Ruanda: la historia que no se explica

28-11-2009
Pau Lanao y Carme Vinyoles
Diari Punt de Girona

La Audiencia Nacional ha puesto al descubierto una realidad que no ha sido investigada por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que se limita a juzgar las matanzas contra la población tutsi entre abril y julio del 1994 y deja en la impunidad los crímenes contra los hutus producidos a lo largo de la década de entre 1990 y 2002.

Lo que viene a continuación es una síntesis de la historia incluida en el acto de procesamiento del magistrado Fernando Andreu a cuarenta altos cargos de la actual administración ruandesa, por delitos contra la humanidad y genocidio. Una historia que se explica poco, porque revela el pillaje económico que incita al conflicto étnico.

Comienza la guerra
El 1 de octubre de 1990, unos 3.000 efectivos del FPR (Frente Patriótico Ruandés: brazo político; Ejército Patriótico Ruandés: brazo militar), equipados y entrenados por la Uganda de Museveni - amiga de los Estados Unidos de América y del Reino Unido- invaden el noreste de Ruanda y masacran la población, provocando oleadas de desplazados entre los hutus perseguidos.

Los ocupantes son los hijos de la aristocracia tutsi favorecida por el gobierno colonial que había abandonado el país al no aceptar el resultado de las elecciones de 1961, que llevaron a la presidencia al hutu Grègoire Kayibanda en una Ruanda constituida en república democrática, que se declararía independiente el 1 de julio del 1962.

El aislamiento armado del FPR persigue tres objetivos: el exterminio de los hutus; la conquista del poder por la fuerza- aunque se siga sacrificando los tutsis que se habían quedado en el país, considerados traidores- y la vertebración de una estrategia con la participación de aliados occidentales para aterrorizar la zona de los Grandes Lagos y apropiarse de las riquezas del vecino Zaire (hoy Congo).

Matanzas selectivas
Líderes intelectuales y políticos hutus son eliminados con el fin de silenciar voces de consenso e impedir la respuesta de la población civil a los crímenes.
Entre otros, el 8 de mayo de 1993 es asesinado Emmanuel Gapsysi, dirigente del Movimiento Democrático Republicano y líder del Forum para la paz y la Democracia, y el 21 de febrero de 1994 Felicien Gatabazi, presidente del Partido Socialdemócrata.
Las operaciones son ejecutadas por el comando Network, grupo de élite adiestrado para matar a sangre fría.
El partido del gobierno crea sus milicias, los interhamwe, que atacan a la población tutsi. El FPR es suficientemente hábil para atribuir los propios atentados a los interhamwe. Esto genera confusión sobre el origen de la violencia y una situación de caos que hace que el país sea ingobernable.

Frente político y mediático
La estrategia del FPR se centra en provocar la rabia de los hutus masacrando a líderes y poblaciones de este grupo. El FPR hace todo para construir una imagen integradora a través de la infiltración de las misiones diplomáticas.
Crear un canal de expresión para reavivar los enfrentamientos étnicos: Radio Muhabura, en activo desde 1991 y que en 1993 tendría respuesta en la Radio televisión libre de las Mil Colinas, en manos de las milicias hutus.
Atacar los miembros de la Iglesia, considerada culpable de la pérdida del poder tutsi en 1961, por haber denunciado el vasallaje de los hutus al status privilegiado de los tutsis, una desigualdad reforzada por los intereses coloniales. Liquidar testimonios que pudiesen transmitir una versión no manipulada de los hechos.

"Gukubura ": limpieza
A comienzos del 1994 había un millón de desplazados al interior del país que huían de las matanzas del FPR. Muchos cadáveres son incinerados y los campos son atacados con armamento pesado.
El 14 de marzo de 1994 se ordena la gukubura o limpieza total de cualquier elemento hutu en las regiones de Byumba ,Umutura y Kibungo. Las zonas vacías son ocupadas por los tutsis procedentes de Uganda.

Los presidentes muertos
El 6 de abril de 1994 el Falcon 50, en el cual viajan los presidentes de Ruanda y Burundi, Juvenal Habyarimana y Cyprien Ntayamira, es atacado por dos misiles cuando se dispone a aterrizar en Kigali. Todos los ocupantes mueren. Según recientes investigaciones la orden viene de Paul Kagame, un militar formado en Estados Unidos y máximo responsable de la estructura político-militar del FPR/APR y que tiene como finalidad crear un estado de conflicto civil declarado, para facilitar la operación de asalto al poder. La ONU se ha negado a investigarlo.

Violencia calculada
El asesinato del presidente hutu conduce a la espiral de violencia calculada contra la población tutsi.
El FPR ataca al ejército ruandés sometido al embargo internacional de armas (FPR recibe armas de Uganda). Es la batalla final para la conquista del poder que se resuelve a favor de los tutsis del FPR el 17 de julio de 1994.
Desde abril a julio las masacres son constatadas y se llega a unas 500.000 víctimas, según ACNUR.
Este episodio pasa a la historia como el genocidio de Ruanda y la comunidad internacional ha escrito una de sus más lamentables páginas cuando la ONU retira los cascos azules y deja a la población indefensa.
Si bien la mayoría de los muertos son tutsis, se ha dado menos a conocer, hasta hace poco, la violencia contra los hutus por parte del FPR: 150.000 asesinatos, desde el momento de la invasión, y 312.726 más entre el julio de 1994 y julio del 1995.

