Resistencias a la Europa del capital y la guerra

Campaña contra la UE

Por Pau Alarcón y José López.
05-02-2010
http://www.enlucha.org

La llegada de 2010 dio inicio al semestre de presidencia española de la UE. Con la entrada en vigor del regresivo Tratado de Lisboa y la crisis sistémica de fondo, los movimientos sociales plantean acciones de protesta y cumbres alternativas.

Los medios de comunicación socialdemócratas suelen considerar al europeísmo en general y a la Unión Europea (UE) en particular como paradigmas progresistas en su esencia. En este sentido, es común presentar la divisoria de la política oficial entre quienes quieren “más Europa” (como el PSOE) y los “euroescépticos” (como muchos partidos europeos de derecha).

Sin embargo, ni el europeísmo oficialista ni la UE contienen atributos progresistas en absoluto. La ‘idea de Europa’ que supuestamente subyace a la construcción de las instituciones europeas se encuentra rodeada de una considerable mitología. La historia de Europa es la historia de las rivalidades entre diferentes potencias imperialistas, una historia bañada en sangre.

El proceso de creación de las instituciones europeas no ha sido la materialización de ningún ideal europeo, sino más bien un proyecto definido por y para los más poderosos. Desde el principio hasta hoy, las fuerzas conservadoras han conseguido la mayoría en los principales órganos de decisión. El escenario de resolución de las rivalidades intraeuropeas se ha trasladado de las trincheras a los despachos de Bruselas, pero siguen dictando los intereses de los grandes capitales a expensas de la mayoría de la población.

El desarrollo del proyecto europeo sirvió y sirve cada vez más para recortar los derechos sociales conquistados en las arenas estatales y plasmados en los llamados ‘Estados del Bienestar’.
La Unión Europea

Tras un proceso de integración regional basado en diferentes acuerdos económicos, políticos y sucesivas ampliaciones, en 1993 se hizo efectiva la UE con el Tratado de Maastricht. Las ampliaciones han sumado hasta 27 países, que no se corresponden con la Europa geográfica.

La consolidación de la UE, enmarcada en el período de globalización de los últimos años, ha convertido a la potencia europea en un actor global que en muchos casos rivaliza con otros poderes como EEUU, China o Rusia. Sobre todo destaca la relativa fortaleza económica de la Unión, que supera a sus rivales en varios indicadores. En este sentido, crecen los anhelos de que la UE sea una potencia cada vez más dominante, para lo que resulta esencial avanzar en la dimensión militar y geoestratégica. En otras palabras: el poder económico europeo necesita armamento capaz de defender y extender los intereses de sus compañías transnacionales.

Hay quienes atribuyen cierto progresismo al desarrollo de la UE como una potencia imperialista, ya que actuaría de contrapeso a EEUU. Sin embargo, en la historia podemos encontrar varios cambios en el centro de poder global, que no han supuesto ninguna mejora para la mayoría de la población, sino al contrario. En el marco de competencia capitalista internacional actual, la única forma de desplazar a EEUU es superando su capacidad bélica e intervencionista y su capacidad de explotar y oprimir a las mayorías.
La naturaleza y el modelo de la UE merecen claramente el calificativo que han consensuado los movimientos sociales: estamos ante la Europa del capital y la guerra.
De la Constitución Europea al Tratado de Lisboa

La última fase de desarrollo de la UE ha perseguido la consolidación de la unión política. Las tres principales instituciones europeas son el Consejo de Ministros (cuya Presidencia corresponde estos seis primeros meses de 2010 al Estado español), el Parlamento europeo (el único órgano elegido mediante elecciones y cuyas decisiones sólo son consultivas) y la Comisión Europea (elegida a dedo por los jefes de Estado, en manos de neoliberales convencidos y donde se toman las decisiones más importantes). La UE se rige por procesos claramente antidemocráticos.

El establecimiento de una especie de supraestado europeo se ha convertido en una prioridad, para consensuar y agilizar diversas políticas interiores y exteriores, así como para sentar las bases y construir un euroejército cada vez más potente. En este puzle, el proyecto de Constitución Europea se erigió como pieza clave para unificar políticamente a la UE, sin poder superar todavía la gran contradicción entre las pretensiones regionales y los intereses de las clases dirigentes nacionales que no quieren perder cuotas de poder.

