25-11-2009
Nat Hentoff
Northwest Herald/IC
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
En “Capture or Kill? Lawyers eye options for terrorists” [¿Capturar o matar? Abogados estudian opciones para terroristas] (National Public Radio, 11 de octubre), el perspicaz reportero de investigación Ari Shapiro dijo: “Muchos expertos en seguridad nacional entrevistados para este artículo están de acuerdo en que se ha hecho tan difícil detener a los sujetos que en muchos casos el gobierno de EE.UU. los está matando en lugar de tratar de hacerlo”.
Como informé anteriormente, los ataques secretos de la CIA con drones Predator contra presuntos terroristas en Pakistán ya están haciendo precisamente eso. Pero, escribió Jane Mayer en “The Predator War” (The New Yorker, 26 de octubre):
“La utilización del programa Predator se ha llevado a cabo con muy poca discusión pública".
“Por eso estoy escribiendo esta serie.” Mayer sigue diciendo: “(sin embargo) representa un uso radicalmente nuevo y geográficamente ilimitado de fuerza letal sancionada por el Estado. Y, debido al secreto del programa de la CIA, no se ha establecido ningún sistema visible de rendición de cuentas, a pesar de que la agencia ha matado con armas nucleares a numerosos civiles, en un país políticamente frágil, con el cual EE.UU. no está en guerra.”
Hago una corrección esencial a su valioso artículo. Esos asesinatos oficiales selectivos de EE.UU. no son nuevos. Si algún día se reanudan las clases de historia en las escuelas públicas de EE.UU., es importante –ya que el terrorismo global no tiene un fin discernible– que los estudiantes sepan y discutan si nuestra historia de asesinatos extrajudiciales acompañados de las muertes de inocentes civiles, es una guerra con valores estadounidenses y nuestras normas jurídicas.
En 1977, una orden ejecutiva del presidente Gerald Ford ordenó que “ningún empleado del gobierno de EE.UU. participará o conspirará para participar en asesinatos políticos.”
En 1981, actuando según su propia orden ejecutiva, el presidente Ronald Reagan ordenó: “Ninguna persona empleada o que actúe por cuenta del gobierno de EE.UU. participará o conspirará para participar en asesinatos.” Antes de Reagan, el presidente Jimmy Carter había ampliado la orden de Gerald Ford para que incluyera todos los asesinatos.
Luego, sobre la base de un memorando legal confidencial que dio autoridad al presidente Bill Clinton para soslayar esas tres prohibiciones presidenciales previas de asesinatos selectivos, el presidente George W. Bush —según se informa en “Bush at War” de Bob Woodward– emitió un “Memorando de notificación” el 17 de septiembre de 2001.
La orden ejecutiva de Bush “autorizó a la CIA”, informó Woodward, “a operar libre y plenamente en Afganistán con sus propios equipos paramilitares” –y perseguir a al Qaeda “a escala mundial, utilizando acción clandestina letal para mantener oculto el papel de EE.UU.” Tal como ha continuado ahora con otros legados de Bush-Cheney, el presidente Obama, como informé previamente, ha permitido que la CIA opere libre y plenamente, con sus horripilantes drones Predator sin piloto en Pakistán y Afganistán.
Respecto a Afganistán, Associated Press (7 de noviembre) informó de que “Aunque la ONU dice que la mayoría de las víctimas civiles han caído a manos de ‘militantes’ –¿por qué no dice AP las cosas como son, terroristas?– “las muertes de hombres, mujeres y niños en ataques aéreos de la OTAN han aumentado las tensiones entre el gobierno de Karzai y la coalición dirigida por EE.UU.”
De nuevo, digamos directamente que EE.UU. está muy involucrado en los ataques aéreos de la OTAN –aparte de los drones– que asesinan a niños, mujeres y hombres que ni siquiera eran sospechosos de ser ‘militantes’.
Tal como “The Predator War” de Mayer tuvo poca repercusión en la prensa, lo mismo ha ocurrido con las revelaciones de Craig Whitlock en Washington Post sobre los asesinatos extrajudiciales autorizados por Obama no de presuntos terroristas sino de traficantes de opio en Afganistán (“Afghans oppose U.S. hit list of drug traffickers,” 23 de octubre).
