8 de mayo de 2009
Marcela Rodríguez (XINHUA)
El escándalo en Colombia por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos" deja a casi un batallón de militares en la cárcel, según datos de la fiscalía.
Mientras las cifras generan indignación en los ciudadanos, el presidente Álvaro Uribe ha hecho un llamado de solidaridad con la fuerza pública.
Tras una semana con 37 capturas de uniformados acusados de ejecuciones extrajudiciales, sorprendió a los familiares de las víctimas la declaración de Uribe para pedir un nuevo sistema judicial de defensa para los involucrados.
"La mano dura" del presidente se ablanda cuando la justicia actúa contra quienes ilegalmente aumentaron los aciertos de la política de seguridad, dijo el tío de un joven desaparecido en el municipio Soacha, quien pidió el anonimato.
Agregó que parece que el fin de ese plan no es actuar con la transparencia que él menciona, sino llenar de éxitos al gobierno para justificar otra reelección.
El mandatario admitió que hay violaciones a los derechos humanos en el interior de la fuerza pública, y dijo que se espera "transparencia" en el actuar de los uniformados, pero requirió "imparcialidad" de los jueces, tras asegurar que "pululan las falsas acusaciones".
"Así como se tiene que pedir a los soldados y policías total transparencia, también se le tiene que pedir a la justicia total imparcialidad", dijo el mandatario en una intervención en la ciudad de Cartagena (norte).
Pese a que en las declaraciones del mandatario se sobrentiende que aboga por aquellos uniformados que caigan en investigaciones, los interesados en el esclarecimiento de los hechos extrañan similares muestras de consideración con ellos.
"No escuché del presidente una orden igual de contundente, pero para que nuestras denuncias sean atendidas con celeridad, ni para que las personas que no se atreven a denunciar, por miedo, sean escuchadas por los jueces", agregó el familiar del joven desaparecido.
Informes de la fiscalía indicaron que 426 militares -número que compone un batallón completo- fueron detenidos los últimos dos años en el marco de investigaciones por "falsos positivos" que dejan de luto a familias cuyos hijos fueron asesinados y mostrados como criminales.
La fiscalía realiza 1.009 investigaciones que involucran a 965 miembros del Ejército (11 coroneles entre ellos), 20 de la armada, 20 de la policía, cuatro de la policía secreta (DAS), y se han emitido 67 condenas.
Los asesinatos suman 1.666, según datos del ente fiscal revelados a la prensa, pero las organizaciones no gubernamentales interesadas en el proceso aseguran que los casos aumentarán considerablemente.
"El 2 de marzo del año pasado, mi hijo (Julián Oviedo, de 19 años) se fue a las siete de la noche de la casa (24:00 GMT). Me dijo mamá, guárdeme comida, pero nunca regresó". Es uno de cientos de relatos que coinciden en variables como que los muchachos salen de casa tras promesas de empleo.
El miércoles, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos ordenó la detención del coronel activo José Castrillón, ex comandante de un batallón del ejército en el noroeste, acusado de participar en el crimen de cuatro jóvenes presentados como guerrilleros muertos en combate en 2004.
La semana pasada fueron puestos a órdenes de la fiscalía los tenientes coroneles Álvaro Tamayo y Wilson Castro, para responder por la muerte de jóvenes desaparecidos en 2008 en Soacha, al norte de Bogotá, caso que desató el escándalo.
Los uniformados fueron parte de una purga de militares, realizada en octubre de 2008, que dejó tres generales y cuatro coroneles, así como más de 30 uniformados, retirados de las filas.
En la ciudad Medellín (noroeste), siete soldados fueron arrestados y un mayor, un capitán y un teniente lo fueron en Cali (suroeste) en las últimas horas, por el asesinato de cuatro personas a las que el ejército endilgó cinco homicidios al justificar las muertes.
Los hechos recientes sumados a declaraciones del jefe de Defensa, Juan Manuel Santos, afirmando que desde la depuración de 2008 sólo hubo un "falso positivo", desataron la indignación.
El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) recordó que documentó 35 nuevos casos que ocurrieron entre julio y diciembre de 2008 y dejaron 69 víctimas.
"Según las denuncias de familiares de víctimas y organizaciones sociales, el grado de implicación de fuerzas oficiales en este delito de lesa humanidad compromete de manera seria la legitimidad del aparato militar y policíaco del país", citó el informe del Cinep.
El senador del Partido Liberal (PL), Juan Galán,el primero que contradijo las afirmaciones de Santos, criticó al Poder Ejecutivo por estar en mora de medidas concretas como un proyecto de ley que tipifique las ejecuciones extrajudiciales como delito.
El opositor como los afectados, consideró indispensable que sea la justicia ordinaria y no la penal militar la que juzgue los casos, y que se implemente un registro único para recibir las denuncias.
Galán advirtió que próximamente se conocerán "aterradoras" historias sobre "falsos positivos" en el departamento Meta (centro), uno de los que presentan mayor número de esos asesinatos, junto a Antioquia (noroeste), Cesar (norte) y Norte de Santander, limítrofe con Venezuela.
La comunidad internacional, que se mostró atenta desde el inicio del escándalo, confía en los resultados de las investigaciones, pero empieza a redireccionar la ayuda a Colombia, centralizada los últimos años en el fortalecimiento militar.
Gran Bretaña, cuyo viceministro de Interior visitó el país días atrás, dijo que, pese a los cuestionamientos, la ayuda militar continuará, pero enfocada en la lucha contra la impunidad.
Estados Unidos anunció, por su parte, que los recursos que entrega a Colombia para la lucha contra el terrorismo no llegarán a las bases militares que resulten salpicadas por las investigaciones.
"Le entregamos una carta al embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, donde le pedimos que suspenda la ayuda económica y militar a la Cuarta División del Ejército con sede en Villavicencio (centro), por este caso de 'falsos positivos' contra nuestros familiares", dijo Héctor Torres, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en noviembre pasado.
El viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, explicó que desde octubre del año pasado se implementaron medidas, como el fortalecimiento de la figura jurídico operacional y la certificación en derechos humanos de la fuerza pública.
"A partir de ese momento vimos una reducción en las quejas, lo cual no quiere decir que no se vayan a presentar nuevas denuncias de hechos ocurridos después de esa fecha.
"Eso para nosotros es crítico, y la voluntad del ministro es que cuando tengamos evidencia de un nuevo caso, habrá una intervención inmediata", sostuvo el funcionario.
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