Lejos de iniciarse un proceso constituyente mínimamente democrático, la Comisión Europea redactó a espaldas de las poblaciones (pero escuchando a los lobbies empresariales) una Constitución neoliberal y militarista, gravemente regresiva en cuanto a derechos sociales y laborales. En algunos estados ni tan sólo se sometió a referéndum popular, sino que como mucho se aprobó por mayoría parlamentaria, evitando establecer debates públicos amplios. Entre los países donde sí se realizó referéndum, las victorias gracias a las campañas de izquierdas del No en Francia y Holanda en 2005 supusieron un grave golpe al proceso.

Para solventar este traspié, el proyecto de Constitución Europea tuvo que transformarse en el que se ha llamado el Tratado de Lisboa, que ha entrado en vigor sin la realización de ningún referéndum popular, con la excepción de Irlanda, que lo rechazó (por lo que se volvió a realizar otra consulta un año después, donde ganó el Sí). De nuevo, la legitimidad democrática brilla por su ausencia.

Este Tratado, redactado de forma muy complicada y engorrosa, mantiene las principales aportaciones que recogía el Tratado Constitucional, con eliminaciones cosméticas. Algunos de sus defensores lo han definido como una Constitución con otro nombre. Así, por ejemplo, el Ministro de Asuntos Exteriores pierde este pomposo nombre, pero no se modifican nada sus competencias. Las leyes y las leyes marco pierden estas denominaciones, pero siguen manteniendo su carácter de obligatoriedad. Se suprime la referencia a los símbolos, pero eso no implica que se deje de utilizar el euro como moneda, ni la bandera e himnos europeos.

Con esta iniciativa se profundiza en las políticas de la UE centradas en la “competitividad”, mediante las concesiones a los intereses de las grandes corporaciones y la desregulación y apertura de mercados. Todo a pesar de que estas políticas neoliberales sólo han comportado una creciente precariedad para las masas populares, deterioro del medio ambiente e incremento de las desigualdades entre países, regiones y entre hombres y mujeres.
Libertad para el capital, condena para el resto

Por un lado, el Tratado hace referencia explícita a la “competencia exclusiva” de los líderes de la UE para “asegurar que la competencia no sea distorsionada”. Es decir, para dejarlo todo en manos del mercado. Se alude a que los Estados miembros actuarán de acuerdo con el principio de un mercado abierto en una economía con competencia libre, así como a la eliminación de los controles al capital en las finanzas internacionales, tanto entre Estados miembros como entre éstos y terceros países. El Sistema Europeo de Bancos Centrales también deberá “actuar de acuerdo con el principio de un mercado abierto en una economía de competición libre”, con una independencia casi absoluta respecto al control político.

Por el otro lado, no se utiliza el término “servicios públicos”, en un Tratado que sienta las bases para la privatización total de la sanidad, la educación, las pensiones o el agua. En materia de derechos laborales, sólo se indica que hay que “tener en cuenta” la promoción de niveles altos de empleo, protección social adecuada y lucha contra la exclusión social.

A nivel ambiental, con la ironía de pretender luchar contra el cambio climático, se aboga por la potenciación de los biocombustibles (con la enorme deforestación que conlleva) y la potenciación de la peligrosísima energía nuclear.

Asimismo, en el Tratado sólo se hace una referencia a la existencia de la Carta de Derechos Fundamentales, permitiendo que el Reino Unido limite el derecho a huelga o que la Polonia de los gemelos ultraconservadores Kacinsky suprima los derechos fundamentales de las mujeres al aborto o al divorcio y los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

En el Tratado de Lisboa se define a la nueva Europa como una “Unión de Estados”, excluyendo la alusión a la “Unión de Estados y Ciudadanos” del fallido proyecto de Constitución, y omitiendo por supuesto a las naciones sin Estado.

En materia exterior, se indica que la UE centrará sus negociaciones en “conseguir la uniformidad en medidas de liberalización”. Significa seguir presionando a los países más pobres para que abran sus economías a las inversiones de las multinacionales europeas, con una práctica neocolonial.

