La distribución de las rentas y la sostenibilidad de las pensiones

Vicenç Navarro
Artículo publicado en la revista digital SISTEMA, 12 de febrero de 2010

Este artículo analiza el impacto negativo de la polarización de las rentas en los ingresos a los sistemas de pensiones públicos en la mayoría de los países de la OCDE (resultado del desarrollo de las políticas neoliberales).

El erróneo énfasis que se da a la transición demográfica como causa de la posible inviabilidad del sistema de pensiones públicas (ver mi artículo Los errores del determinismo demográfico: el caso de las pensiones. Sistema Digital, 05.02.10) ha hecho que no se preste atención a otros temas que tienen gran importancia para determinar la viabilidad de tal sistema. Uno de ellos es la evolución de la distribución de la renta en un país y su impacto en la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Veámos.
El gran crecimiento de la productividad que se ha dado en la mayoría de países de la OCDE, durante los últimos treinta años, no se ha traducido en el correspondiente incremento de los salarios y de la masa salarial. En realidad, ésta última, la masa salarial como porcentaje de la renta nacional ha disminuido, en parte, como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales llevadas a cabo por gran número de países. Este descenso de las rentas del trabajo ha sido a costa de un aumento muy considerable de las rentas del capital. País tras país, los beneficios empresariales han crecido sustancialmente y esta polarización de las rentas ha afectado a los ingresos de la Seguridad Social, pues las cotizaciones sociales derivan del trabajo. En realidad, incluso las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social se basan en la masa salarial de la empresa y es una aportación basada en el trabajo.
Una consecuencia de este descenso de la masa salarial ha sido una reducción de la cantidad aportada a la Seguridad Social por parte de la fuerza laboral. Este hecho del cual no se habla queda muy bien documentado en el artículo de Christian E. Weller, “The future of public pensions in the OECD”, publicado en el Cambridge Journal of Economics (2004. 28.4895-504). Es una lástima que este artículo no incluyera a España (incluye a Francia, Alemania, Italia, Japón, Suecia, Gran Bretaña y EE.UU.). Pues en España también hemos visto un descenso de la masa salarial como porcentaje de la renta nacional.
No es de extrañar que una de las conclusiones del estudio de Weller sea que una de las medidas importantes para mejorar la viabilidad de los sistemas de pensiones es no sólo aumentar la productividad –lo cual, como he señalado en otro texto es enormemente importante (ver mi artículo Las pensiones son viables. en www.vnavarro.org)- sino también los salarios, asegurándose que el incremento de la productividad repercuta en el nivel de los salarios y en los ingresos a la Seguridad Social. Como bien dice Weller, el futuro de las pensiones depende, en parte, de la cantidad de buen empleo que exista en un país y de la distribución de las rentas entre el trabajo y el capital. Otra de sus conclusiones es que el crecimiento del empleo, el crecimiento de los salarios y la disminución de las desigualdades (con mayor proporción de la renta procedente del trabajo y menor proporción procedente del capital) son condiciones importantes para asegurarse la viabilidad de las pensiones públicas.
Ni que decir tiene que el crecimiento de los salarios requiere crecimiento de la productividad. Esto último, sin embargo, no es suficiente, pues hemos visto en muchos países de la OECD que tal crecimiento de la productividad no fue acompañado del correspondiente crecimiento de los salarios, aumentándose así las desigualdades en la distribución de las rentas a favor de las rentas del capital. El crecimiento salarial depende sobre todo de factores políticos y muy en especial de la fuerza de los sindicatos. En España se hace referencia constantemente a que los salarios son bajos porque la productividad es baja. Pero, podría decirse al revés que la productividad es baja porque los salarios son bajos. No existe estímulo e incentivo para que el empresario sienta la necesidad de invertir en los puestos de trabajo. Contribuye también a reproducir la baja productividad la limitada relación que existe entre el mundo educativo, por un lado, y el mundo productivo, por el otro, y aún cuando mucho se ha hecho en los últimos años, mucho más queda por hacer.
Una consecuencia de lo dicho es que las políticas redistributivas favorecen a la sostenibilidad de los sistemas de Seguridad Social. De ahí la urgencia e importancia de que se recuperen las políticas fiscales progresistas en las que los grupos más pudientes contribuyan más de lo que lo están haciendo ahora. No es cierto, como constantemente se dice en los medios (la mayoría de los cuales son de persuasión liberal) que la población esté en contra de aumentar los impuestos. Depende de a quien se le hace la pregunta y de que impuestos estemos hablando y con que propósito. La experiencia del estado de Oregón en EE.UU., hace unas semanas, es un indicador de ello. La mayoría del electorado votó favorablemente a una propuesta de aumentar los impuestos de las personas con mayores ingresos en el Estado para evitar los recortes de los servicios públicos. Ello significó un aumento de un 5% de los ingresos al Estado lo que permitió evitar aquellos recortes, que el gobierno estaba dispuesto a hacer en caso de no conseguir la aprobación de la propuesta de subir los impuestos. ¿Hay alguien en España que dude de que la gran mayoría de las clases populares (clase trabajadora y clases medias) aprobarían que el 20% de la población que goza de una renta superior, viera incrementada su carga fiscal para mejorar las pensiones? En realidad, esta medida redistributiva favorecería también el estímulo económico, pues las rentas superiores ahorran más que consumen, mientras que las clases populares consumen más que ahorran. Y ahora se necesita, como el aire que se respira, que aumente el consumo. Ahora bien, es improbable que esta propuesta la lea usted en los medios de información y persuasión, pues la gran mayoría de los formadores de opinión pertenecen a aquel 20% de población de renta superior. Así es nuestro país.