Vallmajó denuncia
EL 23 de abril unos 2.500 campesinos hutus desarmados son ametrallados en el campo de fútbol de Byumba. Paul Kagame da la orden. Los cadáveres son quemados en el Parque de la Akagera o enterrados en fosas comunes.
El 24 abril son asesinadas mil personas más en la Escuela Social del Buen Consejo y en el Centro escolar de Buhambe.
El 26 de abril militares del APR/FPR se llevan al padre blanco, hijo de Navata Joaquim Vallmajó Sala, y a los sacerdotes hutus Joseph Hitimana, Faustin Mulindwa y Fidèle Milinda. Sus cuerpos no han sido encontrados.
Vallmajó era un testimonio peligroso que difundía las violaciones de los derechos humanos, también las de los extremistas tutsis del FPR, y denunciaba su campaña de desinformación.

Testimonios molestos
Los cooperantes de Médicos del Mundo, María Flors Sirera Fortuna (nacida en Tremp), Manuel Madrazo Osuna (Sevilla) y Luis Vultueña Gallego (Madrid) también son testimonios del régimen de terror impuesto por el FPR una vez llegado al poder.
En diciembre del 1996 inician un proyecto sanitario para 200.000 personas.
El 16 de enero de 1997 un vecino les muestra las fosas comunes con centenares de cadáveres de la matanza del Campus Universitario de Nyakinana. La visita es detectada por los servicios secretos y esto representa su sentencia, ejecutada dos días después.

Siguiendo la misma estrategia de silenciar las voces críticas son asesinados los maristas castellanos Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla y Fernando de la Fuente (31 de octubre de 1996, en el campo de refugiados de Nyamitangwe) y el sacerdote guipuzcoano Isidro Uzcudun, que recibió un tiro en la boca como mensaje (10 de junio del 2000 en Mugina). Las víctimas españolas son nueve.

Persecución a los refugiados
La toma del poder por parte del FPR/APR hace que miles y miles de hutus busquen protección en campos situados en la zona al oeste de Ruanda y que al ser atacados, atraviesen la frontera hacia Tanzania, Burundi y Zaire.
En julio de 1994 hay casi 3 millones de ruandeses refugiados, más de un millón en el Zaire.
En Ruanda las matanzas continúan el 95, 96 y 97 mientras el conflicto se extiende al Zaire: Laurent Kabila se levanta contra Mobutu a finales del 1996 y con un ejército de unidades ruandesas, ugandesas y burundesas toma el poder en julio de 1997.
Un año más tarde, cuando no acepta la tutela exterior en su país -ahora se dice Congo- Le hacen la guerra desde el Kivu, zona que controla Ruanda. (Kabila sería asesinado el 2001 por un comando del FPR) Los campos de refugiados son bombardeados por el FPR y las cámaras lo recogen. Ruanda declara acabada la guerra y abre las fronteras.

Triste papel de ACNUR
Aunque el informe Gersory había verificado en 1994 que el régimen de Kigali no reunía las condiciones de seguridad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) inicia el programa de repatriación forzosa de los hutus ruandeses hacía su país, donde les espera la prisión y la muerte.
La mitad de ellos, unos 500.000 se niegan a volver y a finales del 1996 comienzan dentro del territorio congoleño un largo caminar -más de 2.000 kilómetros, penosos, falta de alimentos y medicinas- un incierto éxodo para intentar salvar la vida, perseguidos como un objetivo militar, pero inexistentes a los ojos de la comunidad internacional: ACNUR proclama que todos los ruandeses han vuelto voluntariamente a casa.

En enero y febrero de 1997, Juan Carrero y otros integrados en la Fundación S’Olivar hacen huelga de hambre reclamando el fin de la violencia en los Grandes Lagos.
Emma Bonino, comisionada europea de la Acción Humanitaria, visita el campo de Tingi-tingi, acompañada de cámaras para mostrar al mundo que los refugiados están allí.
Poco después va allí mismo Sadako Ogata, alta comisionada de la ONU para los refugiados y les dice que sólo puede garantizar la protección de los que vuelvan a Ruanda. El campo de Tingi-tingi es destruido el 1 de marzo por el FPR; estaban concentradas ahí unas 300.000 personas. Algunas de las cuales habían abandonado el lugar y consiguieron llegar a la República del Congo [Brazzaville] o a la República Centroafricana. En total unos 500.000 refugiados pierden la vida.

La rapiña
La tutela que no acepta Kabila de sus amigos ruandeses es la del pillaje de las inmensas riquezas naturales de su país, de hecho es el argumento principal de la primera guerra del Congo (finales de 1996 y 1997 que lleva a Kabila al poder), de la segunda guerra del Congo (invasión en el 1998 de Uganda y Ruanda con el apoyo de los Estados Unidos), denominada también el genocidio congoleño, y de la violencia que aún hoy continúa.

¿El resultado? Unos 6 millones de muertos desde 1996.
Aunque presentado al mundo como una guerra tribal el fuego está atizado desde Occidente. Hace unos años la congresista de los Estados Unidos Cynthia McKinne denunció la implicación directa de la American Minerals Fields y hasta ahora decenas de multinacionales mineras norteamericanas, canadienses y europeas financian el conflicto, robando y extrayendo oro, diamantes, coltan, casiterita y madera dentro de un régimen neo-esclavista.