Abogados y familiares de los arrestados en las últimas semanas por la Ertzaintza denunciaron ayer que la «flamante nueva división antiterrorista» de la Policía autonómica «tortura a las órdenes» del consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares. También criticaron la actitud de la Audiencia Nacional por «vulnerar derechos fundamentales» y aplicar la incomunicación a los detenidos que «permite la tortura para conseguir declaraciones autoinculpatorias».
GARA
Manex ALTUNA | BILBO
Abogados, familiares, amigos y vecinos de las nueve personas encarceladas en las últimas semanas tras ser detenidos por la Ertzaintza comparecieron ayer en Bilbo para denunciar que han sido torturados durante el periodo que han permanecido en dependencias policiales.
La operación comenzó con la detención, el 26 de enero, de Ibon Iparragirre, Asier Badiola, Xeber Uribe, Jabi Zubizarreta y Jon Iñaki Esnaola en localidades limítrofes de la costa entre Bizkaia y Gipuzkoa. En días posteriores fueron arrestados Urtza Alkorta y Zunbeltz Bedialauneta y la semana pasada Olaitz Lema e Igor Martín. Todos han sido encarcelados y han denunciado amenazas, golpes y presiones por parte de la Ertzaintza.
El letrado Alfonso Zenon, que estuvo acompañado por la también abogada Haizea Ziluaga, criticó la actitud mantenida por la Audiencia Nacional española y la Policía autonómica durante el operativo. Acusó al tribunal especial de actuar como un «tribunal de guerra» vulnerando derechos fundamentales de los detenidos y el derecho a la defensa, además de «permitir» que se puedan producir malos tratos en comisaría aplicando el régimen de incomunicación.
En cuanto a la Ertzaintza, afirmó que «tenemos que decir alto y claro» que la «flamante nueva división antiterrorista» de este cuerpo policial «tortura a las órdenes de Ares», en referencia al consejero de Interior de Lakua.
Zenon explicó que la Ertzaintza ha dejado de aplicar el protocolo contra la tortura que puso en marcha el anterior conse- jero de Interior en Gasteiz, Javier Balza, y que, además de incomunicar a los detenidos, es la propia Policía autonómica la que reclama a la Audiencia Nacional que les aplique ese régimen especial.
Tres hospitalizados
El abogado de los detenidos denunció que el teléfono de atención a los familiares que ofrece la Ertzaintza para las personas detenidas en régimen de incomunicación es un «paripé».
Contó cómo en todas las respuestas a los familiares les dijeron que los detenidos se encontraban en perfecto estado y en dependencias policiales, pero que cuando pudieron estar con ellos se enteraron que tres de ellos habían tenido de que ser ingresados en el hospital. Por ello, censuró que el teléfono de atención a familiares «desinforma y miente».
Según indicó Zenon, en el caso de uno de los arrestados -Asier Badiola- fue el propio médico forense el que pidió su ingreso en el hospital dado el estado en el que se encontraba. Badiola fue hospitalizado en dos ocasiones por las lesiones sufridas en las costillas y Xeber Uribe y Urtza Alkorta fueron observados también por los médicos por sendas contracturas musculares en el cuello, debido al largo tiempo transcurrido en posturas forzadas.
«Testigos incómodos»
Zenon cargó también contra la forma de actuación del tribunal especial en esta operación, ya que impidió a los abogados de confianza hasta permanecer en dependencias judiciales.
El letrado relató que solicitaron la aplicación del protocolo contra la tortura que establece que los arrestados sean visitados por un médico de confianza, que sean grabados en todo momento mientras permanezcan en dependencias policiales y que se comunique a los familiares dónde y en qué estado se encuentran.
Sin embargo, ni siquiera recibieron una contestación, ya que el juez Eloy Velasco argumentó que la causa estaba bajo secreto de sumario y que a los arrestados se les había impuesto por ley un abogado de oficio.
En este sentido, criticó que a pesar de que el sumario era secreto se han publicado en los medios de comunicación informaciones relativas a los detenidos. Añadió que tras pasar ante el juez y levantarles la incomunicación tampoco pudieron estar con los arrestados hasta que ingresaron en prisión y que, a día de hoy, los primeros detenidos no conocen las imputaciones en su contra ni los abogados han recibido auto alguno.
En su opinión, el tribunal especial actúa de esta manera porque los abogados son «testigos incómodos y no quieren que veamos a los detenidos nada más pasar ante el juez».
«Lo que hace la Audiencia Nacional aplicando la incomunicación es permitir la tortura para conseguir declaraciones inculpatorias», recalcó.
Zenon dijo que la aprobación de esa práctica ha hecho posible que los arrestados fueran sometidos a «interrogatorios ilegales continuos, sin abogado presente», que hayan «recibido golpes y amenazas», se les haya obligado a estar «en posturas forzadas» y hayan «recibido presiones y, sobre todo, tortura sicológica con amenazas hacia sus familiares, hijos pequeños y parejas» en dependencias de la Ertzaintza.
En nombre del movimiento pro amnistía y los vecinos de Ondarroa que asistieron a la comparecencia, Kemen Bedialauneta criticó que «utilizar la tortura es una decisión política» y persigue «objetivos políticos claros».
Una «decisión política»
Según declaró, «esos mismos que utilizan términos como paz, Estado de Derecho, democracia y convivencia son los que después deciden los métodos de tortura, preparan a los torturadores y ordenan que se torture».
Añadió que mediante la tortura tratan de conseguir «información política, obligan a los detenidos a realizar declaraciones policiales en su contra y, por supuesto, quieren extender el miedo en Euskal Herria».