Sin ningún sistema de rendición de cuentas ante los tribunales o el Congreso de EE.UU., “los militares de EE.UU.,” escribe Whitlock, “y funcionarios de la OTAN han autorizado a sus fuerzas a matar o capturar a individuos de la lista que fue redactada el año pasado como parte de la nueva estrategia de la OTAN para combatir las operaciones de la droga que financian a los talibanes.”
¿Qué hay de malo en eso –aparte de la separación de poderes de nuestra Constitución? Como subraya Whitlock– existe “una feroz oposición de funcionarios afganos, que dicen que podría debilitar su frágil sistema judicial y provocar una reacción contra las tropas extranjeras.”
Los familiares supervivientes de los no terroristas, mujeres y niños a los que no querían matar pero mataron al utilizar esa lista de sentenciados, están profundamente encolerizados por esta operación letal de las fuerzas extranjeras, incluidas las de EE.UU.
El ministro adjunto de exteriores de Afganistán para operaciones contra los narcóticos, general Mohammad Daud Daud, dice que agradece esta ayuda de la OTAN y EE.UU. en “la destrucción de laboratorios de la droga y escondites de opio,” pero respecto a esos asesinatos, añade que no se informa a los responsables afganos de los nombres de la lista de sentenciados.
Dice Daud: “Deberían respetar nuestras leyes, nuestra constitución y nuestras normas jurídicas. Tenemos un compromiso de arrestar a esa gente por nuestra propia cuenta.” Nota: arrestar, no matar instantáneamente.
Pero esos aliados de Afganistán no respetan sus propias leyes y normas jurídicas. El 12 de septiembre de 2001, George W. Bush prometió al mundo: “No permitiremos que este enemigo gane la guerra cambiando nuestro modo de vida o restringiendo nuestras libertades. ¿Pero no hemos cambiado nuestra Constitución? ¿No sabéis que hay una guerra?
………
Nat Hentoff es una autoridad renombrada sobre la Primera Enmienda y la Declaración de Derechos. Es miembro del Comité de Reporteros por la Libertad de la Prensa, y del Cato Institute, del que es socio sénior.
Copyright © 2009 Northwest Herald. All rights reserved.
Fuente: http://www.informationclearinghouse.info/article24031.htm
Nat Hentoff
Northwest Herald/IC
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
En “Capture or Kill? Lawyers eye options for terrorists” [¿Capturar o matar? Abogados estudian opciones para terroristas] (National Public Radio, 11 de octubre), el perspicaz reportero de investigación Ari Shapiro dijo: “Muchos expertos en seguridad nacional entrevistados para este artículo están de acuerdo en que se ha hecho tan difícil detener a los sujetos que en muchos casos el gobierno de EE.UU. los está matando en lugar de tratar de hacerlo”.
Como informé anteriormente, los ataques secretos de la CIA con drones Predator contra presuntos terroristas en Pakistán ya están haciendo precisamente eso. Pero, escribió Jane Mayer en “The Predator War” (The New Yorker, 26 de octubre):
“La utilización del programa Predator se ha llevado a cabo con muy poca discusión pública".
“Por eso estoy escribiendo esta serie.” Mayer sigue diciendo: “(sin embargo) representa un uso radicalmente nuevo y geográficamente ilimitado de fuerza letal sancionada por el Estado. Y, debido al secreto del programa de la CIA, no se ha establecido ningún sistema visible de rendición de cuentas, a pesar de que la agencia ha matado con armas nucleares a numerosos civiles, en un país políticamente frágil, con el cual EE.UU. no está en guerra.”
Hago una corrección esencial a su valioso artículo. Esos asesinatos oficiales selectivos de EE.UU. no son nuevos. Si algún día se reanudan las clases de historia en las escuelas públicas de EE.UU., es importante –ya que el terrorismo global no tiene un fin discernible– que los estudiantes sepan y discutan si nuestra historia de asesinatos extrajudiciales acompañados de las muertes de inocentes civiles, es una guerra con valores estadounidenses y nuestras normas jurídicas.
En 1977, una orden ejecutiva del presidente Gerald Ford ordenó que “ningún empleado del gobierno de EE.UU. participará o conspirará para participar en asesinatos políticos.”
