Reuters/EP
Analistas internacionales advierten, una vez más, del gravísimo conflicto en Yemen entre Gobierno e rebeldes huthi el cual ha sido integrado por las autoridades de Saná dentro de un triple enfrentamiento entre el Ejército, los combatientes islámicos del norte y los secesionistas del sur del país, que ha causado hasta el momento miles de víctimas y más de 100.000 desplazados ante la incapacidad de la comunidad internacional para detener el derramamiento de sangre.
De momento, la tensión persiste entre el Gobierno yemení y los rebeldes chiíes huthi, denominados como Shabab al Muomineen (La Juventud Creyente) que a pesar del alto el fuego unilateral declarado este mes por el Ejecutivo del presidente yemení, Ali Abdulá Saleh, mantienen su ofensiva contra las autoridades, incrementando la inestabilidad en uno de los países más pobres de la península arábiga, que ve cómo sus reservas de petróleo se están agotando a gran velocidad, proporcionalmente a su explosivo aumento de población.
Los rebeldes, que operan resguardados en terreno montañoso, están liderados por Abdul Malek Al Huthi. Los huthi abrazan la rama zaydista del Islam, no excesivamente radical. En realidad, se declaran como un grupo nacionalista que lucha contra "la política de discriminación" de contra los ciudadanos del norte de Yemen, en la frontera con Arabia Saudí. Las autoridades acusan a los rebeldes de querer restaurar un régimen clerical como el que prevaleció en Yemen hasta los 1960.
"El Gobierno ha intentado relacionar las tres crisis, los secesionistas en el sur, los Huthis y Al Qaeda, como si fueran un eje doméstico del mal", según el experto de la universidad de Princeton, Gregory Johnsen, quien no advierte evidencia alguna de una posible conexión entre los rebeldes y la red terrorista internacional, salvo en algunas exhibiciones "puramente retóricas y de propaganda".
PROBLEMA HUMANITARIO
La provincia norte de Saada, cerca de la frontera saudí, es absolutamente inaccesible para todos los foráneos exceptuando a las agencias de ayuda. Todos los días, la población de la región vive atemorizada por el vuelo de los aviones de combate MiG durante sus misiones de bombardeo.
Son dos millones de personas cuya crítica situación rara vez sale a la luz dado el "apagón mediático" que impide conocer con precisión la escala de la violencia que tienen lugar diariamente en la frontera. Sólo se tiene constancia de vagas cifras que hablan de "centenares de muertos y heridos" en ambos bandos desde el reinicio de las hostilidades el mes pasado.
Naciones Unidas proporciona cifras de desplazados un poco más precisas. El pasado viernes anunció que más de 100.000 personas habían abandonado sus hogares, el prolegómeno de "una crisis humanitaria" en el país árabe, mientras los mediadores internacionales, con Qatar a la cabeza, parecen incapaces de poner fin al enfrentamiento.
La Unión Europea expresó esta semana su "preocupación" por la escalada de violencia en la región de Saada, y por el riesgo de que este conflicto se extienda al resto del país, por lo que instó a las partes implicadas a aceptar un alto el fuego "inmediato".
Y mientras, el Gobierno del presidente insistía esta semana en enviar refuerzos a la montañosa provincia de Saada para poner fin a lo que calificó de "guerra sistemática", que sólo el pasado domingo se cobró la vida de un centenar de rebeldes.
El ministro de Exteriores yemení, Abubakir Al Qirbi, acusa a los rebeldes de interpretar la declaración de alto el fuego del año pasado como un "signo de debilidad" que terminó desencadenando la última ronda de enfrentamientos. "Parece que han sido los huthis quienes han comenzado esta lucha, porque lo que menos necesita el Gobierno es otro conflicto con ellos", explicó, aduciendo el reinicio de los enfrentamientos a motivos puramente económicos. "Les hace falta dinero en efectivo (a los rebeldes)", indicó.
Los rebeldes yemeníes rechazaron este mes la oferta de alto el fuego presentada por el Gobierno y rechazó haber secuestrado a civiles, como se le acusa. El líder rebelde indicó que la oferta sólo tenía la intención de "incitar a error a la opinión pública", y acusó al Gobierno de no intentar buscar una verdadera solución al conflicto.
Al Huthi aseguró que su grupo "está comprometido con la opción de la paz", pero que "si las autoridades continúan con sus agresiones, la defensa propia es un derecho legítimo y sagrado". Asimismo, denunció que el Gobierno ha cometido "crímenes contra la Humanidad en las localidades de Saada".
Yemen anunció este mes seis condiciones para el establecimiento de un alto el fuego entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes chiíes que operan en el norte del país árabe, según anunció el Consejo Supremo de Seguridad yemení.
Las condiciones para la tregua en la provincia montañosa de Saada (norte) incluyen la retirada de los rebeldes de todos los distritos de esa provincia, la retirada de todos los puestos de control que dificultan el movimiento de los civiles y la clarificación del destino de los extranjeros que han sido secuestrados.
RECONSTRUCCIÓN INTERRUMPIDA
El Gobierno mantiene que, durante el período en vigor del alto el fuego, ha evitado en la medida de lo posible enfrentarse a los rebeldes. Y sin embargo, los analistas denuncian que el presidente ha ignorado las peticiones de la comunidad internacional para que detenga los bombardeos sobre el norte del país, que son ineficaces en su mayor parte ya que lo único que hay al descubierto en Saada son poblaciones civiles.
Además, ciertos oficiales yemeníes han responsabilizado, siempre desde el anonimato, al Gobierno iraní de apoyar a los rebeldes huthi. Irán, a su vez, responsabiliza a las Fuerzas Aéreas saudíes de atacar por aire a los rebeldes.
Tanto Teherán como Riad han negado estas acusaciones. De hecho, el Gobierno iraní solicitó el pasado lunes que se alcanzara una solución política al conflicto, que calificó de "problema interno de Yemen".
Dicho enfrentamiento tiene sus raíces históricas en 1962, cuando es derrocado el imamato zaydi. Desde entonces se han registrado en el país tensiones sectarias entre los chiíes zaydi y los salafistas suníes inspirados, y presuntamente financiados, por Arabia Saudí. Para complicar la situación, el propio presidente Saleh profesa la rama zayidi. Este nexo con los rebeldes no le impidió, en 2004, dar caza y muerte al entonces líder de los rebeldes, Hussein al Huthi, lo que desembocó en nuevos episodios de violencia.
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