Fernando Eguren
Director de la Revista Agraria
No podemos desligar la protesta de las poblaciones nativas y los luctuosos hechos de Bagua, que ha cobrado hoy día la vida de pobladores y de la policía, del discurso presidencial expuesto en el manifiesto “El síndrome del perro del hortelano”.
Recordemos algunos pasajes del artículo de Alan García publicado por El Comercio el 28 de octubre del año 2007 (las cursivas son mías):
“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millonesde hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado nicultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se puedentrabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás lamaricultura ni la producción.” “Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], perohemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familiaspobres que no tienen un centavo para invertir…” “Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarseporque son objetos sagrados y que esa organización comunal es laorganización original del Perú…”. “Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porqueel dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedades aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnologíade la que se beneficiaría también el comunero….” “..aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medioambiente, lo que es un tema del siglo pasado, claro que antes lo destruíay los problemas ambientales de hoy son básicamente por las minas de ayer,pero en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existanproblemas…” “..el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó deproteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el sigloXXI para ser medioambientalista.” “…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidadesartificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizanagrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de 'manomuerta', mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperandoque el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerrosy tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas paraellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o deconocimientos que traiga un nuevo comprador.” Con claridad el presidente García va al fondo del problema: ¿quién debedisponer de los recursos naturales del país que, constitucionalmente, sonde toda la nación? La gran inversión. ¿Quiénes no deben disponer de ellos?Las comunidades. ¿Por qué? Porque no tienen ni la educación ni losrecursos económicos suficientes. Y como no tienen educación ni economía,sus derechos de propiedad no son plenos, son aparentes. Los decretos legislativos de junio del 2008 son la expresión normativa deeste discurso, que es claramente excluyente de las comunidades campesinasy poblaciones nativas amazónicas. La reacción de estas poblaciones escontra la violación a sus derechos sobre sus tierras y territorios. Loscanales formales para atender la de-manda de que estos decretoslegislativos sean cambiados desgraciadamente no han funcionado y más bienhan mostrado que las mesas de concertación han servido para ‘mecer’ a laspoblaciones, corrompiendo lo que debía ser un legítimo método denegociación. No es de extrañar que, entonces, se hayan utilizado otros medios, como lasmovilizaciones y tomas de carreteras, pues la experiencia ha mostrado quesólo con medidas de fuerza el gobierno y el Congreso prestan atención.Vistas así las cosas, los principales responsables de estas movilizacionesson el gobierno y el Congreso. Tampoco es de extrañar que, si a pesar de estas manifestaciones deprotesta sigue la ‘mecida’, éstas se radicalicen hasta llegar,lamentablemente, a la situación actual que ha cobrado la vida de decenasde ciudadanos, entre pobladores amazónicos y policías. ¿De quién es laresponsabilidad principal? De quienes toman las decisiones políticas: elgobierno y el Congreso. ¿Qué hacer? Un camino es negociar de verdad. Con lo ocurrido, el Ejecutivoy el Congreso han perdido legitimidad como interlocutores. La únicainstitución pública con legitimidad es la Defensoría del Pueblo, quedebería tomar la iniciativa y convocar a dicha negociación con losrepresentantes de las poblaciones amazónicas. Además, deberían renunciardos de los principales responsables políticos del drama que estamosviviendo, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, y laministra del Interior, Mercedes Cabanillas.
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