la segunda fuerza del país. Por la polarización que engendra, la política brutal de García crea las condiciones para una ofensiva de estas organizaciones políticas progresistas. La represión es un arma poderosa, pero también muy peligrosa: puede volverse en contra de quien la usa.
Notas:
1) La República, Lima, 21-2-08.
2) Alan García, “El síndrome del perro del hortelano”, El Comercio, Lima, 28-10-07.
3) “Perú: el presidente Alan García pide a los pobres ‘que dejen de pedir’”, 25-2-07. En: www.eldiarioexterior.com
4) http://peru.indymedia.org/news/2009/08/45463.php
5) Esta cifra comprende las entradas previstas hasta fines de 2009. Las estadísticas fueron elaboradas tomando como fuente las resoluciones legislativas de autorización de entrada del personal militar y unidades navales extranjeras sobre el territorio peruano aprobadas por el Congreso; los cálculos fueron efectuados con todos los registros disponibles en su base de datos. Sin embargo, la cifra real podría ser superior: algunas autorizaciones no indican ni el número de hombres ni el equipamiento militar que entran en el país. En el año 2005 en particular, un año electoral, no hay anexos disponibles.
Monica Bruckman es Socióloga e investigadora en Ciencias Políticas, red Unesco, Universidad de las Naciones Unidas sobre la Economía Global y el Desarrollo Sostenible, Río de Janeiro.
Traducción: Florencia Giménez Zapiola
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