Ecuador: Resistiendo a la minería

30 de julio de 2009
FRENTE DE DEFENSA DE LA PACHAMAMA

Ecuador, país ubicado al noroeste de América Latina, reconocido como país Mega diverso en sus 256 370 km2 de extensión, también posee uno de los depósitos auríferos más importantes del mundo ubicado en la Cordillera del Cóndor y reservas importantes de cobre y plata.

La historia, hoy lamentablemente se repite en este país, el Gobierno toma acciones contradictorias en cuanto al desarrollo sostenible del que se declara impulsor y el tipo de relación que este va a tener con el capital extranjero

El Presidente del Ecuador Rafael Correa fue elegido el 26 de abril en segunda vuelta con más del 56% de apoyo de la población, Correa asume la presidencia de un país con una situación económica bastante compleja, con elevados niveles de pobreza y exclusión social. Después de dos años de haber llegado al Gobierno, el partido político Alianza País (2007-2011) que representa un gobierno de izquierda, autodenominado “Gobierno de la Revolución Ciudadana”, ha logrado cambios sustanciales positivos en la salud, educación y vivienda; así como ser el primer país del mundo que reconoce en su nueva Constitución derechos inalienables a la Naturaleza; inspirada en la filosofía del “buen vivir”, que promueve la convivencia en armonía con la naturaleza, mediante el cuidado de la biodiversidad, de los recursos naturales, de la biósfera y del patrimonio natural.

Sin embargo, a pesar de estos logros alcanzados, existe un conflicto que parece oscurecer este avance. La oposición a la política minera del gobierno es llevada adelante por el Frente de Mujeres en Defensa de la Pachamama, frente formado por mujeres de la Provincia del Azuay (zona austral del Ecuador), organización que es parte del Movimiento Salud por los Pueblos-América Latina, junto a la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y Soberanía, que agrupa distintos frentes de lucha en todo el país. Inician su protesta de resistencia a las concesiones mineras otorgadas por el gobierno anterior, y que según el nuevo Mandato Minero debieron ser archivadas. Las movilizaciones fueron nacionales y se iniciaron en el 2006, continuaron en junio del 2007, abril del 2008 y enero del 2009.

Estas organizaciones demandan la suspensión de las concesiones otorgadas a las compañías, todas de origen canadiense, International Mineral Corporation (IMC) en Molleturo (Provincia del Azuay) asentada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas; IAMGOLD en Victoria del Portete (Provincia del Azuay) ubicada en el Bosque Protector Irquis-Yanuncay, ambas en la región de la Sierra; y Corriente Resources en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, ubicada en la Cordillera del Cóndor; región Amazónica. Consideradas las reservas más importantes de oro, plata y cobre.

Esta lucha los ha llevado a acudir a la Defensoría del Pueblo, poniendo una demanda en noviembre del 2008, fueron convocados este 22 de Julio a la Audiencia Pública en la capital, Quito, a la que se trasladaron representantes de cada una de las comunidades afectadas. Denunciaron el no archivamiento de las concesiones que no realizaron la consulta previa, violando el derecho constitucional de los pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados, como también la violación del Convenio 169 de la OIT, del que el Ecuador es parte. Estas comunidades también denunciaron que estas concesiones están dentro de áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento e importantes fuentes de agua.

Por otro lado también denunciaron la violación de Derechos Humanos de hombres, mujeres y niños, cometidas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante las manifestaciones. Y la criminalización de su lucha por ejercer su derecho a la resistencia, cinco mujeres campesinas del Frente de Defensa de la Pachamama enfrentan procesos penales por terrorismo. Se espera el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo en 30 días.

El pueblo ecuatoriano aprobó la nueva Constitución, propuesta por el Gobierno de Correa; la misma que alcanza logros constitucionales muy importantes en el campo de la participación ciudadana, los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza; ahora al parecer estos derechos serán puestos por debajo de los intereses de los grandes capitales y el poder que representan.