Brasil: Crisis del gobierno y de la izquierda

Osvaldo Coggiola

La candidatura presidencial de Dilma Roussef (ex ministra de Minas y Energía, y actual “Jefe de la Casa Civil”, un primer ministro informal) por el PT, fue proclamada por unanimidad en un evento nacional del partido, con presencia de 1600 delegados, y un costo de seis millones de reales (casi cuatro millones de dólares), o sea, 2500 dólares por delegado (en tres días!). El detalle no es secundario, pues retrata a un partido aburguesado hasta la médula de los huesos (hace poco más de dos décadas, los congresos del PT y del movimiento sindical se realizaban en gimnasios, con muchos más delegados, que dormían en colchonetas y habitaciones colectivas).

La candidatura fue impuesta al PT por el presidente (Lula), sin debate en sus instancias orgánicas, que se limitaron a endosarla. Ya no quedó ni un simulacro de democracia (en un partido que nació defendiendo, contra la “vieja izquierda”, la “democracia de base”). En 2002, el pintoresco senador petista Eduardo Suplicy reivindicó elecciones internas, y se autoproclamó pre-candidato (contra Lula), declarando expresamente que lo hacía sin esperanzas, y sólo para que se preservase alguna formalidad democrática, que hoy ni siquiera preocupa. Del programa, ni hablemos: las “instancias orgánicas” se limitan a repetir las declaraciones que el propio Lula va haciendo al calor de los acontecimientos, y a elogiar su gobierno de ocho años. Algún “comité de expertos” redactará, seguramente, algún libreto lleno de vacíos grandilocuentes, acompañado de figuras, gráficos y fotografías. La “izquierda” del PT (AE, Articulación de Izquierda) acompaña la "mise en scène" afirmando que “dos campos políticos y sociales van a enfrentarse en las elecciones presidenciales de 2010: de un lado, las fuerzas de izquierda y progresistas, encabezadas por el PT; del otro, las fuerzas neoliberales de derecha, capitaneadas por el PSDB”. Dilma Roussef, que hasta la víspera de la primera elección de Lula “militaba” en el PDT (un partido burgués de pasado nacionalista, alquilado por sectas evangelistas) coincide con AE, y propone una campaña basada en la comparación de los ocho años (de gobierno) del PSDB, contra los ocho del PT, o sea, un plebiscito.

El “debate” propuesto por Dilma también es una fantochada, pues se concentra en cuestiones secundarias (aumento de 0,4% del PIB en gastos sociales compensatorios, por ejemplo, ignorando una reducción porcentual semejante en gastos en salud, educación y transporte), a las que el PSDB opondría otros índices de la misma magnitud e importancia, pues existe un “consenso” (un acuerdo tácito) entre “progres” y neoliberales en no tocar (apoyando silenciosamente) los centros neurálgicos de las políticas capitalistas de Lula, los 300 mil millones de reales (más de US$ 150 mil millones), 10% del PIB, concedidos al gran capital, en los últimos dos años (en exenciones impositivas, subsidios y otras regalías) para evitar la quiebra de sectores enteros del capital (en especial las grandes plantas automotrices), las renegociaciones ad infinitum de las deudas de latifundistas y grandes debedores de la previsión social, sin hablar de las centenas de miles de despidos provocados por las repercusiones de la crisis capitalista mundial. Pese a la extrema generosidad del gobierno para con el gran capital (que provocó la primera caída de la recaudación fiscal en más de una década), el costo estimado de la crisis, medido en términos de reducción de la producción y desvalorización del capital, ha sido, en el último trimestre de 2008 y todo el 2009, de R$ 220 mil millones (US$ 120 mil millones) sin contar la fuga de capitales, que registró, ya en 2008, un saldo negativo de mil millones de dólares (después de un saldo positivo de casi 88 mil millones en 2007), con un déficit de cuenta corriente de más de US$ 24 mil millones en 2009, y un déficit previsto de 40 mil millones de dólares en 2010. El flujo de capitales externos ha caído casi 50% en 2009; el promedio mundial de esa caída fue de 39% (2,5% en China). O sea, que la “casa brasileña” camina alegremente hacia un défault a la griega, mientras sus políticos (mayoritarios) engañan a los trabajadores discutiendo el mejor color para la pintura de las ventanas. Como en el título de la película, “de eso no se habla”: la supuesta “polarización” izquierda (PT) / derecha (PSDB), propuesta por la “izquierda petista” (y aceptada por buena parte de la izquierda no petista), es una falacia de primera magnitud, y un crimen político contra la nación y los explotados.

