La Subcomisión de Salud del Consejo de Europa, presidida por el doctor Wolfgang Wodarg, ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución contraria a la vacunación masiva de la gripe A/H1N1, en la cual denuncia haberse "expuesto innecesariamente a millones de personas sanas al riesgo de vacunas con ensayos insuficientes y efectos secundarios desconocidos", e insta la creación inmediata de una comisión de encuesta.
Los Estados Parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional, expresaron su voluntad inequívoca de combatir la impunidad de los crímenes más graves y prevenirlos, inclusive el de lesa humanidad por comisión múltiple, generalizada y sistemática de actos que atenten gravemente a la integridad física o la salud de una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización, o para promover esa política, y con conocimiento de dichos actos. Es deber de todo Estado ejercer la jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales, recuerda el Estatuto.
En Francia, el escándalo de la vacunación antigripe ha llevado a ciudadanos y entidades a requerir judicialmente a la Ministra de Sanidad Roselyne Bachelot ponerle término, al tiempo que presentan cargos por los delitos de intento de administración de substancias perjudiciales para la salud capaces de producir la muerte, y mantener en peligro a la persona. No otras razones aconsejan que Trinidad Jiménez García-Herrera —cabeza del Consejo sectorial de la Unión durante la presidencia española—, finalice la campaña vacunal en curso, asuma la responsabilidad política y, por el bien de todos, dimita.
Investigar aquellos hechos prima facie constitutivos de delito en que aparezca implicada la Ministra, corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, máxima instancia penal entre cuyos ilustres Magistrados se contó su padre, José Jiménez Villarejo. Por contra, si el Reino de España no estuviera dispuesto a actuar, entraría en juego la competencia de la Corte Penal Internacional.
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