El Parlamento Europeo condena a Venezuela

En la sala sólo había 27 parlamentarios, pero la prensa no lo dice

09-05-2009
Gennaro Carotenuto
Latinoamerica / Giornalismo Partecipativo
Traducido para Rebelión por Gorka Larrabeiti

Al abrir el pasado 8 de mayo El País, periódico del que nuestros cotidianos suelen copiar la información latinoamericana, se encuentra un artículo largo y ufano. El Parlamento Europeo, como si fuera un tribunal, ha condenado a Venezuela en términos sin precedentes.



Mediante un entrecomillado se informa de que ha expresado su “enorme preocupación por el deterioro de la calidad de la democracia en Venezuela”, la cual corre “un grave peligro de colapso” debido a la “concentración de poder y autoritarismo creciente del presidente Hugo Chávez”. Además, el Parlamento Europeo -cosa inaudita bien mirada- muestra solidaridad con los jefes de la oposición que sufren persecuciones políticas. Continúa el artículo copiando y tratando con aprobación gran parte de la resolución del Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que no marcha en esta resolución? ¿Qué esconde la multinacional Prisa, que edita el diario español?

Lo que El País esconde no se encuentra ni aun buscándolo con lupa, y sin embargo representa un clarísimo caso de desinformación: esa resolución se aprobó en un aula desierta en la que había tan solo 27 parlamentarios de 785, el 3% del total. No sólo: El País elude que los 27 votantes pertenecen a grupos de derecha y extrema derecha y que el 97% de los eurodiputados de derecha, centro e izquierda (758 frente a 27) ningunearon una resolución cuyo contenido, según un documento, revela “un claro ensañamiento” antivenezolano y un “lenguaje capciosamente destructivo”. En una palabra: basura que, sin embargo, juega a favor del grupo Prisa, que desde hace años opera como punta de lanza de las multinacionales ibéricas.

En cualquier caso, cabe leer la noticia de otro modo: el 97% de los europarlamentarios rechaza condenar a Venezuela. Además es singular el hecho de que El País, periódico que apoya en España al PSOE (partido socialista en el gobierno), ponga tanto empeño e interés en una resolución que ningún parlamentario del PSE (Partido Socialista Europeo) ha tenido el valor de votar por lo impresentable.

El caso que ha originado la resolución votada por neofascistas y afines europeos y que tanto ha gustado a El País es, no obstante, muy importante. Se trata del caso Manuel Rosales, candidato presidencial en 2006 contra Hugo Chávez y antiguo alcalde de Maracaibo y gobernador del Estado de Zulia, el cual, acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, se proclamó perseguido político y pidió y obtuvo asilo en Perú, donde gobierna Alán García, íntimo amigo del ex-presidente venezolano Carlos Andrés Pérez (y de Bettino Craxi), destituido a su vez por corrupción a principios de los 90. Quien escribe esto conoció brevemente a Manuel Rosales y lo describió como la expresión de una oposición madura que por primera vez se oponía a Chávez de modo no golpista.

Con todo, los innumerables casos de malversación de fondos públicos y de corrupción que han salpicado estos años a Rosales no pueden tacharse de persecución política. Lo que no dicen ni los parlamentarios de derecha y ultraderecha de Bruselas ni El País es que fue la propia Interpol quien calificó como plenamente justificada la solicitud de extradición para Rosales ya que no se deduce en su caso “ningún peligro de persecución política, racial, religiosa o militar”. Fue el presidente peruano, por propio interés, quien concedió el asilo sin que hubiera persecución alguna en acto, e impidiendo que la justicia venezolana concluyera su investigación sobre el sospechoso. La justicia venezolana está en el derecho de investigar a Rosales, que debería demostrar cómo fue que se enriqueció tan desmesuradamente en menos de diez años de ejercicio en la administración pública.

La verdad es bien distinta, y revela un punto débil, un callejón sin salida para el gobierno de Hugo Chávez. Si la magistratura ataca la corrupción acaba ocupándose sin remedio de los enormes enriquecimientos ilícitos de los últimos cincuenta años, que suelen implicar a personajes activos de la oposición, lo que a su vez da pie a que se acuse a la magistratura de querer perseguir a los opositores políticos. Ahora bien: si no lo hace -y en los últimos años ha hecho demasiado poco- jamás se extirpará la lacra de la corrupción endémica. Pero no se esperen que eso se lo cuente El País.

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