25 de enero de 2010
Hernán Uribe
(especial para ARGENPRESS.info)
El triunfo del derechista Sebastián Piñera en los comicios presidenciales de Chile del 17 de enero liquida la posibilidad de una democratización de los órganos de comunicación que había planteado en su plataforma Eduardo Frei Ruiz-Tagle (EFR) candidato perdedor sostenido por la centrista Concertación por la Democracia que ha gobernado el país desde 1990 año en que terminó la dictadura de Augusto Pinochet.
En un documento emitido por el comando de EFR el 12 de diciembre pasado se dijo que el Estado debería propiciar “El establecimiento de medios de comunicación sin fines de lucro que permitan que la totalidad de los sectores políticos del país dispongan de órganos de comunicación. También se debe crear, a partir de Televisión Nacional de Chile (TVN), estatal) un instrumento de libre acceso con contenidos culturales y artísticos que otorgue espacio a todas las formas de pensar”.
Tales posibilidades, que se están materializando en los países del ALBA son inexistentes en Chile donde en el campo de la prensa rige el dominio de una suerte de dúopolio. Lo forman: la empresa “El Mercurio” que edita una veintena de cotidianos, tres de ellos en la capital encabezados por el matutino del mismo nombre que fue artífice del golpe de Estado en contra del presidente Salvador Allende. El otro es Corporación de Prensa (COPESA) que posee tres periódicos encabezados por “La Tercera”.
Los medios de esas empresas acaparan el 80% de la lectura de diarios y son “premiados” con millones de dólares que reciben de la publicidad estatal. Al revés, los medios que con riesgos, se editaron por los opositores en los años finales de la tiranía, han desaparecido sin haber recibido un centavo de ayuda del Estado. En esa nómina figuran las revistas Análisis, APSI, La Bicicleta, Rocinante y otras y además los diarios Fortín Mapocho, La Ëpoca y Siete Días. La revista “Punto Final”, independiente de izquierda, ha iniciado querellas ante diversos tribunales bajo el argumento de que los dineros del Estado deben ser distribuidos equitativamente pues siempre se le ha negado acceso a la publicidad que realizan los organismos gubernamentales. PF fue clausurada por la dictadura y es una de las poquísimas publicaciones que ha podido reaparecer.
Con lo expuesto es fácil deducir que la política sobre la comunicación de la Concertación ha sido un desastre mayúsculo durante una veintena de años. Su adhesión en esta área a la ideología neoliberal que Pinochet había impuesto a sangre y fuego, la llevó a privatizar una radioemisora estatal (Radio Nacional) e incluso a eliminar la Oficina de Información y Radio (OIR), aparato gubernamental que existía desde los años cincuenta. Se explica así la propuesta de Frei quien cuando ejerció la presidencia en los años noventa, tampoco hizo nada al respecto. El único vocero gubernamental en las dos últimas décadas ha sido el matutino “La Nación”, acerca del cual Piñera dijo durante la campaña electoral que lo eliminaría apenas asuma el poder,
La inercia o quizás mejor llamada complicidad de la Concertación con la prensa comercial conservadora ha impedido- lo dijo el Colegio de Periodistas- el pluralismo informativo y con ello se ha cercenado la real libertad de expresión que fuera inexistente en los 17 años de tiranía castrense. Ambas situaciones contrastan con la auténtica democracia informativa que imperó durante los tres años de la presidencia ejercida por Salvador Allende.
En esa etapa existían los medios comerciales antes mencionados y no es un secreto que fueron financiados por la Central Intellegence Agency (CIA) para fomentar el golpe de estado pues así lo reconoció un informe del Senado estadounidense. Sin embargo, en ese período hubo también cinco cotidianos que respaldaban al Gobierno, como asimismo una cuarentena de radioemisoras, entre ellas varias que pertenecían a los partidos políticos de la Unidad Popular y de otras tendencias, por ejemplo, la Democracia Cristiana y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Todos esos órganos de comunicación fueron eliminados-y robados-por la dictadura.
La victoria electoral de Piñera se debe al Partido Nacional (PN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), colectividades ambas que emergieron en plena tiranía con el propósito, en esa etapa, de convertir a Pinochet en un presidente civil…Respaldaron entonces una suerte de Constitución elitista y reaccionaria que en alta medida está vigente y a tal grado que en Chile no puede llamarse auténticamente un país en democracia.
A modo de comprobación, mencionaré algunos rubros. Acerca de la libertad de informar, apunta: “La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social”. ¿Significa ello que los privados sí pueden hacerlo? El artículo 5* “garantiza el pluralismo político”, pero la ley del caso establece un sistema binominal que favorece a poderosas coaliciones y excluye a las minorías en la elección al Parlamento y otras. Dos más de antología: los dirigentes sindicales no pueden ser directivos en partidos políticos y están impedidos de ser electos como diputados o senadores. Idem: se establece el derecho a huelga pero al mismo tiempo se autoriza contratar rompehuelgas…
El nuevo presidente encuentra en esa Constitución un terreno abonado para aplicar su ideología. Tres semanas antes de los comicios el periodista Héctor Vera y el sociólogo Daniel Castro advertían en el diario “La Nación” sobre un eventual triunfo de Piñera: “Se produciría una verdadera situación de despotismo legal. A los poderes que tiene la derecha de control económico y de los medios de comunicación, se le agregaría el control del Poder Ejecutivo”. (*). Y ello ocurrió agregamos nosotros.
*) Entre el despotismo legal y la Democracia progresista. La Nación, 27/12/09 21/1/10
Hernán Uribe es periodista y escritor chileno.
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