Aprobada la candidatura de Dilma, los sondajes inmediatamente aumentaron su porcentaje de votos para 28%, casi emparejando con la intención de voto del candidato derechista (PSDB) José Serra, que cayó al 32%. Si a los 28% de Dilma-Lula se le suman los 12% de Ciro Gomes (PSB) y los 8% de Marina Silva (ex ministra petista de medio ambiente, candidata presidencial por el Partido Verde, fruto de una oscura maniobra política) tendríamos un “frente progre” con casi 50% de las intenciones de voto, sin contar los votos del “Frente de Izquierda” encabezado por el PSOL (con el PSTU y el PCB), con Heloísa Helena como candidata presidencial, en 2006 (7%). Un panorama aparentemente rosado para la “izquierda progresista”, con todos los escándalos de corrupción (desde el “mensalão” de José Dirceu, hasta el monumental sistema de robos del “coronel” marañense - y ex-presidente - José Sarney, del PMDB, que Lula se encargó personalmente de auxiliar) de sus ocho años de gobierno, debidamente enterrados a seis palmos. ¿Fin de la crisis política? En realidad, sólo su comienzo, siendo Lula el primero a saber que la supuesta “marolinha” (olita) de la crisis económica puede transformarse, combinada con la crisis política, en un tsunami de proporciones inéditas.

El PMDB, partido que suministra la base parlamentaria de apoyo a Lula, anunció de inmediato su intención de que el Vice de Dilma fuese Milton Temer, jefe del partido, a lo que Lula declaró su inmediata oposición. La cuestión del Vice, aparentemente secundaria, puede desatar la crisis del “frente progre”. Sucede que el PMDB, una enorme (y precaria) articulación de gobernadores represivos, diputados corruptos, intendentes cleptómanos y chorros de todos los matices, originada bajo la dictadura militar, ya preside la Cámara de Diputados y el Senado, es el partido con mayor control de alcaldías (más de 1200, contra 550 del PT) y, con la vice-presidencia del país, pasaría a controlar las palancas decisivas del poder político, sin desgastarse en una elección presidencial, y escudándose en la popularidad y votos de Lula. En cuanto al poder económico, el PMDB controla seis ministerios (con presupuesto de 150 mil millones de dólares) incluido el de mayores recursos (Minas y Energía, con 80 mil millones de reales), lo que le permitió, con su poder de nombramientos, controlar un porcentaje mayor que el del PT de la parte estatal (40%; el resto está distribuido entre accionistas, en especial fondos de pensión norteamericanos) de la Petrobrás, la más grande empresa del país (y una de la diez más grandes del mundo, con facturamiento bruto de R$ 285 mil millones, y 175 mil millones de dólares de inversiones previstas hasta 2013). La presidencia, y responsabilidad política, de la Petrobrás, está a cargo de José Sergio Gabrielli, del PT.

Este “gran aliado” del PT, cuyo jefe parlamentario (Sarney) fue salvado del impeachment (y hasta de la cárcel) por el propio Lula, ha hegemonizado (después de rechazarla de palabra) la CPI (comisión parlamentaria de investigación) de la Petrobrás, esto es, de desmoralización de su presidencia petista, comisión llamada de “antipatriótica” por Lula, y que el PMDB usa como una espada de Damocles sobre el gobierno del ex-metalúrgico. Una investigación periodística reveló que la Petrobrás gastó, sin licitación pública, R$ 47 mil millones (37% de sus gastos) en los últimos seis años, lo que dejaría al “mensalão” reducido al tamaño de un hurto de salame en el supermercado.

El chantaje de la CPI petrolera está al servicio de una maniobra mucho más amplia, de alcance internacional. Como es sabido, han sido descubiertas importantes reservas petroleras en la llamada “camada pre-sal” del mar territorial, estimadas entre 100 y 300 mil millones de barriles, lo que cubriría el consumo del país hasta el 2060, y dejaría amplio margen para la exportación (las reservas actuales del país no superan los 12 mil millones de barriles; las reservas estimadas de Arabia Saudita, las mayores del mundo, son de 264 mil millones de barriles). Después de la quiebra del monopolio estatal, adoptada por el gobierno derechista de F. H. Cardoso, Brasil adoptó el sistema de concesiones, vía subasta, al sector privado, que el “progresista” Lula mantuvo. En 10 años, Brasil entregó más de 500 bloques de explotación a 72 grupos, mitad de ellos extranjeros, siendo uno de los países que menos recibe en concepto de royalties y participación en los beneficios (54%, contra 95% de Libia, 80% de Nigeria o Angola, 78% de Noruega, etc.). El PMDB no está sólo con la mira puesta en el manantial de “recursos” de la gran petro-vaca lechera del Brasil, sino también en las comisiones espectaculares garantizadas por la intermediación de los contratos con los pulpos internacionales del petróleo.