Bedialauneta quiso enviar un abrazo a los nueve encarcelados tras la operación de la Ertzaintza e insistió en denunciar la actitud «hipócrita» que muchos mantienen ante la violencia «según de donde provenga».
En este sentido, reclamó la necesidad de adoptar «actitudes claras y compromisos serios» para acabar con la tortura. En nombre del movimiento pro amnistía realizó un llamamiento a la clase política vasca, al Ararteko, a las instituciones y, en especial, a los sindicatos de la Ertzaintza para que «hablen claro» ante las denuncias de torturas producidas.
Asimismo, criticó el «silencio» y la «censura» mantenida por los medios de comunicación con respecto a los testimonios de malos tratos recabados tras los encarcelamientos. Aludieron especialmente a EiTB por haber «silenciado y ocultado» en sus informativos las denuncias de torturas.
La sección sindical de LAB en el Ayuntamiento de Ondarroa, en una nota enviada a los medios, también denunció los arrestos y encarcelamientos de las últimas semanas. Según censuró, «mientras la izquierda abertzale está dando pasos para lograr una solución democrática, el Gobierno español insiste en las vías represivas».
«Ni Franco, ni los nuevos franquistas -PSOE, PP- ni los colaboracionistas de aquí -PNV- van a conseguir detener la libertad de este pueblo», destacó.
Desde el sindicato abertzale denunciaron la actitud mantenida por la Comisión Gestora que gobierna la localidad vizcaina, tras ser ilegalizada la candidatura de la izquierda abertzale que obtuvo la mayoría en las últimas elecciones municipales. Según señalaron, «no han hecho ni dicho nada a pesar de ver la violenta situación que ha padecido el pueblo».
También quisieron mostrar su solidaridad con todos los apresados y, en especial, con Urtza Alkorta, que recordaron fue elegida para ser edil por el pueblo de Ondarroa.
ONDARROA
La sección sindical de LAB en el Ayuntamiento de Ondarroa criticó la actitud de la Comisión Gestora por «no hacer ni decir nada» ante la operación policial ni las denuncias de malos tratos en comisaría relatadas por los detenidos.
COMPROMISOS
En la rueda de prensa reclamaron a la clase política vasca, al Ararteko, a las instituciones y a los sindicatos de la Ertzaintza la necesidad de adoptar compromisos contra la tortura.
EITB
Los vecinos de Ondarroa que acudieron a la comparecencia criticaron «el silencio y la censura» de los medios de comunicación, en especial EiTB, con respecto a las denuncias de torturas.
Movilizaciones el sábado y mesa redonda en Iruñea contra la persistencia de la tortura
Este sábado, 13 de febrero, se cumplirán 29 años desde que el vecino de Zizurkil Joxe Arregi falleciera a consecuencia de los malos tratos sufridos en comisaría. Desde entonces, esta jornada marcada en rojo se destina a denunciar la persistencia de la tortura en Euskal Herria. Arregi fue detenido y permaneció incomunicado durante nueve días en los que fue salvajemente torturado. Al terminar la incomunicación fue ingresado en un estado lamentable en el Hospital de Carabanchel, con todo el cuerpo lleno de moratones y quemaduras, y falleció al poco tiempo.
El movimiento pro amnistía ha anunciado la convocatoria de movilizaciones en varias localidades. Según señala, en los últimos 40 años más de 7.000 ciudadanos vascos han sido torturados en dependencias policiales y se siguen repitiendo las denuncias. En este sentido, recuerda que en 2009 por lo menos 45 personas denunciaron haber sido maltratadas y que en lo que va de año el lizartzarra Pello Olano ha dado a conocer públicamente lo padecido en manos de la Guardia Civil, al igual que los encarcelados tras la última operación de la Ertzaintza.
«Tienen la intención de seguir utilizando la tortura», subrayan desde el movimiento pro amnistía tras constatar que «todos los gobiernos han utilizado la tortura en su locura represiva contra Euskal Herria».
«El Gobierno español utiliza la tortura como instrumento político para acabar con la lucha a favor de la independencia, obtener información política, declaraciones autoinculpatorias de los detenidos y con el objetivo de que el miedo se extienda entre los ciudadanos vascos», insiste este movimiento.
Al margen de ello, en Iruñea una plataforma que viene denunciando situaciones como las macrorredadas, las detenciones «preventivas», las «listas negras» y el uso de la incomunicación ha convocada una mesa redonda sobre la tortura, que tendrá lugar a las 11.30 en los institutos de la Plaza de la Cruz.
Se prevé que en ella tomen parte representantes de Torturaren Aurkako Taldea, Amnistía Internacional y Comité para la Prevención de la Tortura, junto a Martxelo Otamendi -que denunció tormentos tras su detención en el «caso Egunkaria»- y representantes de sectores como la abogacía, la medicina y la siquiatría.
A la sesión han sido invitados además los colectivos con los que ha contactado esta plataforma, que va recabando adhesiones de todo tipo. Hace unos meses celebraron ya en Iruñea una movilización que reunió a unas 2.500 personas en defensa de la viabilidad para todos los proyectos y en contra de la represión, y anuncian ya otra en torno al mes de mayo.
Según recuerdan, tras aquella primera movilización se han producido otros acontecimientos relevantes, como la nueva macrorredada contra la juventud en noviembre de 2009 o el nuevo informe de la ONU que emplaza al Estado español a eliminar el régimen de incomunicación.M. A.
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