Al mismo tiempo, el Tratado promueve una creciente militarización de la UE en el marco de la OTAN, promoviendo la industria armamentística y señalando que los Estados miembros deben “esforzarse en mejorar sus capacidades militares”. También se pretende expandir la fuerza policial europea, con una “inmunidad” que impide acusar penalmente a sus oficiales.

En cuanto a la identificación de las poblaciones europeas con estos procesos políticos, encontramos una importante desconexión. En los procesos electorales concernientes al Parlamento Europeo o en los referéndums, la abstención suele superar el 50%. Esto favorece generalmente a los partidos de derecha, sobredimensionando aún más su presencia en las instituciones.

Si una crítica fundamental hacia la campaña por la Constitución Europea se centraba en la enorme falta de información y debate público, en el caso del Tratado de Lisboa aún es más escandaloso el desconocimiento generalizado. Pero en vista de su contenido antisocial, no es de extrañar que las autoridades hayan preferido colárnoslo por la puerta de atrás.

Las políticas neoliberales, antidemocráticas, antisociales, antiecológicas, neocoloniales… se enmascaran en un discurso pseudoprogresista que habla hipócritamente de luchar contra el cambio climático, contra la pobreza y las desigualdades sociales, por la igualdad de la mujer, etc. A modo de ejemplo, se anuncia como un gran avance para el desarrollo de una democracia directa supranacional la Iniciativa Ciudadana Europea recogida en las disposiciones del Tratado de Lisboa. Consiste en la posibilidad de proponer a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa sobre la cuestión que se demande mediante la recogida de un millón de firmas. Obviamente, la democracia directa brilla aquí por su ausencia, sin ninguna capacidad propositiva ni garantías de ningún tipo.
Muéstrame qué haces y te diré qué eres

La mejor manera de evaluar a la UE consiste en analizar sus principales actuaciones. Las instituciones europeas formaron parte desde el principio de la ola neoliberal que impulsó los procesos de globalización. Los costes de la integración en la UE han supuesto para los Estados miembros una enorme contención del gasto público.

Así, por ejemplo, los dictados de Maastricht impusieron reducciones drásticas del gasto público (erosionando gravemente los servicios públicos) a la vez que beneficiaban con la regulación tributaria a los empresarios. Con la excusa de atraer inversiones, se redujeron los gastos patronales, liquidando los derechos sociales conquistados. El ejemplo paradigmático sería la Directiva de las 65 horas semanales, que no se llegó a aplicar. Tampoco se queda corto el Principio de País de Origen, que permite que una empresa transnacional pueda aplicar las leyes del país donde tiene su sede.

En cuanto al proceso privatizador, la ‘Directiva Bolkenstein’ impone la liberalización de servicios públicos como el suministro energético, el transporte o la mensajería. En el ámbito sanitario y educativo también priman estos procesos, como se ha encargado de denunciar el movimiento estudiantil contra el Plan Bolonia.

La historia de la UE es una sucesión de ataques contra los derechos laborales y sociales. Se ha impulsado la expansión de las grandes corporaciones europeas a expensas de los servicios públicos, las explotaciones agrícolas familiares, la pesca artesanal y las pequeñas empresas. El crecimiento de los beneficios empresariales se ha producido con un fuerte recurso a la financiarización de las economías europeas (desviando enormes cantidades de recursos desde la economía productiva a los mercados especulativos) y con el incremento de las horas de trabajo. En cambio, la UE no tiene competencias sociales; su único propósito ha sido de hecho atacarlas. La creación de condiciones comunes de vida y trabajo a nivel europeo está incluso prohibida. Como dijo el antiguo presidente de la Deutsche Bank, Rolf Breuer, se trata de llevar la política “a remolque de los mercados financieros”.

Como resultado, en la UE se agrava el problema de la pobreza (cerca de 80 millones de personas, el 15% de la población, viven en situación de pobreza o con elevado riesgo de caer en ella) y la desigualdad social (como muestra, los directivos de las grandes empresas cobran 100 veces los salarios medios). Las mujeres cobran por término medio un 15% menos que los hombres por el mismo trabajo. Más de 100 millones de europeos trabajan con contratos temporales, a tiempo parcial o por obra y servicio. Este tipo de contratación precaria crece también en las administraciones públicas.