Está planteada una cuestión de soberanía nacional de primera magnitud. Lula, ya en campaña electoral, ha adoptado un aire nacionalista, defendiendo la constitución de una empresa estatal (una “Petrosal”), con participación obligatoria en todos los negocios y explotaciones futuras. Además de demagógico (Lula ya adoptó un tono “izquierdoso” en la campaña electoral del segundo turno de 2006, después del susto que llevó en el primero, en el que esperaba más del 50% de los votos), el planteo es recontralimitado, pues nada garantiza (al contrario, todo favorece) que la eventual nueva empresa no se transforme en una estatal trucha, como la Petrobrás. Ildo Sauer, profesor de la USP y ex director de gas y energía de la Petrobrás (dimitido por Lula y sus amigos del PMDB) ha planteado un plebiscito en favor de la retomada del monopolio estatal del petróleo (acabando con la “herencia maldita” de FHC) y la reestatización de la Petrobrás (sin aclarar si sería comprando las acciones de los privados, o nacionalizando sin indemnización). Una campaña por el monopolio estatal sobre todos los recursos naturales, y por la renacionalización de la Petrobrás bajo control obrero, única garantía de soberanía efectiva, plantearía la cuestión nacional en el terreno de la lucha de clases, y le daría la dimensión latinoamericana que la pseudo-izquierda usa de modo demagógico. El PSOL, centro de todos los debates acerca de una alternativa de izquierda a Lula-Dilma, endosa el planteo del profesor uspiano.

El otro punto de la demagogia preelectoral es (o, tal vez, era) la reactivación de la Telebrás, otra estatal trucha, para ofrecer al público servicios de Internet de banda ancha a R$ 10 mensuales por cabeza (“inclusión digital”, como se dice ahora), en un Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). Las telecomunicaciones fueron privatizadas bajo el gobierno de FHC. La Telebrás, sin embargo, continuó cotizada en Bolsa, y ha acumulado una milagrosa valorización de sus acciones en... 35.000%. La red que le permitiría “universalizar” la banda ancha serían 16.000 km. de cabos de fibra óptica, en poder de una empresa (Eletronet) que declaró quiebra en 2003, primer año del gobierno de Lula, con deudas de R$ 800 millones. El ministro de Economía (Mantega) declaró que no existe definición acerca de si el gobierno asumirá esa deuda para recuperar los cabos. El procurador general de la nación, sin embargo, declaró que el gobierno ya depositó R$ 270 millones como garantía... lo que los acreedores niegan. El ministro de Comunicaciones (oh casualidad, del PMDB) ya declaró su oposición al PNBL y a la reactivación de la Telebrás. Y en el medio de la historia reapareció... José Dirceu, el ex-ministro y ex-diputado petista destituido de todos sus cargos por financiamiento ilegal de diputados, “reactivado”, este sí, como dirigente del PT, y contratado por la Eletronet (quebrada!) por módicos 400 mil dólares, para prestar “asesoría” (!). El esquema (valorización artificial de acciones y desvío de fondos públicos) apunta hacia el financiamiento ilegal de la campaña electoral de Dilma Roussef (especialidad del ex-ministro y ex-diputado). La oposición derechista ya entró con pedido de CPI, ahora de la Telebrás. El PMDB, nuevamente, deshoja la margarita, metiendo un cuchillo en la voluminosa barriga de Lula, además de la espada que ya tenía sobre su cabeza. Todo el proceso electoral amenaza con transformarse en un (gigantesco) caso policíal, llevando a una crisis institucional (de régimen). El PCB, candidato a la “reactivación” del “Frente de Izquierda” del 2006, ya reivindica el pasaje a un sistema parlamentarista, o sea, la transferencia del centro de poder del mini-grupo gangsteril presidencial a la gran banda mafiosa parlamentaria.

