A tres días de que se diera incio a un despliegue policial represivo por vía aérea y terrestre, calificada por grupos indígenas como "genocida", se decreta el toque de queda. Por su parte, Alan García ha justificado la brutal arremetida aérea en contra de los indígenas peruanos, señalando que "No tienen corona. No son ciudadanos de primera clase. No vamos a sobreponer los intereses de estos indígenas por encima de los de 28 millones de ciudadanos".
TeleSUR _ Hace: 07 horas
Después de unas jornadas sangrientas donde la desmedida arremetida policial dejó al menos 47 muertos y 93 heridos, el gobierno de Álan García impuso un toque de queda en las provincias de Bagua y Utcubamba, en la Amazonia peruana.
El presidente de la Asociación de Comunidades Nativas de la Amazonia, Alberto Pizango, ha señalado con asombro que "no se esperaban esta reacción y mucho menos este ataque aéreo y terrestre. El gobierno utilizó armas de guerras como si nosotros fuéramos delincuentes, por ello los pueblos indígenas denunciamos este hecho genocida", pues habían llevado adelante por 45 días una protesta pacífica.
"No son ciudadanos de primera clase. No vamos a sobreponer los intereses de estos indígenas por encima de los de 28 millones de ciudadanos" indicó el presidente García.
Pizano calificó de lamentable los hechos ocurridos en la zona de la Curva del Diablo. Agregó que el objetivo de los pueblos indígenas no era "levantarse en armas ni alterar el orden público y menos reemplazar al Presidente de la República".
Por su parte, Alan García ha justificado la brutal arremetida aérea en contra de los indígenas peruanos, señalando que "no tienen corona. No son ciudadanos de primera clase. No vamos a sobreponer los intereses de estos indígenas por encima de los de 28 millones de ciudadanos".
"El gobierno utilizó armas de guerras como si nosotros fuéramos delincuentes, por ello los pueblos indígenas denunciamos este hecho genocida" denunciaba Alberto Pizango, líder indígena.
El representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aidesep), Sapión Nonengo, denunció que el gobierno peruano "distorsiona la opinión pública nacional e internacional", ante lo que considera la organización a la cual representa, un genocidio a los pueblos originarios.
La acusación se produce luego de las aseveraciones del primer ministro peruano, Yehude Simon, quien responsabilizó a los nativos de los hechos violentos registrados el pasado viernes en la Amazonia peruana.
"El gobierno ha preferido la matanza de indígenas antes que derogar los decretos legislativos lesivos a los intereses de la Amazonia" indicó el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala.
"El gobierno y su bancada parlamentaria han impedido a toda costa debatir los informes que recomiendan derogar los decretos cuestionados por los indígenas amazónicos. Y no es casual que ayer hayan boicoteado el debate por tercera vez y esta madrugada se inicie la represión" indicó Humala días atrás.
Sectores de Perú detractores a las normas en cuestión, han señalado que el gobierno no tiene intenciones de dialogar y debatir acerca de las mismas.
El conflicto comenzó luego de que los indígenas peruanos protestaran por más de 45 días de manera pacifica en contra de una serie de decretos legislativos que tienen como objetivo privatizar el agua y la tierra perteneciente a estos grupos ancestrales
Comienza la persecución política
La persecusión del gobierno de Alán García no se limita solamente a los líderes nativos y al pueblo indígena de la Amazonia, ahora también se extiende a aquéllos que han apoyado la derogación de los decretos legislativos y defendiendo la tierra y los derechos de los pueblos ancentrales del Perú.
La vicepresidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Elizabeth León, afirmó que este "grupo de trabajo" evaluará si procede una sanción contra los parlamentarios que respaldaron a Alberto Pizango, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que se encuentra bajo resguardo por temor a ser asesinado.
León no se ha complacido con afirmar que se evaluará el tema, sino que ha afirmado que en caso de no proceder, "valdría la pena" revisar el reglamento.
"Debe evaluarse el tema para ver si está dentro de las competencia de la Comisión de Ética. Sin embargo, hay que ver si está tipificada dentro de los deberes que tienen los congresistas, pero vale la pena la revisión del reglamento", declaró.
La congresista está decidida a emprender una sanción contra quienes apoyan a los pueblos nativos, al afimar que esperará el pedido de alguna bancada en esta materio, pero de lo contrario, procedería a actuar de oficio.
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