El anuncio, hace unos días, por parte del presidente del gobierno español Rodríguez Zapatero, de un paquete de medidas para hacer frente al déficit del estado ha caído como una bomba de relojería en la sociedad española.
Las medidas, que buscan ahorrar miles de millones de euros para el estado, hacen uso principalmente de recortes de tipo social, como congelación de las pensiones, reducción de las prestaciones farmacéuticas, eliminación de las ayudas por maternidad y reducciones salariales para los funcionarios públicos.
Precisamente para este último grupo, el de los funcionarios del estado, los sueldos se reducirían un 5 por ciento, lo que se traduce entre 30 y 200 euros menos en la nómina mensual. Algunos aceptan con resignación los recortes, pues consideran que en un país con una tasa de paro del 20 por ciento, contar con un puesto de trabajo fijo en la administración es ya de por sí todo un privilegio.
Pero no todos se resignan. Numerosas manifestaciones salpican la geografía española, todas ellas reclamando que los funcionarios no sean, una vez más, los primeros en pagar el pato de la crisis del déficit, una crisis en la que las rentas altas y los especuladores tienen la íntegra responsabilidad.
El gobierno, en boca de su vicepresidenta Fernández de la Vega, apela al “interés general” y a apretarse el cinturón para sacar a España del bache económico en el que está estancada, un bache que la ha hecho retroceder un diez por ciento en la senda del crecimiento y la bonanza económica en la que el país ha estado inmerso en los últimos 15 años.
Para muchos lo más difícil de asumir es que un partido socialista, un gobierno supuestamente de izquierdas, haya tenido que poner en marcha el mayor recorte social de la historia reciente del país. Los sindicatos, en los días posteriores al anuncio de Zapatero en el Congreso de los Diputados de Madrid, lanzaron ecos de huelga general, una posibilidad que aún no se ha desvanecido.
Los sindicatos y demás agrupaciones del país acusan al gobierno de haber cedido ante las presiones de los mercados, los otros países de la eurozona y los grandes propietarios del capital adoptando medidas más propias de una mentalidad neoliberal que de un gobierno socialista.
Tal vez en un intento de paliar esta idea, la ministra de Economía, Elena Salgado, anunció en esta semana que se subirán los impuestos a las rentas más altas. Sin embargo, aún no se ha especificado a quién en concreto afectará esta medida. Sea como sea, al gobierno le esperarán ahora ataques desde el otro frente, el de los más favorecidos. Zapatero tendrá que hacer fligranas y equilibrios para poder satisfacer a unos y otros. O a ninguno de los dos.
Algunos miembros del gobierno ya hablaban de que el Partido Socialista se está ‘sacrificando por el país’, reconociendo más o menos explícitamente que estas medidas le van a costar a los socialistas su reelección.
Es precisamente esa necesidad de estar jugando al pingpong con sus decisiones, sopesando los efectos en uno y otro lado, lo que hace que las decisiones de Madrid parezcan descoordinadas e incluso contradictorias. En los próximos días se verá cómo evoluciona la situación y si los sindicatos llevan más lejos sus reivindicaciones y convocan huelga general (a pesar de que “no está el país para huelgas generales”, como dijo el presidente de la patronal española, Díaz Ferrán).
Por lo pronto, los colectivos más afectados por el recorte –funcionarios y jubilados, principalmente- seguirán haciendo ruido en las calles y reclamando que la crisis la paguen quienes la causaron.
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