El Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH) expresa su gran preocupación con respecto a la credibilidad de las investigaciones realizadas de acuerdo con las recomendaciones incluidas en el Informe Goldstone
El informe de Goldstone representa un hito importante en la lucha por los derechos humanos y el imperio del derecho internacional en los territorios palestinos ocupados, principalmente como resultado de sus recomendaciones específicas y centradas en la rendición de cuentas. Es esencial que las recomendaciones de este informe se apliquen
Asociación Derechos Humanos de Palestina.
Traducción: Daniel F. Rivera. Arabista, investigador, traductor y gerente de proyectos.
El 5 de noviembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) votó la aprobación del informe emitido por la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto en Gaza (el Informe Goldstone), que investigó violaciones de la ley internacional acaecidos durante la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza entre el 27 de diciembre de 2008 y 18 de enero de 2009. La Resolución pedía al Gobierno de Israel y a los palestinos "realizar investigaciones que fuesen independientes, creíbles y en conformidad con las normas internacionales sobre las violaciones graves del derecho internacional y humanitario según informó la comisión de investigación con el ánimo de garantizar la rendición de cuentas y la justicia ". El plazo de tres meses para investigación establecidos por la presente decisión ha finalizado hoy, 5 de febrero 2010.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH) expresa su profunda preocupación con respecto a la credibilidad de las investigaciones llevadas a cabo por Israel y la autoridad palestinas en Ramallah y Gaza. CPDH llegó a la conclusión de que tales investigaciones no cumplen con los estándares internacionales requeridos, y añade que pueden exigirse responsabilidades a aquellos estados que no realicen las investigaciones apropiadas. Además, CPDH expresó su sorpresa al conocer las declaraciones del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, sobre el resultados de estas investigaciones.
El CPDH señala que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades israelíes no cumplen de ninguna manera con las exigencias del derecho internacional consuetudinario, el Informe Goldstone, o la Resolución de la Asamblea General de la ONU A/Res/64/10. Como muchas otras organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, el CPDH considera que el sistema israelí –en lo referente a las víctimas palestinas de la violencia de Israel– no cumple con las normas internacionales necesarias con respecto a la administración eficaz de justicia. La naturaleza jerárquica del ejército, el modo ineficiente con el que las investigaciones se llevan a cabo, la falta de supervisión civil – evidente dado el margen de discrecionalidad concedido por el Tribunal Supremo de Israel - y la ineficacia de tal supervisión cuando ocurre, se combinan para fundamentalmente frustrar la búsqueda de la justicia.
CPDH ha hecho hincapié en que las investigaciones militares realizadas (a menudo denominado como sondas operacionales o investigaciones del mando), que en su inmensa mayoría hasta la fecha son investigaciones inadecuadas y legalmente insuficientes; y no pueden realizar las investigaciones necesarias entre los altos cargos militares y personal civil. Como representantes de las víctimas, el CPDH conoce de primera mano las investigaciones israelíes ya que ha representado a un número significativo de testigos que se les pidió que compadecieran: El CPDH considera que los mecanismos de investigación israelís carecen totalmente de las exigencias descritas por el derecho internacional. CPDH subraya que sólo se han iniciado 150 investigaciones, de los cuales sólo 36 fueron las investigaciones penales y de éstas, 7 han sido cerradas por "falta de pruebas". Sólo el CPDH presentó 450 casos penales y únicamente dos oficiales y un soldado han sido acusados de cometer errores y, en general, la conclusión de todas las investigaciones hasta el momento llevadas a cabo afirman que Israel actuó en conformidad con la ley ". Es evidente que la responsabilidad no puede ser perseguida a través del sistema jurídico israelí. Esta conclusión está en consonancia con la larga experiencia del CPDH, así como de organizaciones israelís e internacionales de derechos humanos.
