Crisis. Democracia. Izquierda,

x Agustín Morán

En el artículo “Más dura será la caída”, hace casi 3 años, analizamos el previsible impacto de la crisis económica en España. Hoy, todos los indicadores muestran que somos uno de los países más afectados. Se destruye riqueza social: el producto interior bruto (riqueza producida durante un año) ha sido negativo tanto en 2008 (-2%) como en 2009 (-3,1%).

En el artículo “Más dura será la caída”, hace casi 3 años, analizamos el previsible impacto de la crisis económica en España. Hoy, todos los indicadores muestran que somos uno de los países más afectados. Se destruye riqueza social: el producto interior bruto (riqueza producida durante un año) ha sido negativo tanto en 2008 (-2%) como en 2009 (-3,1%). El Estado se vuelve insolvente: el déficit público (diferencia entre gastos e ingresos) ha pasado de –2% en 2008 a –11% en 2009, sobre todo por la reducción de ingresos fiscales asociada a la recesión. El desempleo se ha duplicado en los últimos 30 meses, llegando a 4,6 millones en marzo de 2010. Sumando parados y precarios, más del 50% de la población activa padece una gran inseguridad.

En España, la crisis es más dura por dos motivos. El primero, la especulación inmobiliaria y financiera favorecida por la trampa de los bajos intereses bancarios, el incentivo de las desgravaciones del IRPF y las hipotecas como forma de acceder a una vivienda. Todas ellas, políticas impulsadas por los gobiernos de derechas y de izquierdas. El segundo, el enorme volumen de contratos eventuales –tres cuartas partes en fraude de ley- cuyo origen cercano es el Acuerdo Interconfederal en Defensa del Empleo, firmado por CEOE-CEPYME-CCOO-UGT en mayo de 1997, abaratando la indemnización del despido por causas objetivas (económicas, organizativas y productivas) y subvencionando modalidades de contratación adscritas a esta ventaja empresarial. Con seis millones de contratos precarios, despido libre, indemnizaciones cada vez más bajas y un millón de inmigrantes sumergidos, las caídas de beneficio de las empresas por la recesión y la escasez de crédito bancario, se compensan destruyendo empleo y aumentando la productividad de las plantillas.


El anunciado final de la crisis tiene que ver con factores coyunturales: ayudas al automóvil, compras antes de la subida del IVA en julio y sustitución de televisores por el apagón tecnológico. Esto augura aún más paro y endeudamiento del Estado.

Paradójicamente, los beneficios de la banca y las grandes corporaciones durante la crisis han sido billonarios. La enorme producción de riqueza privada es a costa de la destrucción masiva de riqueza social y derechos de millones de personas.

Ahora, los “mercados” hacen negocio atacando a los países más afectados por la crisis que ellos mismos han producido. Por lo abultado del paro y del déficit público, la bolsa española cayó un 14% en la primera semana de mayo. Para aplacar a unos mercados implacables, la socialdemocracia europea, con el PSOE a la cabeza, no tiene más remedio que anunciar la reducción de las prestaciones sociales y la flexibilización –más aún-del mercado de trabajo. Pero lo hará por patriotismo y como mal menor.

Si esto fuera una democracia, el empleo, la vivienda, la sanidad y la jubilación no dependerían de los beneficios de bancos y multinacionales. Estaría prohibido realizar inversiones a gran escala y generar crecimiento económico sin aclarar quién crece, qué crece y para qué. Tampoco se podría crear empleo con medidas que lo destruyen ni endurecer las condiciones de la jubilación cuando la eventualidad dificulta a millones de trabajador@s alcanzar los plazos de cotización exigidos. Cualquier política en defensa del empleo debería comenzar por no destruirlo. Cualquier política en defensa de la protección social impediría poner el 3% del producto interior bruto a disposición de un sistema financiero en quiebra técnica por sus propios excesos y a pesar de todo, mantiene retribuciones astronómicas para sus accionistas y ejecutivos. Los recursos sociales deberían garantizar los derechos fundamentales de la población y no los beneficios del capital.

¿Cómo se atreven individuos con sueldos y patrimonios multimillonarios a imponer más sacrificios a los de abajo? Nadie quiere saber nada porque todos saben que la clase política está a sueldo de un poder económico despiadado. En plena erupción de fascismo neoliberal, judicial y eclesiástico, la derecha globalizadora y la izquierda alterglobalizadora protegen a los de arriba a costa de los de abajo, garantizando la paz social de las mayorías silenciosas. La izquierda plural, pastoreada por el entramado socialdemócrata, es el mecanismo para arrastrar a los movimientos sociales a esta ciénaga.

La generosidad, la cooperación y la potencia popular, al igual que la democracia, aparecerán de la mano del enfrentamiento con los daños, los argumentos y los agentes del capitalismo, o no aparecerán. Pero nadie quiere arriesgar nada porque todos queremos ser como los de arriba. Nuestros deseos forman parte del capitalismo aunque el capitalismo nos quite la vida. Esta tragedia tiene que ver con la modernización de la izquierda y sólo verá su fin con la reconstrucción de la izquierda.

La condición para pisar suelo firme es establecer la diferencia entre la izquierda electoralista e impotente -cuando no cómplice- y la izquierda que obtiene su fuerza en la organización política de la precariedad, el miedo y la rebeldía.

La lucha del pueblo griego frente a la cura de caballo que, en nombre del euro, quieren aplicarle su gobierno y las instituciones europeas, nos marca un camino.

Agustín Morán, CAES, 11 de mayo de 2010