Con la crisis, todas estas situaciones empeoran. El paro es ya de casi 23 millones, un 9’5% de la población activa. La Comisión Europea prevé que seguirá creciendo durante este año y el 2011. En el Estado español, diversos indicadores adquieren una dimensión más preocupante que las medias europeas, debido al modelo económico altamente especulativo (en especial la economía del ladrillo) y la gran ofensiva neoliberal de los últimos años. Así, la tasa de paro desestacionalizada asciende hasta el 19’4% de la población activa, mientras que entre las edades menores de 25 años este porcentaje ronda el 44%.

En este panorama desolador, la inmigración se criminaliza como chivo expiatorio. La denominada ‘Europa fortaleza’ impulsa leyes racistas que vulneran los derechos más elementales de las personas migrantes. La UE emitió, inspirada por Berlusconi, la resolución del ‘retorno voluntario’. El simple hecho de no tener papeles puede suponer la reclusión en Centros de Internamiento para Inmigrantes, auténticas cárceles sin garantías jurídicas, con plazos abusivos y arbitrarios de hasta 18 meses para “agilizar un procedimiento de expulsión”. Irónicamente, esta directiva se impulsó un mes después de la Cumbre de Jefes de Estado de la UE y América Latina y Caribe, cuya resolución final consideraba que “es fundamental asegurar el goce y la protección efectivos de los derechos humanos para todos los inmigrantes”. De nuevo los cantos de sirena.

La UE actúa como un poderoso bloque imperialista. Al tiempo que prohíbe la libre circulación de personas (al contrario que de capitales), es causante directa de las condiciones que obligan a emigrar a la gente. Participa en el saqueo de los países empobrecidos, apoya a gobiernos belicistas y genocidas (como Israel) y colabora con guerras imperialistas como en Afganistán o Irak.
La presidencia europea del gobierno ZP

Todo apunta a que durante este semestre, con la excusa de afrontar la crisis económica, ecológica y social, se profundizará en todos estos procesos. Nada más iniciarse la Presidencia, Zapatero se reunió con representantes de la Mesa Redonda de Industriales, un poderoso lobby constituido por 47 transnacionales, entre ellas las españolas Telefónica, Repsol YPF e Inditex. Este lobby ha estado detrás de numerosas iniciativas europeas criticadas anteriormente.

Asimismo, ante el fracaso de la Agenda de Lisboa (que pretendía convertir a la UE en la economía más dinámica y competitiva del mundo en 2010), la Estrategia 2020 que se está impulsando sigue la misma lógica neoliberal de favorecer a las fuerzas del mercado en detrimento de los derechos colectivos. Se pretende otorgar más poderes económicos a la UE, con compromisos obligatorios y sanciones para quienes no los cumplan.

En oposición a ello, bajo el lema ‘Contra la Europa del capital y la guerra, y sus crisis’, se están organizando acciones de protesta y cumbres alternativas en diferentes ciudades. Debido a la relevancia de los ataques de la UE, se trata de una oportunidad única para que anticapitalistas, sindicalistas, ecologistas, antimilitaristas, feministas, antirracistas, estudiantes, grupos de solidaridad, ONG’s… nos articulemos contra un enemigo común. También es un momento muy relevante para intentar conectar y unificar las diferentes luchas locales o sectoriales (contra los ERE’s, el Plan Bolonia, las privatizaciones, el racismo y la xenofobia, la degradación ecológica, el saqueo en los países empobrecidos, etc.).

La UE está impulsando un modelo neoliberal y militarista al servicio de las grandes corporaciones. La Europa alternativa late en las huelgas y manifestaciones de Francia, Grecia, Alemania, Eslovenia, Portugal, etc. Los Foros Sociales Europeos también generaron diversas propuestas y redes referentes a esa otra Europa posible tan necesaria. Los movimientos sociales y la reconfiguración de la izquierda anticapitalista y antineoliberal europea ya están empezando a luchar por una alternativa a la UE. La cuestión es que las resistencias crezcan y se amplíen.

A modo de ejemplo, frente a la brutal oleada xenófoba que recorre Italia, se está planteando realizar una huelga general de inmigrantes el 1 de marzo, coincidiendo con la que se hará en Francia. Ése es el camino.