En 1981, actuando según su propia orden ejecutiva, el presidente Ronald Reagan ordenó: “Ninguna persona empleada o que actúe por cuenta del gobierno de EE.UU. participará o conspirará para participar en asesinatos.” Antes de Reagan, el presidente Jimmy Carter había ampliado la orden de Gerald Ford para que incluyera todos los asesinatos.
Luego, sobre la base de un memorando legal confidencial que dio autoridad al presidente Bill Clinton para soslayar esas tres prohibiciones presidenciales previas de asesinatos selectivos, el presidente George W. Bush —según se informa en “Bush at War” de Bob Woodward– emitió un “Memorando de notificación” el 17 de septiembre de 2001.
La orden ejecutiva de Bush “autorizó a la CIA”, informó Woodward, “a operar libre y plenamente en Afganistán con sus propios equipos paramilitares” –y perseguir a al Qaeda “a escala mundial, utilizando acción clandestina letal para mantener oculto el papel de EE.UU.” Tal como ha continuado ahora con otros legados de Bush-Cheney, el presidente Obama, como informé previamente, ha permitido que la CIA opere libre y plenamente, con sus horripilantes drones Predator sin piloto en Pakistán y Afganistán.
Respecto a Afganistán, Associated Press (7 de noviembre) informó de que “Aunque la ONU dice que la mayoría de las víctimas civiles han caído a manos de ‘militantes’ –¿por qué no dice AP las cosas como son, terroristas?– “las muertes de hombres, mujeres y niños en ataques aéreos de la OTAN han aumentado las tensiones entre el gobierno de Karzai y la coalición dirigida por EE.UU.”
De nuevo, digamos directamente que EE.UU. está muy involucrado en los ataques aéreos de la OTAN –aparte de los drones– que asesinan a niños, mujeres y hombres que ni siquiera eran sospechosos de ser ‘militantes’.
Tal como “The Predator War” de Mayer tuvo poca repercusión en la prensa, lo mismo ha ocurrido con las revelaciones de Craig Whitlock en Washington Post sobre los asesinatos extrajudiciales autorizados por Obama no de presuntos terroristas sino de traficantes de opio en Afganistán (“Afghans oppose U.S. hit list of drug traffickers,” 23 de octubre).
Sin ningún sistema de rendición de cuentas ante los tribunales o el Congreso de EE.UU., “los militares de EE.UU.,” escribe Whitlock, “y funcionarios de la OTAN han autorizado a sus fuerzas a matar o capturar a individuos de la lista que fue redactada el año pasado como parte de la nueva estrategia de la OTAN para combatir las operaciones de la droga que financian a los talibanes.”
¿Qué hay de malo en eso –aparte de la separación de poderes de nuestra Constitución? Como subraya Whitlock– existe “una feroz oposición de funcionarios afganos, que dicen que podría debilitar su frágil sistema judicial y provocar una reacción contra las tropas extranjeras.”
Los familiares supervivientes de los no terroristas, mujeres y niños a los que no querían matar pero mataron al utilizar esa lista de sentenciados, están profundamente encolerizados por esta operación letal de las fuerzas extranjeras, incluidas las de EE.UU.
El ministro adjunto de exteriores de Afganistán para operaciones contra los narcóticos, general Mohammad Daud Daud, dice que agradece esta ayuda de la OTAN y EE.UU. en “la destrucción de laboratorios de la droga y escondites de opio,” pero respecto a esos asesinatos, añade que no se informa a los responsables afganos de los nombres de la lista de sentenciados.
Dice Daud: “Deberían respetar nuestras leyes, nuestra constitución y nuestras normas jurídicas. Tenemos un compromiso de arrestar a esa gente por nuestra propia cuenta.” Nota: arrestar, no matar instantáneamente.
Pero esos aliados de Afganistán no respetan sus propias leyes y normas jurídicas. El 12 de septiembre de 2001, George W. Bush prometió al mundo: “No permitiremos que este enemigo gane la guerra cambiando nuestro modo de vida o restringiendo nuestras libertades. ¿Pero no hemos cambiado nuestra Constitución? ¿No sabéis que hay una guerra?
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Nat Hentoff es una autoridad renombrada sobre la Primera Enmienda y la Declaración de Derechos. Es miembro del Comité de Reporteros por la Libertad de la Prensa, y del Cato Institute, del que es socio sénior.
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Fuente: http://www.informationclearinghouse.info/article24031.htm
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