Además, el CPDH expresa su sorpresa ante la respuesta del Secretario General Ban Ki Moon sobre estas investigaciones. Ban había declarado que "no se puede adoptar por las partes interesadas una determinación sobre la aplicación de la resolución”, a pesar de que la Resolución A/Res/61/10 pedía expresamente al Secretario General que "informe sobre la aplicación de la presente resolución ". El Sr. Ban no mostró ninguna preocupación por los evidentes problemas derivados de la falta de una investigación independiente, creíble, e imparcial del comité de investigación civil y así como la falta de progreso hasta la fecha. Como representantes de las víctimas de las atrocidades cometidas durante los ataques israelíes en Gaza en diciembre de 2008 y enero de 2009, el CPDH está conmocionado y consternado por esta falta de responsabilidades. El Secretario General tiene el deber de garantizar, a través de las Naciones Unidas, los mecanismos de rendición de cuentas sobre los autores de crímenes de guerra y la reparación a sus víctimas. Si tiene alguna duda sobre la credibilidad de los métodos o los resultados de las investigaciones –que debería, debido al hecho de que Israel no ha establecido un comité de investigación independiente y civil con las facultades de enjuiciamiento penal– estas deben ser comunicada en su informe a la Asamblea General, que luego deben remitirse al Consejo de Seguridad.
El CPDH también ha mencionado que las ONU cometió previamente un grave error de juicio cuando aceptó la cantidad de 10,5 millones dólares de Israel como compensación por el bombardeo de la sede de la ONU, instalaciones de almacenamiento, y las escuelas de Gaza sin que esto haya acarreado ningún tipo de repercusiones legales. Con este paso, la destrucción específica de las instituciones relacionadas con las Naciones Unidas es reconocida como ‘daños colaterales’, mientras que los responsables han escapado de ser acusados por la justicia.
El CPDH afirma que tanto las autoridades de la Franja de Gaza como en Cisjordania no han realizado las investigaciones necesarias, y así han violado los términos de la Resolución de la Asamblea General. El CPDH ha llevado a cabo numerosas consultas con las dos autoridades en un esfuerzo para alentarlas a cumplir con las exigencias del Informe Goldstone, la Resolución de la Asamblea General, y el imperio de la ley internacional.
El 16 de octubre de 2009, el gobierno en la Franja de Gaza, anunció que comenzaría con las investigaciones, una decisión bien recibida por el CPDH. Desgraciadamente, después de esto, no se recibieron informes sobre las actividades de esta comisión, aunque se realizó una declaración en relación con la finalización de las investigaciones. Los hallazgos fueron presentados al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y publicado el 4 de febrero. El CPDH ha examinado el informe y lo encuentra decepcionante, ya que simplemente se limita a confirmar que el gobierno en el Gaza no ha logrado establecer con credibilidad, una comité de investigación imparcial para dirigir una investigación sobre las acusaciones del informe de Goldstone.
El gobierno en Ramallah, anunció la creación de una comisión de investigación en enero. Los esfuerzos llegaron demasiado tarde y demostraban una gran falta de profesionalidad. La investigación de los crímenes de guerra cometidos en Gaza desde la Franja de Cisjordania es imposible como consecuencia de la división política, y el establecimiento de esta comisión es simplemente un requisito legal al servir del estado de derecho. Para ambos gobiernos palestinos, esto representa la perdida de una oportunidad y está conducta política tan irresponsable solo puede tener como resultado el debilitamiento de los esfuerzos desplegados por la Misión de investigación de la ONU. El CPDH hace un llamamiento a los gobiernos en Ramallah y Gaza para asumir la responsabilidades que tienen con los derechos de los víctimas palestinas.
A la luz de la falta de voluntad demostrada por Israel de realizar investigaciones genuinas, y debido al incumplimiento de la resolución por parte de la autoridades palestina, debería tenerse en cuenta mecanismos para recurrir a la justicia internacional. La Asamblea General debería pedir al Consejo de Seguridad, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de ONU, referir la situación en los territorio palestinos ocupados a la Corte Penal Internacional. Al mismo tiempo, las Partes Contratantes de los cuatro Convenios de Ginebra (1949) deben cumplir con su obligación de buscar las personas acusadas de haber cometido violaciones graves contra los Convenios de Ginebra, y para llevar a esas personas, independientemente de su nacionalidad, ante sus propios tribunales.
El informe de Goldstone representa un hito importante en la lucha por los derechos humanos y el imperio del derecho internacional en los territorios palestinos ocupados, principalmente como resultado de sus recomendaciones específicas y centradas en la rendición de cuentas. Es esencial que las recomendaciones de este informe se apliquen. La comunidad internacional no puede seguir permitiendo que Israel actúe como un estado por encima de la ley, como hizo después de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en 2004 sobre el muro.
El CPDH sostiene que la aplicación y el respeto por el imperio de la ley son requisitos esenciales en la búsqueda de una paz justa y sostenible.
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