Esta crisis debería llevar al fortalecimiento de la izquierda, pero sucede todo lo contrario. Heloísa Helena (PSOL) ha renunciado a la candidatura presidencial para garantizar su elección como senadora en Alagoas. No se limitó a eso, sino que también declaró (sin consultar a nadie) su apoyo a la candidatura Marina Silva (PV), 100% burguesa, por su programa y base social, sin contar su función de línea auxiliar de apoyo a Dilma Roussef, contra la derecha, pero sobre todo contra la izquierda. En el mejor estilo del seguidismo petista a Lula, la dirección del PSOL salió a buscar un acuerdo electoral explícito con el PV, con la reducción al mínimo de su anterior programa mínimo. La dirección del PV (incluído el hijo de José Sarney, “Zequinha”, que sigue las huellas de su padre, cuida de las inmensas propiedades familiares en su feudo de Maranhão, y representa al eco-feudalismo) rechazó cualquier acuerdo. La izquierda del PSOL comenzó a lanzar candidaturas alternativas (Plinio de Arruda Sampaio, Babá), cosa que también comenzó a hacer la derecha del partido, lanzando nombres ignotos, frente al fracaso de las negociaciones con el PV. Y la convención electoral del partido fue postergada ya dos veces.

Frente a esa crisis total, el PSTU lanzó la candidatura de Zé Maria (metalúrgico, ex dirigente de la CUT y actual coordinador del agrupamiento sindical Conlutas) como “pre-candidatura obrera independiente”, al mismo tiempo proponiendo la reactivación del Frente de Izquierda con el PSOL y el PCB, y declarando que su candidata presidencial debería ser... Heloísa Helena, como si ésta pudiera ser la “candidata obrera independiente”, después de declarar su preferencia explícita por una candidatura burguesa. La confusión política es la más completa, e incluye todas las variantes de la izquierda brasileña.

Desde 2009, frente a la crisis y los despidos, se ha producido un repunte de las luchas obreras, inclusive en sectores estratégicos, pero todavía lejos de una ofensiva de clase. Grandes categorías de asalariados, como metalúrgicos, bancarios, petroleros (estos, por primera vez en huelga en 14 años, después de la derrota de 1995, en 17 plantas y refinerías), obreros de la construcción, Correos, cruzaron los brazos y ganaron las calles en defensa de sus salarios y reivindicaciones. Los agrupamientos Conlutas e Intersindical, independientes de la CUT y de las demás (seis) centrales sindicales, burocratizadas y progubernamentales, han sido los más activos en esas luchas, y convocan para el mes de junio, en Santos, a un Congreso Nacional de la Clase Trabajadora (Conclat) para crear una central sindical y popular clasista (lo de “popular” se refiere a la presencia, además de sindicatos y oposiciones antiburocráticas, de movimientos barriales, estudiantiles y campesinos). Está claro que está planteada la adopción de un plan de lucha nacional por el salario, contra los despidos y por la escala móvil de horas de trabajo, por la independencia clasista de las organizaciones obreras, por la reforma agraria y urbana y por la defensa de las ocupaciones de tierra, especialmente en el Norte-Nordeste, donde las ocupaciones están siendo objeto de un masacre militar-policial en regla, capitaneado por el gobierno petista de Pará.

La tendencia de las corrientes políticas metidas en ese proceso (PSOL y PSTU especialmente, pero no sólo ellas, sin contar que “PSOL” es una sigla que abriga corrientes de las más diversas, que actúan de modo independiente y contradictorio) será substraer la cuestión político-electoral de los debates - no está en el temario -, lo que significaría someter nuevamente los trabajadores a enjuagues políticos burocráticos hechos a sus espaldas, en momentos en que se configura una crisis política profunda, que determinará el destino de los explotados. El Conclat estará puesto frente a la necesidad objetiva de fijar una política independiente para la clase obrera y los explotados, rechazando toda candidatura electoral, a cualquier cargo, que no esté comprometida, política, programática y organizativamente, con las organizaciones obreras y sus asambleas. Esto dependerá de la participación de la clase obrera organizada, y de la efectiva democracia de los debates.

El futuro político del Brasil es determinante para todos los explotados de América Latina. La experiencia del PT, de su gobierno y su aburguesamiento reaccionario, y de su crisis, implica a casi todas las variantes de la izquierda continental y mundial, para las cuales la lucha de clases en Brasil será un test decisivo a escala internacional.